Roberto Laserna

Es sorprendente, por decir lo menos, la enorme distancia que media entre las demandas de reforma constitucional y la formulación de propuestas específícas sobre su contenido. El argumento más utilizado para plantear la reforma, con variaciones, es que el texto constitucional ha quedado obsoleto frente a la rapidez con que han ocurrido y ocurren los cambios sociales y económicos en esta época. Estos planteamientos, aparentemente lógicos son en realidad bastante engañosos.

Puesto que todos percibimos la velocidad de los cambios, impulsados por la innovación tecnológica, estamos dispuestos a admitir sin crítica que todo tiende a quedar obsoleto y, por ello, nos resulta fácil pensar que la Constitución también. Pero lo evidente es que no todo es afectado de la misma manera por los cambios y, por tanto, no todo se torna obsoleto. Algo, en la Constitución, seguramente debe cambiar, pero habrá mucho que puede y debe permanecer. El debate debería precisar cuáles son los temas en que es necesario el cambio. Afirmar que todo debe cambiarse no es sino una manera de eludir el debate y, sobre todo, evadir la responsabilidad de plantear una propuesta. De ahí que no sea raro encontrarse con que quien plantea la demanda con mayor radicalidad, sea justamente quien menos propuestas tiene. La radicalidad, en ellos, tiene el propósito de ocultar la ausencia de ideas.

El Consejo Ciudadano formado a iniciativa del Presidente Quiroga, y que tuvo indudablemente un carácter pluralista y de alto nivel profesional, tuvo también el mérito de haber concentrado su atención en las cuestiones de fondo. Su trabajo concluyó en un verdadero catálogo de propuestas. Muchas no tuvieron el respaldo de todos sus miembros, pero fueron incluidas en el documento final para que quede constancia de que el tema tratado en el artículo correspondiente está en debate y por tanto debe ser considerado por la sociedad y el Parlamento.

El proceso no concluyó allá. A partir de esa suerte de inventario de propuestas, volvió a abrirse el debate en diversos escenarios, que van desde mesas redondas y diálogos públicos, hasta buzones de correo electrónico de acceso personal. Seguramente ahí se han recogido algunas nuevas ideas para consideración de los parlamentarios.

Es probable que muchas de las iniciativas registradas sean superficiales y, aunque cambien el texto, no tendrán mayor incidencia sobre la vida nacional. Después de todo, ese ha sido el destino de la mayor parte de las normas constitucionales a lo largo de nuestra vida republicana: están pero no se cumplen.

Lo que ahora queda por hacer es aprobar una Ley de Necesidad de la Reforma Constitucional que especifique cuáles son los artículos susceptibles de cambio de modo que la próxima legislatura debata y apruebe su nuevo contenido. Este es el procedimiento vigente. Y lo debemos respetar no sólo para consolidar institucionalmente nuestra democracia, sino porque tiene un profundo contenido participativo, ya que permite que entre la apertura y la conclusión del proceso de reforma se realice una elección en la que los ciudadanos podemos renovar totalmente el Parlamento y tomar en cuenta, al momento de votar, las posiciones de los partidos y candidatos respecto de los contenidos de la reforma constitucional en marcha.

En otras palabras, si en las próximas semanas se aprueba la Ley de Necesidad de la Reforma, en agosto se estará instalando en los hechos un Congreso "Constituyente", pues tendrá la capacidad para cambiar la Constitución en todos aquellos temas que hayan sido definidos en la Ley. Y tendrá plazos fatales para hacerlo.

¿Qué sentido tiene entonces seguir insistiendo en un mecanismo que no sólo es ilegal sino innecesario como la "Asamblea Constituyente"? Si Blattman, Paz Zamora, Costa Obregón o Evo Morales quieren verdaderamente cambiar la Constitución, debieran exigir que se apruebe la correspondiente Ley, definiendo cuáles son los artículos que quieren modificar y haciendo propuestas de contenido. Y obviamente debieran realizar su campaña en torno a esas propuestas con el fin de hacerlas realidad desde el próximo Congreso que, como señalé, tendrá en los hechos carácter de "Constituyente". Claro que si no obtienen respaldo electoral suficiente para controlar el Congreso e imponer sus propuestas, tendrán que reconocer que el electorado tiene una posición diferente a la de ellos y aceptar el veredicto de las urnas.

Y es necesario debatir las reformas junto a las propuestas de futuro que presenten los partidos, porque eso permitirá colocar en su verdadera dimensión "el problema constitucional", que ni es tan determinante de nuestro desarrollo como lo creen algunos, ni tan manipulable como lo creen otros.

En todo caso, negarse a contribuir a la aprobación de la Ley que abre el proceso de reformas que dicen demandar, así sea en nombre de una futura "Asamblea" que lo resuelva todo, trasladará hacia el futuro una gravísima fuente de tensión política, pues no faltarán quienes enarbolen nuevamente la bandera de la reforma constitucional para provocar una ruptura de la Constitución, con sus riesgosas consecuencias. Es cierto que la irresponsabilidad es una cualidad valorada en la aventura, pero no podemos olvidar que la aventura, en política, suele ser más costosa para los ciudadanos que para los líderes que las impulsan.

(Publicado en Los Tiempos, el 3 de marzo de 2002)