Paradojas de la Revolución Bolivariana
Son muchas las paradojas presentes en la Revolución Bolivariana que necesitan resolverse para consolidar el proceso de transformaciones en marcha. Una paradoja presente es la limitación legal para ejercer la Contraloría Social de los Órganos del Poder Central de la Administración Pública, los ministerios. Existe un muro legal que impide la acción contralora de la ciudadanía en una Democracia Participativa que privilegia el protagonismo social de l@s ciudadan@s en los asuntos de interés público. Los ministerios son enclaves o guaridas de corrupción generalizada, desde la seguridad interna hasta la alta gerencia. El conjunto de procesos burocráticos siguen estando al servicio de la burocracia misma, la burocracia existente es una burocracia para sí; como también lo es de los grupos de poder político y económico, viejos y nuevos, quienes mantienen capturado el Estado. El cambio hacia lo nuevo es imperceptible en muchos ministerios. Sin pecar de injustos, podemos aseverar que la Ley Orgánica de la Administración Pública es para la mayoría del funcionariado de la 4ta y 5ta República, LETRA MUERTA. Esta Ley es desconocida por la mayoría de la población, lo que conspira para poder exigir su cumplimiento e impide transformar la estructura del Estado. La burocracia pública se resiste a los cambios amparada en la desinformación generalizada sobre los alcances de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Otra paradoja es la que emerge de la contradicción entre la práctica de los viejos y tradicionales valores sociales existentes y los valores que la Revolución Bolivariana sustenta en sus preceptos constitucionales para la edificación de la nueva sociedad. La Democracia Participativa requiere un sujeto con valores sociales antagónicos a los que sustenta y promueve la sociedad neoliberal en pleno apogeo en la mayor parte del planeta. Aquí la paradoja se hace más que evidente a los “ojos de la razón”, en palabras de Imanuel Kant. En Venezuela, por ahora, la Revolución Bolivariana ha detenido y confrontado las intenciones de algunos sectores políticos y económicos que consideran una necesidad legalizar el neoliberalismo en todas las esferas de la vida pública y privada.
La Constitución de 1999 constituye un dique de contención legal a esa pretensión de los neoliberales internos y externos. La Revolución Bolivariana hasta ahora sólo detuvo la materialización legal de lo que desde hace décadas se practica de hecho en la mayoría de las esferas de la vida nacional, las formas de vida neoliberal: el individualismo, la primacía del mercado, la oferta y la demanda en el intercambio de bienes y servicios, la privatización de la educación, salud y demás servicios públicos, la iniciativa empresarial privada, la fragmentación de la organización social, la minimización del papel del Estado en la economía, etc. Y, aunque la salud y educación hoy son derechos humanos, y el rol del Estado camina sobre una planificación macroeconómica de confrontación al neoliberalismo salvaje con visos de capitalismo de Estado y capitalismo popular, la planificación económica monopolista transnacional que aún persiste y el control, manipulación y desinformación de la sociedad que realizan los medios de comunicación privados, son dos potentes cotidianas prácticas neoliberales que no cesan de impactar la sociedad en la consecución de sus objetivos: Neocolonizar Venezuela. La estructura del Estado está llena de funcionarios viejos y nuevos modelados por las prácticas, la ética y estética neoliberales.
A consecuencia de lo anterior, el gobierno bolivariano saltó los órganos del poder central del Estado y recurrió a la población y al voluntariado revolucionario para resolver problemas nacionales endémicos, como lo era la exclusión masiva de la población de la salud y la educación, problemas que conciernen a los ministerios del Estado, éstos, convertidos hoy en lugares comunes de la IV República donde toda iniciativa de solución social es desatendida o boicoteada. El Estado sigue capturado por una burocracia retrógrada vieja y nueva. Los revolucionarios, actuando bajo un marco legal inacabado y con instituciones jurídicas nacientes castradas por la presencia de los aprendizajes de la IV República, resultan impotentes ante la burocracia estatal y los grupos de poder político y económico que mantienen en sus manos el control de los principales resortes para producir cambios en la Administración Pública: El conjunto de las instituciones jurídicas. Sin un cambio de los sujetos (e intereses) que integran la Fiscalía Pública, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la Nación y el Poder Judicial, la muerte de la IV República no sólo es un “sueño de una noche de verano”, sino que será con el tiempo, en su mejor imagen, un clon mejorado de la conocida y repulsiva IV República.
Otra paradoja es la que nace alrededor de las contradicciones en que se debaten los principios del ciudadano participativo, sus hábitos y valores, su formación social y su educación. Aquí la paradoja es más que brutal. La legalización de la convivencia entre la educación pública y la educación privada, dejó abierta la brecha para que desde la misma raíz de la formación social, sectores que se niegan a la participación y apuestan por el neoliberalismo, formen a gran parte de las nuevas generaciones con valores y conocimientos contrapuestos u degenerativos de los principios y valores constitucionales al amparo del ejercicio de la educación privada. Esto se realiza desde todas las instituciones de educación privada: escuelas, liceos, institutos técnicos y universidades. La educación bolivariana necesita incorporar en el diseño curricular nuevos valores y diseñar estrategias pedagógicas para la obtención de su logro. Esto significa que la escuela pública y privada tienen que contribuir a la enseñanza de los nuevos valores y dar la batalla contra las viejas prácticas y tradiciones culturales, muchas de ellas reñidas con las enseñanzas que requiere la sociedad para contribuir a la construcción de la V República: La Democracia Participativa de un Estado de Derecho y de Justicia Social.
Es irracional y contrarrevolucionario permitir a la escuela pública y privada continuar la reproducción de aprendizajes y la promoción de los valores de la competencia neoliberal, mediante la práctica del darwinismo social conocida como la Ley del más fuerte o Ley de la selva: Romper la Piñata. No nos cansaremos de advertir que mientras no se instale socialmente una nueva forma de entretenimiento en la celebración de los cumpleaños infantiles y se modifique la actual práctica de romper la piñata, las enseñanzas sobre la sociedad de la participación no serán sustentables, porque esa “inocente” tradición infantil, de hecho conspira a diario contra toda posibilidad de transformación social concreta.
A la Democracia Participativa se le opone la reproducción masiva de una práctica tradicional que induce desde la infancia tomar el camino del individualismo, la competencia neoliberal y la práctica de la Ley del mas fuerte o Ley de la selva. En la escuela el niño asiste a innumerables prácticas de cómo ser individualista y pelear por ello a cualquier precio. Romper la piñata privilegia al más hábil y más fuerte. La mayoría de las veces premia al más salvaje y más cruel de los niños que participan en la ruptura de la piñata. Esta salvaje tradición es permitida, recomendada y defendida por tirios y troyanos; reaccionarios, humanistas, ecologistas, cristianos, marxistas y bolivarianos revolucionarios. Es incongruente que muchos padres y madres, luchadores sociales, contribuyan a diario con el boicot a la participación social y auspicien el desarrollo del individualismo en sus hijos y su entorno, sin conciencia de ello. Romper la piñata en las condiciones actuales de esa práctica social infantil, es algo comparado sólo con el espectáculo que ofrece una jauría de perros hambrientos peleando por una presa de comida. Pelea de perros auspiciada desde la escuela; pelea de perros reproducida y sustentada por autoridades, docentes, padres, representantes y revolucionarios.
Una última paradoja que abordaremos es la que contrapone la Justicia Social establecida como un objetivo constitucional del Estado y el ajusticiamiento jurídico que el mismo Estado continúa realizando contra los más débiles. Consideraremos como una nueva práctica en la administración de justicia en un Estado de Derecho y de Justicia Social, aquella justicia que arroja a la basura la imagen de una dama “ciega” como símbolo de la imparcialidad jurídica; y de igual manera, valoraremos como una nueva Administración de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a aquella Justicia que asuma como símbolo la imagen de unos Padres Videntes, que vean y miren muy bien, y además de mirar con los dos ojos, miren con máxima agudeza visual y miren también con los ojos de la razón; y sobre todo, miren para el oeste, el norte, el este y no sólo miren hacia el sur para ajusticiarlo como lo ha hecho y continúa haciendo la dama “ciega” de la injusticia oligárquica existente.
La Justicia Ciega es el símbolo de un poder jurídico en correspondencia con políticas que igualaron ante la Ley el valor económico de mercado entre la fuerza de trabajo y el capital, políticas establecidas por el poder de los capitalistas al comienzo del nacimiento del Estado Moderno. Estos, establecieron para el trabajo humano un trato similar al de cualquier objeto de comercio para así conmensurarlo con las demás mercancías e intercambiarlo en el mercado. Así fue como el capitalismo estableció la reproducción perpetua de la explotación y apropiación legal del trabajo ajeno: la compra y venta de fuerza de trabajo human@, el trabajo asalariado
De la misma manera, la Justicia nacida paralelo a la instauración de la compra legal de fuerza de trabajo human@, estableció de manera fáctica la ficción de que todos los hombres y mujeres que habiten en la jurisdicción del Estado moderno, serían sometidos a la Ley en igualdad de condiciones. Hombres y mujeres por demás desiguales en lo económico, social, político y cultural fueron de allí en adelante igualados por la fuerza del derecho burgués, o derecho capitalista u empresarial. De allí en adelante, una dama “ciega” aplicaría la Ley a todos por igual sin mirar a quién. Nunca nadie se preocupó por enseñar a leer con la Constitución ni con los diversos códigos de leyes; ni mucho menos proveérselos a los ciudadanos para que hombres y mujeres conocieran las normas y prohibiciones existentes. Así llegamos a tener cárceles llenas de hombres que han cometido delitos ajenos a su voluntad y conocimientos, cumpliendo condenas a prisión por demás injustas, irracionales; pero legales. Injusticia masiva aplicada por el Poder Judicial oligárquico discriminatorio aún vigente; poder judicial que continúa descargando sobre los más débiles todo el peso del Estado de acuerdo a sus designios e intereses de clase.
La V República, el Estado de derecho y de Justicia Social de la Democracia Participativa aún está en germinación. La IV República no sólo aún no ha muerto, sino que está más viva que nunca. Ésta, desde una de sus guaridas, el poder Judicial, continúa ajusticiando de manera indiscriminada a los más débiles de la sociedad: desempleados, buhoneros, pobres, alcohólicos, drogadictos, excluidos sociales, negros, campesinos, obreros y prostitutas. Las cárceles y las listas de captura policial están llenos de ellos; pero los causantes y planificadores de una sociedad que indujo a la delincuencia ocasional o habitual a las víctimas ajusticiadas por el poder judicial oligárquico, jamás tendrán acusador ni castigo.
Los grandes culpables de inducir desde el poder los delitos cometidos por quienes hoy se pudren y mueren en las cárceles, drama que se extiende a sus familiares condenándolos a cargar con un estigma social, jamás pagaran por ese delito. Vinicio Carrera, Blanca Ibáñez, Lusinchi, CAP, Caldera, Miguel Rodríguez, Toro Hardy, Emeterio Gómez, etc., junto a una larga cadena de cómplices de cinco décadas gozan de libertad y de total impunidad.
Los grandes delincuentes de cuello y corbata que han robado y desfalcado el Estado y el Fisco en forma continua, quienes conformaron y aún conforman mafias de jueces, fiscales, policías, abogados, políticos, militares, economistas y académicos, todos grandes causantes de esta tragedia nacional, viven en sus mansiones tranquilos, sin persecución ni amenazas de captura policial alguna, disfrutan en familia sus robos a la nación regocijándose del ajusticiamiento realizado contra los más débiles y contra los desposeídos por ellos mismos, ajusticiamientos discriminatorios realizados desde el poder judicial vigente, poder del Estado que constituye la mayor manifestación de vigencia de la IV República y el más grande obstáculo para que la revolución bolivariana pueda parir la V República.
Caracas 25 de Agosto de 2004