Elementos Jurídicos Relevantes para el Debate Capital Natural vs. Petróleo.

En ausencia de una legislación suficiente, la incongruencia entre las políticas públicas se observa claramente en la región Amazónica, zona caracterizada por extrema fragilidad y enorme riqueza de biodiversidad. Aquí se desarrollan actividades de extracción de recursos naturales no renovables (como el petróleo, los minerales metálicos y no metálicos) autorizadas por la Dirección Nacional de Protección Ambiental (DINAPA) en lugar del Ministerio del Ambiente (MAE).

Esta superposición de competencias se desató a partir de la expedición del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas (2001). Con este reglamento, evidentemente se ha socavado la capacidad de la MAE de ejercer control sobre el patrimonio natural.

Otro ejemplo de incoherencia jurídica e institucional se evidencia en la proliferación de actividades petroleras y mineras al interior de las áreas protegidas del Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas (comúnmente conocido como Sistema Nacional de Áreas Protegidas- SNAP). A pesar que la Constitución de la República establece “que el país tendrá un sistema nacional de áreas naturales protegidas que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos” (ENCB: 2001: 32), hoy en día de las 33 áreas que conforman el Sistema, 5 áreas tienen bloques petroleros en su interior y en otras 6 el sistema de transportación de crudo (i.e. SOTE y OCP) generan impactos recurrentes.

A pesar de la debilidad jurídico-institucional existente, existen una serie de oportunidades singulares para llevar adelante una propuesta coherente de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales en el país. Estas oportunidades parten por el hecho que varios documentos estratégicos nacionales recuperan cada vez con más fuerza las temáticas ambientales. En la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza y Plan Plurianual, la biodiversidad constituye un eje y elemento relevante.

Como hemos reiterado anteriormente, en el contexto internacional destacan como oportunidades la disponibilidad de recursos para apoyar asuntos relacionados con biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades necesarias para asumir su conservación y manejo sustentable, así como de nichos de mercado cada vez más inclinados a productos naturales.

HACIA EL USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD A GRAN ESCALA

1. Introducción

Si observamos la actual distribución de las áreas de bosque en el país que permiten una conservación efectiva de la biodiversidad, vemos como el país tiene un alto grado de fragmentación ecosistémica. Las grandes superficies de bosque continuo, fuera de aquel que se encuentra en el interior del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP, se concentran en el norte occidente de la costa (provincia de Esmeraldas principalmente) y en la Amazonía, especialmente hacia el centro-sur.

Es desde esta perspectiva, que la siguiente propuesta apunta a consolidar posiblemente el último esfuerzo de conservación y manejo sustentable de la biodiversidad de gran escala en el país, fuera del SNAP.

¿El Centro-Sur de la Amazonía como límite de la Frontera Petrolera?

Los bosques húmedos tropicales del centro sur de la Amazonía (provincias de Pastaza y Morona Santiago) son quizá el único territorio ecuatoriano de gran escala que actualmente ofrece la posibilidad de implementar mecanismos de desarrollo limpio en el marco del Protocolo de Kyoto.

Dichos territorios mantienen por sobre el 80% de su cobertura vegetal original. En contraposición a este capital natural, es conocido que para dicho territorio la política ambiental no ha apuntalado esfuerzos hacia un manejo de dichos bosques remanentes propiciando su conectividad con otros ecosistemas y propiciando la restauración de estos últimos o su rehabilitación ecológica (a través de reforestación y enriquecimiento).

La prioridad por los territorios de la Amazonía Centro-Sur se da desde un análisis de costos. La inversión en conservación (o prevención de la deforestación) es mucho menor que el costo de reforestación, rehabilitación y restauración. Para establecer y mantener 1 (una) hectárea de bosque (incorporando especies nativas y de alto valor maderable) se estima un costo de USD 2,500 por año. Considerando que el país pierde al año 200,000 hectáreas al año, solo en árboles el país estaría perdiendo capital natural por un monto estimado en USD 500 millones de dólares/año.

Si a esta descapitalización se le suman las pérdidas por costos de oportunidad desaprovechados para servicios ambientales del agua y la biodiversidad pérdida ésta cifra fácilmente puede multiplicarse por una o dos veces. En contraste, una aproximación al costo estimado para el manejo y administración básica19 de un área natural protegida podrían estar por el orden de USD 15 a 30 dólares por hectárea/año, lo que representa entre USD 3 a 6 millones por año.

El apuntalar una política de conservación y manejo sustentable de la biodiversidad en el centro sur de la amazonía ecuatoriana tiene coherencia con los resultados del reciente “Análisis de vacíos y prioridades de Conservación de la Biodiversidad Terrestre en el Ecuador continental” (MAE, Ecociencia, TNC y CI, 2006 en publicación).

En este y otros análisis se reconoce, a pesar del gran vacío de investigación científica existente en el área, que ésta es un área irremplazable, en extrema vulnerabilidad a los factores socioeconómicos y por ende una prioridad crítica para la conservación y manejo sustentable de la diversidad biológica. A esto se debe sumar la enorme trascendencia del Centro Sur para la supervivencia y desarrollo territorial de las nacionalidades Shuar, Achuar, Kichwa, Shiwiar y Zápara que habitan en el área. En otras palabras, la oportunidad de establecer una política coherente de conservación y manejo de la biodiversidad en el Centro Sur se plantea a la par de una política de desarrollo equitativo para las nacionalidades amazónicas, garantía expresada como un derecho fundamental en la Constitución de la República.

ASPECTOS CLAVES DE LA PROPUESTA

La posibilidad de implementar una política de conservación y manejo sustentable de la biodiversidad en el Centro Sur de la Amazonía sustentada en la protección de la diversidad cultural ahí alojada enfrenta un gran desafío pues hoy en día ésta sufre una enorme presión de la expansión de la frontera petrolera.

En la Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad ya se señalaba la importancia de precautelar al Centro Sur de la Amazonía ecuatoriana y se realizaba recomendaciones sobre la necesidad de contar con un “Plan de Ordenamiento Territorial y un reajuste a los proyectos petroleros (Décima Ronda Petrolera), mineros y de apertura de vías en las provincias” (MAE, 2001:16). Sin embargo, esta recomendación evidentemente no ha sido acogida.

La decisión de mantener el bosque del centro sur de la Amazonía en su estado actual implicará necesariamente un repensar el desarrollo económico de ésta área, y establecer un marco legislativo pro biodiversidad, anti cambio climático y anti desertificación, pues el bosque húmedo tropical es un ecosistema extremadamente frágil cuyo mantenimiento no es compatible con actividades extractivas y agrícolas de alto impacto.

Una posibilidad que se abriría con una propuesta legislativa que se enmarque en el espacio regulatorio provisto por las distintas convenciones supra-legales firmadas y ratificadas por el país y su Congreso, es ofertar a la comunidad internacional una extensión de alrededor de 2 millones de hectáreas de bosque húmedo tropical en excelente estado de conservación (con más del 80% de cobertura vegetal intacta) ubicado en el Centro Sur de la Amazonía (Provincias de Pastaza y Morona Santiago) como un polo de desarrollo sustentable y de conservación de la biodiversidad a cambio de recursos financieros nuevos que compensen la no extracción petrolera en esta zona.

Acceder a recursos financieros alternativos e innovadores permitiría generar flujos por inversiones en mecanismos de desarrollo limpio, además de permitir implementar iniciativas innovadoras en lo financiero que lleven hacia una reducción sustancial de la deuda externa ecuatoriana, lo cual sería una opción financiera para liberar recursos económicos.

Estos recursos podrían reemplazar aquellos que se espera que a futuro provea el petróleo de modo que no se utilice la excusa de la inversión social para impedir la protección ambiental, y de este modo se logre conjugar las acciones productivas, financieras, sociales y el desarrollo sustentable.

Realizar esta propuesta es factible en la medida en la cual se cuente con legislación orgánica que introduzca incentivos y límites que manden, prohíban o permitan acciones capaces, en su conjunto, de mantener ésta área bajo un estatus de protección permanente, permitido sólo el desarrollo de actividades económicas sustentables, elementos que deberían ser indagados con mayor profundidad.

Varios estudios de valoración económica (ecológica) estiman que los bosques tropicales aquí alojados representan unas $2600 / hectárea-año, es decir más de $5 mil millones al año y $68 mil millones de valor presente alternativo a un proyecto de 26 años de explotación de crudo la puesta en marcha de esta estrategia permitirá al país posicionar su liderazgo en el ámbito de financiamiento de la conservación a gran escala. El acceso a inversiones en el ámbito de la conservación (i.e. fondos patrimoniales, canjes de deuda, condonaciones, etc.) y la posibilidad de entrar con fuerza en la negociación de mecanismos para el secuestro o captura de carbono de bosque en pie (i.e. mecanismo de desarrollo limpio para el sector forestal) supondrá una articulación con fuentes financieras frescas no atadas a actividades extractivas petroleras.

Finalmente, en el ámbito del desarrollo económico, esta propuesta pretende apoyar en la diversificación de la base productiva del país, ensayando en ésta área otro tipo de actividades: ecoturismo, manejo sustentable de bosques (tanto para extracción de madera y de productos no maderables), entre otras actividades de bajo impacto. Esto permitirá la generación de empleo e ingresos para una zona que actualmente es marginal para la economía del país.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Existe un escenario propicio para construir una estrategia de conservación y manejo sustentable a gran escala en el Centro Sur de la Amazonía. Sin embargo, existe la clara necesidad de generar la voluntad política necesaria para enmarcar jurídicamente este desafío.

Desde lo económico financiero, hay posibilidades de estudiar la viabilidad de un marco regulatorio como el propuesto. Existen ventajas de no expandir la explotación petrolera hacia el Centro Sur y propiciar ahí otra estrategia de desarrollo, que deben ser analizadas con mayor profundidad. Sin embargo, entre éstas se destacan:

- Al conservar esta parte importante de bosque húmedo tropical, el país y el mundo se beneficiaría por los servicios ambientales que brinda (la fijación de carbono, el balance climático y diversidad biológica). Experiencias previas de canje, donación y titularización de zonas ecológicas muestran la validez del argumento.

- Para las poblaciones locales queda abierta la esperanza de una propuesta de desarrollo sustentable y participativo que mejora en todo escenario su situación actual y la perspectiva de la explotación del crudo al estilo del Nororiente ecuatoriano.

- Para el Estado Ecuatoriano se liberarían recursos que podrían ser utilizados en tareas de legitimación y bienestar social

- Se evitarían graves costos sociales y ambientales (pasivos) generados por la actividad petrolera. Sólo considerando la contaminación y deforestación causadas por la industria petrolera en el norte de la Amazonía, las cifras son significativas: $600 millones para reinyectar el agua de formación (desechos tóxicos que salen con el crudo), más de $720 en deforestación (entre 1990-97, valorizando cada hectárea en $600), por un total de $1,320 millones.

- Se estaría consolidando la política impulsada por el Ministerio del Ambiente, pues se estará priorizando una de las áreas irremplazables para la biodiversidad del país.

- El Ecuador sería pionero en la puesta en marcha de una iniciativa de este tipo, lo que le generaría beneficios en su posicionamiento a nivel global. (Tomado de www.hexon.com.ec)