Si los 40 años de democracia puntofijista en Venezuela instalaron mecanismos reproductores de sus intereses que con el paso del tiempo se transformaron en perversiones, ha sido desde las universidades públicas el sitio desde donde esos aprendizajes se hicieron carne y aún realizan su expansión social. La desidia, la doble moral, la irresponsabilidad, la carga burocrática excesiva, el chantaje, la cayapa, la operación colchón, el falso ejercicio profesional o estafa académica a la sociedad, el reclamo inmoral de derechos adquiridos, el control paquidermo de la política y dirección de la institución a través del voto de jubilados que extiende el espacio temporal del caudillismo puntofijista e impide la renovación generacional; sumado a lo obsoleto de equipos e instalaciones de algunas facultades, los negociados privados con los manejos de instituciones y departamentos con grandes gastos de funcionamiento, más el despilfarro, mala inversión y depredación masiva de los recursos económicos que otorga el Estado central sin ningún control o castigo debido la enorme impunidad amparada por la “autonomía universitaria”, hace necesaria una salida práctica y real a la inutilidad de lo enseñado y aprendido en las casas de estudios superiores públicas venezolanas. Esto significa el cierre y apertura de nuevas instituciones de educación superior públicas: universidades con reglamentos, administración, dirección, fiscalización, currículo y docentes consustanciados con el proyecto de país establecido en el marco de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
El debate político en las universidades públicas es prácticamente nulo. El que se realiza, está mediatizado y tiene como participantes a los mismos actores que tienen la educación superior en el actual estado de postración; éstos, con sus maquiavélicos aprendizajes, impiden cualquier tipo de participación política que no sea la que ellos hasta ahora han sostenido a sangre y fuego: la exclusión de todo aquel que intente acabar con el caudillismo, la corrupción y la enseñanza de contenidos desfasados e inútiles.
Por lo general, los que se oponen al actual curso que llevan las universidades públicas terminan fuera de la institución o segregados y arrinconados dentro de la misma a merced de los grupos de poder. Si es un estudiante como mínimo pasa por la operación colchón si es hembra, no tiene becas ni reparaciones, para él no hay otro chance, le dan palizas, lo roban, se pierden sus notas en control de estudios, sus certificaciones se demoran, su graduación siempre se realiza en el siguiente semestre. Si es profesor contratado nunca será titular ni tendrá una carga académica que le reporte un salario decente; si es profesor titular, sus cheques llegarán tarde o serán mal hechos, sus préstamos nunca salen, sus adelantos de prestaciones sociales nunca son posibles, el horario de su carga académica es horrorosamente difícil de cumplir con agrado, nunca llega a ser jefe de departamento ni miembro del consejo de facultad, sus trabajos de ascenso son rechazados, nunca hará un postgrado, las notas de sus alumnos son extraviadas por control de estudios cargándole los reclamos de los estudiantes, los decanos los obligan a cumplir con las labores extra académicas rechazadas por los benditos del poder universitario.
Quizás, dentro de este real panorama universitario, lo verdaderamente difícil sea decidir que es lo más malo o perverso entre la pésima administración, el desfalco financiero del presupuesto anual de las universidades, cajas de ahorro, fondos de pensiones, fundaciones y fideicomisos o la mala docencia, el desfase del contenido académico, la irrealidad de la pertinencia social universitaria, la falta de interacción con la producción nacional, la carencia de investigaciones que produzcan conocimientos que solucionen necesidades nacionales, o todo lo anterior contrastado con la concesión de irreales y falsos doctorados, maestrías, especializaciones y pregrados en todos los campos, los que tan solo representan pergaminos enrollados, tubos de cartón para guardarlos, tinta china y el recuerdo fotográfico de una fiesta de disfraces con toga y birrete.
Tenemos universidades que no llegan a liceo, miles de docentes y profesionales que no lo son o hace tiempo que dejaron de serlo y aulas llenas de estudiantes a los cuales se les enseñan profesiones con contenidos académicos que tiempo atrás dejaron de ser útiles a la producción y a la sociedad. En otras palabras, tenemos un conjunto de instituciones universitarias, docentes, graduandos, e instituciones de investigación y contenidos académicos que carecen de significados reales. Pasaron a ser irrealidades hace mucho tiempo y su existencia se debe a la ceguera colectiva sembrada por los paquidérmicos tuertos académicos que tenemos. Estos, no resistirán ni una pequeña arremetida social masiva para eliminarlos y reemplazarlos por las nuevas realidades académicas pertinentes y necesarias para edificar la educación superior universitaria contemporánea.
Desde las universidades públicas la clase política hoy desplazada del poder central expandió la corrupción hacia la sociedad venezolana entera. En la academia pública venezolana se estableció y se extendió la reconocida e inmoral sociedad de cómplices. Cualquiera puede recoger cientos de miles de situaciones ocurridas durante estos cuarenta años que confirman con creces lo dicho anteriormente y dejan en minusvalía la crítica hasta aquí llevada a cabo.
Los profesionales del derecho egresados de las universidades públicas corrompieron o dejaron corromper el sistema judicial, convirtiendo la administración de justicia en una injusticia de mercado o en un gran mercado de injusticias. Profesionales de la educación mantienen la expansión continua del analfabetismo funcional que se sumó en los últimos años al analfabetismo informacional que acompaña al desarrollo material de la sociedad. Profesionales de las escuelas de contadurías de las universidades públicas fueron los profesionales de la contabilidad que durante años convalidaron las auditorias y estados financieros con los cuales los banqueros prófugos estafaron al sistema financiero nacional; y hoy, aún continúan extendiendo balances y estados financieros falsos a todo aquel que les pague por ello. De las universidades públicas salieron los ingenieros que han permitido el desfalco de los presupuestos de la infraestructura pública a través de las deficientes obras de ingeniería que tienen una efímera duración o que a veces nunca sirven a los propósitos para los cuales fueron diseñadas. Profesionales de la medicina egresados de las universidades públicas gratuitas son los que depredaron los hospitales y sus presupuestos; muchos se enriquecen comerciando con el dolor ajeno al concebir el ejercicio profesional de la medicina como cualquiera mercancía escasa. Escasez de asistencia médica sostenida por una política de matrícula deficiente y execración de los estudiantes provenientes de los sectores sociales deprimidos de las facultades de medicina de las universidades públicas venezolanas.
De todo esto, lo más escabroso es que hasta ahora unos “marcianos” continúan la defensa a ultranza de la autonomía universitaria de las universidades públicas, con el argumento de una educación superior gratuita y “popular” que hace muchos años dejó fuera de su seno, a los estudiantes provenientes de los sectores sociales más necesitados del país. ¿Cuántas residencias universitarias para los estudiantes que vienen de los sectores sociales más deprimidos del país han cerrado sus puertas, cuántas aún existen y cuántos estudiantes alojan? ¿Qué número de estudiantes pobres ingresa a las carreras de medicina, arquitectura, derecho, ingeniería, odontología o comunicación social? ¿Quiénes se benefician de las becas Gran Mariscal de Ayacucho? ¿A quiénes se les conceden las becas servicio y a quiénes las becas completas en las universidades públicas? ¿Quién es quien en las universidades públicas venezolanas?
Cualquiera revisión imparcial del componente social de las universidades arroja como resultado la exclusión total de los sectores sociales que más necesitan de la educación universitaria gratuita que ofrecen las universidades públicas. ¿A quién defiende la capucha cuando dice actuar para salvaguardar la autonomía universitaria? ¿Defiende acaso al pueblo oprimido explotado y segregado de la educación superior o a las castas burocráticas y sectores económicos dominantes que excluyen a los hijos del pueblo de las universidades públicas gratuitas? ¿Un lote de chigüires histéricos incapaces de ver y comprender la realidad son de verdad la representación moralmente genuina y suficiente de la presencia del pueblo oprimido y pobre en las universidades públicas?
Viejas conquistas sociales de los gremios universitarios aceptadas por el Estado, convalidadas por las autoridades universitarias de su tiempo y avaladas como progresistas y revolucionarias por la izquierda militante de las casas de estudios superiores, se han transformado en una inaceptable e inmoral ventaja en contra de las aspiraciones de ingreso a la universidad pública de los hijos del pueblo venezolano. Son otra expresión del ventajismo insolente e inmoral del aparato burocrático universitario público. En una población de empleados universitarios saturada, en su gran mayoría innecesaria, el derecho adquirido por éstos para la entrada de sus hijos a la educación superior universitaria garantizado por cláusulas contractuales, acapara desde hace tiempo la mayor cantidad de cupos de ingreso para las carreras socialmente más solicitadas. En otras palabras, el crecimiento de la población estudiantil y la incapacidad del Estado para ampliar el cupo existente o construir más universidades, hizo de la educación superior impartida por las universidades públicas un privilegio exclusivo que beneficia principalmente al exagerado, casi inútil y corrupto aparato burocrático universitario clientelar que instaló el puntofijismo amparado por legales beneficios contractuales. Preguntamos ¿Hasta cuándo se sacrificará al país en nombre de derechos adquiridos, ayer morales y hoy inmorales?
La comunidad universitaria de hoy es paquidérmicamente conservadora y reaccionaria, hasta el punto que los filósofos “progresistas” que pernoctan en ella no se han dado por enterados de lo siguiente: La universidad pública puntofijista dejó de ser una realidad racional necesaria. Pasó a ser irracional no necesaria y necesario de eliminar. Esperamos que nuestros “filósofos” no intenten oponerse a los hechos ni al proceso en el cual la población venezolana entera arremeterá contra el espejismo que hoy representa la universidad puntofijista y quienes defienden los privilegios que allí se detentan.
Los cambios son difíciles de aceptar, más si la quietud eterna y el parasitismo están identificados con la estabilidad. Pero muy a pesar de ese aprendizaje del pasado reciente enseñado por la misma universidad pública, la nueva estabilidad está representada por el cambio constante en todas las esferas de la vida. La universidad, y por lo tanto la educación superior, tienen que incorporarse al cambio ineludiblemente para seguir existiendo; pero, no al cambio al que están acostumbradas las universidades públicas, el gatopardiano, de cambiarlo todo para que nada cambie.
Si las universidades no son sometidas a un nuevo diseño de las mismas, no a una reforma sino a una nueva construcción, todas las políticas del Estado y la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, junto con el nuevo proyecto de país serán imposibles de materializar. La contradicción entre lo viejo y lo nuevo sin salidas reales civilizadas, puede estallar en una violencia que nos haría ver como juegos de niños los acontecimientos del 27 y 28 de Febrero de 1989. Esto último no es terrorismo literario ni chantaje verbal. Ha llegado el momento de dejar de jugar con candela. Miremos al vecino país y remojemos nuestras barbas.
Se agota el tiempo para que la sociedad entera, especialmente los sectores que más requieren de la educación que imparte la universidad pública, se quiten la venda de los ojos y se dispongan a participar activamente en la construcción de la nueva Universidad Bolivariana. Nadie cambiará la universidad por nosotros. Tampoco una reforma hecha por los universitarios que tenemos producirá el resultado que el país necesita. Sería idiota e irresponsable dejar en las manos que condujeron la educación superior pública al estado en el que hoy se encuentra, diseñar y construir la nueva universidad que el país necesita. La Universidad Bolivariana sólo será válida si es edificada a la medida de las necesidades de toda la sociedad. Nuestra misión es doblar las campanas por la universidad pública puntofijista, garantizando que si preguntan ¿por quién doblan? no respondamos: Es por nosotros.
Febrero de 2000