El porqué del fracaso del socialismo
Por Franklin López Buenaño
Copyright © 2013 Franklin López Buenaño
ISBN: 9781310472152
Sobre el autor
Prefacio
Prólogo
Capítulo I: El camino recorrido
Capítulo II: Las razones del proyecto político
Capítulo III: Las razones del fracaso
Capítulo IV: Los fracasos del proyecto político
Capítulo V: Lecciones y conclusiones
Referencias bibliográficas
Reconocimientos
El Dr. López obtuvo su Ph.D en Economía de Tulane University, y un grado de ingeniería química de la Universidad de Texas A&M. Es profesor Emérito de University of New Orleáns, y profesor de Tulane University, University of Innsbruck, Escuela Superior Politécnica del Litoral, y Universidad San Francisco de Quito.
El Dr. López es autor de varios artículos de teoría económica en journals académicos de EE.UU. y autor de varios libros en América Latina sobre dolarización, economía política, medio ambiente y desarrollo económico. Promotor de la política económica que ha impactado de mejor manera la realidad del país en los últimos doce años, la Dolarización. Además, es un incansable formador de economistas y pensadores libres.
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En 2006, el pueblo ecuatoriano, hastiado principalmente * de la ineficiencia y corrupción de la clase política —conocida como “partidocracia”— buscó un cambio profundo de sus instituciones. La promesa de cambio encontró en Rafael Correa Delgado y en su movimiento político a sus mejores exponentes. Con Correa y Alianza País ** nacería lo que proclaman a diario: la Revolución Ciudadana y un proyecto político que busca implantar el socialismo del siglo XXI. ***
* Digo “principalmente” porque las razones más importantes para el derrocamiento de Gutiérrez fueron de orden político —más que económico—. No obstante, no se puede negar que la democracia ecuatoriana estaba en deuda con el pueblo.
** El movimiento Patria Altiva i Soberana (PAÍS) unificó a grupos sociales, a partidos políticos de izquierda, como el comunista Movimiento Democrático Popular (MPD), el Partido Socialista y otros de tendencia socialista.
*** Según Jorge Vivanco (2010), “el socialismo no necesita calificativos de ninguna naturaleza, ni ser ubicado en ninguna etapa de la historia porque es una idea universal”. Lamentablemente, Vivanco se limita a explicar lo que no es el socialismo (no es autoritarismo, no es populismo, no es paternalismo, no es asistencialismo, no es demagogia, no es aislacionismo), pero no dice qué es socialismo.
El propósito de este libro no es juzgar a Rafael Correa como persona. Bastante y mejor lo hacen otros. Mi propósito es analizar su proyecto político. Aunque hay quienes afirman no saber exactamente qué mismo es, está bastante claro que se trata de un socialismo bastante tradicional con los siguientes ingredientes:
1. Mayor intervención del Gobierno en las actividades de los ciudadanos, no solo en lo económico, sino también en la educación, la salud, los gobiernos seccionales y otros. El intervencionismo se consagró en la Constitución de Montecristi, y esto lo estamos viviendo con las leyes que se están impulsando y se impulsarán en la Asamblea; por ejemplo: la Ley de Comunicación, la Ley de Aguas, la Ley de Educación Superior, etc.
2. Planificación estatal. Fue institucionalizada en la Secretaría de Planificación Estatal (Senplades). Este componente se deriva del anterior, porque si el Estado va a intervenir, se piensa hacerlo con un plan expresamente delineado adónde se quiere ir y cómo. Esto está muy claro en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. También, con este propósito, se ha reformado el sistema arancelario y se ha emitido un Código de la Producción para orientar la economía según los objetivos del Gobierno.
3. Políticas de redistribución de la riqueza. Estas consisten en: (a) Utilización del Erario para, mediante créditos, contratos, subsidios, promover el mejoramiento de los más necesitados, v.gr., el bono de la vivienda y el bono solidario. (b) Aumento del gasto social, esto es, en educación, salud, infraestructura (carreteras, puentes, puertos).
4. Sistema tributario progresivo. Van como tres las reformas tributarias con el propósito de recaudar más y de que los que más ganen, más paguen. Carlos Marx Carrasco y el Sistema de Rentas Internas (SRI) han cumplido su papel a cabalidad.
5. Democracia participativa. Quizás esto sea el ingrediente más significativo del proyecto político, pues se la consagró en Montecristi y se ha institucionalizado con la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), o Quinto Poder, y con la posibilidad de revocatoria de mandato.
Califico este proyecto político como “socialista”, aunque muchas voces de la izquierda afirman que no lo es. Pero, como dice el refrán: a admisión de parte, relevo de pruebas. Correa, Hugo Chávez y Evo Morales se autocalifican de “socialistas”, y por eso dejo a los que antes fueran sus allegados (como Alberto Acosta o los líderes indígenas) que expliquen cuándo y cómo ha dejado de serlo. De igual manera, corresponde a otros demostrar que es un Gobierno populista, o (como sostiene Fabricio Correa, el hermano mayor del presidente) que se está buscando implantar el comunismo, porque —como exhorta Vivanco (Ibíd.)—, «los que utilizan el nombre de socialismo para actuar en política» están obligados a difundir de manera profunda lo que es en verdad el socialismo.
Es más, sostiene Jorge Oviedo Rueda (2010) que no hay diferencias ideológicas ni programáticas entre Correa y Acosta. Ellos juntos concibieron el proyecto y aunque existen distintas versiones del reformismo —otro epíteto para el socialismo— y la única oposición al Gobierno de Alianza País proviene de la izquierda radical.
Conocidas personas de izquierda, como León Roldós o Martha Roldós, o periodistas como Jorge Vivanco o el mismo Emilio Palacio no tienen nada que añadir a la esencia reformista del proyecto de Correa. Lo que parece no agradar a los socialistas “auténticos” o socialdemócratas es la manera en la que se va ejecutando el proyecto. También es importante anotar que es la implementación del proyecto la que mantiene supuestamente a muchos “moderados” y “demócratas auténticos” dentro de la administración, a pesar de las desavenencias que puedan tener con Correa.
En este libro, busco demostrar que el proyecto político socialista, como el que se ha pretendido imponer en el Ecuador, tanto en su forma conceptual como es su forma operativa, está condenado a fracasar porque lleva en sí mismo las semillas de su destrucción.
No tengo interés de convencer a nadie porque quien lee el libro, sobre todo la parte del orden espontáneo, comprenderá que las raíces de nuestros problemas están en nuestra cultura, en nuestras ideas, en nuestras creencias, en otras palabras, en nuestra ideología. La estructura socio-económico-política del Ecuador es el resultado de un orden extremadamente fluido y acomodaticio que se repite en la historia una y otra vez y avanza muy, pero muy, lentamente. Es más, sostengo que el cambio radical y “desde arriba” es infructuoso. El sistema económico-político-social no se cambia con Constituciones ni leyes más o menos emitidas entre gallos y medianoche y, si cambia, es hacia lo peor, como en el caso de Cuba. Los cambios verdaderamente perdurables y benéficos ocurren cuando hay consensos, tolerancia, respeto a las opiniones de otros, es decir, sólo desde abajo surgen los arreglos colectivos, las reglas y las instituciones que generan progreso.
De igual manera, el lector se dará cuenta de que mi crítica es al construccionismo, es decir, a la intervención del Gobierno para “arreglar” la sociedad. El intervencionismo no es atribuible solo a la izquierda, sino también a la derecha. Pero como el proyecto político reinante dice ser “socialista”, enfoco mis críticas y pronósticos a los que proclaman a diario “ser de izquierda”, como que esa proclama los levantara a un plano moral más alto, sin comprender que muchas de sus ideas y políticas tienen consecuencias éticas de mal calibre.
Me abstengo de hacer recomendaciones particulares; sin embargo, es fácil reconocer que la crítica al intervencionismo estatal obligadamente conlleva la exhortación de que un Gobierno mínimo es preferible. El uso del poder lleva al abuso, por lo cual lo recomendable es limitarlo, justo lo contrario de lo que se hizo en Montecristi. Dejo a la imaginación del lector, a sus conocimientos e intuiciones esta inquietud: si no se limita el poder, seguiremos cayendo en la trampa de los gobernantes que se convierten en tiranos, en leyes que abruman, en tributos que estrangulan, en regulaciones que incentivan la informalidad, el irrespeto a la ley y, lo que es peor, dan cabida a la corrupción, a la inseguridad personal y a la pobreza.
—El socialismo del siglo XX y el socialismo del siglo XXI tienen un mismo final: el fracaso.
—El que parte y reparte se queda con la mejor parte.
—Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta.
—Cuando hay torta ajena gratis, no faltan los comensales.
—Es fácil ser socialista con la plata ajena.
Estas perlas de pensamiento deberían ser suficientes para explicar el título y el tema de este libro. Un desahucio se realiza cuando una enfermedad ha avanzado tanto que el tiempo que queda de vida a un paciente es muy poco. Por ello: (1) examino las causas del fracaso de los modelos intervencionistas y (2) analizo los resultados del proyecto político de la Revolución Ciudadana. En otras palabras, después de más de tres años de Gobierno, la descomposición del sistema es cada vez más notable. El desempleo, la delincuencia y la corrupción se han exacerbado, a pesar de los ingentes recursos de los que ha dispuesto el Gobierno.
El libro está dividido en cinco capítulos. En el primero, describo el proceso histórico que hemos recorrido y devenido en el Gobierno de Rafael Correa y de su movimiento, Alianza País. El segundo analiza las razones del porqué ha cuajado entre una mayoría de la población un proyecto político como el del socialismo. El tercero explica por qué el intervencionismo del Gobierno, aún cuando podría ser bienintencionado como el “socialismo”, está condenado a fracasar. En el cuarto, reseño cómo las semillas del intervencionismo dan sus “frutos” en despilfarro, incertidumbre, desempleo y corrupción. Finalmente, en el quinto, se resumen los argumentos del porqué el proyecto político de Alianza País está desahuciado porque los “remedios” fueron peor que las “enfermedades”.
Por Jaime Brito *
Al iniciar la lectura de este libro, lo primero que me impresionó fue su título. En su prefacio el autor indica que “el Socialismo del Siglo XXI, que se ha pretendido imponer en el Ecuador, está condenado a fracasar”. “Realiza un desahucio porque el tiempo que le queda de vida es muy poco”. Antes de continuar con comentarios sobre este gran libro era necesario estar convencido de la validez de su título: “Desahucio de un Proyecto Político”.
Creí que para poder evaluar objetivamente un proceso, se deben evaluar sus logros y resultados obtenidos en relación con la inversión (INGRESOS), en un tiempo determinado.
Fue necesario para mí: ordenar los resultados obtenidos por el Socialismo del Siglo XXI al tiempo presente y relacionarlos con los ingresos recibidos durante el período de aplicación de este sistema político en el país.
Para ahorrar el tiempo de los lectores y, para no perdernos en la fraseología de los economistas, ni en las interrelaciones de las variables involucradas en los diversos indicadores, se presenta a continuación en forma simple un estado de situación de ciertos indicadores económico-sociales y los ingresos recibidos.
RESULTADOS ACTUALES DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
FUENTES: Capítulos III y IV del presente libro
El gráfico indicado es una fotografía actual de los resultados obtenidos por el Proyecto Socialismo del Siglo XXI. Las flechas hacia arriba indican crecimiento y las hacia abajo, decrecimiento.
Siendo el crecimiento económico per cápita real una variable que involucra la obra pública, educación, salud, seguridad, deuda externa e interna, etc., es conveniente analizar esta variable.
Del gráfico se desprende que el crecimiento real por persona de la economía es el 1.0%. Este es el crecimiento económico más bajo de la última década. Peor aún, considerando que durante el periodo de aplicación del socialismo del siglo XXI los ingresos están en el orden de setenta y siete mil millones de dólares, el crecimiento logrado es realmente un fracaso. Ningún gobierno en la historia ha recibido tal cantidad en un período de tiempo equivalente; valor equivalente a 5.500 dólares por habitante.
Sin considerar los indicadores de deuda externa e interna, crecimiento de tamaño del estado, seguridad, inversión extranjera, indicadores sociales, etc., analizados en el Capítulo IV de este libro; el solo análisis de la variable crecimiento económico per cápita muestra el fracaso total del Proyecto Socialismo del Siglo XXI, por lo que coincido con el autor en el título del libro: “Desahucio de un Proyecto Político”.
Dada la formación académica del Dr. Franklin López; de investigador económico, filósofo y en su juventud ingeniero, la composición de su libro tiene las características de una investigación seria y documentada.
Luego de definir el objeto del libro, primero establece el Marco Histórico, Psicológico y Cultural, para poder entender y valorar las condiciones y el ambiente en que se desarrolla el Proyecto Político: El Socialismo del Siglo XXI.
En el Capítulo I, el autor ubica el problema en una dimensión histórica. Los antecedentes históricos de la sociedad actual son analizados en forma magistral y recorre la historia desde los albores del siglo XX hasta nuestros días. Aquí se analizan las tendencias políticas de los gobiernos, los recursos, la intervención estatal, la deuda externa, el gasto público y el “camino desbocado al socialismo”.
En el capítulo II analiza el momento socio-político-económico del país que es producto de los valores culturales que han devenido a lo largo de la historia.
Aparte de analizar ciertos aspectos positivos del ecuatoriano, la autocrítica, que no nos gusta aceptarla, es analizada cuando considera la envidia como propulsora de las políticas de bienestar social, el igualitarismo y el resentimiento que atiza la lucha de clases.
Consecuencia ineluctable de la envidia y el resentimiento es el canibalismo político. Detrás del canibalismo está la ambición del poder y la avidez de los favores que el poder dispersa.
Una vez ubicado el problema en el marco histórico, psicológico, cultural, en el capitulo III analiza las razones del fracaso.
De la prosa y estilo impecable utilizados por el autor en este capítulo, he creído conveniente resaltar al lector las más importantes razones del fracaso:
—No se respetan las libertades individuales.
—Restricciones de derechos de propiedad privada.
—El socialismo debilita los derechos a la propiedad.
—Creer que se puede diseñar un orden económico desde arriba (Construccionismo).
—Creer que la grandeza de un país la hacen los gobernantes cuando lo hace el sudor de cada uno de sus ciudadanos.
—Pensar que los gobernantes son omniscientes, saben qué, cómo y cuándo le conviene a la ciudadanía, la cual no sabe que es bueno y que le conviene.
—Creer en la fantasía de la planificación estatal, desconociendo que esta transfiere al gobierno gran poder de decisión y subvierten la libertad. El despotismo y la planificación estatal son hermanos gemelos.
—Desconocer que la planificación es antagónica al Estado de Derecho y aumenta la incertidumbre y el centralismo.
—La creación de nuevas leyes para dar legitimidad al gobierno de una sola persona por tiempo definido.
—La imposición de una dictadura democrática: Mayoría manda.
—Las malas ideas engendran malas políticas y las malas políticas engendran pobres desempeños económicos. Ideas como la explotación, los pelucones, que el mercado puede ser controlado por el gobierno, que la prosperidad se alcanza a costa de perjuicios de otros.
—En lugar de identificar las verdaderas causas se busca profundizar las medidas coercitivas.
—No hay incentivos para la inversión.
—Falta de apertura comercial.
—El Socialismo estimula el cortoplacismo.
—Las leyes del mercado no se pueden derogar con decretos.
—Descontrol del gasto público.
—Excesivo número de ministerios
—Demasiado poder discrecional del gobierno.
—No considerar que lo correcto es crear riqueza para que los beneficiados sean los más pobres.
—El paternalismo y la abdicación de la responsabilidad individual. Implica ceder libertad a cambio de seguridad. No hay incentivos para cambiar y viene el estancamiento.
—La violencia como mecanismo de reivindicación.
—La constitución institucionaliza la generosidad del estado con plata ajena.
—No considerar que el desempleo aumenta la delincuencia. No considerar que la democracia no es solo un sistema electoral sino que incluye respeto a los derechos de la minoría, tolerancia, a la opinión ajena, participación libre a medios de expresión y comunicación.
—Que el sistema previsional ecuatoriano es contradictorio, se quita a los trabajadores para dar a los jubilados.
—Que el dinero de los trabajadores sirve para que el gobierno gaste.
—Calidad pésima de los Servicios Públicos.
—Erosión de los valores éticos: a los administradores de fondos públicos no les interesa que la empresa estatal progrese o sea eficiente sino en satisfacer sus propios intereses y conveniencias.
La lógica utilizada en el libro nos hace pensar de que dentro del marco histórico y cultural establecido, en el que se aplica el Socialismo del Siglo XXI, existen muchas razones que inducen al fracaso, las que se describen en el Capítulo III. Como consecuencia lógica, en el Capítulo IV estarán los resultados y consecuencias de la aplicación de este llamado Proyecto Político.
En el inicio del Capítulo IV, el autor indica que en el Ecuador y en Venezuela el proceso de socialización y descomposición cívica dará los siguientes resultados generales:
—Empobrecimiento de la clase media.
—Pauperización de los campesinos.
—Debilitamiento de las instituciones democráticas.
—Acracia.
—Inseguridad ciudadana, y
—Propagación de la corrupción.
Sin embargo, como es la característica del autor, creyó necesario puntualizar y analizar los fracasos de las diferentes aristas y áreas del Socialismo del Siglo XXI aplicados en el Ecuador.
He leído comentarios sobre este Proyecto Político en pro y en contra pero siempre en áreas específicas. Es la primera vez que se hace un análisis del proyecto político en sus diferentes aspectos, lo que le da un valor conceptual muy importante a este libro.
Entre los principales fracasos encontrados están:
—Pobrísimo desarrollo: promedio ingreso per cápita del 1% anual.
—Crecimiento desmedido del tamaño del estado, llegando a 454.000 empleados Públicos e incremento de 8 ministerios.
—Gasto Público exagerado que ha llevado a un déficit presupuestario de 4.000 millones de dólares.
—Incremento de la Deuda Externa; solo con China llega a los 5.000 millones.
—Bajó la producción petrolera en 27.000 barriles/día.
—La Inversión Extranjera y Nacional bajó a niveles ínfimos. Tres Compañías Petroleras Extranjeras abandonarán el País.
—La falta de Inversión Extranjera y Nacionales en Proyectos Productivos y la Inseguridad han causado un desempleo del 7,8% a la alza.
—No existe rendición de cuentas, 3.500 casos de corrupción no procesados.
—La inseguridad ciudadana ha crecido en forma galopante.
—La institucionalidad de los organismos del Estado por los suelos y existe una falta de independencia de los poderes del Estado.
—Etc., etc.
Debido al extenso número de áreas en que se desarrolla el Socialismo del Siglo XXI y las acciones tomadas por este que han causado los fracasos correspondientes, he creído conveniente hacer una síntesis por áreas, actitudes y resultados, que se encuentra en el Anexo 1 de este libro con el objeto de orientar al lector en la fascinante lectura de este capítulo.
Mirando los resultados arriba indicados y el Anexo detallado de las Acciones y Resultados de la Aplicación del Socialismo del Siglo XXI por áreas, nos damos cuenta que los resultados obtenidos son catastróficos, en casi todas las áreas.
El autor indica al final del capítulo “Prometieron cambio, ¿Cuál cambio?”
La corrupción, el nepotismo y favoritismo del socialismo del siglo XXI no son diferentes por su naturaleza a las de las élites tradicionales que también prometieron cambio. La manera de hacer política en el país sigue siendo la de siempre, manejado como cuando lo hacia la partidocracia.
Además, la Revolución Ciudadana aniquiló los partidos políticos que en una democracia son los legítimos intermediarios entre el pueblo y el poder.
La Asamblea Legislativa se allana sin aspavientos a los vetos del Ejecutivo, no hay fiscalización y la legislación está prácticamente dictada desde Carondelet, rompiendo así la independencia y balance de poderes.
Las conclusiones del autor no las comento para dejar a los lectores el gusto de analizarlas, pensarlas y estar de acuerdo. Sin embargo, en mi pensamiento, luego de leer y releer el libro he quedado convencido de que el Socialismo del Siglo XXI está en un despeñadero.
La única razón por la que aún no ha colapsado la economía en forma global es por la dolarización del país. Como ya los ingresos no son suficientes, por el gasto excesivo y no pudiendo imprimir dinero porque no pueden fabricar dólares, tenían que hacer préstamos en lugares lejanos y desconocidos y gastar únicamente los dólares que tienen.
Con la dolarización, estamos blindados contra la impresión monetaria desbocada, aunque como alternativa quieren usar bonos del estado.
Actualmente, el país es únicamente consumista; compra autos, departamentos, artículos importados, pero no hay incremento de inversión, ni de producción ni de puestos de trabajo. Siguiendo el estilo de los refranes del autor: “Quita y no pon se acaba el montón”.
Si no cambian el proyecto político, o lo reforman con ideas pragmáticas, la economía ecuatoriana pronto colapsará junto con el Socialismo del Siglo XXI.
Aprovecho estas líneas finales para agradecer al Doctor Franklin López por haberme solicitado redactar este prólogo de un libro importante para el futuro de nuestro país y escrito por una de las mentes más brillantes de nuestro querido Ecuador.
* Jaime Brito se recibió como ingeniero civil en la Universidad de Texas, en Austin, obtuvo un Máster en la Universidad de Berkeley, California. Tiene un MBA de la Universidad Central del Ecuador y es Economista por la Universidad Internacional del Ecuador.
Para nadie es desconocido que nos gustaría vivir en una sociedad de bienestar, progresista, pacífica, justa, con niveles bajos de pobreza y delincuencia. Lastimosamente, se cree que estos deseos se pueden lograr con más o menos buenos Gobiernos pero nos encontramos con una triste realidad: el sistema socio-político-económico es un sistema complejo, en el que prima la incertidumbre. Las relaciones e interacciones humanas no sonlineales en el sentido de que se puede identificar la causa y el efecto. Los efectos de la globalización, los avances tecnológicos, los cambios en los deseos y preferencias de los consumidores, etc., son variables impredecibles que modifican de una manera incierta el camino hacia el futuro y nulifican las buenas intenciones de los gobernantes y las aspiraciones de los pueblos. Sin embargo, como la gran mayoría de los seres humanos no aprende de las experiencias de otros, parece que hay que sufrir en carne propia para que “dentre la letra” y, por eso, se hace necesario registrar cómo las utópicas promesas plasmadas en Montecristi, Ecuador, no se llegarán a cumplir ni de cerca. Gabriela Calderón de Burgos (2005) extrae de la Constitución las promesas así:
«preservar el crecimiento sustentable de la economía y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes; proteger el nombre, la imagen y la voz de la persona; proveer trabajo para todos los ciudadanos; proteger primordialmente los derechos de los niños y las mujeres; proteger, estimular, promover y coordinar la cultura física, el deporte y la recreación como actividades para la formación integral de las personas; proteger el derecho de la población a vivir en un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable; reconocer y garantizar el derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual. Además de estas protecciones, cada ciudadano en este país tiene, entre otros, los siguientes derechos: a disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de óptima calidad; a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar; a tener un trabajo que cubra sus necesidades y las de su familia. Y cada ciudadano sabe muy bien que sus deberes son, entre otros, los siguientes: acatar y cumplir la Constitución; promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular; respetar la honra ajena; practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y servicios; asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad; participar en la vida política… de manera honesta y transparente; ejercer la profesión y oficio con sujeción a la ética; y en corto no ser ocioso, no mentir, no robar».
Un día, Alberto Acosta declaró: “No hay un camino para la Constituyente. La Constituyente es el camino, que era la única manera de abrir la puerta a la esperanza”. ¡Tantas esperanzas se depositaron en Montecristi! * Pero la realidad actual demuestra que lo que se escribió fue tan ambiguo que se presta a muchas interpretaciones y a confundir al pueblo. Y, como veremos más adelante, la prosperidad no se construye “desde arriba”, ni con leyes ni con buenos políticos.
* Diego Pérez Ordóñez dice sardónicamente (2010): “En Montecristi, se apuraba una Constitución al parecer escrita a ocho manos y ocho chafos por Yoko Ono, el Che Guevara, Timothy Leary y García Moreno”.
Utopías como las de Montecristi no caen del cielo. Supuestamente se necesitan líderes, planificadores, ejecutores y administradores para llevarlas a cabo. ¿Quién o quiénes serían los encargados de poner los mecanismos necesarios para lograr este paraíso terrenal? Quién más sino un Gobierno de “manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes”. * He ahí el error fundamental del proyecto político de Correa y sus adláteres. Cuando hay “planificación” y “redistribución” —concebidas como lo hace el socialismo—, inexorablemente surgen personas ineptas o inescrupulosas para aprovecharse de la “torta”. Ya lo dijo el poeta romano Juvenal: Quis custodiet ipsos custodes? (¿Quién guarda a los guardianes?).
* Antonio Rodríguez Vicéns (2010) descubre que el eslogan fue escrito por Félix Dzierzynski, al inicio de la Revolución de Octubre y bajo las órdenes de Lenín para tener su propia policía de contraespionaje.
El presente está ligado siempre al camino recorrido antes. Hemos llegado a donde estamos porque el problema y los problemas que nos aquejan no son obra de Correa. Muchos de sus compañeros que se han distanciado de él mantienen que fueron largos años de lucha y de concientización social los que lo llevaron al poder. No obstante, aunque —no se puede negar que su personalidad, su clara manipulación de las instituciones, su maniqueísmo y sus tendencias hacia el autoritarismo agravan la imagen del socialismo del siglo XXI— su proyecto político es el resultado de un proceso histórico que termina inevitablemente en regímenes liderados por personas con el perfil psicológico como el suyo.
Las políticas socialistas explican el porqué las economías se estancan: las empresas estatales son ineficientes; no hay avances tecnológicos porque los emprendedores enfrentan demasiados y costosos obstáculos para iniciar una empresa; el desempleo es alto y persistente porque no se puede despedir fácilmente a los empleados que no rinden; los sectores informales florecen porque la tributación es onerosa o no se garantiza la propiedad privada. Y, sin embargo, ser socialista o serde izquierda equivale a título de honra, es que así “se está en el bando de los pobres”, aunque los resultados conlleven más pobreza, como en el Ecuador.
Un connotado periodista de El Universo, Emilio Palacio, preguntaba si alguna vez había gobernado la izquierda en el Ecuador. Algún historiador le contestó que ¡nunca! Algo similar sostenía Alberto Acosta, uno de los más preclaros socialistas ecuatorianos. En correspondencia personal, mantenía que el socialismo como “proyecto político sistémico” nunca se había establecido en el país, aunque había programas de tendencias izquierdistas, pero desconectados y sin plan coordinador. Estas aseveraciones invitan, primero, a definir qué es la izquierda y, segundo, a revisar la historia ecuatoriana para confirmarla o negarla.
La libertad y los derechos a la propiedad van de la mano. No hay libertad si no hay garantías a la propiedad privada. El despotismo es más profundo mientras másatenuados están los derechos a la propiedad privada. La atenuación va desde lo inocuo (como obligar a pintar las fachadas de las casas durante unas fiestas patrias) hasta la confiscación o expropiación sin compensación adecuada, pasando por restricciones que tiene el dueño de disponer de su propiedad como le parezca más conveniente. Es evidente que la libertad de expresión, por ejemplo, solo puede sostenerse si existe libertad para ser dueño de algún medio de comunicación.
Es necesario hacer esta aclaración porque aquí radica la diferencia entre los varios tipos de socialismos. Losdemócratas socialistas, al igual que loscomunistas, propugnaban la eliminación de la propiedad privada, pero creyeron que la transición a una sociedad socialista podía lograrse mediante una evolución dentro de la democracia representativa más que por una revolución violenta o algún otro medio alternativo al de las elecciones democráticas. Anteriormente, se describía a los demócratas socialistas comosocialistas reformistas (dado que abogaban por el desarrollo del socialismo a través de reformas parlamentarias graduales) en contraste con los socialistasrevolucionarios, que pretendían alcanzar el socialismo mediante una revolución obrera, la instalación de la dictadura del proletariado y la desaparición de la propiedad privada.
Por el contrario, los socialdemócratas buscan atenuar los derechos a la propiedad privada, no su desaparición, sino controlar y regular el uso y la disposición de la propiedad con el expreso propósito de reducir sus efectos, sobre todo los que supuestamente dan lugar a una desigual distribución de la riqueza o del ingreso; por ello, tiene varios nombres:tercera vía, capitalismo con rostro humano oestado de bienestar. Tras la caída del Muro de Berlín, la mayor parte de los socialdemócratas se ha distanciado del marxismo, de la lucha de clases y la revolución. Por otro lado, también se debe anotar que hay un repudio de gran parte de la izquierda a todo afán de acallar y silenciar o reprimir el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión (Guillermo Almeyra, 2010). Ésta, aunque también es una forma de despotismo, es mucho más tenue que la que afecta a los derechos a la propiedad privada pero más visible en sus efectos.
Aquí debemos hacernos la pregunta: ¿cuál de estossocialismos se parecen o diferencian delsocialismo del siglo XXI, que es el que pregonan Hugo Chávez y Rafael Correa? Como sostienen que está en construcción, entonces, es necesario analizar las diversas políticassociales, es decir, las que se podrían denominar comosocialistas.
Porque hay que diferenciar socialismo de estatismo. Por ejemplo, los esfuerzos de recaudar más impuestos, es decir, cobrando a los evasores pero manteniendo las tasas imponibles constantes no se pueden clasificar comosocialistas oizquierdistas, pues incluso gobiernos de derecha proponen mejorar la recaudación.
Sin embargo, hay un factor común en todos los socialismos: la redistribución de riqueza o ingresos con el expreso propósito de reducir las desigualdades sociales. Sin embargo, no es el resultado —la reducción de la desigualdad— lo que determina si las medidas son socialistas o no, sino las maneras en las que se lleva a cabo esta redistribución. Esto, porque son las políticas redistributivas las que caracterizan las diferentes versiones de la izquierda. En el extremo comunista, se elimina la propiedad privada de los recursos, que pasan a ser administrados por el Estado. En el socialista radical, se expropia —con o sin compensación— la propiedad privada; así sucede en la reforma agraria o en la nacionalización de las industrias. En la socialdemocracia, en cambio, se utiliza el Impuesto a la Renta con tasas progresivas (el que más gana más paga).
Aunque la izquierda ecuatoriana pretende reivindicar la memoria de Eloy Alfaro como de “izquierda”, su revolución fue esencialmente “liberal”. Si bien Alfaro fue un liberal jacobino y tuvo tendencias autoritarias, las transformaciones sociales de la revolución fueron hechas por Leonidas Plaza Gutiérrez, a quien nadie se atrevería a tildar de “socialista”. Lo mismo pasa con Juan Montalvo, quien participó en la Comuna de París (la cuna del comunismo) y rechazó abiertamente cualquier esquema de expropiación de propiedad privada. Es por ello que ningún socialista medio enterado se atreve a proclamar a Montalvo como socialista, a pesar de haber sido uno de los grandes precursores de la lucha por los derechos de los indígenas.
El otro Gobierno importante de las primeras décadas del siglo XX es el de Isidro Ayora. A pesar de que en su Administración se dieron los primeros pasos hacia un sistema estatal de seguridad y previsión social, su Gobierno se caracterizó más bien por haber establecido una fuerte estabilidad monetaria y financiera a través de la supervisión bancaria y un banco central autónomo. El único episodio de izquierda en esta época fue protagonizado por el general Alberto Enríquez. Gobierno que introdujo en el Ecuador el Código Laboral.
La gran etapa “liberal”, aunque efímera porque apenas duró doce años, es la que se inició con Galo Plaza Lasso, con cuyo Gobierno se avienen doce años de estabilidad, prosperidad y paz. A Plaza le sucedió José María Velasco Ibarra, quien se autoproclamó “liberal del siglo XVII” y, a pesar de sus tendencias populistas y su magnífica habilidad para mimetizarse con la audiencia, llevó a cabo un Gobierno muy similar al liberal de Plaza y logró terminar su período presidencial (el único en su accidentada carrera política). Si Plaza fue “liberal”, Camilo Ponce Enríquez fue “conservador”. Pocos dan crédito a esta época, cuando el sucre era una de las monedas más fuertes de América Latina y más fuerte que la peseta española. Las tasas de crecimientos del ingreso per cápita bordeaban el 10 por ciento, inclusive en algunos años alcanzaron el 12 por ciento; siendo inferiores solo a las tasas que ocurrieron en los albores de la producción petrolera. Lamentablemente, el cepalismo * y el socialismo comenzaron su carrera ascendente y esta etapa liberal pasó al olvido.
* Llamado así porque la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) impulsó políticas claramente de izquierda.
Para poder financiar el gasto “social”, cuando no se pueden recaudar impuestos o no se puede financiar con préstamos, los Gobiernos populistas recurren normalmente a la emisión de dinero. Velasco Ibarra, muy ufanamente, sostenía un día que “no tiene sentido tener una moneda sana y pueblo enfermo”. Procedió entonces a enfermar (devaluar) el sucre, y esta medida se puede concebir como el primer gran paso a la izquierda porque se hizo supuestamente para curar al pueblo pobre.
La dictadura militar que tomó el poder en 1963 se volcó prácticamente a las recetas de la Cepal: se estableció la Junta de Planificación y se “modernizó” el Código Laboral. A lo largo de estos años, Carlos Julio Arosemena instituyó el decimotercer y el decimocuarto. Años más tarde él mismo establecería el decimoquinto y el decimosexto sueldos. Con el objetivo de reducir la “dependencia tecnológica” y la “escasa inversión”, se establecieron el Centro de Desarrollo (Cendes), el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) y el Fondo de Preinversiones (Fonapre); se dio impulso al Banco de Fomento, y se crearon la Corporación Financiera Nacional y una serie de organismos “tecnocráticos” para “dirigir” la economía.
En la década de los setenta, se acentuó la influencia de la Cepal a través del Pacto Andino y la política de sustitución de importaciones. Se inventaron los “depósitos previos a las importaciones”, tasas de cambio para diversos productos, incautación de divisas; todas estas medidas, con el propósito de corregir las fuerzas “inequitativas” del libre comercio y del mercado. Siguiendo las prescripciones cepalinas, se nacionalizaron las telecomunicaciones, la generación y la distribución de energía eléctrica y algunas actividades financieras, como los seguros; se establecieron instituciones destinadas a eliminar los “intermediarios” y a facilitar la comercialización, como la Empresa Nacional de Productos Vitales (Enprovit), y la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización de Productos Agropecuarios y Agroindustriales (Enac).
El descubrimiento del petróleo y los ingentes recursos que recibiera el Gobierno acentuaron la intervención estatal. Se nacionalizó el consorcio Texaco-Gulf y se fundó la Compañía de Petróleos (CEPE). El número de ministerios, que en la etapa liberal era de apenas ocho, comenzó a crecer, crecimiento que continúa hasta nuestros días. No podemos ignorar que fue en esta época cuando se estableció el cogobierno estudiantil en las universidades, se eliminaron los exámenes de ingreso; todo, en nombre de la “democratización” de la educación. Tampoco podemos soslayar el crecimiento de la deuda externa para financiar la intervención masiva del Gobierno en todos los ámbitos de la economía. Los ingresos del Estado se triplicaron de 1970 a 1975, y en 1972 se emitió el “plan integral” que definía el compromiso para reducir la pobreza ydistribuir más equitativamente el crecimiento económico. *
* Un excelente artículo que revisa la época del Gobierno nacionalista de las Fuerzas Armadas se puede encontrar en Wilson Pérez (2010). Pérez demuestra que lo que sucede actualmente no es muy diferente de lo que sucedió entonces.
Según Rafael Correa, en el inicio del último período democrático (1980) se originó la “larga noche neoliberal”. Pero ¿no fue Jaime Roldós de izquierda? Su sucesor, Osvaldo Hurtado, sostenía tesis socialistas como el comunitarianismo, teoría muy cercana al comunismo, con la diferencia de que la propiedad, en lugar de ser del Estado, era decomunas civiles. (Hay que advertir que el Hurtado de hoy no es ideológicamente el mismo de entonces). León Febres Cordero,* a quien se puede dar el beneficio de la duda porque todos dicen que su Gobierno fue de “derecha”, se autodenominabacapitalista de la línea de Europa, para advertir del caráctersocial de su ideología. Su pupilo Jaime Nebot afirma seguir la línea delliberalismo social. En otras palabras, en el Ecuador, aún los de derecha dicen tener algo de socialista.
* LFC propuso un día una ley de control y regulación bancaria que llevó a alguien a afirmar que “ni un comunista habría propuesto una ley tan radical”.
A Febres Cordero sucedió Rodrigo Borja. ¿No se llama su partido “Izquierda” Democrática? No podemos olvidar que, a finales de los ochenta, el “neoliberalismo” comenzaba a tomar cuerpo en América Latina. Carlos Menem, durante un memorable partido de tenis en el que participó también George Bush (padre) en Costa Rica, le dio lecciones sobre los beneficios de la apertura comercial, pero Borja —muy consciente de su socialismo democrático— no se dejó convencer. No obstante, Correa y sus adláteres no perdonan que Borja haya supuestamente permitido seguir viviendo la larga noche neoliberal. No por nada, este período se conoce como “febresborjismo”. Llega entonces algún esfuerzo de reforma “neoliberal” con Sixto Durán Ballén, aunque durante su gobierno se levanta el control de precios a algunos productos y se reforma la planificación, se decidió dar “segundas oportunidades” a las empresas estatales, que ya acusaban desde entonces serios problemas de ineficacia y deshonestidad.
Por supuesto que los defensores de la izquierda “pura” niegan que Abdalá Bucaram haya llegado a ser presidente por “la fuerza de los pobres”. Según ellos, su izquierdismo no es otra cosa que una pantalla para justificar su populismo y su afán de lucro o el de sus amigos. Le reemplazó Fabián Alarcón, otro “inmóvil”. Jamil Mahuad fue miembro fundador de la Democracia Popular y co-ideólogo del Hurtado comunitarianista. A Gustavo Noboa no se le puede atribuir lo de izquierdista, porque se rodeó de personajes de la derecha, aunque no faltó un Jorge Gallardo, socialdemócrata, ex ministro de Borja.
Bueno, ¿y qué decir de Lucio Gutiérrez? Llegó al poder apoyado por la izquierda del centro y del extremo. Una vez en el cargo, se “derechizó”; los movimientos sociales le acusan de haber traicionado a quienes lo llevaron al poder y de haber administrado la cosa pública con los economistas OCP (ortodoxos, conservadores y prudentes), epíteto con lo que denigraban y ridiculizaban las políticas aperturistas y fiscales, a pesar de que el gasto público seguía su curso ascendente. Su Gobierno no fue un dechado de democracia ni de pulcritud, por lo cual los “forajidos” —así llamados por Gutiérrez— promovieron paros y manifestaciones y lograron su derrocamiento.
A raíz de su salida, subió Alfredo Palacio. ¿Neoliberal? Ni de cerca. Palacio tenía una imagen de honestidad y de ser un socialista moderado. Llegó al poder para establecer el seguro médico universal y, con eso, habría estado contento. En lo económico, su Administración reformó la ley de hidrocarburos dando más poder al Gobierno, se inició la eliminación de la tercerización y coqueteó con la izquierda furibunda y radical, demostrando su debilidad para enfrentar los paros pero, sobre todo, continuó con la política fiscal del pasado aumentado el gasto público.
Finalmente, llegamos al Gobierno de Rafael Correa. Lo que un día soñaba Alberto Acosta se hizo realidad. La presencia de personas que no han militado en la izquierda como Alexis Mera (antiguo colaborador de León Febres Cordero), Carlos Vallejo (que ha estado asociado con la democracia cristiana y hasta con el populismo de Alvaro Noboa) o Carlos Pólit (miembro del Gobierno de Gutiérrez) podría ser muestra de que Correano es de izquierda pura. Tal vez, pero de lo que no cabe duda es que la crema y nata de los socialistas ecuatorianos ha estado o está en este Gobierno. Alberto Acosta, Fander Falconí, Eduardo Valencia, Leonardo Vicuña —para mencionar unos pocos—, son conocidos economistas de izquierda, colaboradores asiduos deLa Insignia, yLa Jornada, acreditados diarios socialistas iberoamericanos. Gustavo Larrea y Ricardo Patiño fueron a Nicaragua y participaron en elsandinismo. No podían faltar en un Gobierno de izquierda ambientalistas radicales fundamentalistas como Ana Albán, ministra de Medio Ambiente, o María Fernanda Espinosa, ex canciller. Tampoco defensores de los derechos humanos como Alexis Ponce. Guadalupe Larriva, difunta ministra de Defensa, era presidenta del Partido Socialista Ecuatoriano; su sucesora fue dirigente de la Unión Nacional de Educadores, y todos sabemos que la Unión Nacional de Educadores (UNE) es el brazo del Movimiento Popular Democrático (MPD), partido marxista-leninista, en el área educativa. A pesar de que indígenas, estudiantes, maestros, ecologistas y otros repudian hoy a Correa y lo acusan de haberse “derechizado” y de haber traicionado los ideales izquierdistas, fueron los pensadores socialistas y activistas de izquierda los que concibieron el proyecto de la Revolución Ciudadana.
Y, por ello, el proyecto político que se consagrara en la Constitución no ha sido abandonado* y, aunque haya colaboradores de Correa que deploren su personalidad, continúan en la administración o en la Asamblea legislativa y siguen empeñados en llevarlo a cabo.
* «La doctrina del socialismo siglo XXI, se refleja fielmente en la Constitución aprobada en Montecristi, en las circunstancias que conocemos y que fue ratificada en el referéndum llevado a cabo dentro de ese mismo marco», Vivanco (2009).
La ironía más grave en toda esta historia es la calificación de “neoliberales” a los Gobiernos de las últimas décadas, cuando lo que hemos vivido es un camino desbocado al socialismo. Han logrado demonizar al neoliberalismo de tal manera que cualquier medida que afecte al pueblo se le califica de “neoliberal”. Así, por ejemplo, la presidenta de la Confederación de Barrios de Quito, Natasha Rojas, señaló: “Ahora, el presidente está diciendo al alcalde Barrera que tiene carta blanca para aplicar una política neoliberal tributaria de meter la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano a través de paquetazos”. Esto demuestra la tremenda ignorancia que existe sobre doctrinas políticas.
Porque más del 30% de la economía ecuatoriana * —antes de Correa— estaba intervenida o administrada directamente por el Gobierno central, los gobiernos seccionales y las empresas estatales. Todos estos años, hemos sufrido el flagelo del control de precios, de subsidios mal administrados, de intervención en la banca y en las empresas, y de un sistema tributario progresivo y oneroso. Un profesor universitario una vez calculó que más del 50% de sus ingresos se lo llevaba el sector público. La educación, la seguridad social, los programas sociales, las aduanas, el registro civil, ejemplos de la intervención y de las tendencias estatistas de gobiernos anteriores son todos un desastre. No existe un solo programa de Gobierno al que se pueda calificar siquiera de “regular”: son malos o pésimos. Y, sin embargo, dicen que ¡no son fracasos de la izquierda, sino del neoliberalismo!
* El gasto del sector público no financiero constituía el 26,9% del PIB en 2004. Si se le añade el gasto operativo del Banco del Pacífico, Banco de la Vivienda, Corporación Financiera Nacional, Banco del Estado, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así como el de las empresas estatales, de ese entonces: Petroecuador, Inecel, Emetel y otras, fácilmente se puede colegir que casi, o tal vez más que, un tercio de la economía ecuatoriana estaba en manos del Estado.
¿Por qué se quiere negar el izquierdismo de Correa? Porque se aferran a la idea de que la izquierda monopoliza “la preocupación por los pobres”. Dice Patricio Crespo Coello: “… el primer deber de un líder, más todavía si es deizquierda (énfasis mío), es lograr el desarrollo para beneficiar a los más pobres”.
Como en los últimos 28 años de democracia no se ha resuelto el problema de la pobreza, entonces, los Gobiernos “no han sido de izquierda”. He ahí la falacia y el engaño. El problema de la pobreza y de la desigualdad del ingreso se debe precisamente a que, desde la década de los setenta, hemos seguido el recetario de la izquierda: la utilización del poder del Estado para justificar sus fines “altruistas”.
Esto es lo que pretendo demostrar en este libro, que el afán de planificar la economía, redistribuir la riqueza o los ingresos, así como el de controlar y regular las actividades privadas no solo que no disminuyen la desigualdad, sino que cimientan además el camino hacia el despotismo. Pero esta predisposición a repartir y a controlar tiene raíces profundas, no es patrimonio de Correa ni de Alianza País, es producto de un proceso histórico que no se podrá remediar en muchos años.
El sistema socio-político-económico que existe en cualquier momento es producto de los valores culturales que han devenido a lo largo de la historia. El status quo es un sistema que va surgiendo espontáneamente de las interacciones individuales, interacciones que se superponen, unas veces con un efecto multiplicador, otras con un efecto retardatorio, con la particularidad que el orden observado no fue construido por nadie en particular. Así, por ejemplo, el desempeño económico es causa y efecto de las creencias, las actitudes, las percepciones y los valores de una mayoría de la población.
No cabe duda de que el Ecuador no ha experimentado, ni de cerca, espectacularidades peor milagros económicos. Tres indicadores bastan para demostrar el pobre desempeño de la economía: el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, la productividad-competitividad y el peso de las remuneraciones salariales con respecto al PIB.
Entre 1979 y 2006, en el país sí hubo progreso, a pesar de los malos precios del petróleo entre 1983 y 2000. La esperanza de vida creció de 61 a 75 años, mientras que la mortalidad infantil cayó de 59 a 16 por cada 1000 nacidos vivos y el analfabetismo, de más de 20% a menos de 8%. En otras palabras, a pesar de los graves problemas de pobreza y de distribución de riqueza, el país iba por buena camino.
La única época en la que hubo un excelente rendimiento de la economía fue durante la época liberal (1948-1960). Reporta Alfredo Valdivieso (2010) que, de 1950 a 1964, la tasa anual de crecimiento promedió 3,75%. De 1979 a 1998, se redujo al 3,02% mientras que de 1999 a 2009, el promedio anual del PIB por persona llegó apenas a 1,53%. La economía experimentó un crecimiento saludable entre 2001-2003, que fue de 3,8%, y entre 2004 y 2006 fue de 6,4%.
Suficientes estas cifras para evidenciar que la tendencia de la actividad económica se ha reducido. Claro está que hay unos años mejores que otros, como se muestra en la Figura 1, pero, en general, la economía ecuatoriana no prospera con suficiencia, pues el ingreso por persona se mantiene prácticamente constante.
La productividad (es decir, producir más con menos recursos) tampoco exhibe crecimientos significativos y prácticamente se ha estancado. El Foro Económico Mundial reporta en su informe de 2010 que el Ecuador ocupa el puesto número 105 entre 144 países. La Organización Mundial del Trabajo publica los siguientes datos:
De manera similar se puede observar que el peso de los salarios con respecto al total de la actividad económica exhibe también una tendencia a la baja. Esto demuestra que la condición económica de los asalariados no ha mejorado durante estos años.
Además de estas cifras macroeconómicas, es importante anotar que tampoco se han podido reducir las desigualdades de ingreso ni la pobreza. Aunque hubo algunas mejoras, no son comparables con las de otros países latinoamericanos. Por ejemplo, el coeficiente de Gini * —que mide la desigualdad— publicado por la Cepal demuestra un aumento de 51,3 (2004) a 54,0 (2007). Y cuando se compara con otros países de la región, los resultados son terribles. El Ecuador está a la par de Bolivia, Haití y Brasil en desigualdad, según las Naciones Unidas (Untad).
* Mientras más alto, mayor desigualdad.
Este pobre desempeño de la economía es causa y resultado de la ideología imperante. Llevan a muchos a afirmar que no es posible despegar a menos que se realice un cambio de sistema. La Constitución de Montecristi fue para muchos el camino a seguirse pero, como veremos, esto es infructuoso y hasta se puede argumentar que empeoró y empeorará la situación.
Pero no se puede soslayar que la disparidad de riqueza y de ingresos es una de las más grandes de América Latina ni que, a la vez, es una de las más grandes del mundo. El debate se centra sobre los medios a utilizarse, y la crítica que hago en este libro es que las medidas que propone la Revolución Ciudadana son contraproducentes y, en lugar de mejorar la situación de los pobres, la empeora.
Poco a poco, ha ido ganando terreno la hipótesis de que los problemas que aquejan a los ecuatorianos y a los latinoamericanos en general se originan en los valores culturales. Entendiéndose por “cultura” los valores y actitudes que una sociedad inculca en sus ciudadanos.* Osvaldo Hurtado (2007), en su libro Las costumbres de los ecuatorianos, describe lúcidamente cómo, a lo largo de la historia, se han desarrollado costumbres que han sido un lastre para el desarrollo económico. Es más, se puede aseverar con confianza que no son distintas del resto de nuestros hermanos latinoamericanos.
* También se llama “cultura” al conjunto de costumbres, actitudes, sentimientos, ideales, creencias, valores y comportamientos que determinan la conducta de los individuos en su vida cotidiana.
Una breve lista abarca: desdén y desinterés por el trabajo, paternalismo, cortoplacismo, falta de cultura de respeto a los derechos a la propiedad privada, desconfianza, impuntualidad, indolencia, falta de iniciativa, indisciplina y dejadez, incumplimiento de contratos, inobservancia de la ley y de las normas, desdén de la educación. * No todas las costumbres son malas: el ecuatoriano también es modesto, generoso, hospitalario, persistente y aguantador (se dobla pero no se rompe). Es importante advertir que estas costumbres pertenecen a la mayoría, y una misma persona puede tener algunas de estas características, mas no de otras.
* Una versión bastante sanguínea que circula por Internet ilustra que el problema no es solo de los ecuatorianos, sino también de una mayoría de latinoamericanos.
Hurtado afirma también que los valores culturales de los pueblos no son inmutables ni tampoco inherentes a una raza, a un culto religioso o una clase social: “pueden cambiar gracias a las transformaciones de las estructuras socio-económicas, al papel ordenador de las instituciones políticas y jurídicas, a programas educativos diseñados con tal propósito, a enseñanzas inculcadas por las iglesias, a influencias benéficas venidas del exterior, a orientaciones positivas de los medios de comunicación y al ejemplo de líderes esclarecidos”.
Otros sostenemos también que los pobres resultados económicos son el producto de una diagnosis superficial y de remedios que se conciben sobre fundamentos simplistas y equivocados. En otras palabras, en una serie de creencias sobre la manera en la que ocurren las relaciones sociales, a las que llamamos “ideología”.
La ideología dominante es tal vez la ilustración más idónea para explicar las situaciones económica, social y política. La ideología consiste en el conjunto de creencias e ideas sobre cómo opera el sistema de relaciones sociales. Por ejemplo, las creencias sobre la libertad, la igualdad social o la gloria nacional. Estas creencias tienen raíces psicológicas, filosóficas, éticas o religiosas y llevan a los individuos a postular ciertas acciones políticas, como la formulación del sistema político (republicano, presidencialista o parlamentario) o las estrategias en materia de administración de la cosa pública (regulaciones, tributación e incentivos gubernamentales).
Según Esteban Laso (2010), una sociedad puede erigirse bien sobre la confianza o bien sobre la sospecha. En una sociedad en la que predomina la confianza, el respeto a la propiedad y a la palabra dada es moneda corriente. Se supone, en general y a priori, que los demás van a ser honestos y bienintencionados, me puedo comprometer con ellos en actividades colaborativas que generen mutuos beneficios y cambiar de actitud si descubro que me han engañado
Cuando predomina la sospecha, todos tratan de ganar ventaja sobre los demás; siempre es menos riesgoso mentir que cumplir con las promesas, pues así se impide a los demás predecir nuestra estrategia para pergeñar la suya. Cuando me imagino que, detrás de sus sonrisas, los demás están esperando un instante de debilidad para causarme daño, tengo por fuerza que conducirme mendaz y astutamente.
América Latina presenta las siguientes tres características: “bajísima confianza interpersonal, altos niveles de corrupción y preferencia por el autoritarismo versus la democracia”. *
* La evidencia es contundente. Ver Laso, pág. 8, sobre el resultado de encuestas en Quito sobre las actitudes: confianza, autoritarismo, irrespeto a las normas, inseguridad y sensación de amenaza.
Vale la pena citar textualmente las afirmaciones de Laso:
«Cuando las personas desconfían de los desconocidos, actúan con cautela y suspicacia, prefieren precaverse de la pérdida, el engaño o el ataque a corto plazo a involucrarse en actividades productivas a mediano plazo. Viven bajo una amenaza constante pero difusa e impredecible; y en la vida, como una lucha de todos contra todos, un juego de suma cero en el que lo que unos ganan, otros pierden, por lo que se dedican a defenderlo frenéticamente —lo que los vuelve extremadamente reacios al riesgo, les impide forjar relaciones de solidaridad con extraños y les motiva a aprovechar cualquier oportunidad de ganancia aunque se aparte de la Ley. Se anticipan a la trampa del otro haciendo trampa a su vez, lo que mueve a los demás a hacer trampa también. Esta forma de experimentar el mundo y la existencia es propia de países como el nuestro, en donde la seguridad jurídica, la institucionalidad y el imperio de la Ley son escasos o nulos y la inequidad, muy alta: cuando puedo perderlo todo, todos son mis competidores en la repartición de una torta cada vez más reducida.
»En este mundo amenazante, las personas solo se fían de sus familiares o amigos más cercanos, nunca de los extraños; con lo que, en vez de ampliar sus redes sociales, fortalecen las ya existentes. Esto, a su vez, empeora la desconfianza: la sociedad se fragmenta dividiéndose en grupos de confianza que se disputan el botín, mafias que se apropian de los espacios de poder y capital. Si ya estaba fragmentada por la inequidad, la desconfianza acentúa las diferencias y aumenta la cautela. La lucha de clases deviene en guerra [En términos técnicos, la confianza dentro de los grupos aumenta y la generalizada o entre grupos disminuye. N. del A.].
»Las mafias, circuitos por los que transita la influencia, fomentan la corrupción. Más importante que seguir la Ley es conocer a la gente correcta, pertenecer a los círculos adecuados, tener el apellido apropiado… El imperio de la costumbre es siempre mayor que el de la Ley; como no se puede regular todo, el intento de ofrecer seguridad exclusivamente mediante la institución formal está condenado al fracaso [Por eso, mi afirmación que la Constitución de Montecristi está condenada a fracasar como fracasaron todas las Constituciones anteriores. Esto, porque el problema es mucho más serio y complejo de lo que se puede imaginar. N. del A.]. Las instituciones están compuestas de personas que pertenecen a redes de confianza; en una sociedad desconfiada, caen tarde o temprano en manos de una u otra mafia y dejan de ser imparciales. Los grupos privilegiados se reparten el país; los excluidos pelean por las migajas (énfasis mío).
»Todos estaríamos mejor si hiciéramos lo correcto, pero ya que nadie quiere ser el primero en hacerlo, todos terminamos peor. Nuestra conducta en el transporte público ofrece un ejemplo cercano y cotidiano: temerosos de no alcanzar a bajarnos en nuestra parada, nos agolpamos en las puertas, dificultando la entrada y la salida de los demás, haciendo más lento el recorrido del autobús y sufriendo, a la postre, un retraso fácilmente evitable si todos colaborásemos. Pero quien despeja el camino colocándose en el pasillo tendría que atravesar la vorágine, lo cual desanima a los potenciales “buenos ciudadanos”».
Advertimos una vez más. Esto no significa que todos los ecuatorianos actúen de manera corrupta todo el tiempo ni tampoco que se esté condenado a ello, sino que, en la medida que la mayoría de los ecuatorianos perciba amenazas constantes, inseguridad personal, continuará refugiándose en comportamientos ilegales o de irrespeto a las normas, prácticas corruptas y mecanismos autoritarios de control y gobernabilidad.
Continúa Laso:
«En este aciago panorama, se apela a una solución drástica: la mano dura. Cuando aparece un líder autoritario, que “se pone los pantalones” para sancionar a los corruptos, los ciudadanos lo apoyan al unísono. Pero esto solo empeora el problema, pues las políticas autoritarias no promueven comportamientos participativos, así como la confianza no nace bajo amenaza».
El problema, entonces, no radica en la desigual repartición del ingreso, sino ante todo en la repartición desigual del poder *: la toma de decisiones en la adjudicación de contratos, puestos, privilegios, acceso a los servicios y funciones públicas, fallos judiciales, etc., depende de uno o más grupos relativamente cerrados que se benefician a sí mismos excluyendo a los demás. Es decir, el poder no está distribuido, sino concentrado. El autoritarismo lo concentra más aún. Se presenta como el remedio, pero agrava la enfermedad: la sociedad se fragmenta y polariza, la desconfianza empeora y el círculo vuelve a empezar.
* Esta es una de las proposiciones que hasta hace poco no se debatían en el Ecuador pero, hasta que no quede claro que este es un problema fundamental y grave, no avanzaremos hacia mejores días.
Debe quedar claro que el autoritarismo y la corrupción dependen del grado de confianza interpersonal que exista en una colectividad. Como veremos más tarde, la Administración de Correa ha exacerbado la desconfianza al introducir incertidumbre, suscitar resentimientos y desacreditar con violencia verbal a sus opositores y otros atropellos.
Los motivos del corazón. No cabe duda que la pobreza extrema, tan fácil de ver en nuestra América, resulta para cualquier espíritu sensible un espectáculo perturbador. Carlos Sabino (2007), un sociólogo argentino/venezolano, dice muy elocuentemente:
«¿Quién puede permanecer indiferente cuando ve niños desnutridos en ranchos que apenas si se sostienen, que no tienen los servicios sanitarios básicos y están inundados por la basura y percibe al poco rato los artículos de lujo que se venden en los mejores centros comerciales de alguna gran ciudad? ¿Quién puede permanecer con su conciencia tranquila cuando sabe que el salario de un trabajador corriente no alcanza para comprar los alimentos y pagar los servicios que otros consideramos como normales y hasta indispensables para tener una vida digna?
»Ante estos brutales contrastes, surge un sentimiento de disconformidad y de protesta, un rechazo hacia las diferencias abismales que encontramos a nuestro alrededor y brota espontáneo el impulso de hacer algo para cambiar esta situación, para que la riqueza se distribuya mejor en este agitado mundo. Pero la solución que se presenta de inmediato, por más que esté motivada en los más sanos sentimientos, resulta por lo general peor que el problema que se desea resolver. Porque lo primero que viene a la mente, en este caso, es la necesidad de repartir mejor la riqueza, de nivelar en lo posible las condiciones de vida de los millones de personas que componen una sociedad. Quitar a los que tienen mucho para dárselo a los que tienen poco o nada parece la fórmula más simple y sensata para que todos nos podamos sentir mejor. Pero esta solución falla, por razones matemáticas, psicológicas y políticas, creando consecuencias que son aterradoramente contrarias a los propósitos iniciales».
Afirmación con la que coincido plenamente.
El sentimentalismo. No pocas telenovelas y películas latinoamericanas aprovechan (¿explotan?) los sentimientos que surgen ante la situación de los pobres y las disparidades con los ricos. Estos son los malos, los otros son los buenos. Lastimosamente, nunca se preocupan de analizar cómo se obtuvo la fortuna, pero el problema que causan es el crecimiento de un sentimentalismo juvenil y alimentan emociones, como la envidia o el resentimiento, que agudizan el problema.
La envidia como propulsora de las políticas de bienestar social. La presencia de favelas o barrios pobres en proximidad con mansiones suntuosas no sólo despierta pena o coraje, sino también envidia y resentimiento. Lamentablemente, muy poco o nada se dice con respecto a la influencia que tienen en el diseño de políticas socio-económicas; sin embargo, no se puede ignorar que la envidia y el resentimiento subyacen en la lucha de clases, en el canibalismo político y en el surgimiento de líderes populistas, que ofrecen remediar las desigualdades sociales a como dé lugar.
La envidia, para algunos, es un barómetro de la injusticia social que premia a quienes no lo merecen e ignora a los verdaderamente valiosos. También es un mecanismo de control y política social; cuando se desea el juguete ajeno, se invita a esforzarse más o a buscar maneras de quitárselo. La envidia es un estado emocional que surge por la observación de las posesiones o logros de otro y un deseo rencoroso que los pierda.
En toda la historia de la humanidad y en todas las sociedades, se ha condenado la envidia, inclusive se puede afirmar que el desarrollo de la civilización es el resultado de las derrotas infligidas a la envidia o al hombre como ser envidioso. Cuando en una sociedad la envidia, el resentimiento o el revanchismo es ubicuo, se da cabida a la incivilidad, a la intemperancia. Mientras más extensiva es la envidia, más inhumano o irracional el comportamiento, más intolerante y menos propicio a desarrollar sistemas de control, equilibrio o equidad.
La envidia, la magia negra y el subdesarrollo. Otra barrera al desarrollo consiste en creer que la mejor cosecha de algunos no se debe a mejores métodos sino a la brujería que ha echado maldiciones sobre los no exitosos. La envidia se expresa también en actos de omisión. Es preferible conmiserar la mala fortuna de otros que gozar de su éxito. El éxito se esconde para evitar la envidia.
Con el avance de la civilización, van desapareciendo las razones mágicas y se las va sustituyendo con teorías como la teoría de la dependencia, la de valor-trabajo o la explotación de los proletarios. Si no es magia, debe ser suerte; si no es suerte, debe ser abuso o explotación.
La envidia es implícita o explícitamente la piedra angular de muchas políticas sociales, aunque pocos estén dispuestos a aceptar que así es. Es más, algunos han soñado en la utopía de que si se lograran remover las desigualdades humanas, también se lograría eliminar la envidia.
No faltan políticos que buscan explotar la envidia latente y los sentimientos de culpabilidad en los grupos exitosos. Aunque ciertas políticas económicas y fiscales son para apaciguar a la población, sin olvidar que también así se tranquiliza la conciencia de los gobernantes.
Es importante estudiar el papel pasivo o activo de la envida, sobre todo en la política, pues una sub o sobreestimación de los efectos de la envidia debería ser factor en la evaluación de políticas económicas o sociales. La asignación de recursos escasos pocas veces puede ser óptima si se basa en el miedo a ser envidiado o a exacerbar a los envidiosos. No solo los más afortunados tienen interés en que se controle la envidia, sino también los que son propensos a envidiar pues, cuando una persona deja de pensar en la buena fortuna de otros, puede entonces guiar sus energías para lograr objetivos más realistas.
El igualitarismo y el resentimiento. La doctrina igualitaria moderna, sea que tome la forma de una declaración de hecho o demanda moral, es claramente el producto del resentimiento. Parecería obvio que, sin excepción, detrás de la aparentemente demanda inocua de igualdad, sea sexual, social, política religiosa o material, solo se esconde el deseo de disminución, de acuerdo con cierta escala de valores, trátese de bienes materiales o que, de alguna manera, estén en un escala superior, a los cuales hay que igualar con los que están abajo. Y lo peor es que se atiza el resentimiento social. Se busca simplificar la lucha entre los que no tienen contra los que tienen, basándose en el supuesto de que el que tiene robó o explotó al que no tiene.
En la lucha por el poder, nadie siente que las balanzas están a su favor. Solo aquellos que temen perder exigen la igualdad como principio universal.
La igualdad es un concepto racional, nunca puede estimular deseo, voluntad o emoción. Pero el resentimiento, en cambio, se escuda como deseos de igualdad, cuando en realidad lo que busca es igualar al menor denominador para esconder así su enojo.
Es por eso que las demandas de igualdad y justicia social pueden volverse fácilmente demandas envidiosas. No es difícil encontrar a los que sostienen que los contrastes pronunciados entre ricos y pobres tienden a destruir la camaradería, minan o subvierten la igualdad de oportunidades y amenazan la destrucción de las instituciones políticas de una sociedad consciente de sus responsabilidades.
Es importante anotar que aquellos que se aprovechan de las desigualdades son responsables de autodecepción si tratan de justificar sus privilegios justamente cuando otros pueden engañarse también en su rechazo a reconocer como envidia sus propios sentimientos hacia aquellos que ganan más o han tenido más suerte.
Fortuna es sinónimo de buena suerte y riqueza. Pero afortunado no es solo el que es rico o ha tenido suerte, sino el que goza también de cierta felicidad. Estos conceptos juegan un papel crucial en el control del problema de la envidia. Un hombre puede llegar a aceptar una evidente desigualdad sin sucumbir a la envidia cuando pone delante la idea de la suerte. Por ejemplo, pocos “envidian” a los ganadores de la lotería. Lamentablemente, no solo hay un “dios de la fortuna”, sino que, fácilmente, surgen también “los dioses de la malicia”.
No existe igualdad de suerte. Ninguna sociedad puede ofrecer un sistema de lotería que satisfaga a todos, porque la suerte depende del azar y es impredecible y pasajera.
Gozo o contento (palabras muy cercanas al concepto de felicidad) existe cuando alguien no se afana o se esfuerza en tener suerte. Cuando el Estado busca hacer felices a todos, cuando se da a todos lo que necesitan y todos contribuyen con lo que pueden (según la sentencia marxista), entonces, no puede existir buena ni mala suerte y, por tanto, tampoco puede haber gozo o contento, porque no todos pueden disfrutar de buena suerte al mismo tiempo.
Lo importante es que pocos envidian a los que han ganado la lotería ni a los que han tenido suerte en el juego de ruleta y, sin embargo, sí existe envidia cuando el éxito económico ha sido logrado por tener talento, personalidad, guapeza, manera de hablar o se ha heredado fortuna. Es más, obtener riqueza a través del Gobierno (por ejemplo, los sueldos de burócratas dorados o las dietas de viajes) no excita el mismo resentimiento que los sueldos de los altos ejecutivos en el sector privado.
En una sociedad económicamente creciente es virtualmente imposible llevar a cabo innovaciones sin que aparezcan desigualdades. Es encomiable que se busque igualar suficientemente la distribución de las recompensas, el estatus y los privilegios para minimizar los resentimientos sociales, lograr la seguridad justiciera entre individuos e igualar las oportunidades. Pero cuando se utilizan la envidia y el resentimiento para llegar al poder, las políticas igualitarias exacerban la envidia y la confrontación entre clases sociales.
Sostiene Emilio Palacio (2010) que uno de los males que aquejan a la Administración de Correa es el resentimiento social, el revanchismo de las razas excluidas.
«Esos son los sentimientos en los que se asienta la Revolución Ciudadana. No en la decisión organizada de un pueblo digno que quiere recuperar sus derechos arrebatados durante décadas, sino en el odio irracional de los marginados que, por rabia, festejan al pirata que roba, asesina y viola, esperanzados de que les arrojen unas pocas monedas del tesoro expropiado, como todavía hace veinte años hacía Pablo Escobar en Colombia.
»Lo que promueve la Revolución Ciudadana no es la movilización democrática de los de abajo para cambiar un sistema, sino la revancha, que en nuestro medio está derivando además en linchamientos, ajusticiamientos y en la barbarie de la “justicia indígena”».
Según Palacio, «el revanchismo agotó ya sus posibilidades. Los de abajo siguen aplaudiendo en cada encuesta que los cincuenta cañones de Barba Negra apunten contra los pelucones; pero ahora esperan más. La gente quiere un empleo, el bono-limosna ya no le alcanza. El circo ya no es suficiente».
El canibalismo y la ambición del poder. Consecuencia ineluctable de la envidia y el resentimiento es el canibalismo político —bien lo describe el adagio popular: “El perro del hortelano que no come ni deja comer”— una de las características más notables en el ámbito político de los ecuatorianos. Muchos afirman que los políticos, en particular, sufren del complejo del cangrejo. * El país ha tenido más de 20 constituciones y una media de un presidente cada dos años. Algún ocurrido decía que más bien era una forma extensa de democracia: daba la posibilidad de que todos sean algún día presidentes. Es fácil concluir que la inestabilidad política genera incertidumbre e inseguridad. Pero, detrás del canibalismo, están la ambición del poder y la avidez de los favores que el poder dispensa.
* Se dice que si se ponen cangrejos en una canasta, cuando uno trata de salir, los otros (al tratar de hacerlo también) lo tiran hacia abajo. En consecuencia, ¡nadie puede salir!
Continuamente se deplora la falta de civilidad y credibilidad de los líderes. Es una amarga verdad que no se debate con ideas, sino que se descalifica al adversario con duros epítetos personales. Los que un día fueron acusados se vuelven acusadores y al revés. La culpa siempre es de los otros. Todos insultan —con más o menos riqueza de lenguaje—, todos acusan, todos atacan. De esa manera, encienden pasiones, dividen para tratar de vencer, siembran vientos para pescar a río revuelto, y aunque podrían cosechar tempestades, eso no importa, es lo de menos. Poco les importa el país. Lo importante es llegar al poder para aprovecharse de las prebendas y las canonjías que confiere el Gobierno.
Empeora la situación la Constitución de Montecristi al ampliar la posibilidad de revocatoria a toda autoridad de elección popular. Ahora, cada desafecto, por mínimo que fuese, pone en la palestra los intereses particulares de los que buscan acceder al poder y lactar así de la “ubre pública.”
Nada más emblemático que lo ocurrido con los miembros del movimiento Ruptura 25. Salieron a la luz a principios de 2008, cuando en una presentación en el edificio de la antigua Universidad Central expusieron la corrupción de los últimos 25 años. Se popularizaron durante el derrocamiento de Gutiérrez. Se presentaron como gente joven, enarbolando la bandera de la lucha contra quien encarnaba —según ellos— el abuso del poder y la corrupción. Desgraciadamente, una vez que llegaron al poder, en alianza con el Movimiento PAIS, pasaron a la más completa y absoluta relevancia.
Diego Ordóñez (2010) los llama “patiños” (es el apellido de un personajes de la serie Los Simpsons, “Bob Patiño”, Sideshow Bob en la serie original, cuyo papel es el de ser ayudante del payaso) no para identificar a nadie en particular, sino para aludir al comportamiento acomodaticio a las mieles del poder. Textualmente dice:
«A finales de los noventa, surge un pequeño grupo de jóvenes que propone una ruptura con el pasado. Siendo muy pocos, adquirieron relevancia por la expectativa de renovación en relación con las torcidas prácticas de algunos políticos de antaño. Los años han pasado, y ese grupo fulminó las esperanzas de quienes los auspiciaron y se han convertido en “patiños”. Académicos, poetas de lenguaje irreverente, articulistas fogosos, defensores de la democracia, contradictores del poder abusivo, apologistas de las libertades, denostadores del populismo, acérrimos críticos de los gastos bélicos, convertidos en “patiños”. Enmielados en el poder, gozando de la dicha de estar en la vereda de enfrente a aquella por la que transitaban; o en teoría lo hacían. La lista es larga de los que han sido atrapados en los hilos poderosos del “proyecto”».
Es una pena, porque hoy no son otra cosa que un eco conformista del Gobierno. Como deben sus cargos burocráticos y sus puestos en la Asamblea a Rafael Correa, callan ante la corrupción, se someten y allanan a lo que el “buró político” de Alianza País dictamine.
Ana María Correa (2010), en su columna periodística, es muy penetrante en su análisis:
«Sus voces indignadas y determinadas, que encarnaban la lucha final entre la política supuestamente ideal y la decadencia del mal uso del poder, se esfumaron. Por ahora, se dedican a hacer aquello que mejor saben: racionalizar teóricamente los absurdos cometidos en Carondelet y empaquetarlos en lenguaje de juventud idealista y moralista que aún recurre a las muletillas revolucionarias de la socialización, la gobernabilidad, la corresponsabilidad y el debate, para parafrasear el ejercicio impecable de política vertical. No es raro encontrarlos en los medios de comunicación siendo más papistas que el Papa en su defensa de los grandes vetos presidenciales, que van en contra de aquello por lo que enarbolaron sus luchas».
¿No será porque, donde hay torta ajena gratis, no faltan los comensales? El ejercicio del poder es como un opio que enceguece. Regresamos nuevamente a la raíz del problema: el poder concentrado se abusa, la discrecionalidad que lo acompaña se vuelve infalible y los gobernantes se convierten en tiranos.
¿Qué se hace para que un Gobierno democrático se convierta en una dictadura más o menos encubierta? La ley mayoritaria puede propiciar una dictadura democrática. Esta ocurre cuando un fuerte movimiento de la opinión pública impulsa hacia el poder a un hombre, un partido o una coalición que, luego de que llega al poder, no respeta ni acepta las libertades individuales ni las formas de convivencia que permiten la existencia de un régimen democrático liberal. Cuando esto sucede, es fácil, desde el poder, conculcar las libertades ciudadanas y avanzar hacia la dictadura: esto podrá lograrse casi sin violencia, pues existirá una mayoría (o una amplia minoría) capaz de apoyar al gobernante en su camino de crear nuevas leyes que destruyan las instituciones existentes y proyecten una imagen de legalidad para su actuación. Se cambiarán las normas, se pondrán funcionarios dóciles al frente de las nuevas instituciones y se podrá reprimir a la oposición dentro del marco de la Ley o de las nuevas leyes que el gobernante emita para afirmar y consolidar su poder absoluto.
Una de las primeras víctimas de este proceso será la llamada alternancia o alternabilidad, que es propia de un Régimen republicano: la posibilidad efectiva, siempre realizada en el mediano plazo, de que cambien los gobernantes y las políticas del Estado. No casualmente los nuevos autoritarismos latinoamericanos se apresuran, como hemos visto en los últimos años, a cambiar las Constituciones existentes; lo hacen para modificar instituciones y para concentrar el poder, por supuesto, pero ante todo para permitir la reelección y, si es posible, para dar una apariencia de legitimidad al Gobierno de una sola persona por tiempo indefinido.
Cuando un autócrata se ve amenazado por competidores, golpes de Estado, sublevaciones populares, acorta su horizonte de duración y no tiene incentivos para procurar la prosperidad general, por lo cual, se comporta como un ladrón trashumante: roba y se va. La dirigencia y las élites políticas tienen un horizonte a corto plazo; sus expectativas de prolongarse en el poder no son esperanzadoras. Por consiguiente, llega a ocurrir lo que afirma Fernando Bustamante: “buitres en pos de la carroña”. El Gobierno se convierte en un botín por el cual se pelean los grupos de poder y el Estado se debilita al punto de que muchos políticos están simplemente esperando su turno para robar y marcharse. Cuando la democracia liberal no ha podido resolver ni amenguar los problemas de la sociedad y no se ha solidificado como valor fundamental en el pueblo, se va desarrollando una ideología perversa, en el sentido de que dará soluciones que van más bien en detrimento de la mayoría.
Hemos explicado que la ideología que impera en determinado momento es producto de los valores culturales, del camino histórico y del desempeño de la economía. La ideología, además de las creencias de una mayoría, también se compone de ideas —más o menos bien formuladas—. Aunque también está influenciada desde el extranjero con ideas, propaganda, conductas y políticas. Cuando las ideas están equivocadas, es lógico que los remedios que se proponen estén también equivocados. Así se cae en una trampa.
Malas ideas engendran malas medidas y las malas políticas resultan en pobres desempeños económicos. Lamentablemente, los pobres resultados económicos, en lugar de dar paso a buenas ideas, llevan a los pueblos a refugiarse en ideas cada vez peores con resultados cada vez más nocivos. Este proceso lleva a que, tarde o temprano, se desemboque en regímenes extremistas y en crisis económicas profundas. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en el Ecuador. Las malas ideas que se iniciaron con el cepalismo en la década de los 60 han culminado en un régimen que propone un proyecto político destinado a lanzar a la economía por un despeñadero.
El proceso por el cual un país cae en la trampa de las malas ideas es extremadamente complejo. Veamos un caso hipotético, aunque no alejado de la realidad. Una mala idea es aquella que sostiene que los empresarios explotan a los obreros pagando sueldos de miseria. Para corregir el problema, se impone un salario mínimo (una mala medida). Si el empresario puede transferir el aumento de este costo a los consumidores lo hace (mala consecuencia económica). El aumento de precios se atribuye a los especuladores que supuestamente acaparan el producto (mala idea). Se recurre entonces al control de precios (mala medida). El control de precios propicia mala calidad de productos, contrabando o mercados negros (malas consecuencias económicas). Estos males se imputan a la falta de moralidad de los ciudadanos o a la falta de conciencia social de los empresarios (mala idea). Para remediar la mala calidad se establecen regulaciones, estándares, superintendencias (malas políticas). Estas medidas aumentan aún más los costos de producción (mala consecuencia económica).
El proceso es complejo porque una misma causa tiene varios efectos. Por ejemplo, si los empresarios no pueden transferir a los clientes el costo del salario mínimo, reducen el empleo (mal resultado económico). La reducción del empleo se atribuye al afán de lucro de los empresarios (mala idea). Para evitar el despido de trabajadores se imponen leyes laborales que lo hacen prohibitivo o demasiado costoso (mala política). Los empresarios reducen sus planes de inversión o expatrian capitales (mal resultado económico). La fuga de capitales se atribuye al poder económico del sistema financiero internacional (mala idea). Entonces, se imponen controles a la salida de divisas (mala política). El resultado es menor inversión nacional y extranjera. En cada uno de estos eslabones, hay ramificaciones, y en esta complejidad se pierden las conexiones entre causas y efectos.
Para simplificar la complejidad, analicemos dos malas ideas y sus consecuencias: (1) las fallas del mercado y (2) la falacia de la adquisición de la riqueza como un proceso de suma cero. Esto no implica que no existan externalidades —factores que afectan a terceros— o que ciertos bienes que, por sus características intrínsecas (como no-rivalidad o no-excluibilidad), sean muy difíciles o no puedan ser de propiedad privada. Tampoco significa ignorar las grandes desigualdades de riqueza y de ingresos que existen tanto entre países como en la población de un país. El mal no radica en la existencia de estos problemas, sino en las explicaciones de sus causas (esas son las malas ideas). Lo grave es que al malentender las causas, los remedios que se aplican son equivocados.
Es una verdad de Perogrullo que vivimos en un mundo imperfecto: la naturaleza no es perfecta, el ser humano no es perfecto, la república democrática no es perfecta, el mercado no es perfecto. Y, sin embargo, no dejamos de soñar en soluciones para que desaparezcan los problemas. Fácilmente descartamos que “no hay almuerzo gratis”, que todo remedio tiene un costo y que lo que debemos hacer es lograr remediar las imperfecciones al menor costo posible. Examinemos, por ejemplo, los problemas que se achacan a las imperfecciones del mercado.
Las “fallas” del mercado se refieren normalmente a las externalidades y a las asimetrías de información. Toda transacción comercial afecta a más personas que a las que participan en ella. Estos efectos laterales se conocen como externalidades, las que a veces benefician a terceros (derrames positivos) y a veces los perjudican (externalidades negativas). También, en una gran mayoría de las transacciones mercantiles, una parte tiene mayor información que la otra, y esto permite que la persona mejor informada pueda aprovecharse para ganar más que la menos informada o a costa de ella. Hay bienes, como la defensa nacional o la administración de justicia —llamados bienes públicos—, que conllevan enormes externalidades positivas y que, por su naturaleza, son muy difíciles o muy costosos para que los proporcione el sector privado. En estos casos, muchos realizan un salto de lógica. Es decir, caen en el engaño de creer que el poder coercitivo del Gobierno puede internalizar las externalidades, sin recapacitar en que los gobernantes no son omniscientes, que no saben con exactitud qué o cómo se debe hacer y que no son completamente altruistas cuando actúan, pues no dejan a un lado sus intereses personales para concentrarse en el bien común. Simplemente, suponen que los remedios estatales no tienen costo. Muy parecido al concepto teatral de deus ex machina.*
* Literalmente, el dios (que baja) de la máquina. Esta expresión se usa en una obra de teatro cuando una divinidad baja para solucionar alguna situación complicada o trágica.
Veamos algunos ejemplos de estos saltos de lógica. Supuestamente, la contaminación ambiental radica en la codicia de los empresarios. Motivados por sus ganancias monetarias, se despreocupan de la calidad del ambiente, carecen de conciencia social. La pobreza de los agricultores les lleva a deforestar, a quemar y a sembrar; la de los pescadores, a pescar indiscriminadamente. Es decir, ni a agricultores ni a pescadores ni a industriales les interesan las generaciones venideras. Entonces, la búsqueda del interés propio en lugar de conducir al bienestar general —contra lo que afirmaba Adam Smith— termina perjudicando a todos. Es así como se identifica la causa de los problemas ambientales.
En los problemas de asimetría de información sucede algo parecido. Las compañías de seguro de salud cobran a los clientes que no se enferman para cubrir los gastos de los clientes que puedan necesitar cuidados médicos. Los banqueros no ofrecen préstamos a los verdaderamente necesitados de fondos, sino sólo a aquellos que suponen un riesgo mínimo. Los dueños de casas abusan de los inquilinos haciéndoles firmar contratos onerosos porque quieren proteger su inversión. Las medidas que toman las aseguradoras de salud, la banca o los dueños de casa, se suponen abusivas aunque, en realidad, son maneras de compensar su falta de información sobre la futura actuación de sus clientes.
Malas políticas y sus consecuencias. Es lógico deducir que, si la identificación de la causa es errada, el remedio también será errado. Para el problema ambiental, se concluye que el comportamiento egoísta debe ser “penalizado” o “controlado” con el poder coercitivo del Gobierno. Prolifera, en consecuencia, lo que se conoce como el sistema comando-regulador. Esto es un conjunto de vedas, prohibiciones, estándares, multas y castigos por el incumplimiento de las regulaciones. Sin embargo, cuando se evalúan los resultados, la deforestación continúa, la depredación de recursos marítimos sigue campante, la crisis ecológica se empeora. Y lo triste es que, en lugar de identificar las verdaderas, causas se busca profundizar las medidas coercitivas.
Una reflexión más prolija identifica el problema de las externalidades con la falta de derechos a la propiedad privada. Los pollos no corren peligro de extinción porque tienen dueño. El río que es de todos no es de nadie, por eso se lo contamina. La propiedad en manos del Gobierno no puede ser bien administrada porque los gobernantes o los burócratas no son dueños y, por tanto, no están motivados a administrar los recursos de una manera eficiente.
La segunda trampa de las malas ideas comienza por suponer que la prosperidad se alcanza a costa del perjuicio de otros. Este engaño toma varias formas. Por ejemplo, según la teoría de la dependencia (cimiento conceptual del cepalismo), la riqueza de los países desarrollados (centro) se debe a la explotación de los países pobres (periferia). Según la teoría del valor-trabajo los empresarios extraen de los obreros plusvalía pues cobran por su producto más que el costo del valor del trabajo incurrido en su producción.
También se asegura que los especuladores acaparan y cobran precios excesivos en tiempos de escasez y, así, se enriquecen a costa de los consumidores. O que el libre comercio favorece a los países ricos y empobrece a los más débiles.
Malas políticas y sus consecuencias. Nuevamente, la izquierda busca remediar estas situaciones mediante la utilización del sistema coercitivo del Estado. Para equiparar el ingreso, hay que imponer un sistema tributario progresivo (el que más gana más paga). Para evitar la dependencia, hay que sustituir importaciones, hay que “proteger” a los productores locales a través de altos aranceles o cuotas de importación. Para remediar la explotación del obrero, hay que establecer códigos laborales “progresistas”. Para impedir la especulación, hay que establecer control de precios. Pero, al final de cuentas, el sistema tributario progresivo incentiva la evasión, la doble o triple contabilidad. La sustitución de importaciones termina creando monopolios, industrias ineficientes y capitalismo de compinches, prácticas que retrasan el desarrollo. El proteccionismo arancelario propicia el contrabando, promueve la sobrefacturación o subfacturación en las transacciones internacionales. Los códigos laborales restrictivos consolidan la inflexibilidad del mercado laboral y obstaculizan la inversión. El control de precios incentiva el contrabando, los mercados negros, el desabastecimiento de productos básicos y la mala calidad de los mismos. Resumiendo, hemos caído en la trampa de las malas ideas y malas prácticas y, en lugar de mejorar la situación de los pobres, la trampa ha ocasionado una economía que no despega, ha propagado las inequidades en la distribución del ingreso y ha forzado a cientos de miles de ecuatorianos a abandonar el país.
Lo trágico es que los izquierdistas han logrado atribuir estos males a un supuesto neoliberalismo, atribución que los exime de culpa y les permite seguir predicando las mismas ideas y las mismas recetas ya fracasadas, sin advertir que la profundización de las malas ideas y de las malas recetas desemboca inexorablemente en la elección de individuos como Bucaram y Correa. Esto es, lo que ha sucedido en el Ecuador.
Entre las creencias de la ideología reinante, y que da forma a lo que nos gobierna, está la fe en que los gobernantes y los líderes pueden cambiar el orden socio-económico-político. Sin embargo, no puede ser atribuida a los ecuatorianos o a los latinoamericanos solamente, porque es una creencia que predomina en el mundo.
Esta fe se traduce en las ofertas que nos hacen los que aspiran a gobernarnos y en los gobernantes que elegimos. Por eso, buscamos líderes carismáticos o partidos políticos que prometen el oro y el moro. El mito del construccionismo es el que está detrás de la creación de nuevos ministerios o nuevas agencias estatales.
Esta creencia está en nuestra médula, y no es por mala fe o mala voluntad, es porque la idea de que no es necesario un “ordenador” para que exista un orden, no ha cuajado. Y es muy difícil que sea desterrada porque tiene orígenes psicológicos como explica Laso:
«… el cerebro humano está compuesto de “módulos” que manejan tareas definidas en dominios específicos y que evolucionaron porque nuestros antecesores debían enfrentar estas tareas repetidamente (lo que generó una presión evolutiva). Así, por ejemplo, existe un conjunto de módulos que simulan el comportamiento de los objetos del mundo físico y nos permiten predecir su trayectoria de modo que podamos anticiparnos a ella.
»Ahora bien: los objetos siguen siempre trayectorias en línea recta o casi recta, sin curvas o ángulos abruptos. Esto tiene una implicación curiosa: el cerebro humano está mucho más capacitado para predecir las trayectorias rectas que las curvas. Así, en ajedrez, se puede saber de una ojeada a dónde puede moverse un alfil, una torre o una dama; pero el caballo es mucho más difícil de predecir, pues su trayectoria no es “natural” (o sea, no coincide con las de los objetos en el mundo físico). De ahí que sea la pieza más compleja de vigilar y usar —y la más peligrosa para el principiante—; para manejarla adecuadamente, el cerebro debe corregir sus propias predicciones erradas.
»En el caso del mundo social, el concepto primitivo de los módulos que lo manejan es el de “intencionalidad”, es decir, la suposición de que las causas de los fenómenos son agentes activos con propósitos definidos. El cerebro humano viene con módulos que interpretan automáticamente la conducta de los demás como efecto de sus intenciones; a la inversa, tiende a comprender el “orden” como producto de la acción intencional de un agente. Así, aprender que la economía es un “orden espontáneo” exige corregir las suposiciones inherentes al cerebro humano (como pasa con el caballo en el ajedrez); esto supone un esfuerzo consciente de discutir las propias creencias, cosa muy difícil de lograr sin la educación adecuada».
En un mundo incierto, inseguro, mezquino, cuando surgen problemas, es natural pedir y hasta exigir que se haga algo. Pensar que el problema se va a arreglar por sí solo parece una insensatez o irresponsabilidad o un “corazón duro”. El pensar que lo mejor que podría pasar es que el Gobierno no interviniese permitiendo al mercado recuperar el equilibrio genera en la gente una sensación inaceptable de descontrol y confusión.
En otras palabras, la búsqueda de soluciones gubernamentales radicaría en la configuración del cerebro humano que no examina la complejidad de los fenómenos económicos y que se refugia en la simplicidad de los remedios gubernamentales, a pesar de las consecuencias no intencionadas que acarrean.
El construccionismo no es más que la proposición de que se puede diseñar un orden económico próspero “desde arriba”. En su forma más radical, el marxismo buscaba construir un hombre nuevo, y se demoraron 70 años tratando. En Cuba, el partido comunista de los hermanos Castro lleva ya 50 años, y no pasan del intento. Los fracasos saltan a la vista. Hugo Chávez lleva 10 años en el empelo y lo que ha logrado es desabastecimiento de víveres, aumento de la delincuencia, polarización del país y otros males que la prensa está revelando continuamente. Lamentablemente, en el Ecuador no faltan los creyentes. Por ejemplo, el asambleísta gobiernista César Rodríguez sostiene que es hora de cambiar las viejas estructuras que han detentado el poder: “No está en disputa el texto de la Ley, están en disputa formas y tradiciones que algunos se resisten a cambiar. Dejémonos de vainas: aquí hay un modelo que busca construir un país con equidad y hay otro que busca regresar al pasado” (Teleamazonas). ¿Cuántos años nos pasaremos en el intento?
Sistemas adaptivos complejos. Aunque suena muy “técnico”, lo que se busca explicar es que, muchas veces, lo que aparenta ser caótico no lo es. En la misma naturaleza, la evolución biológica o la mecánica cuántica nos enseña que, detrás de un caos existe, un orden que, aunque no se pueda predecir su resultado, se puede entender el proceso que lo origina y en el que se desenvuelve.
Se describe así un proceso espontáneo. Un gran número de agentes independientes interactúan en un sinnúmero de maneras. Cada agente busca mejorar su situación y, sin darse cuenta siquiera, genera una auto-organización. Es decir, los individuos, cuando compran, venden, alquilan, prestan, forjan una especie de “organismo” que se va adaptando, evolucionando, acomodando, de tal manera que trasciende su actividad individual y sus intenciones particulares, que se convierten en efectos globales. El sistema de mercado libre es un sistema adaptivo complejo.
En el mundo real, la actividad económica es extremadamente compleja, no sólo “complicada”. Un empresario tiene que evaluar la calidad y la cantidad de insumos y productos, buscar cómo reducir los costos de organización, coordinación, supervisión, monitoreo, control y medición. La clientela es volátil, los suministradores y los empleados también. El empresario, para tener éxito, tiene que identificar suministradores, compradores, tiene que saber negociar y saber cómo hacer cumplir los contratos. Los precios internacionales cambian inesperadamente, las innovaciones tecnológicas vuelven obsoletos productos o procesos que, hace pocos años o meses, eran la tecnología de punta; se descubren substitutos sintéticos para materias primas naturales porque, como diría Wilson Pérez (op. cit.): “la única certidumbre es que no hay certidumbre”.
Mientras más compleja es una organización, más difícil su control. Es una verdad de Perogrullo. Lo que no es evidente es que es muy posible la coordinación de las actividades de los participantes sin control o planificación “desde arriba”. La interacción de los participantes, a nivel global o agregado, tiene efectos impredecibles. No es posible guiar desde arriba la economía porque no sabemos ni podemos saber hacia dónde camina ni cómo se organiza.
A lo largo de la historia, el hombre ha ido buscando y descubriendo “instituciones” o reglas de juego que limiten y conformen la interacción humana. Como consecuencia, estas reglas estructuran los incentivos que motivan al intercambio social, político o económico.
Veamos un ejemplo. La diferencia entre reglas que promueven la espontaneidad de los arreglos sociales y las construccionistas, aunque a veces no es muy clara, se puede explicar con las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito —bien diseñadas y bien aplicadas— son reglas que permiten que cada uno busque el camino más adecuado respetando los derechos que los otros tienen a lo mismo. Entonces, el tráfico, aunque aparentemente caótico, se mueve ordenadamente. Reglas construccionistas de tránsito serían aquellas que obligaran a los conductores a ir por rutas preestablecidas o a las personas a utilizar un determinado tipo de vehículo. Por eso es que hay tantos problemas en la implementación del sistema pico-y-placa, por ejemplo.
Lo curioso de los arreglos institucionales y del sistema legal/regulatorio —que funcionan con buenos resultados— es que no fueron diseñados por nadie en particular, sino que surgieron espontáneamente de la acción humana. La grandeza de un país no la hacen los gobernantes, sino el sudor de cada uno de sus ciudadanos
Los cambios institucionales afectan la manera en la que las sociedades evolucionan en el tiempo y son la clave para entender el desempeño de ciertos agregados humanos. Hay ciertos arreglos sociales que no son intencionales, sino que han surgido espontáneamente porque ha habido ciertas reglas que han permitido su aparición y su desarrollo. Por ejemplo, no hay nadie que haya diseñado o planificado el lenguaje, el dinero, la democracia, el mercado, sino que han aparecido como si una “mano invisible” los hubiera intentado. Tanto las organizaciones como las reglas no son ideales ni perfectas ni óptimas, más bien, evolucionan, cambian, se perfeccionan, “desde abajo”. Tratar de mejorarlas “desde arriba” es darse con la piedra en la boca.
Todos conocemos cómo funciona un partido de fútbol. Los jugadores se desempeñan en la medida no sólo de sus talentos y conocimientos, sino también de sus incentivos y motivaciones. Los resultados de un partido de fútbol son en una gran parte inciertos o impredecibles. No obstante, sabemos que los resultados dependen de las reglas. Si las reglas se mantienen estables (no constantes), hasta se puede predecir con un margen de error los resultados. Si queremos alterar los resultados “desde arriba”, es decir, utilizando el árbitro, ese orden espontáneo se desordena, surgen las injusticias y los rencores, etc., etc. Eso mismo es lo que sucede en otros arreglos espontáneos.
No solo la economía es compleja. La democracia y la república no fueron diseñadas por los padres de la patria de los Estados Unidos: eran instituciones conocidas hace más de 2 000 años. Nos ha llevado casi 200 años aprender lo que significa ser democracia, es que, cuando la importamos, no estábamos listos para la república. El mercado o el capitalismo no fue inventado por Adam Smith ni por los liberales del siglo XVIII. El intercambio internacional se practicaba antes de los fenicios. Su imposición por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial es una de las razones por las cuales el “neoliberalismo” ha tenido tantos tropiezos.
El problema radica en que los construccionistas (los hay de izquierda y de derecha) suponen que los gobernantes saben lo que es “deseable” y “beneficioso” para los ciudadanos. Se arrogan el derecho de saber cuál es el “bien común” y en qué consiste. Armados de este conocimiento, establecen controles de precios, regulaciones ambientales, restricciones a la importación de bienes de consumo, subsidios a “ciertas” exportaciones, reglas de moralidad o prohibición a ciertas actividades, como la prostitución y la guerra a las drogas, y hasta hacen guerras para “construir países”. En definitiva, suponen que sólo los gobernantes son omniscientes, como si fueran dioses: saben qué, cómo y cuánto le conviene a la ciudadanía y, por ello, buscan censurar los programas de televisión, establecen estándares subjetivos de “calidad”, prohíben o encarecen los alimentos transgénicos y las medicinas populares, gastan dinero del pueblo en arte y cultura. En otras palabras, tratan a Juan Piguave y a Doña Rosita como si fueran niños que no saben qué es bueno ni qué les conviene. Se olvidan o ignoran lo que dice el refrán: “Sobre gustos y colores, no discuten los doctores”.
* Como nation building, los construccionistas de derecha justifican las guerras en Irak y Afganistán.
Los construccionistas suponen que las preferencias de cada individuo son prácticamente exactas y que coinciden con la escala oficial de valores. No hay más que observar a los miembros de una familia para desmentir este supuesto y demostrar que los gobernantes no están “ungidos” de sabiduría ni, menos, del derecho a imponer sus valores a los demás.
Estas reflexiones nos llevan a lo que nos habíamos planteado al principio. El problema de los “males sociales” radica en la imposibilidad de dar soluciones “desde arriba”, porque los hombres no somos piezas de ajedrez: cada pieza tiene una voluntad propia, unos objetivos propios, una escala de valores propia.
Nadie puede tener suficientes conocimientos para poder manipular todas las variables que entran en una institución social. Es por eso que, por mucha plata que se gaste o por que se ponga a las mentes más lúcidas a buscar soluciones, no se logra lo que se desea. Más aún, a menudo, los resultados son distintos a lo que se buscaba o planeaba. El construccionismo, es decir, el afán de solucionar los males sociales desde arriba, es un mito, una imposibilidad.
De la fe en el construccionismo es fácil saltar al espejismo de la planificación o la ingeniería social. Es comprensible el espejismo de la planificación: deslumbra por su ropaje técnico, por sus planteamientos complejos disfrazados en programas de computadoras sofisticadas fuera del alcance del vulgo, incluso más allá de las personas cultas. Sus encargados son “economistas técnicos” graduados en universidades de renombre o son “expertos internacionales” con años de experiencia tanto en el sector público como en el privado. Además, pretenden sumar al dirigismo del Estado criterios de “equidad” y de “concertación”. Oponerse a estos criterios implica ser troglodita, retrógrada o duro de corazón. Aunque la planificación es esencial para que el hombre se desempeñe con éxito en su quehacer diario, lo realmente preocupante es que, detrás de todo plan estatal, hay un sinnúmero de leyes y reglamentos que transfieren al Gobierno gran poder de decisión y subvierten la libertad. El despotismo y la planificación estatal son hermanos gemelos.
En enero de 2005, Gordon Brown, Chancellor of the Exchequer (Secretario del Tesoro) del Reino Unido, en un discurso lleno de compasión y de cifras sobre los pesadumbres de los pobres del mundo, exhortaba a las potencias mundiales a duplicar la ayuda extranjera. Punto por punto, explicaba cómo la prevención de la malaria costaba apenas 12 centavos de dólar la dosis, una cama para aislar al infectado, cuatro dólares. Cinco millones de niños muertos podían prevenirse con un gasto de tres dólares por madre.
Pero Gordon Brown parecía ignorar que los países industrializados habían gastado 2,3 billones (2,3 x 1012) de dólares en los últimos 50 años en ayuda externa y que no se había logrado prevenir ni la mitad de las muertes por malaria. William Easterly, un antiguo funcionario del Banco Mundial, reseña cómo “visionarios, celebridades, presidentes, cancilleres, burócratas, generales de ejércitos, están conscientes de las tragedias de la pobreza, pero pocos enfrentan la segunda”. Y que la segunda tragedia —la de desperdiciar millones de dólares año tras año— se debe a que el enfoque tradicional de planificar es errado. El plan correcto es no tener plan.
* En sus dos libros (2002 y 2006), William Easterly presenta evidencia contundente del fracaso de la planificación.
Parece un non sequitur que la discrecionalidad y la arbitrariedad sean ingredientes inherentes a la planificación pues, supuestamente, los planes son para evitar que los funcionarios decidan según sus propios criterios. Sin embargo, la rectoría del Estado para redirigir la utilización de recursos no puede sujetarse a normas generales ni formales que impidan la arbitrariedad. Obligadamente, tiene que atender los deseos de la gente a medida de que éstos surgen y, para ello, ha de elegir deliberadamente las necesidades que deben satisfacerse —aquí entra la discrecionalidad— porque implica favorecer a unos y no a otros. Es por eso que la planificación es antagónica al concepto de la igualdad ante la Ley. La diferencia es la misma que existe entre promulgar un código de tránsito y obligar a la gente a circular por un sitio determinado.
Cuando el Estado tiene que dirigir la actividad privada, debe tomar inevitablemente en cuenta las opiniones y contrapesar los intereses de las diversas personas y grupos y decidir. Esto da origen a que las decisiones que se tomen pasen a ser parte de la Ley, a una nueva jerarquía que el aparato coercitivo del Estado impone al pueblo o, como sucede normalmente, da paso a coimas y sobornos para lograr objetivos particulares.
Para planear con eficacia, el Estado debe proponer el logro de resultados ciertos; para lo cual, debe conocer los efectos de las regulaciones sobre las actividades particulares. Sin embargo, cuando lo hace, la Ley deja de ser imparcial y, obligadamente, favorece y obstaculiza la acción de otros. Por ejemplo, si desea crear zonas estrictamente residenciales, favorece la creación de centros comerciales en las afueras de las áreas urbanas y perjudica el establecimiento de despensas familiares.
La planificación estatal requiere también de un sistema completo de valores en el que las necesidades y los deseos de cada persona o grupo ocupen un lugar definido. Los criterios para satisfacer estos o aquellos deseos y para que la Ley sea “justa” son necesariamente arbitrarios. Y, normalmente, los “intereses” afectados no son los que están lejos de la decisión, sino necesariamente los que están más próximos a la toma de la misma. Los que están más cerca tampoco son necesariamente los mejores jueces.
Esta parece otra incongruencia pero, en el Estado de Derecho, si los individuos han de ser capaces de usar su conocimiento para elaborar sus planes, tienen también que ser capaces de prever los actos del Estado que puedan afectar estos planes. Al contrario, cuando el Estado pretende dirigir las acciones individuales para lograr fines particulares, su actuación depende de las circunstancias del momento y, por consiguiente, sería imprevisible. Por ejemplo, si el Estado pretendiera modificar con la ley de tránsito el patrón de circulación para lograr ciertos objetivos (como sucede cuando se ejecutan obras sanitarias o de agua potable), tendría que cambiar a menudo rutas y, a menos que la información sea ágil y accesible, los individuos tendrían problemas en la ejecución de sus planes.
La solución al problema de la incertidumbre que crea la planificación estatal podría ser una campaña de información instantánea, pero esto gastaría a la larga más recursos que si se permitiera la planificación individual. De aquí el hecho de que, cuanto más “planifica” el Estado, más difícil se hace al individuo su planificación.
De hecho, a medida de que se extiende la planificación, se hace necesario adoptar un número cada vez más creciente de disposiciones legales. Cada vez más, se hace necesario entregar el poder de decisión a las autoridades o a los jueces. Esto concede más poder al legislador. El que este poder sea dado por la Ley no lo legitima, aunque haya sido otorgado por la Constitución.
El ordenamiento de una sociedad requiere de un mecanismo que posibilite la recolección de datos y cifras para poder controlar y decidir. Por eso, se habla de evitar la duplicación de esfuerzos y de la necesidad de unificarlos para poder llevar a cabo los planes. Todo ello trae como resultado la obligatoriedad de un poder central para la toma de decisiones. La centralización es una de las consecuencias inexorables del Estado planificador.
Por todo esto, la planificación es camino al despotismo. Porque, bajo este pretexto, se vicia la legitimidad de la Ley, se “legaliza” la arbitrariedad y la “democracia” puede establecer el más completo despotismo imaginable.
Para ejecutar el plan, se necesita de personal para obtener información y coordinar a los diversos agentes involucrados en el plan. De la misma manera, lo requieren la concordancia y la regulación de las medidas ordenadoras desarrolladas en el mismo. Todo esto implica incrementar la burocracia: se requiere de agencias, comités, comisiones, autoridades o como se les quiera llamar, posiciones que hay que llenar y que sirven, en la mayoría de los casos, para pagar favores políticos y de campaña, con el consecuente aumento del compadrazgo y la corrupción.
Cuando el Gobierno intenta limitar la libertad, tropieza con la inventiva y la creatividad del hombre. El contrabando, la coima, el soborno, son maneras de evitar el control gubernamental. Quienes los realizan son precisamente aquellos individuos de menos escrúpulos y de baja calidad moral. Por ello, el aumento de coerción siempre, inevitablemente, va acompañado de un aumento de la corrupción, de la delincuencia y de una erosión de la fibra moral de la sociedad. La ineficacia burocrática y el aumento de la corrupción dan al traste con los mejores planes. El plan pudo haber sido concebido técnicamente intachable, sin embargo, la naturaleza del sector público lo distorsiona, se malversan los recursos y, al final, como sucede a menudo, se empobrece al pueblo.
Los planificadores creen que son jugadores de ajedrez y que pueden mover a los individuos como si fueran fichas inanimadas. Empero se topan con que las fichas tienen voluntad propia y, cuando éstas actúan contrariamente a los deseos de los planificadores, el plan fracasa. Las autoridades planificadoras se atribuyen la arrogancia de saber más que los demás o de tener mejores valores que la mayoría. Esta arrogancia es fatal para la sociedad porque resulta imposible que por más instruidos que sean los gobernantes, por más justas o imparciales que sean sus decisiones, por más grandes o sofisticadas que sean las computadoras a su alcance, nunca pueden conocer los deseos, preferencias, intereses o conveniencias de todos los miembros de una sociedad.
No puede existir despotismo sin tirano o tiranos. Hemos sostenido que las creencias como la fe en el construccionismo llevan a la planificación y esta al despotismo. Pero es la creencia en el líder * la que encumbra los políticos a déspotas. No obstante, persistimos en buscar “mesías”, aunque nos demos con el pie en la boca una y otra vez.
* En López (2010), escribí un largo ensayo sobre el engaño que prevalece en el liderazgo político y, así como hay líderes “buenos”, también los hay “malos”, pero tanto los unos como los otros viven del embuste, de la mentira y la manipulación.
Curiosamente, el problema no es nuevo. Según Hurtado (op. cit.), Belisario Quevedo, a principios del siglo XX, lo describe así:
«La forma de ser, pensar y actuar de los ecuatorianos es el principal obstáculo para el progreso individual, el éxito empresarial y el desarrollo nacional; impide que la democracia exista, que haya partidos políticos que vivan en armonía y que haya ciudadanos cumplidores de la Ley y dispuestos a aceptar sus deberes y a exigir sus derechos. “Los ecuatorianos sentimos una innata necesidad de tutela gubernamental, de un caudillo, de un salvador, de un héroe, queremos encontrar un hombre para darle, junto con la suma de todos los poderes, la suma de todas las libertades a las que renunciamos gustosos”».
Y no se trata sólo de encontrar a un líder. Se pretende construir todo un nuevo orden aun destruyendo el existente. Como no se puede lograr el nuevo, el resultado es desastroso, como veremos luego.
Detrás de los nacionalismos populistas, se observa, por ejemplo, que Hugo Chávez envía consistentemente el mensaje del patriotismo para facilitar su ejercicio del poder. Puede ser muy difuso el concepto de patria pero su nombre, históricamente, ha servido para dividir a la ciudadanía: entre los patriotas y los sediciosos.
Lo que hacen los socialistas del siglo XXI no es distinto a lo que lograra un día Napoleón Bonaparte que —según cuentan, no sé si es cierto o no pero es muy descriptivo— pidió a dos soldados que salten al vacío en nombre de Francia. El chauvinismo, que también se conoce como patrioterismo, es la creencia narcisista próxima a la paranoia y la mitomanía de que lo propio del país, o región, al que uno pertenece es lo mejor en cualquier aspecto.
De una alta devoción a la patria, es fácil traspasar esa devoción al Gobierno y a los gobernantes. Porque, como legítimos (o ilegítimos) depositarios del poder y de la voluntad popular, no escatiman escrúpulos en creer que son también los conductores del destino de la nación, depositarios irrevocables de la voluntad popular. Entonces, el gobernante es como que hubiera recibido una patente de corso: la titularidad de la verdad única.
También se creen los refundadores del país. Como si la patria no hubiera existido antes o como si hubiera sido ajena (seguramente del “imperio” o de los países “centro” *) y hubiera que rescatarla para que sea de todos los ecuatorianos o venezolanos o bolivianos o nicaragüenses.
* En la teoría de la dependencia se decía que los países de la “periferia” (en desarrollo) dependían de los países del “centro” (desarrollados).
Consecuentemente, hay que remplazar a las empresas multinacionales con empresas locales, estatales —por supuesto—. Los productos que se importan deben ser substituidos por domésticos. Se llega al colmo como cuando Hugo Chávez exhuma los restos de Simón Bolívar y se encuentra con que la bandera que arropaba su cadáver era made in England: ordenó inmediatamente una hecha en Venezuela, sin percatarse de que hacerla completamente nacional era casi imposible, porque desde la madejas de la tela, los colorantes y hasta las agujas eran también importados.
En consecuencia, en este terreno, surgen fácilmente los líderes patriotas, mesiánicos, salvadores todopoderosos. Perón en Argentina, Velasco Alvarado en Perú, Trujillo en República Dominicana y muchos otros tiranos fueron los precursores de los “gobernantes de mentes lúcidas, corazones ardientes, manos limpias”.
La razón de ser del socialismo es la reducción de la desigualdad de ingresos o riqueza utilizando el Gobierno: impuestos, leyes, controles, subsidios u organismos especializados como banca de desarrollo. Aunque el grado de intervención del Estado varía de país a país, los menos intervencionistas han sido los que más éxitos han tenido. Contrariamente, los más radicales en buscar la igualdad, como Cuba, han sido los más desafortunados.
La redistribución, por definición, significa quitar a uno para dar a otros. De alguna forma se debe justificar lo que en cualquier civilización se considera latrocinio. Los marxistas se basaban en la teoría de la explotación. Los capitalistas extraen supuestamente una plusvalía porque pagan a los obreros un salario inferior al que se justifica por su productividad. La explotación ha sido desacreditada tanto en teoría como en la práctica. La creación de riqueza no implica en absoluto explotación. Por ejemplo, el inventor del velcro, ¿a quién explotó? Y, así, hay miles de ejemplos que demuestran la falacia de la teoría marxista.
¿Cómo se llega a ser rico? Se puede resumir así: (1) la riqueza puede ser adquirida legítimamente de las siguientes formas: emprendimiento, es decir, creando un nuevo producto o un nuevo proceso; (2) aprovechamiento del talento natural, como el de los artistas de cine o los deportistas; (3) herencia o suerte; (4) ahorro y trabajo constante. Ninguna de ellas implica explotación.
Sin embargo, hay también formas ilegítimas de llegar a ser ricos: fraude o estafa, saqueo, actividades moralmente ilícitas, pero la más ignorada es la riqueza que se adquiere a través del control del poder político. Por ejemplo, el poder monopólico nace y crece a la sombra del poder político. Las oligarquías no existirían sino hubiera sido porque lograron convertir al Gobierno en fuente de riqueza. A esto, los economistas llaman búsqueda de rentas (rent seeking), la que será analizada luego.
En conclusión, si se ha de redistribuir sin tener en cuenta si la riqueza fue adquirida legítima o ilegítimamente, se está cometiendo un acto inmoral. Si, por el contrario, la preocupación es por lo pobres, lo correcto es crear riqueza, y crearla de tal manera que los beneficiados sean los más pobres, lo que implica por lo general medidas bastante diferentes a las propuestas por el socialismo.
Una de las razones fundamentales de nuestra postración social y económica es el paternalismo, en sus muchas facetas. Como su nombre mismo lo indica, se deriva de padre o patrón. Supuestamente, el padre es un “déspota benévolo”. Igual que un buen patrón, el padre cuida de su prole o de sus subordinados, se preocupa de repartir justicieramente el ingreso de la familia, impone sus reglas y su autoridad de acuerdo con sus criterios de lógica, justicia, y ética; defiende los intereses de la familia ante la amenaza de enemigos externos, exige que cada uno contribuya en la medida de sus posibilidades; cualquier autoritarismo se justifica por su afán para conseguir “el bien común”.
Todo esto funciona muy bien a escala familiar o de un grupo más o menos pequeño, inclusive al nivel de empresa, pero el paternalismo sufre de una gran dolencia: la abdicación de responsabilidad. El paternalismo implica ceder libertad a cambio de seguridad y, cuando no se es libre, la culpa o el crédito ya no es de uno, sino del padre o del patrón.
La libertad tiene un costo y a veces muy alto. Los errores que uno comete se pagan en ocasiones con creces. Pero también los triunfos tienen más mérito y, si se logran en circunstancias adversas, son mucho más satisfactorios. Vivir como hijo de familia puede acarrear mucha seguridad pero, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión.
Otra dolencia del paternalismo es la resistencia al cambio y al progreso que se manifiesta sobre todo en las clases sociales favorecidas con el asistencialismo porque, si el “papá Estado” cuida de uno, entonces, no hay para qué preocuparse, no hay incentivos para cambiar, la inercia se apodera de los dependientes y viene el estancamiento.
El paternalismo desconfía de la capacidad de los gobernados. No se puede confiar en los educadores privados, no se puede confiar en los padres de familia, no se puede confiar en la competencia, los consumidores son individuos ignorantes, ingenuos o desaprensivos. Hay que “proteger” a los educandos, a los consumidores, a los depositantes, a todos los que de alguna manera u otra compramos, vendemos o arrendamos, es decir, a todos. Y hay que hacerlo con la Ley en una mano y el garrote en la otra pero, como se trata de “todos”, no se protege a nadie.
El paternalismo trata también de enmendar entuertos pero siempre pretende hacerlo a la fuerza. En la mente paternalista, el obrero no puede ahorrar para su vejez: hay que obligar a hacerlo; los altruistas o filántropos son extranjeros, no los hay domésticos; los emprendedores buenos tienen aspecto “gringo”, los emprendedores nacionales son explotadores; los votantes son borregos a los que se debe obligar a ser ciudadanos: el voto tiene que ser obligatorio; los conductores de automóviles son imprudentes, por eso hay que obligar al uso de cinturones de seguridad. No nos debería llamar la atención de que vivamos en un país desordenado, lleno de irresponsables.
Hace poco más de cinco años, el entonces presidente Lucio Gutiérrez fue derrocado. El jueves 30 de septiembre de 2010, hubo una rebelión protagonizada por elementos de la policía nacional. La sublevación de la Policía es una demostración más de las consecuencias del paternalismo estatal. Es que las manifestaciones violentas para “reivindicar” aspiraciones se han vuelto consuetudinarias debido a la creencia ancestral en el paternalismo, actualmente personificado por el del Estado.
Las clases pobres, como los indígenas, durante los años de Colonia hispana y probablemente antes de la llegada de los conquistadores y en los albores de la Época Republicana, su seguridad dependía del patrón, del potentado, del caudillo. Quien no tenía “padrinos” no se “bautizaba”, como decía el refrán. La incertidumbre creada por las condiciones precarias a las que fueron sometidos les hacía necesario tener “palancas” o “enchufes”. El caudillismo no era más que un reflejo de la necesidad social de disponer de un protector. Claro está que éste al final extraía del “ahijado” la sumisión y la mano de obra barata o gratuita.
Esta situación comenzó a desaparecer en los años setenta, cuando la bonanza petrolera permitió la expansión del Gobierno y se convirtió en el nuevo “patrón”. El paternalismo personalista se volvió paternalismo estatal. Pero las condiciones psicológicas y las actitudes de la generalidad de la población siguen aferradas a las expectativas que existieron un día con respecto al patrón.
Precisamente, en la década de los setenta, comenzaron también a tomar fuerza las “manifestaciones” para reclamar al “patrón Gobierno” los favores prometidos. La primera bonanza petrolera se terminó pero no se terminaron las exigencias de la población. Poco a poco, las manifestaciones se volvieron cada vez más violentas. Exacerbados los ánimos por la izquierda radical “revolucionaria”, los maestros, los trabajadores públicos y privados y los indígenas aprendieron que se pueden lograr prebendas y beneficios del Estado con el eufemismo de “derechos adquiridos” a base de quemar llantas, cerrar carreteras, romper vidrios o a bala. Así, se fue abriendo el camino a la violencia hasta culminar en una Constitución que institucionaliza la generosidad del Estado con plata ajena.
Los casi cuatro años de la Presidencia de Correa se han beneficiado de una segunda bonanza petrolera. Esto ha permitido al Gobierno de Alianza País regar favores a diestra y siniestra. La rebelión de la Policía no es un episodio nuevo ni ahí terminará la historia. Los maestros han salido una y otra vez a protestar por aumento de sueldos y, la última vez, porque se les exigía “evaluación”. Los indígenas protagonizaron un gran levantamiento en 1990 y, recientemente, porque no se permitía que controlen los recursos hídricos. Los estudiantes salen a las calles cada vez que los dirigentes de la FEUE deciden que sus “derechos” han sido violados y saldrán a las calles cuando se resuelva que “no hay almuerzo gratis” ni educación universitaria gratis. Los taxistas cierran las calles y paralizan la ciudad para que no se permita la competencia de los mal llamados taxistas “piratas”. Igual sucederá cuando a los empleados públicos no se les pueda reducir el sueldo sino que se les pagará con “condoritos” en lugar de dólares; cuando a las amas de casa de clase media no se les pueda seguir “subsidiando” con gas barato; cuando se acabe la plata ajena, ¿arderá Troya?
A pesar de que la redistribución no tiene bases éticas para que se lleve a cabo, en la práctica, no hay Gobierno que no las practique. Y, aunque la crítica de este libro está enfocada a las socialistas, las contrastaré con algunas que sí han demostrado reducir el problema de la pobreza. Porque no es crítica a los programas sociales, sino al cómo se realizan.
El sistema provisional. El sistema de ahorro privado chileno es mucho más idóneo para proteger a los de la tercera edad que el sistema de reparto, como el que existe en el Ecuador. En el chileno, los trabajadores ahorran y contribuyen a un fondo del cual retiran ingresos cuando se han jubilado. En el ecuatoriano, se quita a los trabajadores para dar a los jubilados. ¿Será justo? En el chileno, lo contribuyentes son los dueños; en el segundo, no hay dueños directos y el dinero de las pensiones sirve, a menudo, para que el Gobierno gaste.
La apertura comercial. Nuevamente, Chile es un ejemplo de cómo, abriéndose al mundo, reduciendo aranceles, conformando acuerdos de libre comercio, se logra diversificar la producción, mejorar la competitividad y crear fuentes de trabajo mejor remuneradas que cuando el país se cierra al mundo.
Impuesto plano o proporcional. Un sistema tributario progresivo (el que más gana más paga) desincentiva la producción e incentiva la evasión. Países como Estonia y Nueva Zelandia han logrado despegar con un sistema simple de tributación. Mientras más simple se hace pagar el impuesto, más recaudación.
Sistema de bono educativo. Este consiste en dar a cada familia un bono portable de tal manera que el jefe del hogar pueda elegir la mejor escuela para sus hijos, que bien puede ser pública o privada. Este sistema ha sido implantado en Suecia, emblema prominente del socialismo democrático.
Estos pocos ejemplos ilustran que los remedios exitosos no van por el camino de la redistribución, sino por el de la creación de riqueza. Es importante añadir que no solo Regímenes de tendencia socialista utilizan medidas paternalistas como subsidios y las transferencias a los más necesitados.
Muchos comprenden que los bonos a la pobreza son apenas un alivio mas no una medida que reduzca la pobreza a largo plazo. La pobreza es un problema estructural que no se puede remediar con curitas o parches. Se reduce creando empleos, incentivando la producción y dando un marco jurídico que incentive la inversión.
El problema estriba en que, desde el punto de vista social, el asistencialismo alimenta la pasividad y la actitud de dependencia de las personas que reciben los bonos al punto de no crear incentivos para que ellas puedan, por sí mismas, abandonar la situación en la que se encuentran.
En el plano político, los mandatarios olvidan muy pronto que los dineros que entregan son ajenos, que provienen del resto de los ciudadanos, y actúan como si ellos mismos hicieran una caridad generalizada, se arrogan la paternidad de esos programas y, en muchos casos, disponen de los fondos públicos como si fueran propios alimentando la creciente corrupción que afecta a nuestros países.
Por último, y también en el plano político, se crea una situación de hecho que se hace muy difícil de modificar, pues ningún político se atreve a censurar estos programas ni, mucho menos, a proponer su reducción o su definitiva eliminación.
La experiencia de América Latina es que reina una tremenda frustración con la clase política, el empresariado, con los medios de comunicación, inclusive con las organizaciones de la sociedad civil como las fundaciones. La frustración surge ante el lento progreso económico, la abrumadora corrupción y un rampante aumento de la delincuencia que impide a millones de personas llevar una existencia normal y mejorar su nivel y su calidad de vida.
No por nada, en aquel abril de 2005, se escuchó el grito “¡Fuera todos!”: es que era generalizada la creencia de que ninguno valía, de que se necesitaba sangre fresca. Desgraciadamente, repito una vez más, el problema radica en las creencias, en las malas ideas y costumbres, que dan lugar a poner las esperanzas en el Gobierno.
La democracia no es sólo un sistema electoral en el que la mayoría manda, sino que es además un sistema de valores que incluye respeto a los derechos de la minoría, tolerancia a la opinión ajena, participación libre a medios de expresión y comunicación: es así como se ha definido la democracia liberal. A menudo, se concibe al Gobierno como depositario de la soberanía popular, en el que las decisiones fundamentales se toman por la regla mayoritaria, por lo que una manera de pensar así de miope lleva a los Gobiernos a no ser más que dictaduras disfrazadas de democracia. ¿No es por esto que Correa afirma que si sus opositores no triunfaron en elecciones no tienen derecho a exigir nada?
Cuando la economía se concibe sólo como un sistema electoral, no es extraño que las mayorías pobres voten para que se les dé techo, pan, trabajo y se convierta, como diría Frederic Bastiat hace más de 50 años, en “el saqueo de todos contra todos”. Aquí radica el meollo del problema. Como dice Sabino (2010):
«A partir de este punto, del momento en el que la democracia se concibe como una gigantesca máquina de redistribución económica, comienza un ciclo que, retroalimentándose, termina generando graves problemas que desafían aparentemente toda solución. Los más pobres, cobrando conciencia de su fuerza electoral, reclaman cada vez con mayor intensidad que se les otorguen beneficios de toda naturaleza; algunos políticos, evaluando bien el peso numérico de estos sectores, comienzan entonces a hacer promesas que son acogidas con entusiasmo pero que resultan imposibles de cumplir. Desde el Gobierno, se toman medidas económicas de corte populista, de corto plazo, que son bien recibidas por buena parte del público pero que lesionan la economía y resultan por lo tanto completamente ineficaces. La oposición política, por lo general, entra entonces a competir con los Gobiernos ofreciendo aún mayores beneficios a la masa de los necesitados y formulando promesas cada vez más amplias y, por lo tanto, más difíciles de cumplir. Las campañas electorales se van convirtiendo en torneos en los que cada partido trata de sobrepasar a los restantes en sus vanos ofrecimientos de proporcionar más y mejor educación, mayor atención a la salud, subsidios directos a los más pobres por medio de programas asistencialistas, viviendas, seguridad social…, en fin, todo lo que la gente quiere recibir sin dar nada a cambio. Porque los sistemas impositivos que tenemos en la región, por lo general, presentan una peculiar característica: los impuestos directos son pagados sólo por las personas con mayores ingresos, las empresas y los empleados del sector económico formal; los pobres nada pagan, al menos directamente aunque, a través del IVA y otros impuestos similares, ellos mismos contribuyen con no poco dinero para que el Estado, luego, les otorgue “gratuitamente” lo que tanto anhelan».
Como los pobres son una proporción importante de la población (en el Ecuador, más de una tercera parte, según el INEC) y son votantes, las promesas y los eslóganes de combatir la pobreza no faltan en ninguna campaña electoral.
La consecuencia es que los pueblos buscan una solución en donde no la hay. Dice Walter Spurrier (2010b):
«En América Latina, los políticos exitosos son los que ofrecen todo gratis, que evitan llamar al duro trabajo conjunto para salir adelante. Aunque luego no cumplan.
»Hoy recorre Sudamérica una renovada ola de pensamiento antidesarrollista que ofrece mediante la omnipresente intervención del Estado en la economía tomar un atajo y mejorar de manera instantánea las condiciones de vida de la población evitando el arduo camino recorrido por otros países.
»En esa línea de populismo del siglo XXI, el buen gobernante es el que sube los salarios a su nivel ideal, sin ponderar lo que aguanta la economía; el que congela o baja a dedo los precios de los bienes de consumo masivo, sin consideraciones de su impacto en la producción. El que busca privar de rendimiento a los dueños de capital con fines redistributivos. No es que se busca el progreso económico para alcanzar un mejor nivel de vida. Las mejoras sociales se dictan por decreto, y se espera que la economía se adapte. Un mundo al revés».
En el Ecuador, al igual que en muchas otras partes del mundo, no se le pide, se le exige al Gobierno que lleve bienestar a todos, que redistribuya la riqueza y combata la pobreza, que dé empleo, salud, educación y hasta vivienda a toda la colectividad. Y se ponen esperanzas en líderes que prometen acabar con todos los males de un modo casi mágico enarbolando la idea de asambleas constituyentes todopoderosas que permitan “refundar” el país pero que, en definitiva, desembocan en Gobiernos personalistas que se apartan por completo de la democracia liberal.
Para repartir la riqueza, se necesita un Gobierno todopoderoso que intervenga en la actividad de todos los ciudadanos, que controle con un alto número de funcionarios no sólo los ingresos, sino también la producción misma y hasta el consumo. (Estimado lector: ¿Se acuerda de que hubo un funcionario que quería desanimar la compra de “doras”: refrigeradoras, lavadoras… obligando a pagar una mayor tasa de interés?).
Hay que expropiar las tierras o las empresas “ociosas”, controlar precios, aumentar impuestos y dar al Gobierno un poder decisivo sobre todo el quehacer económico. En otras palabras, hay que usar la fuerza o la amenaza de la fuerza. Para combatir el contrabando, hay que desplegar un gran número de funcionarios y suponer que éstos son “honestos”. (¿Cuántas veces las aduanas han caído presa de individuos inescrupulosos?). Para evitar o combatir los mercados negros, hay que emplear la fuerza pública. Para imponer a la ciudadanía, hay que censurar lo que los gobernantes desean, incautar, amedrentar, atemorizar, es decir, convertir a los ciudadanos en siervos dóciles. Y cuando eso no se logra, se procede a formar comités de Defensa de la Revolución, círculos bolivarianos, asambleas populares, comités barriales, vestidos con camisas pardas, negras, rojas o verdes. Esta es la mejor y más eficaz manera de esclavizar a los pueblos.
El afán distributivo desemboca irremediablemente en medidas cada vez más coercitivas y, para implementarlas, requiere de personalidades y personajes atraídos por el poder. Es por ello que, en países como Venezuela y Ecuador, han aparecido Chávez y Correa. Ellos no son un fenómeno nacido de la mala identificación de las causas de los problemas y de las políticas adoptadas. Y es en esta trampa en la que ha caído gente de buen corazón, de buena voluntad y cordura.
Se ignora que, para “distribuir”, hay que utilizar el poder del Gobierno. Pero el poder es como un imán, es un atractivo semejante al dinero, al sexo o a la glotonería. Con frecuencia, la ambición del poder político es más fuerte y peligrosa que el afán de lucro. Dice Alfonso Reece (2009): «Se oye a menudo que el poder económico es más poderoso que el político. Menuda estupidez. El poder esencial es el político, porque consiste en la monopolización del uso de la fuerza. El poder económico sólo tiene sentido si tiene un apoyo político». Es más, el poder político se puede lograr en menos tiempo, con menos riesgo y sin temor de que algún día se le acuse de “pelucón”.
Y no es que la ambición del poder sea intrínsecamente mala como tampoco lo es el afán de lucro. Hay muchos que en realidad sueñan hacer cosas que consideran importantes para la comunidad. Lamentablemente, también hay otros —y son muy numerosos— que buscan enriquecerse sin mucho trabajo y en pocos años y, como el Erario es arca abierta, el justo peca.
Hay cierto tipo de personas —a las que se podría llamar “megalófilos”— que busca el poder afanosamente. El perfil psicológico de estos individuos puede ser nocivamente marginal como el de los narcisistas o extremado como el de los megalómanos. Correa merece ser clasificado entre estos últimos: es maniqueísta (el que no está conmigo está contra mí), dogmático (la verdad es mi verdad) o sabelotodo (tengo un PhD). Es curioso que los megalófilos también tengan personalidades muy carismáticas, sean grandilocuentes, logren mimetizarse con el público, digan lo que quienes les escuchan quieren oír y muevan a las masas. Velasco Ibarra era excepcional en este aspecto. Fidel Castro y Hugo Chávez, entre otros, exhiben este tipo de personalidad.
Como dije en el “Prefacio”, este libro no es una crítica al presidente como persona. Su actitud conflictiva tiene cierta importancia sólo porque es un ejemplo para otros. Para el caso, reproduzco la carta de un lector a la redacción del diario El Universo:
«Cuando se actúa diferente a lo que se dice, se cae en terreno fangoso, se pierde la humildad. Presidente, deje la confrontación, recuerde que los pueblos emulan a sus líderes, se nutren de sus ideas. Aprenda a golpear a sus detractores sin tocarlos, sin mencionarlos, porque lo que más duele a los que tratan de dañar honras de funcionarios y administraciones es ser ignorados. Hay que predicar con el ejemplo del equilibrio y la madurez emocional que nos lleve a la rectificación en pensamiento y actitudes, que sirvan de serios referentes a la sociedad, y más a nuestros seguidores». José Enrique del Pezo Borbor, La Libertad, Santa Elena.
Tampoco viene mucho al caso su conflicto con la prensa. Cada sábado y cuando puede, ataca a los medios de comunicación. Quizás el presidente tenga la razón. Pero nuevamente lo importante es que sus ataques son un reflejo de la propuesta Ley de Comunicación o como la llaman algunos “ley mordaza”. El ataque a la libertad de expresión es parte constitutiva del despotismo que se origina en el poco aprecio que se tiene hacia los derechos a la propiedad privada.
Si en países de escaso desarrollo se quita a los ricos para dar a los pobres, sólo se consigue eliminar el bienestar de algunos pero sin cambiar en lo esencial: la situación de las mayorías. Y la razón es muy sencilla: repartir los bienes de quienes poseen y gozan de una situación económica holgada no alcanza para mejorar de un modo efectivo las condiciones de vida de los más pobres. Es decir, lo que hay es un cambio mínimo, casi imperceptible. El dinero nunca es suficiente como parece, puesto que la masa de pobres es enorme.
Cuando el Estado termina por controlar toda la vida económica de un país, como en Cuba, los resultados son espantosos: miseria por doquier, desidia en el trabajo, corrupción de los funcionarios que se hacen todopoderosos y que acaban por utilizar en beneficio propio todo el enorme poder que tienen. Cuba es una dictadura en la que la salud es un producto de exportación, la educación se reduce al adoctrinamiento y el pueblo —al que se dice beneficiar— arriesga su vida entre los tiburones para escapar de lo que se presenta a los incautos como un paraíso socialista.
Pocos niegan que las funciones básicas de un Estado son: defender la nación de enemigos externos, dar seguridad jurídica a los ciudadanos y proporcionar un marco legal para que cada individuo ejercite sus derechos sin violar los derechos de los demás. Estas son las funciones de un Estado propio.
En los dos últimos siglos, se fueron añadiendo funciones como la educación, la salud, la previsión social y, desafortunadamente, también la redistribución de riqueza o ingreso, una función impropia. * Es esta última función la que, a pesar de los esfuerzos realizados, tanto en países industrializados y, peor, en los de menos desarrollo, el fracaso ha sido notable.
* Es impropia porque los recursos del Estado son ajenos, no son de los gobernantes, son de los ciudadanos.
Como afirma Sabino (op. cit.): «…es por ahora el caso más general en la región, las democracias redistributivas generan un ambiente muy poco favorable para su consolidación debido a dos consecuencias de suma importancia: el aumento de la corrupción y el abandono de las funciones esenciales del Estado. […] El discurso político prevaleciente —la actitud que, podríamos decir, es la políticamente correcta en estos tiempos— enfatiza las funciones sociales del Estado pero recela de su actividad como proveedor de seguridad, paz y justicia. Erróneamente se concibe que, aumentando los presupuestos de la educación, se obtenga un rápido desarrollo económico pero se deja de lado el hecho de que sin seguridad ciudadana, sin policía eficiente e incorrupta, sin jueces probos e imparciales, sin garantía a la vida, a la propiedad, a la libertad, no hay manera de lograr el progreso, especialmente de aquellos que menos tienen».
En la medida en la que un Gobierno enfatiza las funciones impropias, se reduce el papel propio del Estado. Las exigencias de los ciudadanos para lograr beneficios impropios del Estado hacen, por un lado, que el Estado crezca, se vuelva obeso, lento, ineficiente, ponga las finanzas públicas en tensión, mientras que, por otro lado, se torna débil y presa fácil de los grupos de interés.
La educación, por ejemplo, cae presa de los sindicatos públicos. En el Ecuador, está dominada por el Movimiento Popular Democrático (MPD), de corte marxista. La educación pública, desde la de escuela hasta la superior, es un verdadero desastre.
La calidad de los servicios públicos, sobre todo la de la salud, es pésima: las empresas estatales son focos de corrupción, los subsidios al gas y al combustible favorecen más a los que más tienen y no se los puede derogar porque no hay políticos, con suficientes agallas, que proponga eliminarlos. Es más, si alguno lo hace, es muy probable que no gane las elecciones.
Para poder financiar los gastos sociales, se aumentan los impuestos, se reduce el gasto en obras que no son visibles, se aumenta la deuda pública y, cuando hay discreción para manejar la moneda, se la envilece y se aumenta la inflación. Inflación que, sin duda alguna, es el peor daño que se puede hacer a los pobres y a la clase media.
En los Estados en los que no existe disciplina fiscal, el Presupuesto no alcanza para satisfacer las exigencias “sociales”. Las economías se estancan, la institucionalidad se debilita, crece la delincuencia, escasea la seguridad jurídica y se pone en peligro la paz social.
Cuando el Gobierno es “dador” de dinero o prebendas, proliferan los que se acercan al poder para disfrutar del latrocinio (porque el dinero del Fisco es ajeno). La corrupción se encumbra a práctica habitual, y lo extremadamente grave es que se borra la distinción entre los intereses privados y los intereses públicos. El resultado es un capitalismo de compinches.
Como las funciones propias de un Estado como la defensa de derechos, la probidad e idoneidad de la función judicial son desplazadas, la frustración crece y crece y los Gobiernos democráticos tambalean.
Además, se pervierten las virtudes cívicas. El quemeimportismo sustituye a la acción comunitaria debilitando la sociedad civil. Las leyes de protección a los empleados los convierten en individuos desaplicados, inconstantes e irresponsables. Cunde la incredibilidad en los políticos y se depositan las esperanzas en los “outsiders”. El cinismo y el nihilismo se extienden a todos los estratos de la población. En otras palabras, se exacerban los valores culturales perniciosos mientras que se subvierten la confianza, la honestidad, el respeto a la Ley y a la autoridad y a las virtudes democráticas.
Cuando cayó el Muro de Berlín, muchos llegaron a creer en el fin de la Historia y que la ideología socialista desaparecería del mapa de las ideas y de la práctica. Pero no fue así. Sostiene Omar Ospina (2009): “El entierro definitivo del socialismo no llegará antes de otros destierros necesarios como son del hambre, de la injusticia, de la miseria, de la discriminación y del autor incuestionable de todo ellos: el capitalismo…”. En consecuencia, la desaparición del capitalismo eliminaría también todos esos problemas sociales. Para Ospina, parece no existir la naturaleza humana: habría que cambiar al hombre por un hombre “nuevo”. ¡Vana ilusión!
Porque hay una constante en la naturaleza humana: su comportamiento depende de los incentivos. Los incentivos son más útiles que las exhortaciones morales para cambiar el comportamiento.
Es que no somos ni ángeles ni demonios. Si los incentivos son buenos, los resultados son beneficiosos; si son perversos, el resultado es perverso. Y el problema del combate a la pobreza radica en que las políticas que se proponen ignoran, en su mayor parte, el papel de los incentivos. Es decir, los encargados de llevar a cabo las políticas de redistribución son al final de cuentas los beneficiarios de esas políticas. Por ello, el refrán: “Los que parten y reparten se llevan la mejor parte”. Cuando analizamos el papel de los incentivos, se comprende por qué las políticas redistributivas fracasan.
Todo tipo de leyes, reglas o reglamentos tiene dos propósitos: reducir la incertidumbre y regular el comportamiento humano. Hay reglas formales, es decir, registradas en algún libro, y reglas informales que son parte de la cultura de un pueblo. Estudiemos dos casos para demostrar que no es por falta de voluntad política el fracaso de la redistribución: es porque los incentivos bajo los que operan los funcionarios de sector público conducen al fracaso. El defecto más importante es que no son dueños de los fondos que utilizan. Como dice el refrán: “Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta”.
El principal es el dueño de un recurso; el agente es el que lo administra. Mientras más cercano está el principal del agente, más fácil son su control y su supervisión. Pero si no está muy cerca, debe haber mecanismos para que el agente rinda cuentas de su actuación. Si no existen estos mecanismos, lo lógico es que los agentes se aprovechen.
El problema del agente/principal y de los mecanismos de rendición de cuentas son más agudos en el sector público que en el sector privado. En primer lugar, el principal no es el gerente ni los administradores ni el gobernante de turno. Supuestamente, son los ciudadanos, los miembros de la sociedad. Pero los principales tienen poca autoridad sobre los agentes y, si no existen mecanismos idóneos para la rendición de cuentas, los que administran los fondos públicos se aprovechan. No son los dueños, pero actúan como si lo fueran. Sus intereses no están en hacer que la empresa estatal rinda o sea eficiente, sino en satisfacer sus propios intereses y conveniencias.
Una contraloría o una comisión anticorrupción, conceptualmente, podría cumplir con este papel siempre y cuando existiera una separación clara de poderes. La descentralización geopolítica tiene como objetivo primario acercar el pueblo a los gobernantes para que cumplan mejor su función, que es servir a los ciudadanos, no servirse de los fondos que son del pueblo.
Mientras más discreción tenga el gobernante o el empleado público para utilizar los fondos en beneficio propio, más extensos son la corrupción, el peculado y la malversación de fondos. Es que “lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta”. Otro problema del sector público asociado con el del agente/principal es la búsqueda de rentas.
Si un grupo tuviera poder suficiente para extraer de cien mil personas diez dólares a cada una y repartir el millón recaudado a cien mil dólares por cabeza, inmediatamente habría muchos a los que les encantaría ser parte del grupo. Para los que pagan, la cantidad sería tan pequeña que, en realidad, ninguno de los afectados se sentiría incentivado para impedir el reparto. Por el contrario, los destinatarios de los fondos tendrían enormes incentivos para que se haga el reparto. Si a esto agregamos los incentivos de los administradores de los fondos para manejar el dinero (sueldos y prebendas) y la posibilidad del “10%”, los que salen ganando son los “intermediarios”, y a penas las sobras llegarían a los destinatarios.
Una vez iniciado el proceso, el esquema toma vida propia. A los diez del grupo original, se unirán “otros necesitados” o se formarán otros grupos con el mismo propósito: repartirse la plata ajena. Si los “contribuyentes” no son cien mil, sino millones, y si en lugar de diez dólares se aumentan a cientos y, si es posible, a miles de dólares (la carga se coloca sobre los que más tienen) el “reparto” se facilita. La conclusión es clara: mientras más énfasis se ponga en repartir, más propensa se vuelve la sociedad a generar grupos de poder.
Si las justificaciones para la recaudación son para el “bien común”, para obra social o “aceras y bordillos”, ¿no se llegaría a un punto en que el sistema sería tan enmarañado y confuso, campo propicio para que florezca y acreciente la corrupción? Porque el proceso solo termina cuando se termina la plata ajena.*
* Se atribuye a Margaret Thatcher la máxima que “el socialismo funciona hasta que se acaba la plata ajena”.
Aun más, el pueblo no sólo se empobrece porque el Estado le quita recursos, sino que se desperdicia también enorme cantidad en el proceso mismo. Los “contribuyentes” dedican recursos para evitar la pérdida, por eso, la lucha para impedir que suba el precio de los combustibles o contra la creación de nuevos impuestos. El cabildeo legislativo, las huelgas, los paros, empobrecen, porque los recursos empleados se habrían dedicado para producir. Por otro lado, los “destinatarios” emplean también recursos para conseguir su “cuota”. Los paros de los maestros, de los judiciales, de los médicos, de las provincias y ciudades, son también parte del proceso. Pero si no lo hacen, no consiguen su parte, aunque así nos empobrezcamos todos. Y qué decir de los intermediarios, los políticos de turno para quienes es fácil ser generoso con lo ajeno. Las “reivindicaciones” políticas, la “obra de..”, la enorme lista de “obras públicas” de todos los Gobiernos (porque de esto no se salva nadie), a la postre, solo sirven de propaganda electoral.
EI proceso de utilizar el Estado para beneficiarse personalmente se conoce como “búsqueda de rentas”. Cuando se utiliza la Ley para distribuir riqueza en lugar de propiciar su creación, se confina el papel del Gobierno y de las instituciones a reconciliar los intereses de grupos favoreciendo a aquellos que se consideran “merecedores” del favor estatal. Cada vez que el Gobierno otorga a una industria una exención de impuestos, subsidia un crédito a un sector económico, concede derechos “inalienables” a ciertos sectores de la población, se crea automáticamente una estructura de costos sociales cuya incidencia fundamental es disminuir los incentivos y oportunidades a todos.
El sistema de redistribución obliga a los gobernantes a favorecer a unos y perjudicar a otros. Como esto tiene que hacerse de una manera legal, sea a través del Presupuesto o a través de concesiones especiales otorgadas por la Legislatura se viola el principio de la igualdad ante la Ley, porque ésta favorece a unos cuantos y perjudica a muchos (el pueblo en general).
El daño más grave ocurre cuando los beneficiados están protegidos por la Constitución. La de Montecristi permite que se cree todo tipo de leyes que violen la igualdad, porque cada legislador busca “llevar el agua hacia su molino”.
Cuando cada legislador tiene el poder de contribuir a la obtención de un privilegio para determinado grupo, se lo puede tentar o con dádivas directas, con contratos públicos para familiares o con legislación “facturada” para sus electores. En países como los Estados Unidos, hay empresas especializadas en cabildear; la razón es otra vez muy simple: la Ley es para favorecer o proteger a particulares.
Esta es una grave falla de la democracia mayoritaria. Los privilegios particulares se disfrazan como buenos para el interés general o para la mayoría de votantes pero no son más que un sistema favorecedor de grupos. La fragmentación, el canibalismo político, ese saqueo de todos para todos, tienen su origen en el abuso del poder. Mientras el Estado en su conjunto se ha debilitado, los allegados al poder se han fortalecido y han extraído prebendas y recursos a su antojo. Las democracias más exitosas son las que han logrado, por un lado, limitar el poder de los grupos (como se hizo en Nueva Zelanda) y, por otro lado, consolidar el poder en las áreas en las que el Gobierno tiene necesariamente que actuar. Sólo cuando “se acaba la torta, se acaban los comensales”.
El Código de la Producción es un buen ejemplo de favoritismo. Unos cuantos empresarios, llamados por Rómulo López Sabando: “empresaurios”, esperan que este tipo de legislación les beneficie.
La inventiva humana ha creado cientos de fórmulas para obtener rentas y favores. Basten algunos ejemplos, porque estoy seguro de que el lector conoce muchos más. El sistema arancelario para “proteger” la industria nacional, las licencias y las cámaras de profesionales (que Correa eliminó, y se le debe agradecer por ello), la dedicación de impuestos para las FF.AA., etc.
Los ministerios son los administradores de las dádivas. Y mientras más ministerios haya, mayor el tráfico de influencias y la participación de grupos de poder. Al final, los beneficiados son pocos y los perjudicados son la mayoría. ¿No será esta la razón por la cual hay tantos pobres?
Es que hacemos lo contrario de lo que deberíamos hacer. Deberíamos reducir el número de ministerios, controlar el Presupuesto de tal manera que los dineros del Erario sí vayan a beneficiar a la mayoría y, sobre todo —quizá lo más difícil—, reducir la capacidad del Gobierno para conceder favores y privilegios. Esto implica menos poder discrecional al Gobierno y los legisladores, con visiones distintas a las que han tenido hasta ahora.
Leí en alguna revista marxista que la Constitución de Montecristi no era socialista, porque permitiría la propiedad privada. Aunque, como explica Gabriela Calderón (2010a): «La Constitución de Montecristi establece siete tipos de propiedad privada confundiéndose lo que es y lo que no es propiedad privada. Lo que no está claramente definido no será fácil de defender. Adicionalmente, promueve la “igualdad formal, igualdad material”, lo cual, junto con muchos otros artículos (como “asegurar una distribución adecuada del ingreso”), da lugar a leyes de redistribución de ingresos y de restricciones a la propiedad privada».
El fracaso de la Unión Soviética, Cuba y Corea del Norte se debe casi exclusivamente a la desaparición de la propiedad privada. Los chinos, aún cuando mantienen el control político, deben su progreso acelerado a que han ido aumentando la esfera privada de la producción. Es tan importante que me permito incluir las siguientes frases célebres:
«Lo que nuestra generación ha olvidado es que el sistema de propiedad privada es la más importante garantía de la libertad», F.A. Hayek.
«La diferencia más importante entre un salvaje y un hombre civilizado es que el salvaje no reconoce los derechos de propiedad», Adam Ferguson.
«La historia y la experiencia demuestran que en regímenes políticos que no reconocen a los particulares la propiedad, incluida la de los bienes de producción, se viola o suprime totalmente el ejercicio de la libertad humana en las cosas más fundamentales, lo cual demuestra con evidencia que el ejercicio de la libertad tiene su garantía y, al mismo tiempo, su estímulo en el derecho de propiedad», Papa Juan XXIII.
El surgimiento de déspotas y tiranos se puede atribuir fácilmente a la falta o a la debilidad de los derechos a la propiedad privada. Es que solo cuando los ciudadanos tienen garantías de poder hacer con lo propio lo que más crean conveniente, pueden desarrollar sus mejores cualidades.
¿Sin derecho a la propiedad, sería posible tener libertad de expresión? La respuesta es un claro no. Cuando se debate la Ley de Comunicación, pocos argumentan que, si todos los medios de comunicación fueran públicos, muy pocas garantías existirían para que el Gobierno de turno no restrinja, reprima y censure lo que se publica.
Ser dueño implica poder disponer del bien, excluir a los no dueños y que la autoridad los haga respetar. Se armó un escándalo cuando Correa dijo que la prensa debería ser propiedad de organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque el derecho a la propiedad está atenuado por la legislación, según ésta no son verdaderamente dueños, pueden ser administradores, pueden devengar sueldos, pero, en última instancia, no pueden disponer de las ganancias que podrían generar.
La animadversión del socialismo hacia la libertad de prensa no es de ahora. Dice Carlos Jijón (2010), a propósito de la Ley de Comunicación: «… existen indicios suficientes para tener muy claro que el control de los medios de comunicación es fundamental para el proyecto político que ha esbozado… el Gobierno de AP: la instauración de un modelo socialista que sacrifique las libertades con la promesa de justicia social».
Según Gustavo Cangiano (1993): «Sólo la nacionalización y el traspaso a la propiedad social de los medios de comunicación sentarán las bases para la libre información, el florecimiento cultural y la recreación sana». Alfonso Reece (op. cit.) afirma sin ambages: «La libertad de expresión y comunicación es un pilar manifiesto para la libertad de los ciudadanos. La prensa es la mejor y la más eficaz institución de control social. Su obligación es señalar los desaciertos y delitos cometidos desde el poder, y hablo de todo tipo de poder, político, económico, ideológico, estético, etc.».
Si todos los poderes se concentran en el presidente, ¿quién sino la prensa podrá informar de los abusos, iniquidades y otras “linduras” a las que están inclinados nuestros políticos? Y, como hemos visto, el proyecto político de la Revolución Ciudadana obligadamente es también el guión para Gobiernos despóticos. Es semilla de su fracaso la animosidad hacia la propiedad privada.
Como hemos dicho que, para “redistribuir” hay que quitar a unos y dar a otros, entonces, hay que legislar. Esto implica leyes que permitan al Gobierno apropiarse del fruto del trabajo y del esfuerzo de los ciudadanos. Si la propiedad es precaria, no existen incentivos para producir ni mejorar, ni innovar ni preservar. Cuando el Gobierno puede quitar a uno a través de impuestos onerosos, por muy buenas intenciones que tenga o para financiar programas maravillosos, poco a poco, se va perdiendo el sentido del esfuerzo, de la iniciativa y se va reemplazando con esquemas fraudulentos, doble contabilidad para evadir impuestos, sobre o subfacturación en el comercio internacional y otras prácticas perversas. Si el Gobierno no respeta la propiedad privada, tampoco lo van a hacer los ciudadanos, y un pueblo que no respeta el derecho a la propiedad de otros, es un pueblo en el que cunden la desconfianza, la deshonestidad y la corrupción.
El socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez es el mejor ejemplo de lo que decimos. Cuando el Estado se convierte en el verdadero dueño de la economía, los estímulos para producir se pierden: los que tienen dinero no lo desean invertir, porque saben que su capital o sus beneficios pueden ser expropiados; los pobres comienzan a asumir enseguida una actitud pasiva, porque todo lo esperan del Estado y saben también que de nada les servirá esforzarse y trabajar para mejorar su situación.
Los derechos a la propiedad dan lugar a la oferta y a la demanda. Un empresario, dueño de su producción, busca cobrar por su producto el precio que más crea conveniente. Por su parte, el consumidor, dueño de su dinero, busca pagar lo menos que pueda. Estos intereses contrapuestos dan lugar a los precios del mercado. Asimismo, en el mercado del trabajo, el obrero —dueño de su capital humano— busca emplearse en aquella ocupación que más le satisfaga monetaria y emocionalmente. Pero el empleador —dueño de su dinero— busca contratar al mejor trabajador al menor salario posible. Nuevamente, estos dos intereses contrapuestos se equilibran en el mercado laboral a través del salario determinado por la oferta y la demanda. El socialismo pretende eliminar estas leyes naturales porque, supuestamente, lo que ganan los pobres no les alcanza para pagar los precios impuestos por el mercado, es decir, su salario es menor que el necesario para sobrevivir. Pero no hay peor receta para un fracaso económico que el control de precios por parte del Gobierno. El control oficial genera mala calidad de productos, mercados negros accesibles sólo a los ricos, desabastecimiento de productos esenciales, y no hay producto más caro que aquel que no existe. Entonces, es de esperarse que en los mercados negros operen individuos con pocos escrúpulos.
“En arca abierta, el justo peca”, dice el refrán. Como el dinero que administran los gobernantes no es de ellos, es fuente fácil de corrupción. Y como la Revolución Ciudadana busca redistribuir, también se aplica aquello de “el que parte y reparte se lleva la mejor parte”. Por eso, no hay programa estatal que no sufra de sobreprecios para la compra o subprecios para la venta. No hay empresa estatal que rinda como una empresa privada, porque no hay “accionistas” a los que responder. En la Cuba socialista, al igual que en la antigua Unión Soviética, el pueblo vive a base de ingenio para evadir la autoridad. Los incentivos que crea el Gobierno son verdaderamente perversos y crímenes de lesa humanidad.
Finalmente, el factor que más influye en el fracaso de modelos como el de la Revolución Ciudadana es que se basan en la obligatoriedad. Y esta es piedra angular sobre la que descansa toda tiranía.
¿Cómo se atrae mejor a las moscas, con miel o con vinagre? ¿Cómo se cría hijos responsables, a la fuerza o con cariño? ¿“Dentra” la letra con sangre o con dedicación y abnegación de padres y maestros?
Las naciones que han prosperado no lo han hecho “a la fuerza”. La Unión Soviética, la Alemania nazi, la Italia fascista, la Cuba castro-comunista, son evidencias contundentes de que, cuando se obliga a los individuos a servir al supuesto “bien común”, los resultados son ciudadanos serviles, casi esclavos, desprovistos de iniciativa, inclusive de dignidad humana. ¿Hemos caído en la trampa de tratar de corregir los males de este país “a correazos”? Y, así, jamás se ha construido un país, ni altivo, ni soberano, peor ¡próspero o libre!
Estamos de acuerdo que el Ecuador debe cambiar y ya. Pero hay que hacerlo garantizando que cada uno de nosotros pueda lograr lo que busca y por lo que se afana todos los días. Pero ¿se podrá conseguir cuando hay amenazas veladas de confiscar nuestros ahorros en dólares para “obligar” a que vengan los capitales expatriados? Como dizque hay 2 000 millones de dólares en el exterior, solo hay dos maneras de que regresen: o (1) se obliga congelando los depósitos de los bancos o (2) se propicia su regreso creando un marco institucional de seguridad jurídica y de competencia con la banca extranjera. Piense, ¿a “correazos” o con “miel”?
Nadie duda de que se deba combatir la corrupción. Pero, ¿se podrá lograr “reforzando” o “aumentando” las instituciones de control? En otras palabras, ¿“a correazos” vamos a hacer que los empleados del Gobierno sean verdaderos servidores públicos o que los ciudadanos crucen la calle en las zonas cebra? ¡Qué engaño! Como que se pudiera “obligar” a la gente a cumplir los diez mandamientos. ¿No será mejor eliminar los incentivos perversos que llevan a ciudadanos honrados a sobornar a los empleados públicos para conseguir un permiso? ¿No será mejor suprimir y simplificar las más de 120 mil leyes, regulaciones, ordenanzas, que son un caldo de cultivo para que los inescrupulosos se aprovechen de los ciudadanos honrados?
Estimado lector: Usted sabe más que yo que las fuentes de enriquecimiento ilícito más frecuentes se encuentran en el IESS, en “Petrocorrupción”, Pacifictel y Andinatel (CNT) o en las empresas eléctricas del Estado. ¿Sabe usted cuánto, en qué o cómo se gasta en la tan mentada “deuda social”? Se utilizaron nuestros fondos de reserva, nuestro dinero, para “invertir” en estos huecos negros.
Se dijo que va a haber “transparencia” en la contratación pública, como si los sobornos se hicieran a la luz del día o con cheque. A la postre, lo que se mantiene es el botín y sólo cambia el nombre de los saqueadores, porque “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”.
Suena bonito que los trabajadores reciban un “ingreso justo”. ¿Quién va a decidir cuál es ese ingreso? Por supuesto, el Gobierno, y ojo con quién no cumpla. Multas, confiscación, cárcel. La poca inversión que había se esfumó. Mejor nos olvidamos de nuevas fábricas, de nuevas empresas y de ¡nuevos empleos! De nada nos sirve que el Gobierno “obligue” a pagar un sueldo justo porque pocos tienen empleo. ¿No será mejor que el Gobierno reduzca los impuestos o simplifique la “tramitología” para empezar un nuevo negocio y que nunca amenace con confiscar o expropiar el capital privado? ¡A las moscas se las atrae con miel, no con vinagre!
La obligatoriedad nace de creer, como Thomas Hobbes, que el hombre en el estado “natural” es lobo para el hombre. De ahí la necesidad de un Gobierno que ponga orden al caos. Esta supuesta tendencia “natural” del hombre es cada día más cuestionada por antropólogos, historiadores, biólogos y otros científicos, quienes han ido demostrando que el hombre es “esencialmente” cooperativo y solidario. Una sociedad voluntaria es mucho más ética que una basada en la obligatoriedad. El Leviatán, el Gobierno, como solución al caos, a la ley de la selva, parece ser fruto de la imaginación de Hobbes.
El espíritu solidario es simplemente el reflejo del interés propio de cada individuo de mejorar su condición a largo plazo. Muchos comportamientos aparentemente altruistas no son más que esfuerzos para lograr “un condominio en el paraíso”, según la ocurrencia de alguien; otros afirman que el comportamiento egoísta ha sido incorporado en los mismos genes. Inclusive suele servir para satisfacer un ego narcisista. Pero, si el hombre es cooperativo, ¿por qué parece reinar entre los latinoamericanos el egoísmo cortoplacista, la codicia o esa infame viveza criolla de buscar cómo aprovecharse de la candidez o de la impotencia de los demás?
Es horrendo el egoísmo cortoplacista de políticos, empresarios, estudiantes, maestros: se conducen de tal manera como que no existiera un mañana. El problema es grave porque atrapa a los actores en círculos viciosos, casi imposibles de romper.
Por ejemplo, los estudiantes copian. Y no uno o dos, todos los que hemos entrado en contacto con los estudiantes latinos sabemos que copiar es pan de cada día. ¿Es que no comprenden que, si no aprenden, el perjuicio recae sobre ellos mismos? He ahí la trampa. No importa aprender, porque el saber vale poco en sociedades en las que lo más fácil es vivir de los fondos estatales. ¿Cuántos no aspiran a ser burócratas y, si es posible, llegar a ser miembros de la burocracia dorada? Para salir adelante, es suficiente tener palancas, conexiones o, en su defecto, entrar en política, conseguir cómplices, formar la propia “argolla”. El saber está bien, pero no es suficiente sin tener las conexiones políticas.
Otro ejemplo. Los empresarios no abren sus empresas al capital. Temen que los fedatarios tengan fácil acceso a los libros o que los nuevos accionistas exijan más de la cuenta pero, a la vez, los inversionistas no confían en los gerentes. No se invierten capitales porque los administradores no rinden cuentas a los accionistas. Los gerentes labran su propia tumba porque, en lugar de defender los intereses de los accionistas, se contentan con los beneficios que pueden acaparar a corto plazo. Las empresas no crecen ni se multiplican. Entonces, no hay oportunidades para hacer carrera en el sector privado. El “techo” para ascender se acerca cada vez más al suelo.
En un sistema en el que se recela del empresario, en el que la envidia y en el que resentimiento prevalece y se usa como bandera de lucha para llegar al poder, ¿quién quiere abrir una empresa? Si abundan los obstáculos a la producción, si el triunfo económico no está en ganar por productividad o competitividad, sino por estar más allegado y cerca al poder, lo que se genera son empresas familiares, se buscan contratos con el Gobierno, de ser posible con contratos a dedo, sin licitación. En resumen, capitalismo de compinches.
Es más, cuando está en peligro la supervivencia de la empresa, se recurre a sobornos, al engaño, a hacer arreglos colusivos (formar monopolios), a la adulación al gobernante de turno o a líderes de la oposición. Aunque el soborno sea una solución para los empresarios, la corrupción, sin embargo, es una lacra de alto costo social.
Y, así, por el estilo. Los trabajadores ven en el capitalista un explotador. Los capitalistas ven en los trabajadores una manada de vagos. No parecen comprender que capital y trabajo son mutuamente fructíferos ni que el enfrentamiento no es camino al progreso. Hay comerciantes que no ven en el cliente la fuente de sus ingresos, sino a un pendejo al que hay que esquilmar. Pero no faltan los clientes que ven en los vendedores animales rapaces a los que hay que cortar las uñas. Los votantes ven en los políticos aves de rapiña en espera de llegar al poder. Los políticos ven en los votantes ciudadanos ingenuos a quienes engatusar. Justos y pecadores terminan pagando los costos de la corrupción. Los círculos viciosos, además de perpetuarse, tienden a agrandarse. Y se cae en Gobiernos como el de la Revolución Ciudadana, en el que todos estos problemas se exacerban.
Hubo una época en la que muchos estuvieron dispuestos a matar y a morir por sus ideas e ideales. Me refiero a las guerrillas que proliferaron por toda América Latina. El derramamiento de sangre fue infructuoso; desgraciadamente, las ideas de los guerrilleros jamás fueron desterradas o echadas al olvido.
Basta recordar lo que sucedió en Perú en la década de los setenta, durante y después de la Administración de Juan Velasco Alvarado * y comparar con lo que está sucediendo en el Ecuador y en Venezuela, en donde el proceso de socialización y descomposición cívica está más avanzado para constatar que al final los resultados serán los mismos:
* Es muy aconsejable leer el libro de Blasco Peñaherrera Padilla Perú y Chile. Desde las cenizas (2010) para recordar cómo estos dos países encontraron el camino a la prosperidad.
Aunque “no hay mal que dure cien años” y algún rato saldremos “de las cenizas”, confío, estimado lector, que este libro conmueva la conciencia ciudadana y ayude a sacudirnos de los mitos, de los espejismos y de los cantos de sirena que —como la niebla oscura que cubriera a los caballeros de la Mesa Redonda— han obnubilado a intelectuales y académicos, a sindicalistas y empresarios, a estudiantes y amas de casa y a una gran mayoría de ciudadanos en general.
Una de las más mentadas falencias de la Revolución Ciudadana es la de la recuperación de la soberanía. Según Correa y sus coidearios, ya sea en la industria extractiva, en la deuda externa, en el control del mar territorial o en la producción de alimentos, no se puede o no se debe depender de países o agentes extranjeros. Por eso, se comienza con los eslóganes: “La patria ya es de todos” o “Venezuela ahora es de todos” como mecanismos de adoctrinamiento de masas para repudiar así lo extranjero.
La receta no es nueva. Juan Domingo Perón, algunos ministros de Juan Velasco y muchos otros Gobiernos populistas la utilizaron con mucha frecuencia. Los esfuerzos para recuperar la soberanía resultan en un empobrecimiento de la clase media y en la pauperización del campesinado, como sucedió en el Perú en los años setenta.
Cuando, el 3 de octubre de 1968, el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, Juan Velasco Alvarado, depusiera al arquitecto Fernando Belaúnde Terry —presidente elegido democráticamente—, entre las muchas razones que justificaban el golpe de Estado, estaba el entreguismo del Gobierno de Belaúnde, que había llegado a un acuerdo con la International Petroleum Company. De inmediato, procedió a expropiar los activos de la empresa estadounidense y a proclamar el 9 de octubre (seis días después del golpe) como Día de la Dignidad Nacional.
Cinco años más tarde (dos antes de su derrocamiento), se suscribió el Convenio Mercado-Green, en virtud del cual el Gobierno peruano se comprometía a pagar al Gobierno de Washington un total de 76 millones de dólares, prácticamente el doble de lo que habría pagado el Gobierno de Belaúnde (Peñaherrera, p. 32). A esta expropiación, le siguió una serie de expropiaciones y confiscaciones, siendo entre las más relevantes la nacionalización de la empresa Cerro del Pasco, una de las mineras de plata más importantes del mundo.
Comparemos este proceso con el de la Occidental Petroleum Company (Oxy) en el Ecuador y otras empresas extranjeras. En cuanto fue nombrado ministro de Economía y Finanzas, Rafael Correa procedió a impugnar a la Oxy so pretexto de haber vendido (sin autorización del Gobierno) una parte de sus acciones a una empresa canadiense. Ya una vez como presidente, Correa continuó en sus arengas y acciones a condenar a las empresas privadas internacionales. “Si no quieren negociar, que se vayan”, amenazó a las compañías petroleras. Algo parecido les dijo a Porta y Odebrecht: “Te vas, te largas”. Hay que demostrar “valentía” cuando se enfrenta o se confronta con las multinacionales, aunque después se dé pie atrás.
La confrontación da seguramente votos pero, como estrategia económica, es contraproducente. Los resultados saltan a la vista. Se crea un ambiente de inseguridad jurídica y de inestabilidad económica, se reduce la inversión extranjera (y nacional) a niveles ínfimos. Alfredo Valdivieso (op. cit.) afirma que no debe extrañar que el Ecuador haya acumulado alrededor de 12 000 millones de dólares en demandas de organismos internacionales que, según el procurador Diego García, las más grandes son (entre otras):
Entonces, ¿de qué soberanía se habla cuando las expropiaciones terminan costando un ojo de la cara? Y tienen ese costo exorbitante porque son ilegítimas y hasta ilegales. Costo que, luego, deben absorber los ciudadanos con una reducción de la calidad de vida. Porque, para cubrir estos costos, se tienen que aumentar impuestos, reducir el gasto público y, cuando existe moneda nacional, imprimir dinero causando inflación.
Así denomina el columnista de El Universo Pedro X. Valverde Rivera (2010) a las denuncias a dos tratados internacionales con Alemania y Gran Bretaña, uno con cada nación. Las respuestas no se hicieron esperar. La embajadora de Gran Bretaña advirtió sobre las posibles posiciones (¿retaliaciones?) que las naciones tomarían en cuestión de inversiones. La repudiación sin mayores argumentos genera solamente desconfianza en el ámbito internacional, reduce las posibilidades de créditos y de inversión. Acciones que empobrecen no son soberanas, sino torpezas garrafales.
La soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a establecer sus propias políticas agrarias y alimenticias, la protección frente a la importación de productos baratos (dumping) y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce son perfectamente aceptables y hasta encomiables. No obstante, como la mayoría de las propuestas de la izquierda, los medios con los que se quieren conseguir estos objetivos son altamente cuestionables, como la reforma agraria o la prohibición a la importación e investigación de y con organismos genéticamente modificados y, peor aún, cuando se busca que un país se autoabastezca de alimentos, la soberanía alimentaria es una equivocación y un engaño macabro.
Sostiene un prestigioso académico en Genética:
«Siempre hemos tenido “soberanía” alimentaria. Si algún agricultor ha querido sembrar mellocos y desayunar con chochos y máchica, nadie lo ha impedido. En gran parte esta ley busca supuestamente una mejor distribución de los medios de producción, esencialmente el suelo y el agua. Pero en el fondo hay un componente de odio, envidia y revancha que determinaría que productores eficientes salgan de su negocio. No es de sorprenderse que los cientos de haciendas del Ministerio de Agricultura eran y son las menos productivas del país, pésimamente manejadas y administradas y más bien siempre trabajaron a pérdida. Se propuso formar empresas productivas asociativas con grupos de pequeños agricultores organizados. Venderles las haciendas y proveer educación, capacitación, asistencia técnica y por supuesto crédito para la compra de la tierra y los proyectos productivos. Esto hubiera también servido de filtro para rechazar a los vagos y falsos agricultores. Por supuesto que el desafío era enorme y grande el trabajo, pero lo veíamos como la única salida de la pobreza en el campo. Además, se contemplaba hacer atractiva la vida en el campo, con vivienda, agua potable, electricidad, centro de salud, escuelas, etc.
»Pero en lugar de organizar la producción de esta forma, se ha tomado el camino más fácil: parcelar las haciendas y entregar retazos, a campesinos sin tierra, pero principalmente a vivarachos, traficantes de tierras, politiqueros que harán mal uso de ese recurso, y que demandarán maquinaria, insumos y créditos para luego buscar la condonación. Es decir, están repitiendo los mismos errores de las reformas agrarias anteriores. Bueno, hay un cambio, ahora la llaman ´revolución agraria´.
»El ataque a los organismos genéticamente modificados (OGM) viene de gente que o no conoce las bases genéticas y beneficios ambientales y sociales de los OGM o tiene otros intereses. Pero por lo general son políticos fundamentalistas “ecológicos” que asocian esa tecnología con el odiado imperio y las grandes trasnacionales de agroquímicos. No reconocen que la tecnología es buena y que lo que hay que hacer es promover la investigación para no depender de la Monsanto, Syngenta u otras empresas».
Examinemos los hechos. La poderosa Central General de los Trabajadores del Perú, en su regocijo ante las reformas planteadas por la revolución del velasquismo peruano, afirmaba: «La reforma agraria permitirá el aumento de la producción alimenticia cuyo estancamiento clamoroso es consecuencia de la explotación latifundista y ha originado escasez y alza desorbitada de los precios de las subsistencias».
Claro que, en ese entonces, no se hablaba de soberanía alimentaria (este es un concepto enunciado en Roma en una de las conferencias de la FAO), pero estaba claro que muchas de las ideas incorporadas recientemente, como cultivos ineficientes, precariedad de la tierra y defensa de la producción agraria local, eran parte de la retórica izquierdista de Velasco.
Los resultados fueron catastróficos. Los precios de los alimentos se dispararon, las importaciones de trigo, carne, lecho, fréjol y hasta maíz y patatas ascendieron, la producción de azúcar bajó y el desempleo agrícola y la migración hacia centros urbanos aumentaron (Peñaherrera, op. cit.).
Se debe anotar también que la industria de la harina de pescado, una de las más fructíferas del Perú, fue nacionalizada. Misteriosamente, la anchoveta desapareció de la costa peruana reduciéndose la exportación a niveles mínimos. Cuando se desnacionalizó la industria, la anchoveta regresó como en sus mejores días (ibid.).
Por otro lado, si la soberanía alimentaria se entiende como autosuficiencia, independencia, autarquía o autonomía, entonces, sólo las personas y las comunidades primitivas más atrasadas podrían ser soberanas. La retórica socialista y los discursos alusivos al sumak kawsay (buen vivir) sobre la soberanía alimentaria parece sacada de folletines de cafetín, de mentes insomniáticas o de dramas romanticones propios de las telenovelas. El sentido común nos dice que en el mundo contemporáneo nadie puede vivir en autarquía.
Temístocles Hernández (2009), un agricultor con muchos años de experiencia, afirma:
«Los países ricos septentrionales, con regímenes climáticos de cuatro estaciones, no pueden decidir ser soberanos en alimentación porque tendrían que dejar de consumir azúcar de caña, arroz, café, cacao, mangos, bananos y todas las demás frutas tropicales y hasta hortalizas y legumbres frescas durante el invierno y las primeras semanas de primavera. Mientras que, en los países ecuatoriales andinos como el Ecuador, no se podrían consumir pan de trigo, o avena, máchica, arroz de cebada o cerveza; así como hortalizas, legumbres y verduras, huevos y pollos y hasta carne de chancho, porque las limitaciones climáticas, topográficas o de tamaño de las unidades productivas impiden su producción.
»Los cereales de mayor consumo humano y animal se producen mejor y seguro en climas de cuatro estaciones y en latifundios mecanizados. Cultivarlos en minifundios de ladera para cosecharlos manualmente, con hoz o a mano limpia, no conviene por anacrónico y antieconómico. Tal es así que, hoy, el Ecuador importa cada año alrededor de 650 mil toneladas de trigo —el 97% de su demanda—, aparte de otros productos básicos, como cebada, maíz, soya, avena, lenteja, chochos y más. En cuanto a la producción de legumbres, hortalizas y verduras, somos dependientes en extremo. Las semillas que utilizamos —de rábano, lechuga, melón, tomate, vainita, cebolla, brócoli, zanahoria y demás— son híbridas y, por supuesto, importadas. Las semillas híbridas pierden su normal capacidad reproductiva si se siembran de la segunda generación. Esto nos obliga a continuar importándolas para reponerlas siembra tras siembra, por siempre o hasta que las produzcamos nosotros».
La conclusión es obvia. Las políticas socialistas como la reforma agraria —por muy bienintencionadas que fuesen— resultan en un desplome del sector agropecuario, la emigración en masa hacia los centros urbanos y la pauperización de los campesinos, y, si se pretendiera la autosuficiencia alimentaria, sería una insensatez, porque la única manera de lograrlo sería vivir con la calidad de vida de las tribus más primitivas.
El grito de lucha de este Gobierno, causa de su popularidad, es la reducción de la brecha entre ricos y pobres. El frente social argumenta que la población rural es más pobre que la urbana, que la desigualdad en la distribución de la tierra es extrema. Para desincentivar mantener los terrenos inactivos, se han tomado medidas tributarias, pero lo que preocupa en realidad es la limitación a la tenencia de la tierra.
Vale la pena citar en su totalidad un excelente artículo de Gabriela Calderón de Burgos (2010a), porque lo que proponen los legisladores de Alianza País, o al menos los que controlan la Comisión de Soberanía Alimentaria, es una torpeza enorme: limitar la posesión a 500 hectáreas, es decir, condenar al agro no sólo a continuar sus penurias, sino además a empeorarlas.
«Dicen que los campesinos saldrán de la pobreza cuando se desconcentre la propiedad de las tierras y que, de esta manera, se promoverá el agro ecuatoriano. Pero consideremos la experiencia en otros países.
»En El Salvador, se realizó una reforma agraria en 1980. De acuerdo a Manuel Hinds, ex ministro de Finanzas, “la producción agrícola, que venía creciendo a tasas iguales o mayores que las de los otros sectores (industria y servicios) hasta los setenta, colapsó inmediatamente después de la Reforma Agraria y cayó en cada año de los ochenta. Luego, en los noventa y ya en este siglo, el sector se ha mantenido prácticamente estancado… mientras el crecimiento de los otros sectores se disparaba”. Además, “la producción agrícola cayó 23% en términos reales durante los ochenta”, caída que, aunque pudo haber sido causada también por el inicio de la guerra y otros argumentan que por la falta de subsidios, no se dio con igual intensidad en otros sectores.
»Un experimento extremo y más reciente es aquel de Zimbabue. Craig J. Richardson, autor de un libro acerca de la Reforma Agraria de 2000-2003 en Zimbabue, señala que, luego de la reforma en 2000, la inversión extranjera directa cayó a 0 para 2001 y la tasa de riesgo para la inversión para Zimbabue del Banco Mundial se disparó de 4% a 20% en el mismo año; como el Gobierno no respetaba la propiedad en una economía altamente dependiente de la agricultura, había mucho menos colateral para los préstamos bancarios y docenas de bancos colapsaron o se negaron a financiar a los agricultores; la tierra comercial agrícola perdió tres cuartos de su valor solamente en un año o 5 300 millones de dólares, y Zimbabue sufrió una hambruna en pleno siglo XXI.
»Aquí ya se han realizado reformas agrarias inspiradas en la idea de que el problema es la concentración de tierras. Vale la pena preguntarnos si existe una fórmula para determinar cuál es la distribución óptima o ideal de tierras. Creo que no existe tal fórmula, al menos no una que nos proteja de una redistribución arbitraria de las tierras.
»Al crear una justicia paralela (los jueces agrarios) y al proveer causales vagamente definidas para expropiar una tierra, se desalienta la inversión. Mientras menos se invierta por hectárea, más se deprimirá el salario del campesino. El proyecto de ley propuesto por el Sistema de Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador (Sipae), por muy buenas intenciones que tenga, da el poder a un organismo controlado por el Ejecutivo de redistribuir tierras de manera arbitraria. Entre los criterios para expropiar, se encuentran “la presión demográfica”, el incumplimiento de “la función social y ambiental” y “la adquisición mediante lógicas especulativas”. [Decisiones que claramente serán subjetivas].
»Además, el Sipae propone prohibir la concentración de más de 500 hectáreas de tierra por parte de una sola persona (más de 300 si la persona es extranjera), cortando las alas a aquellos nuevos empresarios agrícolas que quisieran expandirse.
»Para que los agricultores prosperen, se les debe garantizar su derecho de propiedad alentándolos a realizar mayores inversiones a largo plazo y aplicar las últimas tecnologías. La redistribución de tierras y gran parte de la política agrícola ecuatoriana de las últimas décadas han hecho lo contrario».
Si se continúa utilizando las mismas políticas, los resultados serán los mismos. Según Walter Spurrier (2010b), si pasa la legislación propuesta en la Asamblea, se destruirían “unidades agrícolas eficientes, como ingenios azucareros, plantaciones de banano y palma”. Es un sinsentido que los corazones ardientes, las manos limpias o las mentes lúcidas sigan aferrados a las políticas caducas que mataron de hambre a millones en China, Vietnam o Corea del Norte. ¿Por qué no se comienza repartiendo las tierras que están en posesión del Gobierno o las de las FF.AA.?, ¿o no será, como hemos venido sosteniendo en este libro, que la Revolución Ciudadana no es más que el socialismo de la lucha de clases, es decir, el de siempre?
El origen de la deuda externa peruana se dio en la década de los setenta, con el Gobierno militar de Velasco Alvarado. Un día, éste se excusó diciendo: “Si no hubiéramos hecho nada, no tendríamos por qué haber gastado nada, pero la revolución necesitaba cambios que costaban dinero”. Lamentablemente, los cambios que se hicieron en su Administración fueron un fracaso total. Curiosamente, fueron las Administraciones de izquierda (incluyendo la primera de Alan García) las que se endeudaron en forma creciente. De 1970 a 1990, la deuda creció del 17% al 63% del Producto Interno Bruto (PIB). Fueron las Administraciones “neoliberales” de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo las que redujeron el peso de la deuda a un manejable 16%.
* Cifras publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú.
Por muchos años, se había venido deplorando y lamentando el peso de la deuda externa ecuatoriana. Igual que en Perú, fue la Administración revolucionaria de Guillermo Rodríguez Lara la que inició el endeudamiento agresivo. * Sin perjuicio de que su origen haya sido ilegítimo, como sostiene la Comisión de Investigación de la Deuda Externa, es importante señalar que fue durante la “larga noche neoliberal” que la proporción de la deuda externa con respecto al PIB bajó desde 119% en 1989 hasta alrededor del 30% en 2006 durante la Administración de Lucio Gutiérrez. Y no porque se pagó la deuda significativamente, sino porque creció la economía reflejada en el aumento del PIB. **
* Wilson Pérez (op. cit.) indica que la deuda externa creció de 260,8 millones (16% del PIB) en 1971 a 5 868,2 millones (42% del PIB) en 1981.
** Datos obtenidos del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador.
Es verdad que el porcentaje de la deuda se redujo durante el Gobierno de Correa aún más, del 19% al 14%, pero como resultado de una manipulación maquiavélica del mercado * y la utilización de fondos:
«… antes tan criticados [pero que] han sido muy útiles al Gobierno. En efecto, en septiembre de 2008, la Reserva Internacional (ahorros de diversas instituciones del país) era de 6 500 millones de dólares, de los cuales, aproximadamente 2 200 millones eran del Gobierno, 2 000 millones del IESS, 1 000 millones de la banca y la diferencia de otras entidades estatales. Cuando en ese mes realmente impacta la crisis internacional al Ecuador porque empieza el derrumbe del precio del petróleo y otros impactos, el Gobierno utiliza la reserva para compensar los desfases financieros, y es así como, en junio de 2009, la reserva estaba en 2 200 millones, es decir, se utilizaron 4 300 millones en nueve meses, ¡todos los fondos del Gobierno más préstamos del IESS! (Pablo Lucio Paredes, 2010)».
* Los detalles de la manipulación se pueden encontrar en el documento La verdad sobre la deuda externa ecuatoriana, de Bruno Faidutti, IEEP, 2007.
Vale repetir, fueron los Gobiernos revolucionarios de Velasco Alvarado y Rodríguez Lara los que abrieron la puerta para el endeudamiento, mientras que fueron los “neoliberales” los que lograron reducirla, tanto en su monto como en el peso de su amortización.
Antes de que el Gobierno comenzara a “repudiar” al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ecuador era uno de los países menos endeudados del mundo. Los pagos por deuda e intereses eran tan bajos que pareció haberse terminado, que no iba a ser eterna. Pero el financiamiento del proyecto político recobró nueva vida para los acreedores y empobrecimiento para el pueblo.
China se ha convertido en la principal fuente de crédito para el país. El primer préstamo fue de 1 000 millones, a dos años con una tasa anual de 6,5% y el compromiso de venta de 36 mil barriles de petróleo diarios. El monto total de los préstamos chinos llega a 5 000 millones de dólares, a tasas de interés de entre 6% y 7%. Estas condiciones son peores que las de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el FMI, tan impugnados por los socialistas. Actualmente, el FMI está realizando préstamos al 1,1% y hasta 12 años plazo y con condiciones mucho más relajadas que antes. En 2005, el Ecuador pagaba un promedio de 2,7% al FMI y 4,1% a otros Gobiernos.
Es más, se conoce que las operaciones de crédito con China han aceptado tribunales de arbitraje internacional en Londres para solucionar posibles conflictos futuros. Es que los chinos no van a prestar así nomás sabiendo que, en el pasado, se ha repudiado la deuda con países extranjeros.
Sería fatuo pensar que haya personas serias y sensatas que no se preocupen por el desarrollo económico, por la evidente y desastrosa desigualdad de ingresos o riqueza o por las carencias enormes de los pobres en países como el Ecuador. Sin desmerecer que estas dos últimas situaciones, desigualdad y pobreza, merecen cuidado especial en el diseño de políticas públicas, no es factible ni viable tratar de resolverlas si no van acompañadas de un esfuerzo significativo para acelerar el crecimiento y el desarrollo económico.
Mucho existe en la literatura económica al respecto, pero vamos a concentrar el análisis en el desempeño de la economía desde la perspectiva de la seguridad jurídica, es decir, el marco institucional, las reglas que, como dijimos anteriormente, generan los incentivos o desincentivos para la actividad económica. Hay que enfatizar que la corrupción, el uso de los fondos públicos y la tramitología son también factores determinantes para el buen o mal funcionamiento de la economía.
Aunque parece perogrullada, no puede negarse que, sin un marco institucional (las “reglas del juego”) que proteja y haga respetar los derechos de los ciudadanos, nunca se podrán crear las condiciones para la creación y la acumulación de riqueza. Si éstas proporcionan favoritismos y prebendas para algunos o si están a discreción de los gobernantes o legisladores, tendremos primero una concentración de riqueza en manos de los favorecidos y, segundo, tasas de crecimiento menores a las que existirían por el desincentivo a emprender negocios o entrar en contratos mercantiles, es decir, a dedicarse a actividades productivas.
En lo económico, entre las reglas más importantes, están los derechos a la propiedad privada, las condiciones a la inversión y a la producción, y el sistema de tributación. En lo social, son importantes la administración de justicia, la seguridad personal y un buen sistema de educación pública. ¿Está haciendo lo que se debe el proyecto político de la Revolución Ciudadana? El mejor barómetro para medir los resultados son las cifras publicadas por el mismo Gobierno o por analistas económicos de conocida reputación.
Durante este Gobierno, el gasto público pasó de 24% del PIB en 2006 a 40% en 2009. Se estima un Presupuesto de 16 857 millones de dólares pero, como no van a haber suficientes fondos ni del petróleo ni de los impuestos, el déficit para 2010 se cree que llegará a 4 000 millones. Para tener una idea de cómo ha crecido el gasto del Gobierno central, veamos que el déficit de 2009 (2 635 millones de dólares) constituye 80% de todo lo que gastó en 2000. Hace cinco años, el gasto del Gobierno ascendía apenas a 6 232 millones de dólares.
Para tapar la “brecha”, el Régimen consiguió que el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) adquiriera bonos del Estado en un monto de 3 568,2 millones de dólares. El IESS se ha convertido en la “caja chica” del Gobierno pues, en cuanto le falta plata, echa mano del dinero de los obreros, empleados y jubilados.
Pero el problema no radica en el financiamiento, radica en el excesivo gasto público. Ventajosamente, desde que se dolarizó la economía ecuatoriana, el Gobierno ya no dispone de la máquina para hacer billetes que, además de la deuda y la tributación, era una de las maneras más nocivas de empobrecer al pueblo. No obstante, se debe advertir que el propuesto Código de Planificación y Finanzas Públicas crea mecanismos para que opere en un entorno igual al que existiría sin dolarización.
Este Código, en opinión de varios analistas —Gonzalo Maldonado Albán, de El Comercio; Pablo Lucio Paredes, de El Universo; Simón Cueva de diario Hoy—, consagra la adicción del Gobierno a gastar plata ajena y permite el endeudamiento para gasto corriente violando indirectamente la Constitución, que solo autoriza deuda para gastos de inversión.
Alianza País llegó al poder prometiendo prestar más atención (con mayor gasto público) a lo social: salud, educación y vivienda e infraestructura (carreteras, puentes, aeropuertos, etc.). Pero ¿es verdad que el sector social ha sido prioridad dentro del gasto público?
Según Gabriela Calderón (2009):
«Los Gobiernos que precedieron al de Rafael Correa ya estaban aumentando el gasto: entre 2003 y 2007, el “gasto social” en el Ecuador creció en 129,7%; en otras palabras, más que se duplicó en cuatro años. Si observamos por separado cada ministerio involucrado en este “gasto social”, vemos que las tasas pueden ser aún más impresionantes: entre 2004 y 2007, el presupuesto del Ministerio de Bienestar Social creció en 431,7%; el de Desarrollo Urbano y Vivienda, en 214,3%; el de Educación, en 64,7%; el de Salud, en 76,8%, y el de Trabajo en 148,2%.
»En todo el Presupuesto, solo el gasto de un sector tendrá un crecimiento de tres dígitos: el de la Presidencia y sus entidades administrativas (267%). Según el Observatorio de la Política Fiscal, en el Presupuesto para 2010, vemos que el gasto en vivienda se reduce en 52 millones de dólares y que el aumento para salud (270 millones) y educación (274 millones) sumados (270 millones + 274 millones = 544 millones) son menos que el incremento en el gasto para la Presidencia y sus dependencias (586 millones)».
Hablando en porcentajes, se aumentan los gastos para la Presidencia en 260% y los de educación y salud en 9,3% y 27,7%, respectivamente. Los gastos en vivienda se reducen en 24,3%. El gasto en defensa crece en 29,8%. Vaya prioridades de un Gobierno que dice poner primero a los pobres…
Según Vicente Albornoz (2010): “El gasto público en el Ecuador está diseñado para beneficiar a las clases media y alta, pues los mayores rubros de gasto (burocracia y subsidios a los combustibles) llegan directamente a esos grupos de población. Para el próximo año, está previsto que el Gobierno gaste 6 000 millones de dólares en burocracia (clase media y alta) y 1 600 millones en subsidios a los combustibles, mientras que al bono solidario (que llega a los pobres) se destinarán solo 660 millones de dólares”.
Otros gastos estrafalarios, entre los más conspicuos (porque hay otros que ni se sabe cuántos son, como los gastos de las FF.AA. o del cuerpo diplomático), son:
—Las cuatro campañas electorales adicionales y la publicidad electoral que se pagó con plata del Estado. El gasto para redactar una Constitución tan inaplicable que varias leyes aprobadas después violan. El gasto en una Asamblea Nacional que no ha cumplido a tiempo las tareas que la Constitución le encomendó.
—La publicidad para convencer al país de que la Revolución Ciudadana “está en marcha” y los insultos a la prensa durante el Mundial de Fútbol.
—Las reuniones de Alianza PAÍS que paga el Estado.
—El helicóptero indio que se cayó y los aviones “inteligentes” que no vuelan por falta de repuestos.
—Los gastos en empresas públicas que dan pérdidas, como la millonaria inversión para relanzar El Telégrafo y mantener El Ciudadano, dos periódicos que nadie lee, y la inversión en el nuevo diario del Gobierno El Verdadero. Las pérdidas de Alegro y las de GamaTV.
—El Gobierno del Litoral y los ocho superministerios y otros organismos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que pidió millones de dólares para su operación. Las numerosas comisiones (para investigar la deuda externa, los contratos del hermano del presidente, el bombardeo en Angostura y la infiltración de la CIA, entre otras), que no condujeron a ninguna parte.
—La evaluación de las universidades que preparó el Conea y que no sirvió para nada.
—Las pérdidas en los gastos de infraestructura. Ejemplos: la concesión del puerto de Manta, que fracasó; las excesivas instalaciones del aeropuerto internacional de Santa Rosa; la demora en el puente sobre el río Babahoyo; los millones que pagaron a Enarsa por no construir Coca-Codo Sinclair.
—El costoso equipo de seguridad del presidente. El nuevo avión presidencial, y otro, más grande y lujoso, que piensan comprar. El chef belga.
Las extensas comitivas del presidente en sus viajes al exterior.
Debe quedar claro que, a pesar de la retórica de la redistribución y reducción de la pobreza, los recursos del Estado, que son de todos los ecuatorianos están siendo desperdiciados. Es que (el que parte y reparte…) el gasto público, en lugar de ser un remedio, es un perjuicio.
Dicen que hay muchos pobres. No obstante, hay récords de ventas de automóviles; en los días feriados, no se puede conseguir alojamiento en los lugares de recreación y los transportes públicos se abarrotan; en los restaurantes de lujo, no hay mesas libres. Y, sin embargo, los economistas insisten en que la economía está mal. Veremos más adelante que, en la medida del desempeño económico del país, la producción por persona cayó en 2009 en 1%, aproximadamente; es decir que el Ecuador produjo casi lo mismo que el año anterior. Aunque en 2010 se prevé una mejora en el crecimiento (3,7%), esto es bajo si se compara con lo que se pronostica para Perú, Uruguay o Brasil en el mismo período (8,3%, 8,7% y 7,5%, * respectivamente) y es el más bajo de la región excepto por Venezuela, cuya economía se prevé caerá en 1,3%.
* Calculados por el Fondo Monetario Internacional (click para ver.)
Entonces, si no está creciendo la producción, ¿por qué la gente paga para divertirse, se venden autos y se abarrotan los restaurantes? Porque la producción no crece, pero la demanda sí.
La demanda crece porque el gasto público ha crecido. Hay más burócratas: se calcula que “trabajan” para el Gobierno aproximadamente 454 mil personas. Entre 2007 y 2010, aumentaron 95 mil empleados del Estado. El costo de los trabajadores públicos representará más del 10% del PIB y 60% del gasto corriente para 2010.* Se crearon ocho superministerios. Los superministros tienen asistentes, secretarias, asesores; a todos se les paga. Se subió el sueldo a los maestros, miembros de la Policía y las FF.AA.; no digo que esto esté mal, sino que estos recursos incrementan la demanda.
* Según el Observatorio de la Política Fiscal.
Como tienen más platita (un aumento en sueldos de 45% en cuatro años no cae mal a nadie), cambian de carrito y de celular. Los que menos ganan compran en los almacenes chinos; los otros, en los centros comerciales de lujo.
Pero, como no estamos produciendo, ¿de dónde salen esos productos que consumimos? ¡De las importaciones! Entre el primer trimestre de 2006 y el primer trimestre de 2010, han crecido en 62% (en dólares corrientes, sin contar importaciones de combustibles). Si vendemos al exterior menos que lo que compramos, ¿de dónde sale la plata para pagar esos gastos? Un gran parte de préstamos. Igualito a lo que nos pasa a usted, a mí, y a todo el mundo: si se gasta más que los ingresos, la única salida es endeudarse. Por eso es que necesitamos que los chinos, los venezolanos, los iraníes, nos presten.
La izquierda que llevó al poder a Correa ha vivido del mito de que un mayor gasto social significa menos pobreza. No es verdad. Los datos que permiten demostrar la falsedad de este mito son clarísimos. Entre 2001 y 2006, el gasto público creció en promedio en 14%. En esos años, la pobreza cayó a un promedio de 3 puntos anuales. En 2008, el gasto se disparó en 70% y la pobreza cayó solamente un punto.
El economista mexicano Roberto Salinas León resume el mito del gasto social en dos puntos: (1) aumentarlo no crea riqueza, solo la transfiere de un lugar a otro y, para reducir la pobreza, hay que crear riqueza; (2) el problema no es la cantidad de recursos, sino el desperdicio de ellos por la mala gestión de las entidades públicas.
Otro mito que debe desterrarse es el de que el gasto público dinamiza la economía y baja el desempleo. En 2008, el gasto público creció más que el PIB, o sea, el gasto no tuvo ningún efecto multiplicador en la economía y cada dólar gastado por el Gobierno aumentó la producción en menos de USD 1. El desempleo, a pesar de ese aumento del gasto público, en septiembre de 2009 fue de 9,1%, significativamente más alto que en septiembre de 2007 cuando era 7,1%. * Claro que todo esto se agravó por el famoso mandato 8, que mató la contratación por horas.
* Según cifras publicadas por el INEC.
Sería inútil repetir los perjuicios económicos y emocionales que producen el desempleo y el subempleo. La ciencia económica afirma que el sueldo y el salario deben estar íntimamente ligados a la productividad porque, si no, se producen distorsiones en el mercado laboral, sobre todo con respecto a los niveles de empleo.
El gráfico muestra cómo la tasa de desempleo (las líneas de color rosado) tiene una tendencia a subir y se ha agravado desde junio de 2007 hasta septiembre de 2009,* aunque el subempleo (líneas color azul) tiene una tendencia a disminuir. Es importante anotar que el desempleo comenzó a subir en cuanto se supieron los resultados electorales para la Asamblea Constituyente (diciembre 2007), cuando se institucionalizó la inflexibilidad laboral. La productividad en el Ecuador ha permanecido prácticamente constante (en 1991 la productividad laboral promedio fue de 13,94, para el 2000 había descendido a 12,87**) pero los sueldos han aumentado por razones políticas. El problema se ha agravado porque el trabajo por horas y la tercerización fueron eliminados por la Revolución Ciudadana.
* Cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Revisar el sitio web.
** Según cifras publicadas en World Development Indicators.
El Gobierno sostiene que cifras recientes demuestran que el desempleo ha bajado al 7,7% entre diciembre de 2006 y diciembre de 2009 y que 197 000 personas dejaron de ser pobres extremos, lo cual evidenciaría una drástica declinación de los niveles de indigencia en el Ecuador. El problema está en que el desempleo se redujo no porque se hayan creado nuevos empleos, sino porque los trabajadores están abandonando la economía, muchos emigran a otros países. Para el segundo trimestre de 2010, la Población Económicamente Activa (PEA) se redujo en 2,9% (131 875 personas) en relación al segundo trimestre de 2009. Todo esto, mientras la población en edad de trabajar aumentó en 3,2%.
Si a esto añadimos que (según un editorial de El Universo, 23 de septiembre de 2010) la Secretaria Nacional del Migrante denunció que, en los dos últimos años, más de 200 ecuatorianos habrían desaparecido en el intento por emigrar ilegalmente a Estados Unidos. Un desaparecido cada tres días, aproximadamente. ¿Cuántos habrán logrado traspasar la frontera ilegalmente? La emigración clandestina sigue lamentablemente siendo una opción para compatriotas nuestros, que la escogen ahora sabiendo incluso que pueden perder no solo su libertad, sino hasta la vida a manos de criminales desalmados. ¿No son estos los resultados perversos de políticas mal ejecutadas basadas en ideas mal concebidas?
En 2001, la carga tributaria promedio fue del 29,23%: para las familias más pobres fue del 22,06% y para las de clase media, 35,81%. Los impuestos “incorporados” en los precios hacen que se aumenten en 23,43%.* Un profesor universitario calculó cuánto pagaba en impuestos: a la renta, contribuciones al seguro social, IVA, ICE, predial y otros, y era ¡el 50% de su sueldo! La mitad de lo que ganaba se lo llevaba el Gobierno, incluyendo la Municipalidad.
* Ver López (2001).
Reproduzco el correo electrónico de un ecuatoriano radicado en EEUU a un amigo que vive en el Ecuador y que describe de manera aguda y penosa el costo de los impuestos.
«¿Los ecuatorianos somos ricos…?
»Juan, cómo se ve que los árboles no te dejan ver el bosque. ¿Cómo puedes llamarte pobre cuando eres capaz de pagar por un metro cúbico de agua más del doble de lo que pago yo, cuando te das el lujo de pagar tarifas de electricidad y/o de teléfono 60% más caras de lo que me cuestan a mí?
»O cuando, por un carro que a mí me cuesta 10 000 dólares, tu puedes pagar 28 000 dólares, porque tú si puedes darte el gusto de regalar 8 000 dólares al Gobierno, y nosotros, no. ¡Pinche Juan!, ¡NO TE ENTIENDO!
»Pobres somos nosotros, los habitantes de Florida, ya que el gobierno estatal, teniendo en cuenta nuestra precaria situación financiera, nos cobra solo el 2% (hay otro 4% que es federal. Total: 6%) de impuestos por IVA, y no 12% como a ustedes, los ricos que viven en el Ecuador. Además, son ustedes los que tienen “impuestos de lujo” como el ICE (por alcohol, cigarros, puros, cerveza, vinos, etc.), que alcanzan hasta el 120% de impuesto, o los otros como el impuesto al activo, las matrículas, 2% nómina, 2% hospedaje; y dichoso que todavía te das el lujo de pagar IVA por estos impuestos.
»¿Porque, si ustedes no fueran ricos, qué sentido tendría tener unos impuestos de ese calibre? ¿Pobre? ¿De dónde? Un país que es capaz de cobrar el IR (Impuesto a la Renta) por adelantado como el Ecuador necesariamente tiene que nadar en la abundancia porque asume que los negocios de la nación y todos sus habitantes tendrán siempre ganancias y, por supuesto, como su nombre lo indica: ricos.
»Los pobres somos nosotros, que no pagamos Impuesto a la Renta si ganamos menos de 3 000 dólares al mes por persona. Y allí pagan policía privada, mientras que nosotros nos conformamos con la pública. Y envían a los hijos a colegios privados; y mira si seremos pobres aquí, en EE.UU., que las escuelas públicas te prestan los libros de estudio previendo que no tengas con qué comprarlos.
»A veces me pongo verde de envidia pensando que, cuando en el Ecuador sacan un préstamo cualquiera, son capaces de pagar 28% anual de intereses como mínimo. ¡Eso es ser rico! No como aquí, que apenas llegamos al 8% (generalmente 7,8%), justamente porque no estamos en condiciones de pagar más. Supongo que, como todo rico, tienes un carro y que estás pagando 8% o 10% anual de seguro; si te sirve de información, yo pago solo 345 dólares por año. Y, como te sobra el dinero, tú si puedes efectuar pagos anuales de hasta aproximadamente USD 1 000 por concepto de eso que ustedes llaman matrícula, mientras que, acá, nosotros no podemos darnos esos lujos y, cuando mucho, pagamos 15 dólares anuales por el “sticker”, sin importar qué modelo de auto manejes. Pero, claro, eso es para gente apretada de recursos que no puede erogar los enormes flujos que ustedes, los ecuatorianos, manejan.
» Saca la cuenta. ¿Quién es el rico y quién, el pobre?
»Vamos, hermano, te quedaste porque eres rico. Son los pobres como yo los que nos fuimos.
»Bueno, Juan, te mando un abrazo y, ahí, me platicas luego que otros impuestos tienen el honor de pagar.
» Atentamente,
»Tu amigo pobre».
Afirma Valdivieso (op. cit.): «Con el eufemismo de establecer la equidad en el Ecuador, la Constituyente implantó una serie de impuestos confiscatorios, con trabas a la inversión privada y cargas para la salida de capitales, sean éstos para inversiones o sencillamente préstamos provenientes del extranjero. Es comprensible que se trate de reducir técnicamente la desigualdad económica mediante impuestos progresivos y no con una reforma brutal que ahuyente al capital nacional o extranjero… Mientras en la mayoría de los países del globo terráqueo se produce una tendencia convergente a reducir impuestos, en el Ecuador, los asambleístas hicieron todo lo contrario: los subieron sin ponderación. En ocho días y, seguramente, sin tener especialistas fiscales dentro de la Asamblea, aprobaron la nueva ley impositiva».
Durante este Gobierno, se han realizado tres reformas tributarias (aproximadamente una al año). Así se agrava la incertidumbre que ahuyenta la inversión. Esto porque el Gobierno se ha encargado de espantar todo aquello que parezca inversión privada, nacional o extranjera.
El mundo moderno exige flexibilidad, es decir, facilidad para adoptar y adaptarse a los nuevos procesos tecnológicos y científicos. Hoy más que nunca, los países que progresan no son los dotados de recursos naturales o industrias pesadas. Las empresas dinámicas son las que sobreviven y progresan. Ejemplo: la industria de los blue jeans de China tiene dificultad en competir con los hechos en Pelileo. La explicación es fácil: las industrias chinas son gigantescas y no pueden adaptar sus instalaciones a los diseños de los modistos que cambian a cada rato sus modelos.
Así se titula el editorial del diario Hoy del 17 de septiembre de 2010 y que dice lo siguiente:
«Ecuador tiene niveles de inversión externa extremadamente bajos en relación con los países vecinos. Mientras entre 2007 y 2009, el país recibió con inversión extranjera directa (IED) 1 506,47 millones de dólares, según datos de la Cepal, Perú contó en esos tres años con 17 174,47 millones de dólares y Colombia, con la suma de 26 833,12 millones de dólares por IED. Descontadas las dispares dimensiones de cada economía, la abismal diferencia salta a la vista.
»La posibilidad de conseguir índices significativos de crecimiento económico pasa por atraer las inversiones al país. Y entre los incentivos esenciales para ellas, se cuentan las condiciones de seguridad jurídica y estabilidad política.
»Lamentablemente, las señales dadas por el Gobierno van en dirección contraria a la estabilidad en las reglas jurídicas. Una vez terminado el proceso de aprobación de la nueva Constitución, queda todavía a medio camino la tortuosa aprobación de todo el marco legal necesario que se acople a esta. Y, al mismo tiempo, se ofrecen señales poco coherentes en diversas instancias de decisiones que, sin duda, impiden generar el ambiente de confianza y estabilidad jurídica que requiere un país para atraer las inversiones.
»Así, por ejemplo, como observó el jueves el Análisis de Hoy, mientras, por un lado, el presidente de la República llama en su reciente viaje a Japón y a Corea a invertir en el Ecuador, la Asamblea, con el voto del oficialismo y por pedido del mismo presidente, deja sin vigencia los tratados de fomento y protección recíprocos de inversiones con Alemania y Gran Bretaña.
»Otro ejemplo es el de la inestabilidad legal y del cambio de la modalidad de los contratos petroleros que, sin duda, son causas para la caída de la inversión de las empresas petroleras privadas.
»Urge crear condiciones que favorezcan la inversión productiva para el desarrollo económico del país, que queda cada vez más rezagado en relación con los vecinos».
La salida del Ciadi (un sistema de arbitraje internacional que abarca más de 120 naciones) dio una señal inequívoca que el Gobierno tiene poca inclinación a recibir inversión extranjera. Además, hay que considerar una potencial ley de redistribución de tierras y la probabilidad de que se dejen sin efecto 13 tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones y el efecto nocivo del Impuesto a la Salida de Capitales.
La falta de previsión provocó apagones eléctricos en 2009. Se dijo que el problema se debía a la sequía. Pero Vicente Albornoz (op. cit.) lo desdice: «En los primeros 15 días de noviembre de 2009, el caudal promedio del agua que llegó a Paute fue superior al que hubo en diciembre de 1989, enero de 1992, diciembre de 1998 y febrero de 2004. Eso significa que, en esos meses, la sequía fue peor que en los peores días de la supuesta sequía del mes pasado. Y eso que estos datos son solo desde que se inauguró la represa en 1983. La sequía ha sido, por lo tanto, fuerte, pero no la peor de los últimos 26 años, y no se puede argumentar que los apagones actuales se deban a la falta de lluvias». El fantasma de los apagones no ha desaparecido, y si éstos se acaban, es a un costo altísimo, porque proviene de combustibles importados, caros y contaminadores.
La delincuencia sigue siendo un serio dolor de cabeza para la ciudadanía. Las notas de prensa son alarmantes. Parece no haber un ecuatoriano que no tenga a alguien cercano que haya sido asaltado o robado. No es posible calcular el valor de las vidas y los bienes perdidos por haber subestimado el auge de la delincuencia. Pero deben ser cuantiosos.
Una medida de la calidad del entorno hacia las inversiones es el riesgo país. Es un Indicador de los bonos de los mercados emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) que es medido por la firma calificadora JP Morgan y que calcula el grado de posible insolvencia de determinada economía, lo que permite a los agentes financieros extranjeros establecer sus posibilidades de inversión. Mientras más alto el riesgo, mayor el índice.
Como fluctúa diariamente, lo mejor es analizar su tendencia. Antes de que Correa fuera ministro de Economía, el índice se ubicó en un mínimo de 455 (7 de mayo de 2006), pero subió a 650 en septiembre, bajó a 500 después que salió del Ministerio pero volvió a subir a 805 (15 de enero de 2007), el día que asumió la Presidencia.
Desde entonces, ha fluctuado alrededor de los 1 000 puntos; ningún día, ha llegado al nivel de mayo de 2006 y tuvo récord de 1 060 en agosto de 2010; para el 22 de septiembre, bajó un poco: a 1 032. La evolución del riesgo país es una clara muestra de que el marco institucional hacia la inversión ha creado incertidumbre, por lo cual se explican las condiciones de los créditos chinos al país, como tasas de interés entre 6% y 7%.
La política con respecto a la inversión se refleja en un bajo crecimiento económico. El Gobierno pronosticaba un crecimiento de 6,8% para 2010. Se ha cambiado el pronóstico y se espera —según el Gobierno— 3,7%. Si se toma en cuenta el crecimiento de los que están en edad de trabajar (3,2%), el deterioro es notable y es la razón para el aumento del desempleo. El desempleo no viene por una falla en el uso masivo de los recursos del Gobierno, sino en el desaliento y la incertidumbre que hemos descrito. La inversión no realizada destruye la posibilidad de crear fuentes de empleo. Con una población creciente, sin nuevas inversiones, se incrementa el desempleo. El desempleo destruye las familias y la fibra moral de la sociedad, porque estimula la emigración y la delincuencia.
Indicamos la fuente de ineficiencia y despilfarro de los proyectos públicos en general. Básicamente, decíamos que el problema agente/principal era peor en el sector público que en el privado porque los administradores de la cosa pública manejaban plata ajena.
Son más de diez los medios controlados por el Gobierno pero, como el dinero no es propio, salió a la calle el periódico El Verdadero, empresa destinada a despilfarrar la plata y a fracasar si no se le subsidia como está ocurriendo con el diario El Telégrafo; otro ejemplo es la empresa de teléfonos celulares Alegro, que ha desperdiciado la bicoca de más de 200 millones de dólares. Es que, cuando les va mal, como suele suceder con las empresas públicas, los “administradores” se llevan sus sueldos y bonificaciones sin perder ni un minuto de sueño.
Otro caso emblemático de la ineficiencia de las empresas estatales es lo que está ocurriendo con la recolección de basura en Quito. Hasta junio 2009, la recolección de desechos sólidos de la capital era realizada por dos empresas: la privada Quito Limpio y la pública Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo). Consecuente con la ideología del proyecto político, en la nueva administración de la ciudad, la recolección la hace hoy exclusivamente Emaseo. En este sentido, Alonso Moreno*, concejal y parte del Directorio de Emaseo, explicó que esto obedece a una tesis planteada desde el Gobierno central. «La nueva Constitución abarca la creación de empresas públicas para los servicios estratégicos de los distintos niveles de gobiernos, esto hizo que se genere la Ley de Empresas Públicas y tengan esta tesis de gobierno; más aún si el Municipio de Quito es del mismo partido de Gobierno», acotó.
* Nota de prensa publicada en www.ecuadorenvivo.com.
Continúa la nota de prensa:
«Emaseo asegura que el costo del servicio para los quiteños no aumentará. En cambio, Quito Limpio argumenta que eso es falso, que el servicio, al final, será el más caro de Latinoamérica. El costo promedio por tonelada, en números redondos, Emaseo 75 dólares, incluye el servicio en parroquias rurales, y Quito Limpio 25 dólares, no incluía sectores rurales.
»“Lo que nadie puede negar, y mienten si lo niegan, es que el consorcio Quito Limpio representó ahorros importantísimos a la ciudad. Por poner un ejemplo, en el año 2009, el presupuesto total de Emaseo fue de 27 millones de dólares; de estos, se repartieron 6 millones para Quito Limpio, es decir, Quito Limpio representó a la ciudad un costo de 6 millones en 2009, la diferencia, los 21 millones de dólares, se la gastó Emaseo, ¿haciendo qué? recogiendo la misma cantidad de basura que recogía Quito Limpio”, aseguró Carlos Reyes, vocero de Quito Limpio.
»Pero, en esta fase de transición entre ambas compañías, los afectados fueron los ciudadanos, sobre todo en los primeros días en los que se cambió de operadora: fundas llenas de basura en las esquinas de los barrios del sur eran la tónica; eso se ha logrado superar en la actualidad, pero existen todavía lugares en los cuales el servicio de Emaseo no es el esperado».
Una de las políticas de la “larga noche neoliberal” fue la privatización de las empresas públicas precisamente por el desperdicio y la impunidad con la que operaban. Según Alberto Acosta, CEPE despilfarró más de 8 000 millones de dólares, dato corroborado por Hugo Carrillo (1993), quien sostiene que, si no hubiera habido CEPE, el Estado habría recibido 10 000 millones de dólares. Carrillo descuenta la obra realizada por CEPE y concluye que al país le quedaron alrededor de 6 000 millones. Se desperdiciaron en dinero contante y sonante más de 4 000 millones de dólares.
Sabemos que la segunda fuente de ingresos del Fisco (después del Impuesto a la Renta y del IVA) es el dinero que se recibe por la producción y la exportación de petróleo. Como la producción de petróleo había comenzado a descender, Correa encargó la administración de Petroecuador a la Armada Nacional. Spurrier (2010a) señaló:
«Correa recibió una producción petrolera de 517 000 barriles diarios pero, en tres y medio años de Gobierno, ha perdido 27 000. En ese lapso, produjo 635 millones de barriles de crudo que, gracias al alto precio (promedio 66 dólares), tuvo un valor de mercado de 42 000 millones de dólares. A pesar de lo cual, el crecimiento económico promedió sólo 2,9%. Por crecimiento poblacional, debieron crearse al menos 300 000 empleos, y se perdieron 150 000: hueco de 450 000 empleos.
»En 1996-2006, período que incluye la crisis de 1998-1999, el valor de la producción petrolera, por el bajo precio (27 dólares), tuvo un valor total similar en 10 años, sumados al que Correa tuvo en solo tres y medio. A pesar de ello, la economía creció más: 3,4% en promedio».
Incluso en 2002, 2005 y 2007, se observa un decrecimiento del PIB petrolero, en términos constantes, y, en 2001, 2002, 2005, 2006 y 2007 (es decir, en cinco de los siete años dolarizados analizados), el resto de los sectores económicos crece mucho más que el petrolero. Tanto es así que, y pese a los altísimos precios del petróleo de los últimos años, el peso de la producción petrolera en la economía se mantiene en alrededor del 12% (pasaría sólo del 12,1 en 2001 al 12,5% en 2007).
Y el problema petrolero es más grave (no se puede solucionar simplemente retirando a los almirantes de su administración). Los campos petroleros son viejos (descubiertos hace décadas), sobreexplotados, pequeños y marginales. Los crudos son de calidad inferior y la tecnología empleada es obsoleta. Es más fácil encontrar petróleo en Perú o Colombia. Desdichadamente, entre los remedios propuestos —que se darán los permisos a compañías estatales extranjeras, sin licitación— son semilleros de serios problemas de corrupción.
Desde un principio, el Gobierno anunció su desprecio por los acuerdos de libre comercio con otros países. Correa llamó a eso “bobo aperturismo”. La consecuencia ha sido que cada seis meses debe cabildear (¿cuánto cobrarán los cabildeadores–lobbyists?) ante el Congreso de Estados Unidos la renovación del sistema de preferencias arancelarias andinas (ATPDEA, por sus siglas en inglés). Se argumenta que no es una “limosna” la que se nos hace, sino una obligación por la lucha contra la droga que realiza el país. Sin desmerecer este argumento, sí preocupa que un día de estos no los renueven. Si eso sucediera, se calcula que se perderían 300 mil puestos de trabajo.
En materia de aranceles, el Gobierno actúa más por motivos políticos o conveniencia de relaciones internacionales que con una política estable. Cuando hubo los problemas con Colombia por lo de Angostura, se rompieron las relaciones comerciales con el hermano país del norte, que es nuestro segundo socio comercial, después de Estados Unidos.
Hubo empresarios que crearon empresas durante la administración de Lucio Gutiérrez porque su Administración tenía como objetivos incentivar el comercio exterior. Cuando, en 2009, el Gobierno cambió el régimen arancelario, esos empresarios tuvieron serios problemas.
Anteriormente, argumentamos que una de las causas y la más impactante que empeoran la balanza comercial (más importaciones que exportaciones) es el gasto fiscal excesivo. Para combatir el déficit, se crearon aranceles especiales a productos como la lencería, los cosméticos y otros artículos “suntuarios”. Pero, ¿no habría sido mejor no gastar tanto?
El Plan Retorno es un magnífico ejemplo para demostrar que las buenas intenciones no son suficientes. De pronto, han aparecido en las calles y carreteras carros de lujo, y no pocos. Según la Cancillería, desde febrero de 2008 hasta septiembre de 2010, han ingresado 807 carros. Más de mil migrantes son acusados de delito aduanero. Como el “Plan Retorno” permite la importación de menaje de casa y de un automóvil (de hasta 20 000 dólares) y como los carros de lujo no pagan aranceles, hay ecuatorianos vendiendo el “cupo” y comercializando los automóviles ingresados. Otro ejemplo de que la “viveza criolla” sigue vivita y coleando en la cultura de los ecuatorianos.
Para abrir un negocio y formar legalmente una empresa en el Ecuador, hay que cumplir con 14 trámites que duran en promedio 69 días, a un costo equivalente de 830 dólares (38% del ingreso nacional per cápita).*
* Cifras del informe Haciendo negocios, del Banco Mundial, 2006.
En Canadá, se tiene que cumplir apenas con dos trámites que tardan para ser atendidos tres días, a un costo promedio de 255 dólares; mientras que, en Singapur, se tendría que pasar por seis trámites que demoran seis días y con un costo promedio de 267 dólares.
La Constitución de Montecristi exacerbó el problema, pues exige la expedición de nuevas leyes que contengan claramente una animosidad hacia el sector privado. Las regulaciones, muy probablemente, serán excesivas y engorrosas y propiciadoras de la corrupción.
Decía Velasco Ibarra con respecto a la corrupción: “Donde se toca con el dedo, sale pus”. Desde entonces, el país parece no haber mejorado mucho con respecto a la corrupción y a la impunidad.
Parafraseando una ecuación de Joyce de Ginatta, el origen y la propagación de la corrupción se pueden describir así:
Corrupción = poder + discrecionalidad – rendición de cuentas
El ejercicio del poder al capricho y la discreción de los agentes del sector público y sin mecanismos de rendición de cuentas llevan inexorablemente a la sociedad a cultivar prácticas corruptas.
El editorial del diario El Universo del 29 de agosto de 2010 da cuenta escueta pero contundente sobre el problema de la impunidad:
«El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos pagará 6,5 millones de dólares a una imprenta privada por todo el material impreso que se necesita para el próximo censo de población y vivienda, a pesar de que otra empresa ofreció hacerlo por 2,5 millones. La misma empresa ha estimado que, en el Ministerio de Educación, estos contratos suelen ser cuatro veces más caros que los ofrecidos por empresas serias.
»¿Cómo puede ocurrir todo esto si se supone que la contratación pública se ha vuelto transparente? ¿Por qué las autoridades no las pueden detectar y le toca a la prensa ser la única que las denuncia (aunque cada vez con mayores dificultades)? La clave está en la impunidad. Recientemente, se publicó un libro que resume el escándalo de decenas de contratos firmados por el Estado con un hermano del presidente de la República. Hasta el momento, no hay un solo imputado.
»Con antecedentes así, es inevitable que los pillos sigan haciendo de las suyas sabiendo que no serán castigados».
Fue escandalosa la manera en la que la Asamblea Nacional puso en “el limbo” el juicio político al fiscal general de la Nación, Washington Pesántez. La Revolución Ciudadana perdió una gran oportunidad para demostrar que podía actuar como organismo independiente del Ejecutivo. Es que la Asamblea tejió una telaraña legal que impide y obstaculiza la fiscalización. Solo ha habido conatos de fiscalización, porque los impugnados han podido eludir con leguleyadas y tecnicismos que la comisión conduzca procesos transparentes. La fiscalización es una deuda que los asambleístas de Alianza País deben a los que les eligieron.
Una vez más, me remito a las informaciones y comentarios de la prensa. Porque, cuando es independiente, es una las limitaciones más grandes que se pueden anteponer al poder. Dice un informe del diario El Comercio del 13 de noviembre de 2010:
«En cajas de cartón, se guardan 3 501 denuncias de posibles casos de corrupción en el país. Esta cifra corresponde a procesos iniciados por la eliminada Comisión Anticorrupción y la ex Secretaría Anticorrupción. Los conservan en el segundo y séptimo pisos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que deberá analizar la veracidad de los expedientes
»La lucha contra la corrupción fue una de las propuestas de campaña del presidente Rafael Correa; sin embargo, durante sus tres años de Gobierno, el combate a este problema aún tiene un déficit. Los casos han permanecido archivados por más de dos años, desde que se aprobó la Constitución de Montecristi hasta que se conformó el Consejo de Participación Ciudadana. (Énfasis mío)
»El 21 de febrero de 2007, el primer mandatario creó la Secretaría Nacional Anticorrupción a través del Decreto Ejecutivo número 122. Los objetivos de la creación de esta instancia fueron, entre otros, “investigar y denunciar” actos de corrupción en entidades públicas, pero tuvo poco tiempo de vida. La nueva Constitución disolvió ese organismo y lo adhirió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo mismo pasó con la Comisión Cívica de Control de la Corrupción (CCCC). Esto se concretó el 20 de octubre de 2008.
»2 638 casos que estaban en la Secretaría Anticorrupción y 291, de la CCCC están siendo revisados por los investigadores de la Secretaría de Transparencia del Consejo de Participación, quienes dicen que tienen una sobrecarga de trabajo.
»Durante sus 11 años de labores, la Comisión Anticorrupción despachó al rededor de 4 600 procesos. De ellos, 600 fueron penales y solamente 5% llegó a sentencia. Entre esos casos, había denuncias de peculado en contra de ex banqueros y ex presidentes por la crisis financiera de 1999.
»Además, se indagó la administración irregular de las telefónicas Andinatel y Pacifictel, las defraudaciones aduaneras, la red de tramitadores de partidas presupuestarias desde el Ministerio de Economía y la supuesta contratación ilegal de seguros y reaseguros para los aviones de las FF.AA.
»Esos procesos eran enviados a la Fiscalía, a la Contraloría, al Consejo Nacional de Judicatura y a la Defensoría del Pueblo, para que iniciaran las acciones legales correspondientes a cada caso.
»Esa fórmula ahora ya no existe. Las más de 250 denuncias que fueron presentadas a la Comisión Anticorrupción y que pasaron al consejo están estancadas, junto a las otras que llegaron en estos dos últimos años.
»Los investigadores de la Secretaría de Transparencia del consejo aseguran que no se dan abasto para tanto proceso y, por ello, no han podido cumplir con lo que dispone el reglamento de denuncias. Esa norma señala que, en 90 días, se deben remitir resultados de las investigaciones al consejo para su revisión. Solo en casos excepcionales de complejidad, podrán demorarse tres meses más.
»A las 2 929 denuncias de las instituciones desaparecidas, se suman 261 quejas que fueron presentadas durante los seis meses que llevan en funciones.
»Al momento, la depuración y el análisis de los casos están a cargo de 28 personas de la Secretaría de Transparencia. Ellas analizan si la investigación tiene sustentos o si son improcedentes. De hecho, quien dirige los estudios es Lucy Blacio, ex fiscal provincial de El Oro. Hasta el momento, falta que se asigne a los investigadores el 52,2% de casos de la CCCC.
»La funcionaria aseguró que existe un retraso porque se “requiere un análisis especial, dado que no toda la información corresponde a denuncias. Para estos casos, se realizará la contratación de personal especializado”.
»Tatiana Ordeñana, consejera a cargo del área de Lucha contra la Corrupción del Consejo, aclaró que están trabajando lo más ágilmente posible para tener los primeros resultados el 15 marzo de 2011. Hasta agosto, se tramitaron 118 causas.
»Asimismo, la Coordinación de Asesoría Jurídica trabaja en la sustentación de 183 juicios penales iniciados por informes de la CCCC y de la Secretaría de Transparencia por casos de peculado y abuso de autoridades».
Transparencia Internacional (TI) es una organización mundial cuyo objetivo es medir y comparar el nivel de corrupción de un país. Por ejemplo, para 2009, TI dio a conocer que el Ecuador ocupó en ese año el puesto 146 de 180 países y un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2,2 sobre 10. El IPC, mientras más alto, menos corrupto, abarca datos como los que se publicaron para 2006:
—2 320 actos de corrupción en 23 servicios públicos.
—177,7 dólares anuales, en promedio, destinan los hogares para sobornos.
—533 millones de dólares anuales se pagan en sobornos.
—Los hogares que reportan el ingreso de un salario mínimo vital para su subsistencia destinan el 8,7% anual al pago de sobornos.
—En el estrato de nivel socio-económico de menores ingresos, la suma asciende al 23,7% para el pago de sobornos en instituciones como el Registro Civil, la Policía Nacional y la Función Judicial.
El gráfico demuestra que la corrupción estaba disminuyendo antes de que Correa asumiera la Presidencia y empeora en los primeros años de su administración. Pero, a partir de 2008, el índice mejora, y probablemente se deba a que se han formado algunas instituciones como la Subsecretaría Anticorrupción y, luego, la Secretaría de Transparencia, así como el Consejo de Participación Ciudadana. A pesar de la leve mejoría, el Ecuador está todavía muy lejos de países como Chile y Uruguay (ambos, en puesto 25 de 180 países) con índices de corrupción de 6,7.
Es importante anotar que el contralor general de la Nación, Carlos Pólit, rechazó el informe de Transparencia Internacional y afirmó que la Contraloría “tiene suficientes informes para determinar dónde y por dónde se da la corrupción” en el país y se quejó de que la organización internacional no les haya pedido información para clasificar al Ecuador.
El informe regional de Transparencia Internacional hace mención también a los problemas de la libertad de prensa en la región y su impacto en la lucha contra la corrupción.
El texto de TI afirma: “Los periodistas de América Latina se enfrentan a un entorno cada vez más restrictivo, y varios países han sancionado o propuesto leyes destinadas a silenciar al periodismo crítico, lo cual atenta contra la libertad de prensa en general y la posibilidad fundamental de denunciar la corrupción y su impacto”. Es que el autoritarismo y el despotismo son consecuencias lógicas del afán planificador y distribuidor, como he argumentado en este libro.
Hay que tener muy en cuenta que los que creen en la planificación y la redistribución están conscientes de que necesitan “poder” para poder ser efectivos. Cuando se cree que se tienen las “respuestas”, cuando se está convencido que las “soluciones” deben venir desde el Gobierno, entonces, tiene sentido que la Ley de Comunicación, al igual que otras leyes, como la de Educación Superior y la de Aguas o el Código de Planificación, deben “concentrar” el poder.
Otro factor importante para lograr concentrar el poder radica en la propaganda. Como dice Fabián Corral (2010):
«La propaganda política tiene una meta: contar con masas dóciles, suplantar las ideas con lugares comunes, confundir, endiosar a personajes y lograr la identificación de la felicidad con ilusiones vacías, el “cambio” por ejemplo, la revolución, la soberanía y los demás lugares comunes que, sometidos a la prueba de una reflexión básica, a un análisis crítico elemental, resultan.. ganchos para vender, estampitas para rezar, santitos laicos para venerar. No importa, porque de lo que se trata es de lograr adhesión irracional, convicción dogmática, emotividad y, si se necesita en un momento oportuno, iracundia contra el enemigo inventado. Lo que se busca es neutralizar a los otros, obtener tal capacidad de movilización que sea el aval definitivo del Régimen. Movilización contra el hereje que se atreve a criticar a la religión política, al catecismo ideológico que satura la vida, que invade la escuela, que se ensaña en la universidad y que se cola en cada hogar, entre telenovelas y folletones de crónica roja».
Como afirmamos anteriormente, el despotismo para funcionar necesita de una mayoría servil, de instituciones democráticas débiles o sumisas al autócrata y de una prensa silenciosa. La llamada “ley “mordaza”, consecuentemente, no debe llamar la atención, puesto que es parte integral del proyecto político.
Explicamos que el afán de enriquecerse a la sombra del Gobierno es una de las causas para el fracaso del intervencionismo. El caso de Fabricio Correa es muy representativo. Él sostiene que no hizo nada “malo”, que, como empresario, ha contratado con el Gobierno y ha cumplido. Le doy el beneficio de la duda.
Lo importante es anotar que lo malo no está en los contratos o en los contratistas, sino en que se usó la excusa de las “emergencias” para dar los contratos “a dedo”. Pues, aunque cumplan con los contratos, el que no haya habido licitación pone en duda la idoneidad ética de la contratación.
Otro aspecto de la Revolución Ciudadana ha sido la desinstitucionalización del país, caracterizada por el irrespeto al Estado de Derecho y la violación a la Constitución. Francisco Rosales Ramos (2010) lo explica de la siguiente manera:
«…la propia Asamblea Legislativa ha incumplido la disposición transitoria Primera al no haber aprobado varias leyes que estaba obligada a hacerlo hasta octubre de 2009, como la ley de Recursos Hídricos, la ley de Comunicación y las leyes penales militar y policial.
»El Consejo de la Judicatura debía organizar el servicio notarial en un plazo no mayor de 360 días contados desde el 20 de octubre de 2008, según la disposición transitoria Novena. El banco del IESS debió estar creado en abril de 2009, según la disposición transitoria Vigésimo Tercera. La Carta Geodésica del Territorio Nacional para el diseño de los catastros rurales y urbanos de la propiedad inmueble debió estar elaborada hasta el 20 de este mes. La Corte Constitucional debió estar integrada con arreglo a lo que dispone la Carta de Montecristi tan pronto se constituyeron las nuevas funciones legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social, según el artículo 25 del Régimen de Transición. Todavía se mantienen en funciones los miembros del antiguo Tribunal Constitucional convertido en Corte por arte de prestidigitadores. El contralor, procurador, fiscal general, defensor del pueblo, superintendentes de telecomunicaciones, compañías y bancos son funcionarios provisionales designados por la Asamblea Constituyente que llevan más de dos años en sus cargos.
»El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ni siquiera ha iniciado los concursos de méritos y oposición para designar a sus titulares. El Consejo de la Judicatura debió organizarse en un plazo no mayor de 180 días contados a partir del 20 de octubre de 2008 con las normas establecidas en el artículo 180 de la Constitución, esto es que habrá paridad entre hombres y mujeres, que seis vocales serán abogados y tres serán administradores o economistas.
»En suma, los incumplimientos constitucionales son tan numerosos y de tanta importancia, que se ha producido la más grande desinstitucionalización que registra la historia ecuatoriana. Sus efectos son palpables en la violencia, la inseguridad, el raquítico crecimiento de la economía, los brotes de insurrección e irrespeto a la autoridad y en una sociedad permisiva que mira a la norma legal como algo etéreo que se cumple o aplica según las conveniencias e intereses de quienes deben hacerlo».
No hacen falta más comentarios.
En los albores de la Independencia, en el siglo XIX, una mano anónima escribió en las paredes de Quito: “Último día del despotismo y primero de lo mismo”. Qué trágico es que, después de más de 200 años, tengamos que repetir esta frase lapidaria. Y, como he venido sosteniendo, los cambios radicales son prácticamente imposibles en una sociedad evolutiva como la humana. Para dar fe, me voy a referir a un artículo que Fernando Bustamante* (2004) escribiera al cabo de un año de la Administración de Lucio Gutiérrez para demostrar que el afán de insertarse en el sistema de reparto estatal se remonta al inicio de la vida republicana y se vienen repitiendo consuetudinariamente. Invito al lector a comparar y comprobar que lo que afirma Bustamante se puede aplicar bastante bien a la manera de gobernar de Correa y Alianza País.
* Fue profesor de Ciencia Política de la Universidad San Francisco de Quito, ministro de Gobierno de Correa y, actualmente, es asambleísta de Alianza País.
Según Bustamante «…la corrupción, el nepotismo, el favoritismo sobre las bases de lealtades personalistas, el desprecio por las formalidades del Estado de Derecho, etc., no son atributo exclusivo de los “populismos rudos”, mas en ellos se representan sin maquillaje ni agradables modales de disimulo… En realidad, la crítica a los populistas termina en una mera repugnancia ante lo chabacano de la presentación, más que en una crítica al fondo a naturaleza sustantiva de la acción, que, en definitiva, no es muy diferente por su naturaleza a las consuetudine (sic) de las élites tradicionales…. Enumeremos algunos de estos ‘ciclos’: el floreano, a partir de 1823, el de los señores de la guerra (ejemplo, Urbina, Robles, Franco, etc.), el de Veintimilla, la Revolución ‘liberal’, el período ‘juliano’, el velasquismo y sus empresarios advenedizos de la política, el CFP, el roldosismo. […]».
En otras palabras, el fenómeno de Correa y de Alianza País no tiene nada de nuevo: es una repetición terriblemente aproximada de un patrón muy ecuatoriano. Continúa Bustamante: “en el Ecuador, hay un lumpen aventurero de saltar desde la nada a la más notoria de las publicidades y, de ahí, al poder, en un mero parpadeo de la historia… El caudillo aventurero termina rodeado y se presenta escoltado por una horda de personajes de picaresca, llenos de esperanza en que su adhesión seductora/seducida les dará el pasaporte [al] poder social necesario para proyectar una biografía idealizada de ascenso social y el escape de la nada”.
Finalmente, Bustamante explica que: «…El movimiento indígena representa el esfuerzo de los indígenas por levantar su propio ‘standestaat’ (su lugar en un orden estamental), emancipándose de la tutela patronal, en un pie de mayor igualdad. [… y semejante proyecto está en contradicción con] la retinue (el conjunto de seguidores como los llamados círculo oscuro o círculo rosa) que debe ser el crisol y matriz excluyente del grupo aspirante al poder».
Por lo tanto, la ruptura entre Correa y el movimiento indígena no debe ser vista como resultado de discrepancias ideológicas o cosmovisiones incompatibles, sino como resultado de una contradicción estructural y verdaderamente antagónica. ¿Qué más se puede decir sobre por qué la Administración de Correa no tiene grandes diferencias con movimientos históricos que también prometieron cambio? La historia nos arrastra, nos encamina a caer sobre las mismas trampas de antaño. Sólo así se puede entender por qué la manera de hacer política en el país sigue siendo la de siempre.
Sostengo que los economistas OCP (ortodoxos, conservadores, prudentes) estaban llevando la economía por buen camino, visto desde el punto de vista de la macroeconomía: crecimiento del ingreso, desempleo, disponibilidad de créditos, diversificación de exportaciones, aunque quedaba mucho por hacer. El derrocamiento de Lucio Gutiérrez no fue por razones económicas, fue por razones políticas.
Lo que enfureció a mucha gente fue el nepotismo, el canibalismo político y la inefectividad del Congreso para realizar cambios importantes, como la creación de distritos electorales o la eliminación del sistema electoral por listas. Se hablaba de buscar un sistema político cuasiparlamentario o semiparlamentario para dar cabida a que, de manera democrática, se obligue de cierta manera al Gobierno a cambiar.
Los partidos políticos ecuatorianos eran jerárquicos, caudillistas, en los que el jefe dictaba y ordenaba a sus miembros a votar en el Congreso como él y su círculo cercano determinaban, según las conveniencias electorales y no de acuerdo a una ideología o plan de Gobierno. Por ello, se discutía la necesidad de que los partidos tuvieran elecciones primarias para que aquellos que se lanzaren a una campaña electoral fueran legítimos representantes de los miembros del partido.
¿Qué pasó? Que la política sigue siendo manejada como cuando lo hacía la partidocracia. La Asamblea que aprobó la nueva Constitución no fue deliberante. Unos “asesores españoles” la escribieron muy igualita a la de Venezuela de Hugo Chávez o a la de Bolivia de Evo Morales. Ni de lejos se ha propuesto la creación de distritos electorales para que los representantes estén más cerca de sus representados. El sistema de listas, que antes tenía al menos un componente de elección personal, regresó a como era hace doce años. Correa prefiere que Alianza País siga siendo “movimiento” para, así, no sufrir las vergüenzas de no llevar a cabo primarias. La Revolución Ciudadana aniquiló los partidos políticos, los que, en una democracia, son los legítimos intermediarios entre el pueblo y el poder.
Porque no se alteró el sistema político (excepto por lo de la muerte cruzada), los del buró político simplemente han reemplazado a los caudillos y su grupito. La Asamblea Legislativa se allana sin aspavientos a los vetos del Ejecutivo, el “hombre del maletín” parece solamente haberse cambiado de género, la manera de actuar de la Asamblea es casi indistinguible del Congreso de antes, no hay ni pizca de fiscalización y la legislación está prácticamente dictada desde Carondelet.
Hogaño sigue y seguirá siendo “último día del despotismo y primero de lo mismo”, a menos que los académicos, los intelectuales, los forjadores de la opinión pública, los maestros, comiencen a impartir en la población ideas nuevas y se dejen de repetir: planificación y redistribución como los remedios para combatir la pobreza y saltar al verdadero progreso.
La historia ecuatoriana está llena de episodios de experimentos fallidos, de visiones equivocadas, de proyectos inconclusos. En el Ecuador, como en casi todos los países del mundo, el Estado ha tenido una clara tendencia a crecer, a intervenir más y más en la vida de los ciudadanos. El tamaño del sector público, es decir, el gobierno central, el de las provincias, cantones y parroquias llega a 40% de la economía nacional. Y si se incluyen los presupuestos de las empresas públicas y el costo de cumplir regulaciones, controles y ordenanzas, la intervención llega a 70%-75%.*
* Para 2010, el gasto público, estimado en la proforma presupuestaria del gobierno central, se calcula será del 37,79%, para 2011 llegará al 41.57%, si se añade el gasto provincial y municipal, el presupuesto del Banco de la Vivienda, Banco del Pacífico, Corporación Financiera Nacional, Banco del Estado, así como entidades públicas como IESS, Petroecuador, Alegro, las empresas mediáticas, etc. se puede concluir que más de la mitad de la economía ecuatoriana está en manos del Gobierno.
Se ha generalizado la creencia de que el Gobierno, al ser depositario monopólico del poder, podía utilizarlo para mejorar la condición humana. Esta perspectiva, llamada aquí “construccionista”, pervive no solo en los políticos, sino también en intelectuales, comunicadores sociales, educadores, militantes de movimientos sociales, en otras palabras, es parte importante de la ideología de la mayoría.
El afán de hacer ingeniería social se fundamenta en esta creencia. Pero esto choca contra la realidad. El estudio de la historia nos hace caer en cuenta de que los fracasos consuetudinarios son el producto de valores culturales tradicionales, patrones de comportamiento y actitudes ancestrales que no pueden cambiar de la noche a la mañana, sino que son parte de un proceso lento, evolutivo, unas veces progresivo y otras veces regresivo.
El sistema socio-político-económico es producto del camino recorrido, un orden espontáneo nacido de la acción humana, no diseñado por nadie. Como dice Santiago Jervis, ex director del diario El Comercio, en una misiva personal: «La historia es la misma, los principios básicos no varían en lo esencial, porque a la final la historia está hecha por los mismos seres humanos en eterno conflicto entre el bien y el mal, sin jamás alcanzar la armonía perfecta...». Es de sentido común que, si se trataran sólo los síntomas: pobreza, desigualdad, poco se avanzaría en el mejoramiento de las condiciones de los pobres. Hay que ir a las causas para poder encontrar los remedios. Continúa Jervis:
«La historia de la humanidad con respecto a la forma de convivir y gobernarse, es una lucha eterna entre quienes se inclinan por respetar la diversidad y la individualidad contra los visionarios que aspiran a modificar la conducta humana con leyes y regulaciones que la harán perfecta, por designio y vigilancia de líderes iluminados. Es una utopía inalcanzable. Siempre los ensayos por esa vía han fracasado porque implican aplicación de normas forzadas con supresión de libertades, aplastamiento de las iniciativas de invención y, por ende, florecimiento de la corrupción y empobrecimiento colectivo.
»Es probable que los caudillos populistas y sus seguidores tengan el sincero propósito de superar, con sus métodos, las imperfecciones de un sistema abierto y democrático, en el cual hay espacio para abusos por parte de quienes quebrantan la ley y desequilibrios en los niveles de riqueza. Pero lo que obtienen es lo opuesto.
»El principal tropiezo para los utopistas es el mercado. Lo aborrecen, acaso porque no lo comprenden. Le atribuyen todos los males de un sistema libre y quieren abolirlo. No lo logran, por cierto. A lo sumo lo pretenden controlar mediante regímenes autocráticos que a un tiempo legislan, gobiernan y juzgan. El resultado es caótico, porque consustancial al mercado es la libre competencia que desaparece con el monopolio estatal. El mercado no es una entelequia externa impuesta por unos pocos para su beneficio exclusivo de ellos y de sus asociados. Es algo inherente a la naturaleza humana. Nace y permanece con el hombre hasta su muerte. Es el deseo innato de relacionarse unos con otros, de dialogar, de intercambiar pensamientos y sucedáneamente de ideas, bienes y servicios. Las fuerzas del mercado son invisibles e impredecibles, como lo aseguraba Adam Smith. Tratar de encasillarlas, encauzarlas y gobernarlas por la voluntad de unos pocos, por sabios que fueren, es como tratar de asir y guiar con las manos a una masa de mercurio. O como pretender modificar a voluntad las variaciones climáticas porque a veces disgustan los calores, fríos, lluvias o sequías excesivas.
»La cultura ecuatoriana es muy proclive al caudillismo por el antecedente de la dominación incásica y luego española. El sistema del Inca en poblaciones del área ahora ecuatoriana fue férrea, rígida, esclavista. La situación no mejoró con la llegada de los conquistadores hispanos, pese a la dualidad de leyes sabias y su perpetuo incumplimiento. El problema, dicho de modo sumario, fue que el español venido a esta parte de América trasplantó el sistema monárquico feudal de la Península. La mayoría carecía allá de poder económico y social. Quiso adquirirlo en el Nuevo Mundo, pero no por esfuerzo propio, sino el de los indios.
»En países como el Ecuador, la opresión y represión al indígena fue brutal y pasiva, salvo esporádicas rebeliones. El indio pasó a ser semoviente en las haciendas de los blancos y muchas de las indias usadas para procrear una nueva etnia, la del mestizo. El Ecuador, sin duda, no podrá superar su estancamiento si no supera esa mentalidad servil/hacendaria. Correa, el gobernante autoritario de hoy, no es el origen del problema, aunque lo ha agravado.
»Fenómeno distinto ocurrió en la América del Norte. Los peregrinos huían del feudalismo y ansiaban mayor libertad para trabajar, ejercer su religión y prosperar para si mismos, no para el señor feudal. Y tuvieron que enfrentarse a poblaciones indígenas hostiles y guerreras, que entendieron que las muestras iniciales de hospitalidad eran infructuosas. En los Estados Unidos no hubo mestizaje y a la postre las poblaciones indígenas rebeldes fueron sojuzgadas y recluidas en “reservaciones” semi autónomas. En lo nacional, surgió un sistema de gobierno que aunque innovador, incorporó lo más valioso de la cultura del Reino Unido, singularmente su organización jurídica y parlamentaria.
»Los fundadores de los EEUU comprendieron que hay que respetar las libertades individuales por sobre toda otra consideración. Si bien cualquier sociedad, para marchar de modo armónico debe delegar poder a determinados ciudadanos para que legislen, ejerzan justicia y gobiernen, era preciso, sin embargo, prevenir los excesos a los que es proclive todo ser humano con poder en cualquiera de las tres funciones. Entre estas libertades y derechos, el de la propiedad es prioritario. En todos los órdenes, así material como intelectual, junto con el derecho a la utilidad o lucro en las transacciones. El “construccionista” detesta al empresario que tiene éxito, que ahorra y reinvierte. Quiere limitar y redistribuir sus ganancias que considera excesivas y debidas a la explotación.
»Es allí cuando interviene e interfiere en el mercado, para someterlo al control estatal. Para tratar de igualar resultados, no oportunidades. Las consecuencias, aparte de una lucha de clases fomentada desde arriba por la envidia, son el desestimulo, la desinversión, la extinción de empresas y su reducción, aumento del desempleo, generalización de la pobreza, más gasto fiscal y explosión sin límites del endeudamiento».
A diferencia de otras perspectivas racionalistas (por ejemplo, la de la economía neoclásica), la del orden espontáneo se enfoca a describir los procesos económicos y políticos más que a proscribir políticas particulares. Esta visión reconoce la falibilidad humana y las dificultades que encarna la naturaleza del conocimiento, es decir, el ser humano —en busca de mejorar su condición— no puede conocer con certidumbre lo que le espera en el futuro, y eso le lleva unas veces a lograr sus objetivos y otras, a cometer errores. Esta visión reconoce también la naturaleza social del ser humano que, para sobrevivir y progresar, debe necesariamente cooperar con otros. El interés propio y la cooperación llevan a interacciones cuyos resultados no son predecibles ni intencionados. El orden social surge de la acción humana, no del diseño humano. Este corolario es la base de nuestra crítica al proyecto político forjado en la Constitución de Montecristi y que se está llevando a cabo con el nombre de Revolución Ciudadana.
Sin desmerecer que la situación de los pobres es a menudo, más que precaria, dolorosa, la izquierda —llámese socialdemocracia, socialista o comunista— ha logrado convencer a gran mayoría de que, para poder progresar (por eso, se autotitulan también “progresistas”), se hace necesario que el Gobierno intervenga con el expreso propósito de derrotar la pobreza redistribuyendo riqueza o ingresos, para lo cual es indispensable disponer de un plan general de acción gubernamental. Está muy claro que el Gobierno de Alianza País busca instaurar un modelo socialista que sacrifique las libertades con la promesa de justicia social. Es por estas razones que el proyecto político de la Revolución Ciudadana se puede calificar como socialista, además de que Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega proclaman serlo.
El mito del construccionismo es creer que funcionaría mejor la sociedad si se dieran tres condiciones: mejor gente, mejor paga y mejor plan. Un líder con carisma, con buenas intenciones, con equipo, con planes, con más recursos, y resuelto el problema de la pobreza. ¿No es esta creencia la que llevó al poder a Rafael Correa?
El problema no está en la falta de líderes, sino en la de líderes con visión distinta; no está en la falta de cuadros de Gobierno, sino en la orientación ideológica estatista de nuestra “inteligentsia”; no está en una burocracia sin preparación, sino en los incentivos que dan origen a comportamientos “perversos”, como el nepotismo, la corrupción, la pérdida de tiempo y el desperdicio de recursos. En definitiva, el problema no está en la gente, sino en la cultura (las creencias y valores colectivos) de la gente.
Todos creemos que con más recursos se podrían hacer maravillas. Pregunte en cualquier dependencia pública o privada qué se necesitaría para mejorar el servicio, y la respuesta será la misma: más plata. Y la triste realidad es que no se puede tener todo lo que se quiere. La gran diferencia entre el sector privado y el sector público es que, en el privado, los recursos son propios y, por eso, se tiende a utilizarlos con más cuidado. Los construccionistas que no están en el poder aseguran que, si lo tuvieran, no desperdiciarían los recursos pero, en cuanto llegan al poder, se comportan igual y a veces peor que aquellos a quienes sustituyeron.
El tercer componente de la trilogía es el plan. Desde las regulaciones y ordenanzas más modestas hasta los planes quinquenales más sofisticados, se sufre de la miopía fatal de la arrogancia, de estar diseñados por gente que cree saber más que el resto.
El Gobierno de Correa concibe la planificación como un instrumento importante para llevar adelante su “Revolución Ciudadana”. El Código de Planificación evaluará los planes de desarrollo de los municipios y las regiones. Si no cumplen con el plan general, serán devueltos para su revisión. También decidirá temas sobre la educación, la salud, la política monetaria y el endeudamiento fiscal y un sector privado bajo las órdenes de una secretaría técnica, operados por “iluminados” burócratas planificadores.
No hay duda de que un gran obstáculo al desarrollo económico del país radica en el enorme porcentaje de pobres que se deriva de una clara desigualdad en la distribución de la propiedad. Tampoco hay duda de que hay grupos privilegiados con acceso a los centros de poder para beneficio propio.
Cuando se cree que el alto porcentaje de pobres es el principal obstáculo al “crecimiento”, no tiene sentido “crecer primero y redistribuir después”, aunque nunca va a haber suficiente para distribuir. Pero cuando un país se afana por redistribuir la riqueza, lo único que se logra es una sociedad más igualitaria pero mucho más pobre que antes. Redistribuir los pocos recursos aumenta el número de pobres, un resultado contradictorio al propuesto. Es más, quitar a los que tienen para dar a los que no tienen ofende también sentimientos de moralidad y justicia.
El proceso de redistribución tiene también graves fallas para el desempeño económico. Primero, debilita el derecho a la propiedad privada. Segundo, genera incentivos perversos que, al final, menoscaban los propósitos de equiparar la riqueza porque simplemente crean nuevos ricos. Y tercero, cuando el derecho a la propiedad privada se atenúa, como pretende el proyecto político de la Revolución Ciudadana, se da paso al autoritarismo y a silenciar a los medios de comunicación porque, cuando son independientes del sector público, son la mejor y tal vez la última barrera al abuso del poder.
Profundizando en el tema, el problema de la distribución radica en que los pobres no tienen propiedades; cuando tienen propiedad, es informal y bajo condiciones muy precarias. Un sistema que proteja los derechos a la propiedad privada favorecería más a los pobres que a otros porque, como no tienen poder político, ni contactos ni palancas, ni recursos para sobornar a los burócratas corruptos, les es más fácil guardar su plata bajo el colchón y mantener sus actividades económicas al margen de la Ley y en la informalidad. Los ciudadanos más vulnerables a los abusos de poder de los grupos enquistados en el Gobierno son los que menos tienen y, cuando son dueños de algo, no hay nadie que defienda sus derechos.
El totalitarismo tiene sus raíces en sistemas patrimoniales, en los cuales la soberanía y la propiedad están vinculadas. Si los medios de producción —entre ellos, los de comunicación— estuvieran en manos de la “sociedad”, quien quiera que ejerza el control de estos medios tendría completo control sobre los “súbditos”.
Aun más, las mayores propiedades no están en manos del sector privado, sino en manos del Estado. “Todo” el subsuelo y la mayor extensión de tierras son propiedad del Gobierno, no digamos las empresas más “ricas” del país, como las de comunicación, las empresas eléctricas, bancos, etc. La experiencia, a nivel mundial, es que el Estado es mal administrador y las empresas estatales son un botín apetecido por los que tienen acceso al poder.
Muchas de las tierras agrícolas no están delimitadas ni titularizadas en los registros de la propiedad. A los bosques, todos tienen acceso. A los que tienen conexiones políticas, se les concede privilegios de talar; a los pobres, el carbón y la ceniza.
Los grandes barcos pesqueros se llevan el fuerte de la pesca; a los pescadores artesanales, como no son dueños de los peces, les quedan los residuos. Los mineros artesanales de oro se envenenan diariamente porque el Gobierno les obliga a vender su cosecha al precio oficial. Y, así, podríamos enumerar decenas de casos en los que la falta de seguridad de derechos a la propiedad privada y los incentivos de administrar recursos ajenos son los principales causantes de la desigualdad de la riqueza y el pobre desarrollo económico.
Es mi contención que los instrumentos de este modelo político-económico: planificación y redistribución, conducen inexorablemente al país a la autocracia. Enmascarado de déspota benévolo, el autócrata busca concentrar su poder porque, si no lo hace, las acciones individuales y el comportamiento humano pueden frustrar fácilmente las intenciones de los gobernantes. También necesita acallar las voces de protesta de los afectados negativamente por los propósitos estatales; por consiguiente, es indispensable controlar los medios de comunicación colectiva y “amordazarlos”. Y, como argumentamos, el ataque a la libertad de expresión es parte constitutiva del despotismo que se origina en el poco aprecio que se tiene hacia los derechos a la propiedad privada.
Otra constante en el socialismo del siglo es la avidez por continuar en el poder. La duración del Régimen, sea una autocracia o una democracia, es una variable crucial para la prosperidad económica. Un autócrata que posea poder monopólico (o pocos usurpadores en potencia), tenga una expectativa de permanencia a largo plazo, con pocos temores a ser reemplazado, se autolimita en su poder de confiscación y de violación a los derechos a la propiedad de sus súbditos. Tiene incentivos poderosos para que prospere la mayoría de la población pues, a la larga, extrae más impuestos. Es más, tiene incentivos para administrar justicia y proteger a la población de invasiones extranjeras (bienes públicos) o dar educación y salud con el objeto de que crezca la economía, algo similar a como operan las mafias que, a cambio de protección, cobran tributos a sus protegidos y no pueden excederse sin peligro de matar a la gallina de los huevos de oro. En este contexto, se debe aceptar que Hugo Chávez o Rafael Correa son bienintencionados. Su autoritarismo se basa en su concepción paternalista de la autoridad. Algo similar ocurre con el sistema político de China: el Partido Comunista emprendió reformas para poder mantenerse así en el poder. Por ello, no nos debe llamar la atención que, un día de estos, Correa dé pie atrás en sus políticas redistributivas y dé paso a medidas para que la economía crezca.*
* Diego Pérez Ordóñez (op. cit.) afirma que, una vez que el Régimen ha conseguido su objetivo de copar todos los poderes, se está alejando de sus prejuicios ideológicos iniciales y comienza a buscar resultados medibles y precisos.
En resumen, un sistema institucional o de reglas de juego será beneficioso siempre y cuando genere los incentivos apropiados. La gente responde a los incentivos. Las reglas cuando están mal diseñadas dan lugar a incentivos con resultados perversos. La seguridad jurídica, el sistema tributario, el sistema educativo, etc., deben ser diseñados con la idea de que los incentivos son mucho más eficaces que los basados en buenas intenciones, en clamores éticos o en sueños románticos ignorantes de la realidad.
La pobreza de los resultados
¿De quién es la culpa de que el Ecuador no haya podido resolver el déficit fiscal consuetudinario, la escasa captación de inversiones, la limitada generación de empleos, el retraso tecnológico, el lento crecimiento del PIB? Hay serios problemas en educación, salud, seguridad; una administración de justicia sin credibilidad, una infraestructura de segunda y tercera categorías, deficientes puertos y aeropuertos, instituciones financieras débiles. Pretender echar la culpa de estos problemas al proyecto político de Alianza País sería un absurdo y una acusación ligera.
La acusación que sí tiene piso es que este proyecto político no va a remediar la situación penosa de los pobres —su bandera de lucha— ni mejorará el bienestar de la clase media en general. El proyecto ideado es una repetición de los Gobiernos socialistas de antaño. Imitar a países como Cuba es inadmisible, seguir los pasos de Chávez es una torpeza cruel o congeniar con déspotas como el de Irán, que fácilmente pueden llevar al país al borde del desastre y a la desesperación. ¿Por qué no imitar a los países que han tenido éxito, como Chile, Irlanda, Finlandia, Estonia o Nueva Zelandia?
Y, lo que es peor, deja a las generaciones venideras problemas enormes, con muy pocas oportunidades para progresar, una carga tributaria y una deuda social y financiera insostenibles.
¿Cuál es la alternativa?
Una vez más, recurro al pensamiento de individuos que se merecen respeto y, aunque no comparto totalmente sus ideas, ameritan cita especial. Manuel Chiriboga Vega (2010), a quien nadie acusaría de “neoliberal”, explica que el panorama está claro con respecto al modelo estatista de Cuba y el modelo del “Consenso de Washington”: los dos han fracasado. Según él, hay dos modelos en confrontación y uno tercero, emergente:
«Uno primero puede describirse como el que llevan adelante Chile y Perú y, hasta cierto punto, Colombia, sustentados en la exportación de bienes primarios, sobre todo de la agricultura, el petróleo y la minería, y con un esfuerzo incipiente de diversificación de la canasta exportable. El comercio exterior jalona al mercado interior, el Estado construye infraestructura, fortalece la institucionalidad favorable a la exportación, maneja en forma muy prudente sus superávits fiscales, que los utiliza en momentos de crisis de diverso tipo: terremotos o crisis internacionales. Su motor es claramente la inversión privada, especialmente extranjera.
»Uno segundo es el que llevan adelante Brasil y, con algunas diferencias importantes, Colombia, Uruguay y, en menor medida, Argentina. Estos países, que hicieron bien sus deberes en campos como la investigación, es el caso de Embrapa, el gran centro brasilero de investigación agropecuaria, responsable en gran medida del auge agropecuario, sus políticas industriales, que le han permitido diversificar exportaciones a productos cada vez más sofisticados, como los aviones Embraer; la promoción de grandes conglomerados privados brasileros, verdaderas multinacionales, en campos tan distintos como construcción, alimentos, petroquímica y electricidad. En todos ellos, Estado y empresas privadas trabajan juntos, la idea es mientras más grande, mejor; las políticas fiscales, cuidadosas también, juegan un papel más proactivo que en el modelo anterior y, sin ser aperturistas, son agresivamente pro exportadores. El petróleo recientemente descubierto se explota por medio de acciones conjuntas entre la empresa Petrobras, capitalizada en bolsa y las privadas y se los relaciona con el manejo de fondos soberanos.
»El tercero, emergente, es el que denominaría de transición a un modelo posextractivista de baja productividad. Es un modelo que se desarrolla sobre la base de una crítica sistemática al modelo de globalización y sus efectos sobre el clima, la naturaleza, las identidades de la población y que invita a un modelo más responsable con el planeta, sobre la base de pequeñas y medianas empresas dedicadas al mercado interno, al que se busca establecer como motor de la economía; fuertes protecciones frente al mercado internacional; contrario a cualquier expansión de nuevas explotaciones petroleras y mineras, especialmente a cielo abierto, y limitación a la inversión extranjera. No es un modelo que se esté aplicando en ningún país en particular, pero sí uno que aparece de diversa manera como la alternativa.
»Estos modelos se encuentran de una u otra manera en nuestro país, obviamente en conflicto permanente, atraviesa pronunciamientos políticos de actores sociales y empresariales, acciones de los diversos ministerios y discusiones en la Asamblea. Me da la impresión de que el modelo brasilero y del sudeste asiático se va imponiendo. El viaje presidencial a Corea y Japón y sus alabanzas a lo logrado en esos países son síntomas del vuelco. El camino es largo, como demuestran las diferencias de competitividad del Informe del Foro Económico Global: Ecuador, puesto 105; Brasil, 58, y Corea del Sur, 22. ¿Imposible dar ese salto? Creo que no, pero requeriremos varias generaciones acordando este camino y no pocos sacrificios».
Aunque he desistido de hacer recomendaciones sobre políticas particulares, de alguna manera, el modelo distribucionista y planificador debe dar paso a uno en que el objetivo sea crear riqueza. Porque, en la medida en la que el proyecto político siga el guión del socialismo tradicional, está condenado a fracasar. Es un proyecto que se ha convertido en un sistema personalista y autoritario y que, una vez instalado en el poder, va a ser casi imposible revertir, porque la oposición política liberal, es decir, la que propone un Estado propio, tiene muy poco asidero en la cultura de la mayoría de los ecuatorianos. Si seguimos obnubilados por el “carisma” de una persona, si continuamos soñando en utopías, si persistimos caer en el embeleso de los cantos de sirena de los que creen que pueden “construir” un nuevo país “a correazos”, entonces, fácilmente podríamos pasar de la mal llamada “noche neoliberal” a la larga pesadilla de la izquierda radical comunistoide.
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Primero, debo agradecer a mi esposa, Aricia, quien ha tenido la paciencia de perdonar mi “abandono” porque, a pesar de estar físicamente cerca cuando escribo, me olvido de mi entorno y puede suceder un terremoto sin que me dé por enterado. También quiero expresar mis más sentidas gracias a Temístocles Hernández, mi editor, mi apreciado y admirado amigo (que en paz descanse), quien me había venido exigiendo que me ponga a escribir y que me deje de “amenazas” de hacerlo. Jaime Brito es también de los que me ha aguijoneado y desafiado que escriba y, por eso, mis gracias.
A lo largo de mi vida, ha habido personas significativamente influyentes que no puedo ignorar. Dora de Ampuero, directora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, junto con su difunto esposo, Enrique, fueron siempre foco de inspiración y apoyo. Carlos Ball, editor de la Agencia Interamericana de Prensa Económica, distribuyó mis por años artículos de opinión por todo el mundo de habla hispana. María Elena, mi cuñada, Adelaida y Toño, hermana y cuñado, Joyce de Ginatta, no dudaron en brindarme apoyo. A Santiago Gangotena y a la Universidad San Francisco de Quito, les tengo una gratitud especial porque, cuando lo de Katrina, no dudaron en darme acogida. Dentro y fuera de los muros de ese centro educativo, hice nuevos amigos, como Estuardo Gordillo, Juan Fernando Carpio, Bernardo Acosta y Pablo Lucio Paredes, con quienes tuve horas y horas de tertulias interminables, inspiradoras y provocadoras. Quiero agradecer también a Antonio Villarruel, un estudiante de tendencia socialista, a quien no pude convencer, pero los debates que tuvimos aclararon mis propias ideas y reafirmaron mis convicciones.
Tengo una deuda de gratitud con Leonardo Corral quien leyó el manuscrito, lo comentó extensamente, me hizo notar algunos errores garrafales y esos “imperceptibles” que suelen ocurrir cuando se ha leído el documento muchas veces. De igual manera a Alberto Bernal, Bernardo Acosta y Santiago Jervis. Pablo Lucio Paredes me retó en varias ocasiones a incluir referencias y cifras fidedignas, quedo en deuda con su contribución. Gracias también a Mauricio Alvarado por la corrección al texto. Claro está que los errores que quedan son exclusivamente míos.
Finalmente, no puedo ignorar a mis compañeros de la promoción de 1960 del colegio salesiano Santo Tomás Apóstol de Riobamba: aunque no se hayan dado mucha cuenta, en la reunión que tuvimos, me inspiraron para que no soslaye mis responsabilidades. Quizás ellos y sus hijos me perdonen la falta de modestia y extraigan de este libro la inquietud para investigar, estudiar y analizar nuevas ideas porque, sólo con ideas correctas, el país podrá salir adelante.