El documento ha sido elaborado en UDAPE por un equipo de especialistas al que se le encomendó tomar en cuenta los resultados del Diálogo Nacional 2 y de los eventos participativos que organizaron paralelamente la Conferencia Episcopal Boliviana, las instituciones privadas de desarrollo, los pequeños productores y la denominada Agenda Política. Basta esta referencia para destacar las dificultades que enfrentó el equipo de UDAPE para producir una propuesta que pudiera satisfacer al mismo tiempo a los organismos crediticios internacionales, a los partidos de gobierno y a los miles de dirigentes de organizaciones políticas y sociales del país que participaron con entusiasmo y creatividad en esos eventos.

Como era posible anticipar, la Estrategia no es del gusto de todos y provocará más de un reclamo y seguramente también algunas protestas. Todos los que concurrieron a esos eventos de diálogo llevaron sus demandas y aspiraciones, y seguramente revisarán minuciosamente la Estrategia para ver si su idea fue recogida e incorporada.

Más allá de esa lectura, me parece importante tomar en cuenta dos elementos que pueden ayudar a evaluar la Estrategia.

En primer lugar, tenemos que analizar esa propuesta en sus posibilidades reales. Y ellas están marcadas por las condiciones del programa HIPC 2, que permite al gobierno de Bolivia realizar inversiones para reducir la pobreza en vez de pagar una parte de la deuda externa. Se estima que esos montos alcanzarán aproximadamente 90 millones de dólares anuales durante los próximos 15 años. Son sumas importantes y su utilización tendrá impactos reales si es que las utilizamos con sabiduría. Pero no podemos pretender que resuelvan "la pobreza". Superarla no dependerá solamente de lo que haga la cooperación internacional o el gobierno, sino de lo que hagamos todos los bolivianos todos los días.

En este sentido, la Estrategia no recoge los compromisos que estamos dispuestos a asumir los ciudadanos de este país. Pero no echemos la culpa al documento. Tampoco los diálogos recogieron esos compromisos, pues se centraron más bien en lo que los gobiernos deben hacer, reproduciendo una cultura estatolátrica que con frecuencia nos inmoviliza y nos lleva a eludir responsabilidades.

En segundo lugar, hay que reconocer que había dos alternativas no necesariamente coincidentes. Podíamos decidir en qué se gasta el dinero del HIPC, y a eso se abocaron grandes esfuerzos de priorización en los diálogos, o podíamos decidir cómo se definen las inversiones, y a eso también se dedicaron los diálogos, que acordaron que esos recursos se distribuyan a los municipios de acuerdo a la magnitud e incidencia de la pobreza en ellos. La Estrategia recoge ambas alternativas a la vez pero la que realmente funcionará es la segunda si es que se aprueba la Ley del Diálogo Nacional, que distribuiría los recursos directamente a los gobiernos municipales en base a una fórmula sencilla pero efectiva: a más pobreza, más recursos. Aunque tengan la misma población, El Alto recibiría mucho más que Cochabamba. Y los municipios de Arque y Bolívar recibirían más por habitante que los de Quillacollo y Punata.

Una vez que reciban el dinero, los municipios decidirán cómo invertirlo y la Estrategia será solamente una referencia general para su decisión, pues sus prioridades no necesariamente coinciden con las del promedio.

Quizás hubiera sido más eficiente invertir esos recursos en programas de mayor impacto o rentabilidad social en el largo plazo. Pero los participantes de los diálogos, y con ellos el gobierno, no optaron por la eficiencia sino por la equidad en el corto plazo. Transformar la equidad en eficiencia será el desafío que tendremos que asumir a nivel de cada municipalidad y de cada comunidad si queremos realmente multiplicar esos recursos para resolver nuestros problemas.

En consecuencia, poco importa debatir sobre los contenidos y las orientaciones ideológicas de la Estrategia o en qué medida el documento recoge los resultados de los diálogos. Lo que verdaderamente importa es seguir luchando para que los gobiernos municipales sean sensibles a las necesidades de su gente, eficientes a la hora de asignar recursos y realizar inversiones, flexibles para adaptarse a los cambios, abiertos a las aspiraciones de la gente y capaces de movilizar las energías sociales hacia fines de bien común.

La apuesta es, sigue siendo, por la democracia y la institucionalidad. Ojalá lo recordemos cada vez que la impaciencia nos alcance.