La reciente Asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana ha reiterado una idea que ya parece formar parte del sentido común en Bolivia. Los obispos católicos justifican la producción de hoja de coca para consumos culturales, pero rechazan el cultivo excedentario que sería el destinado a la producción de cocaína, una droga ilegal. Ese es, también, el espíritu de la Ley 1008 y el fundamento de toda la política de erradicación que ha aplicado y sigue aplicando el Gobierno de Bolivia.

Y seguramente muchos coincidirán en que ésa es la posición más razonable en estos momentos, dada la dificultad de debatir la cuestión de la legalidad o ilegalidad de las drogas.

El problema está en cómo poner en práctica ese consejo.

La producción excedentaria, aquella que se plantea eliminar, es la que excede el consumo legal. Pero ¿cuál es? ¿Dónde se produce? ¿A cuánto alcanza en extensión de cultivos y cantidad de producción?

La verdad es que nadie puede responder con certeza a estas preguntas.

La Ley 1008 definió como área de producción legal a los Yungas de La Paz y de Cochabamba (Vandiola), estimando que las 12 mil hectáreas que allá se cultivaban podían abastecer el mercado legal, y considerando que ese mercado no crecería en el tiempo ya que el aumento de la población sería compensado por el abandono de las prácticas tradicionales del acullico. Pero todos eran supuestos y estimaciones que podían discutirse. El resto de los cultivos, entre ellos la mayor parte de los del Chapare, fueron condenados a la erradicación en plazos y condiciones diversas.

Si en 1985 eran dudosas las cifras sobre la cantidad de coca que podía ser absorbida por el mercado legal, en el año 2001 lo siguen siendo. Un reciente reportaje de la revista Pulso sobre el norte argentino informó que allá no solamente se mantiene el consumo natural de la coca, sino que está creciendo, y que la coca más cotizada es la proveniente de Bolivia. Además, es bien conocido el hecho de que el mercado legal puede ampliarse, y no se sabe si ya lo ha hecho, con la expansión del consumo de mate de coca.

Así, lo único que sabemos con certeza es que no sabemos cuánta coca se consume legalmente y, por tanto, cuántas hectáreas de coca deberían seguirse cultivando legalmente.

Por otro lado, el propio Viceministro de Defensa Social, Osvaldo Antezana, ha reconocido en la prensa que nadie sabe cuánta coca se está produciendo en el país. Hace unos meses el entonces Presidente Bánzer festejó "coca cero" porque decían que ya había menos de 600 hectáreas. Ahora se dice que serían 6 mil hectáreas, pero que de todos modos pueden y deben erradicarse "porque son excedentarias".

La cuestión de fondo es: Si no se sabe cuánto se consume legalmente, y tampoco se sabe cuánto se produce... ¿cómo puede afirmarse con certeza que la coca del Chapare es excedentaria?

Peor aún, ¿cómo –si no se tiene certeza- puede actuarse con tanta convicción y fuerza, al punto de arriesgar la paz social en el país?

Este es un tema crucial para la política hacia la coca en Bolivia.

Si en este momento 12 mil hectáreas bastan para el mercado legal, y en el Chapare se cultivan menos de 6 mil hectáreas, la propuesta del cato de coca podría implicar un aumento de los cultivos. El gobierno tendría razón para rechazar la demanda cocalera.

Pero, si en el Chapare se están cultivando más de 6 mil hectáreas, la propuesta del cato de coca podría implicar una reducción de los cultivos. Al gobierno le convendría aceptar la demanda, ya que podría erradicar de una manera pacífica (ahorrándose la subvención ofrecida), y tendría la oportunidad de incorporar al Chapare a la legalidad, ampliando el control estatal y social sobre esa zona, ya no con violencia sobre los campesinos, sino con su cooperación.

Entre seguir los inciertos caminos de la violencia y buscar una solución definitiva al problema de la coca, la opción depende de saber cuánto realmente se cultiva hoy en el Chapare. ¿Por qué no hacer un alto en el conflicto mientras se obtiene ese dato de una fuente que sea creíble y confiable para todos? Sólo después sabremos lo que significa coca excedentaria.