Roberto Laserna

Las municipalidades, especialmente las más grandes del país, han iniciado una acción concertada para resistir la transferencia de los servicios básicos de educación y salud a su competencia. Su argumento es que no dispondrán de recursos suficientes para enfrentar esas responsabilidades que, según entienden, deben mantenerse a cargo del gobierno central.

Con ese argumento, las Fuerzas Armadas deberían iniciar trámites para transferir a otros la defensa de la soberanía nacional puesto que, como bien sabemos, sus recursos son absolutamente insuficientes para ello. Y la Policía debería rechazar competencias en seguridad ciudadana ya que, claramente, no tiene recursos suficientes para ello. Y el mismo Ministerio de Educación, con ese argumento, debería estar transfiriendo a otro su función ya que, lo comprobamos cada año, no tiene recursos suficientes para pagar a los maestros lo que ellos necesitan y en justicia piden. Con ese argumento deberíamos ya estar transfiriendo el país a otros, ya que nosotros parecemos incapaces de generar los recursos que necesitamos y de asumir las responsabilidades que debemos asumir.

He llevado al extremo el argumento de las municipalidades para resaltar, como en una caricatura, sus rasgos fundamentales. Esa es justamente la principal virtud de la caricatura, verdad?

El otro argumento busca respaldo en la Constitución que define la educación como la más alta función del Estado. Según la interpretación que estos grupos hacen hacen del texto constitucional "el Estado es el gobierno central". ¿Qué es entonces la Municipalidad? ¿Una ONG? ¿Un partido? ¿Un club de amigos para el ornato público?

El colmo de la paradoja es que se refugian en la Constitución justamente quienes afirman que quieren cambiarla radicalmente porque a su juicio ya no sirve.

No es fácil entender que este movimiento antimunicipalista sea encabezado por las autoridades municipales, y que para ello cuenten con el apoyo de quienes se proclaman los principales defensores de los derechos del pueblo.

Derechos que, ciertamente, no están bien atendidos con el sistema vigente de administración centralizada en el que no han podido superarse los items fantasmas, el ausentismo de los profesores y el enorme abandono de los alumnos, la irrelevancia de algunas materias, la falta de cobertura escolar y el bajo nivel de las remuneraciones salariales entre otros problemas. Problemas que conocemos y de los que escuchamos quejas continuas y legítimas.

Si se prestara atención a esta oposición a la municipalización de la educación y la salud, tendríamos que creer que la situación actual es satisfactoria y no necesita de ningún cambio.

Como eso no es cierto bajo ningún punto de vista, hay que indagar explicaciones en otra parte. Tal vez en el temor de las municipalidades a ocuparse cada vez más de cuestiones realmente serias y a pensar con una visión de largo plazo. Tal vez en la actitud de algunos grupos de dirigentes gremiales, que temen perder su capacidad de manipulación de los intereses del magisterio. O tal vez en la fuerte pero escondida tendencia que tenemos los bolivianos a eludir responsabilidades para exigir que otros resuelvan nuestros problemas, limpiando nuestra conciencia a punta de protesta, yaraví y acusación autocompasiva, pero conviviendo con nuestro problemas.

(Publicado en Los Tiempos, 19 de junio de 2001 y La Razón, 20 de junio de 2001)