Declaración de los derechos del hombre
y del ciudadano
26 de agosto de 1789
Los representantes del pueblo
francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el
olvido o el desprecio de los Derechos del Hombre son las únicas causas de las
desgracias públicas y de la corrupción de los gobernantes, han resuelto
exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y
sagrados del hombre, para que esta declaración esté presente constantemente en
todos los miembros del cuerpo social y les recuerde sus derechos y sus deberes;
para que los actos del poder legislativo y ejecutivo, al poder ser comparados
en cualquier momento con la finalidad de toda institución política, sean más
respetados; para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas en adelante
en principios simples e indiscutibles, contribuya siempre al mantenimiento de
la Constitución y el bienestar de todos.
En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia y bajo
los auspicios del Ser Supremo los siguientes Derechos del Hombre y del
Ciudadano.
Artículo 1º - Los hombres nacen
y permanecen libres e iguales en derechos. Las diferencias sociales no pueden
tener otro fundamento que la utilidad común.
Artículo 2º - El fin de toda asociación política es el mantenimiento de los
derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la
libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
Artículo 3º - El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación.
Ningún organismo ni individuo puede ejercer una autoridad que no emane
expresamente de ella.
Artículo 4º - La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no
perjudique a los demás. Así pues, el ejercicio de los derechos naturales de
cada hombre no tiene otra limitación que aquella que garantice el ejercicio de
iguales derechos al resto de los miembros de la sociedad. Sólo la ley puede
establecer estas limitaciones.
Artículo 5º - La ley sólo puede prohibir las acciones perjudiciales para la
sociedad. Todo lo que no esté prohibido por la ley no puede ser impedido y
nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena.
Artículo 6º - La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los
ciudadanos tienen derecho a participar en su elaboración, personalmente o por
medio de sus representantes. La ley debe ser igual para todos, tanto para
proteger como para castigar. Puesto que todos los ciudadanos son iguales ante
la ley, cada cual puede aspirar a todas las dignidades, puestos y cargos
públicos, según su capacidad y sin más distinción que la de sus virtudes y
talentos.
Artículo 7º - Nadie puede ser acusado, detenido ni encarcelado fuera de los
casos determinados por la ley y de acuerdo a las formas por ella prescritas.
Serán castigados quienes soliciten, ejecuten o hagan ejecutar órdenes
arbitrarias. Todo ciudadano convocado o requerido en virtud de la ley debe
obedecer al instante; de no hacerlo, sería culpable de resistir a la ley.
Artículo 8º - La ley no debe establecer más penas que las estricta y
evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado si no es en virtud de una
ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente.
Artículo 9º - Todo hombre será considerado inocente hasta que haya sido
declarado culpable. Si se juzga indispensable detenerlo, la ley reprimirá
severamente todo rigor que no resultare necesario para asegurar su arresto.
Artículo 10º - Nadie debe ser perseguido por sus opiniones, incluso religiosas,
en la medida en que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido
por la ley.
Artículo 11º - La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los
derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, todo ciudadano puede
hablar, escribir e imprimir libremente, haciéndose responsable de los abusos de
esa libertad en los casos previstos por la ley.
Artículo 12º - Para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano es
necesaria la fuerza pública. Por consiguiente, se ha instituido esta fuerza en
beneficio de todos y no para la utilidad particular de aquellos a quienes se la
confía.
Artículo 13º - Para mantener esta fuerza pública y para los gastos de
administración, es indispensable establecer una contribución común que debe
distribuirse equitativamente entre los ciudadanos, de acuerdo a sus
posibilidades.
Artículo 14º - Los ciudadanos tienen derecho a verificar por sí mismos o a
través de sus representantes la necesidad de la contribución pública, de
consentirla libremente, de controlar su empleo y determinar las cuotas, la base
tributaria, la recaudación y la duración de dicha contribución.
Artículo 15º - La sociedad tiene derecho a exigir a todo agente público que le
rinda cuentas de su administración.
Artículo 16º - La sociedad en donde no estén garantizados los derechos ni esté
establecida la separación de los poderes, carece de Constitución.
Artículo 17º - La propiedad es un derecho inviolable y sagrado del que nadie
puede ser privado, excepto si la necesidad pública, legalmente establecida, lo
exige claramente y con la condición de una justa y previa indemnización.