Roberto Laserna
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Poco después de haber aprobado el documento de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, el gobierno ha puesto en circulación un anteproyecto de ley denominado "del Diálogo Nacional 2000". Se trata del instrumento operativo que pondría en ejecución la Estrategia y los acuerdos principales del Diálogo Nacional. De ahí viene su nombre.

Curiosamente, la mayor parte de los análisis y debates, y obviamente también las declaraciones de rechazo y crítica, se han concentrado en la Estrategia haciendo poca o ninguna referencia a este anteproyecto de ley. Esto revela el extraordinario apego que se tiene en el país al debate ideológico y, en esa misma medida, la aversión a lo práctico. Preocupados por establecer los principios filosóficos y conceptuales de los problemas, luego no sabemos qué hacer con ellos y los problemas, como dicen por ahí, "siguen se están".

Creo necesario prestar atención al Anteproyecto de Ley del Diálogo Nacional si es que efectivamente queremos avanzar en el tema y definir de qué manera aprovechará o no el país la oportunidad del programa HIPC.

El Anteproyecto trata en realidad tres temas: la cuenta "Diálogo Nacional", la reforma de los Fondos de inversión y desarrollo, y la descentralización, aceptando lo que venga como propuesta de la Iglesia en términos del denominado "Mecanismo de Control Social".

La cuenta "Diálogo nacional" consistiría en la distribución de los recursos de la condonación de la deuda a los gobiernos municipales, de manera automática y a través del sistema bancario. Para ello se plantea una fórmula de asignación basada en los indicadores de insatisfacción de necesidades básicas, de modo que las secciones en las que haya mayor pobreza reciban también una proporción mayor de recursos. Y se definen condiciones para el uso de esos recursos: deben invertirse en los temas definidos como prioridades en el Diálogo, no pueden emplearse para gastos administrativos, estarán sujetos al control social de los Comités de Vigilancia, y podrán servir para mejorar los servicios descentralizados de salud y educación. De manera sencilla y eficaz, el Anteproyecto recoge los acuerdos esenciales del Diálogo Nacional 2000.

En lo que respecta a la reforma de los Fondos, el Anteproyecto avanza un paso más en los cambios iniciados con el establecimiento del Directorio Unico de Fondos. Ese paso consiste en incorporar en el Directorio y en los Comités de Proyectos a representantes de las municipalidades y de los mecanismos de control social, ampliando la participación social en la gestión de los recursos que canalicen los Fondos; y en definir que los mismos criterios de equidad que se utilicen en la distribución de recursos del HIPC, deberán orientar como "política de compensación" la asignación de recursos del Fondo de Inversión Productiva y Social, tomando en cuenta el acceso autónomo que pudieran tener los gobiernos municipales a otras fuentes de financiamiento. Esto último puede ser discutible ya que restringe las posibilidades a algunos municipios, pero no puede ignorarse que es un criterio motivado también por la necesidad de apoyar más a los municipios más pobres.

El tema más importante y seguramente más controversial del Anteproyecto es el referido a la descentralización. En él se plantea cambiar la composición del Consejo Departamental, para que sea formado por Concejales Municipales, creando la obligación de que, además, informen de sus actividades tanto a los Concejos de los que emerja su mandato, como al Mecanismo de Control Social que se establezca. Pero lo crucial en este tema, y en todo el Anteproyecto, es la propuesta de ampliar las competencias de los Gobiernos Municipales para que, recibiendo recursos adicionales del Tesoro, se hagan cargo también de la administración de los servicios de educación y salud.

Hasta ahora, la descentralización había otorgado a las municipalidades la tarea de conservar y ampliar la infraestructura de educación y salud, pero la administración de los servicios permaneció en manos del gobierno central, que contrataba y pagaba sueldos a todo el personal. La experiencia de los últimos cinco años mostró que esto creaba más problemas de los que resolvía, pues los servicios no mejoraron aunque la infraestructura sí. Quedó demostrada la necesidad de profundizar la descentralización, dándoles a las comunidades, a través de sus gobiernos locales, un mayor control sobre el personal de educación y salud.

Frente al cambio, el magisterio y los empleados de salud posiblemente reaccionarán con desconfianza. Pero cuando sus miembros tomen en cuenta que las alcaldías podrán utilizar los recursos del HIPC para aumentar sus sueldos con bonificaciones por rendimiento y para programas que mejoren sus capacidades, seguramente aceptarán con entusiasmo la descentralización y serán sus impulsores.

Es destacable también el hecho de que se establezcan tres años para la descentralización de educación y salud, permitiéndose que el proceso sea gradual y acorde a las diferenciadas capacidades institucionales de las alcaldías del país.

Finalmente, me parece importante destacar que de manera poco frecuente, y hasta sorprendente, este Anteproyecto de Ley no pretende partir de cero sino, al contrario, insertarse y fortalecer procesos e instituciones ya existentes aún cuando hubieran sido creadas en un gobierno anterior. Pensar en la continuidad es tener visión de Estado. Algo que escasea mucho en el país y que, por ello, debe ser bienvenido.

Personalmente tengo dudas de que la dispersión de los recursos del HIPC sea el método más eficaz para reducir la pobreza, como sea que la definamos. Pero ese fue el consenso más evidente tanto en el Diálogo Nacional como en el Foro Jubileo 2000 y está recogido en el Anteproyecto de Ley. Sería extraño que quienes impulsaron esos procesos no tengan ahora el coraje de apoyar la Ley. ¿Cómo se explicaría tal incongruencia?