La recesión amenaza a la equidad
Roberto Laserna
La crisis económica es una de las mayores
amenazas a la equidad social. No se puede pensar en mejorar los ingresos y la
calidad del empleo, en ampliar la cobertura de la seguridad social y en mejorar
la infraestructura educativa y los sueldos de maestros y médicos si no se supera
la crisis recesiva que estamos viviendo.
Esta es una premisa clave. La otra, es que el
país que tenemos en el año 2002 es muy diferente al de 1985, por mencionar una
fecha muy recordada en estos días. Los instrumentos de que dispone el Estado
para intervenir en los procesos económicos ya no son los mismos. Las decisiones
de inversión son tomadas por muchos agentes, públicos y privados, y la
intensidad de los flujos de información y recursos financieros hace que tales
decisiones sean más sensibles a las señales políticas de éste y de los
gobiernos vecinos.
La política económica presentada por el
Presidente durante las últimas semanas reconoce esta nueva realidad y por ello
tiene la característica de ser al mismo tiempo muy cautelosa pero también
innovadora. Lo que está en sus manos decidir forma parte de su programa de
obras públicas para estimular la demanda y crear empleos. Para el resto plantea
un conjunto de normas que buscan
inducir, estimular, apoyar y orientar a los agentes privados.
El sistema financiero está en manos privadas y
su labor de intermediación está regida por normas rigurosas que buscan proteger
al ahorrista y al depositante más que apoyar al inversionista. Quienes toman
las decisiones sobre su utilización son los banqueros, administradores de
recursos que son, en definitiva, ajenos.
Las experiencias traumáticas que representaron
para el país las quiebras bancarias, y el manejo doloso de recursos en algunos
bancos, obligaron a la Superintendencia a imponer tanta cautela que terminó
convertiendo a la banca en un factor de recesión. En efecto, uno de los
indicadores más preocupantes de la crisis se encuentra en la contracción de la
cartera bancaria. La cartera vigente llegó a ser de más de 4 mil millones de
dólares en 1998 pero ha terminado reducida a una cifra que apenas llega a la
mitad de aquella. Esto es muy preocupante porque indica que se ha producido un
proceso de descapitalización del sector privado, es decir de reducción del
capital disponible para la actividad productiva, por un monto cercano a los 2
mil millones de dólares en los últimos tres años y medio.
Una de las causas que llevó al sistema
financiero a este comportamiento recesivo se encontraba en las normas de
calificación de cartera, que colocaban en situación de riesgo más alto a las
deudas reprogramadas, obligando a los bancos a inmovilizar más recursos
previsionales lo cual, en el fondo, penalizaba la reprogramación sin tomar en
cuenta el impacto que podría tener la misma en la solvencia o capacidad de pago
del deudor. En el afán de proteger los ahorros, las normas ahogaban al
inversionista con lo que, al final, todos resultaban dañados pues menos
inversiones implican menos empleos y menos demanda.
Además, la liquidez del sistema financiero se
mantiene coniderablemente elevada, demostrando que no puede colocar créditos
mientras sus clientes van entrando en mora poco a poco. Lo que esto quiere
decir es que la banca dispone de recursos que, si son invertidos adecuadamente,
podrían dinamizar a corto plazo la economía e impulsar el crecimiento.
Y ese es el desafío central, ¿cómo hacer que se
inviertan de modo que generen rentabilidad sin un riesgo excesivo?
Lo que el Estado puede y debe hacer es crear un
ambiente favorable para que esos recursos respalden el esfuerzo productivo,
controlando los riesgos que estén a su alcance, e induciendo decisiones que,
sin embargo, serán tomadas por los agentes económicos.
Entre sus propuestas el gobierno ha aprobado un
Decreto Supremo mediante el cual enfrenta este problema estimulando una
reprogramación de las deudas que otorgaría cuando menos dos años de gracia en
pago de capital y prolongaría en por lo menos tres años el plazo de las deudas,
sin que ello obligue a cambiar la calificación de riesgo. La banca puede
negarse a la solicitud del cliente para reprogramar su crédito, pero en ese
caso tendrá que inmovilizar recursos en previsiones y perderá dinero.
Las primeras reacciones de Asoban indican que
optarán por la zanahoria y no por el palo, lo que muestra que es una medida que
conviene a todos pues permite a la banca mantener y expandir su cartera
mientras los inversionistas logran un respiro y se recapitalizan. La
reactivación tiene, con este Decreto, más oportunidades y de lograrse se
reducen los riesgos para los depositantes.
Con ligeras variantes, como la del plazo mínimo
y la obligatoriedad, el Decreto recoge una idea que propusimos en julio del
2001 junto a Roberto Requena y Javier Cortés (ver texto), que
fue acogida en septiembre de ese año por el actual Ministro Guillermo
Justiniano cuando asistió a una Asamblea de la CAO y que fue ignorada por el
gabinete económico del Presidente Quiroga. Es una idea sencilla pero que
lamentablemente demoró 15 meses en ser formulada como política pública. En ese
periodo siguieron saliendo del sistema económico cerca de 2 millones de dólares
cada día, perdiéndose por ese hecho
cerca de 400 empleos estables diariamente. No hay duda de que detener la
recesión es un paso decisivo de justicia social.
El tema ha pasado ahora a manos del sector
privado, especialmente de quienes manejan el sistema financiero. Si aprovechan
la oportunidad en el plazo breve que les ha dado el gobierno, no solamente
obtendrán utilidades sino que contribuirán de manera decisiva a la
reactivación, respaldando las inversiones y la generación de empleos que tanto
se exige.
Por supuesto hay otras iniciativas y quizás no
sea ésta la más importante. La asignación de fondos a diversos programas y los
proyectos de ley que buscan proteger al sistema productivo en casos de quiebra
son medidas de enorme relevancia. Ellas ponen en claro que el gobierno
comprende cuál es su lugar y qué rol puede jugar en una economía que es mucho
más abierta y en un sistema político que es mucho más democrático que el que
teníamos en los años 70 u 80. Vivimos
una situación en la que el desarrollo no depende solamente de lo que haga el
gobierno, sino de cómo respondamos todos a los desafíos de nuestras propias
expectativas.
Publicado
en Los Tiempos, 13 de noviembre de
2002