Luego de 19 meses de continuos conflictos políticos, económicos y sociales, se logró la firma de un acuerdo, que curiosamente también consta de 19 puntos, entre los miembros de la Coordinadora Democrática y el Gobierno Nacional. Dicho acuerdo significaría el comienzo del fin de los conflictos generados por la aplicación de los mandatos de otro Acuerdo firmado en 1969 por la República de Venezuela: El acuerdo del Pacto de San José de Costa Rica.
El Acuerdo del Pacto de San José de Costa Rica, entre otros pactos y acuerdos firmados por la República, es en gran parte, responsable y generador de los contenidos políticos y jurídicos de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y del marco legal que de ella deriva.
De acuerdo al contenido de lo aprobado en esa convención, la inmensa mayoría de los Estados latinoamericanos estarían en deuda con sus pueblos. El mandato del Acuerdo de San José de Costa Rica ha sido violado de manera permanente por las élites políticas, jurídicas, militares, y las oligarquías económicas de los respectivos países firmantes.
El Acuerdo del Pacto de San José de Costa Rica logró materializarse en Venezuela gracias a la llegada de la Revolución Bolivariana. Como en la mayoría de los países firmantes, en Venezuela, hasta la entrada en vigencia de la nueva Constitución, los acuerdos de esa convención habían sido letra muerta. Tal como lo siguen siendo en la mayoría de los países de nuestro continente y de los firmantes de dicho acuerdo.El Pacto de Punto Fijo
El acuerdo del Pacto de Puntofijo fue justificado por sus firmantes como una necesidad para fortalecer la democracia. El mismo fue establecido entre los máximos dirigentes y líderes políticos de la IV República, con el respaldo de los partidos políticos del status, encabezados por AD y Copey. El pacto en cuestión, no fue sino el establecimiento de las reglas para el reparto del Estado venezolano durante el ejercicio del poder político, entre adecos y copeyanos. El incremento diario de la corrupción en todos los órdenes a través de una creciente burocracia clientelar, el robo al Estado y la burla a las normas y leyes de la República, entre otros tantos males, fueron el pan de cada día en la conducta de las élites políticas, judiciales, económicas, militares y religiosas del Pacto de Puntofijo.
Durante más de 40 años, desde Miraflores, los gobernantes de turno, sus barraganas y una eterna corte de aduladores de palacio, asociados a todo tipo de depredadores, se encargaron de mantener por largo tiempo el status político y social que degradaba a diario a la nación venezolana, mientras en silencio, se preparaba el terreno para desmantelar el Estado y la venta de sus bienes al capital privado nacional y extranjero, condenando a la población en general a vivir de abismo en abismo.
Dos importantes y trascendentales acuerdos se destacan durante la vigencia del Pacto de Punto Fijo. El primero de ellos, el Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda Externa; y el segundo, el Acuerdo para el Cambio del Régimen de Prestaciones Sociales.Pocos venezolanos hoy recuerdan la historia del ACUERDO DE REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA VENEZOLANA firmado con la Banca Internacional durante el quinquenio 85-89, bajo el mandato del presidente adeco Jaime Lusinchi, quien gritaba a todo pulmón haber conseguido "el mejor refinanciamiento del mundo"; un presidente que amenazaba a los periodistas diciéndoles ¡Tú a mí no ne Jodes!, el mismo que dejó los ascensos militares en manos de su secretaria privada, Blanca Ibañez, quien conformó en las altas esferas de las FF AA de la época, un barraganato en lugar de un generalato. Estos, son los mismos que hoy están agrupados en el Frente Institucional Militar, organización de corte fascista que apoyó los distintos intentos de Golpes de Estado, integra la Coordinadora Democrática y dirige a los militares rebeldes de la Plaza Altamira.
Jaime Lusinchi, con una cínica sonrisa que exihibía de oreja a oreja, acabó con las reservas de divisas del Banco Central. Firmó un acuerdo de pago de la Deuda Externa donde el Estado se hizo responsable del pago de la deuda externa privada. Lo hizo, haciendo uso de su artificial popularidad, obtenida entre el pueblo venezolano, gracias a una política de desinformación y manipulación de la opinión pública que realizó la Oficina Central de Información, en complicidad con la mayoría de los medios de comunicación, dirigida por un conocido "periodista"que hoy dirige un afamado semanario se circulación nacional y es un férreo opositor al gobierno bolivariano. Al final del gobierno de Lusinchi, cuando las arcas del tesoro nacional quedaron vacías al cunplirse el ACUERDO DE TRASPASAR LAS RESERVAS DE DIVISAS A LA BANCA EXTRANJERA, justificó la acción realizada diciendo que "había sido engañado".
¿Quién engañó a Jaime Lusinchi? Nada más y nada menos que: la oligarquía bancaria y Fedecámaras. Durante los primeros meses de su gobierno se desató una difamadora campaña mediática y política contra Leopoldo Bruzual, El Búfalo, nombre con el que se conocía al entonces presidente del Banco Central, a quien se culpaba de entorpecer las políticas monetarias del gobierno. Esa vez, mediante la manipulación de la opinión pública y el chantaje mediático, se obtuvo el consenso político necesario para violentar la ley y destituir al Búfalo de la presidencia del Banco Central, por su persistente defensa de la reservas de divisas del BCV y de la política monetaria establecida. Una vez destituido el búfalo del Banco Central de Venezuela, el siguiente paso de Jaime Lusinchi fue ESTABLECER ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA con la banca internacional.
EL ACUERDO FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DE LUSINCHI, LA OLIGARQUÍA NACIONAL Y LA BANCA EXTRANJERA, fue un ingrediente que contribuyó a acelerar la cr&eiacute;sis económica, política y social en el país, abriéndo el camino a las recetas del FMI, el neolibelalismo y la crisis de la deuda externa, que condujeron a los sucesos de Febrero de 1989, donde se regó el suelo patrio con la sangre de más de tres mil compatriotas, vilmente asesinados por la represión policial militar ordenada por Carlos Andrés Pérez, (el mismo que hoy dirige la conspiración golpista contra venezuela desde el exterior) a cargo del alto mado militar de la época, la mayoría integrantes de las promociones Blanca Ibañez y Cecilia Matos, secretarias pridadas de Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez. Los acontecimientos del 27 y 28 de Febrero de 1989, las rebeliones cívico militares del 4 de Febrero y 27 de Noviembre de 1992, más las elecciones presidenciales de 1998, decretaron la muerte de la IV República.
El Acuerdo para el Cambio del
Régimen de Prestaciones Sociales de los Trabajadores
Tras la crisis de la deuda externa, la expulsión de carlos Andrés Pérez del gobierno, y posteriormente su encarcelamiento por peculado, llegó al gobierno el convocante y padre del Pacto de Puntofijo Rafael Caldera, quien mediante una política monetaria criminal desató una enorme crisis bancaria, cuyo objetivo oculto fue regresar a las manos de los miembros de Fedecámaras las propiedades que éstos habían perdido hipotecadas o fueron vendidas a la banca durante el gobierno de Pérez.
Caldera, entrando al gobierno, revirtió todo lo obtenido por la oligarquía bancaria nacional a través de una audaz política monetaria y de tasas de intereses, que condujo uno de sus miembros, llamado a presidir el Banco Central (un ratón cuidando el queso) durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pedro Tinoco fue llamado a presidir el Banco Central de venezuela. Pedro Tinoco, presidente del Banco Latino, tenía como socio en su banco al dueño de Venevisión y de la Cerveza Regional, Gustavo Cisneros, quien tuvo gran responsabilidad en la quiebra del Banco Latino y la crisis financiera que le siguió tras la muerte de Tinoco, y a quién nunca ninguna autoridad lo incluyó en investigación alguna. Cisneros es uno de los dueños de medios de comunicación golpistas, y su cadena de Tv. es uno de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis.
Durante el quinquenio 95-99 del gobierno de Caldera aumentó la crisis política, social y económica del país. Fue Caldera, el redactor de la última Ley del Trabajo, quien se encargó de desenbarazar a los patronos y al Estado del pago de retroactividad de las prestaciones sociales de los trabajadores, al impulsar bajo su gobierno un ACUERDO PARA EL CAMBIO DEL REGIMEN DE PRESTACIONES SOCIALES.
Con una gran campaña de desinformación y manipulación mediática entre la OCI y los medios de comunicación privados y del Estado, se impulsaron las conversaciones que llevaría adelante una Comisión Tripartita, integrada por el Gobierno de Caldera, Fedecámaras y la CTV. Se promovieron los argumentos y engaños más viles para burlar a los trabajadores, con el objeto de suprimir el pago doble por despidos injustificados y el pago retroactivo de las prestaciones sociales. Se decía que con ello aumentaría la inversión industrial, se crearían más fuentes de empleo y aumentarían los salarios reales de los tranajadores.
El argumento que hacía depender la creación de nuevas fuentes de empleo y el aumento de los salarios reales al cambio de régimen de prestaciones sociales, fue vendido por uno de los empleados a sueldo del IESA, José Toro Hardy, un propagandista empresarial neoliberal que hasta la saciedad nos mintió por Tv. diciendo que: el trabajo y los salarios aumentarían apenas se cambiara el régimen de prestaciones sociales y se eliminara el pago doble de prestaciones sociales por despidos injustificados.
En el IESA, trinchera del neoliberalismo en Venezuela, se diseño la propaganda sobre el ACUERDO PARA EL CAMBIO DEL REGIMEN DE PRESTACIONES SOCIALES. Para hacerlo más digerible a los oídos de los trabajadores, se promovió el pago de un Bono Puente, para que los trabajadores se pudieran "beneficiar" en lo inmediato, una vez establecido el nuevo régimen.
¿Quiénes integraron la Tripartita y promovieron el robo a los trabajadores? El gobierno de Caldera, integrado por los copeyanos del opus dei y los masistas de Teodoro Pekoff que hoy siguen a Leopoldo Puchi e integran la Coordinadora Democrática, apoyados por todo el status político del Pacto de Puntofijo: Fedecámaras, que agrupa a todos los grandes explotadores y depredadores del Estado venezolano, quienes nunca pagaron impuestos ni aranceles aduaneros, quebraron el Seguro Social al robarse las cotizaciones, al igual que lo hicieron con el INCE. Y el último integrante, la cúpula de la CTV, los antecesores de la actual cúpula sindical dirigida por Ortega y Cova que se aliaron una vez más a Fedecámaras para conspirar e intentar derrocar al gobierno de Hugo Chávez Frías. Los sectores integrantes de la Tripartita que robaron a los trabajadores venezolanos el pago de retroactividad de las prestaciones sociales, son los mismos que se oponen a los cambios. Son quienes durante 19 meses continuos han intentado derrocar al gobierno bolivariano, creando caos, llamando a paros, huelgas y desobediencia tributaria. Son los mismos que convocaron al Firmazo, al Castiazo y están llamando al Petarazo. Son los mismos que se oponen a la aprobación del proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
Junio de 2003