Econ. Manuel C Martínez M.
09 jul. 04
DIALÉCTICA de la
GOBERNABILIDAD
(Escrito durante la IV república venezolana)
El simple ejercicio de las funciones de gobernante presupone una
desigualdad social. Es incongruente que alguien pueda mandar a otro sin que
éste se sienta inferior a aquél. Ya desde los tiempos pioneramente civilizados,
el patriarcado supuso una gobernabilidad absoluta del padre sobre el resto del
grupo familiar.
El <<patear familia>> dio cuenta de la
misma organización política. Hubo consejos ad
hoc
que decidían ad líbitum el
destino de los gobernados, y sin derecho alguno a réplicas contravinientes.
Como Sábese, el ejercicio de la democracia griega se fincó en un régimen
esclavista. Por eso, esas comunidades y sociedades pudieron
alcanzar los más altos niveles de desarrollo que la tecnología de marras
les permitió, para luego desaparecer irremediablemente.
Modernamente, ninguna sociedad avanza; todas se mueven
incómodamente en una viciosa e interminable alternancia de gobiernos y
gobernantes que desemboca inectutablemente en
fracasos, descontentos sociales, subguerras y guerras
ora cálidas, ora frías.
De resultas de esto, el ejercicio democrático se traduce en la más
absoluta desgobernabilidad de todos. Los burócratas
se hallan atrapados en las redes organizacionales del papeleo burocrático. La
corrupción campea entre jueces, policías y
militares. No escapa nadie, y cualquier voluntarioso es rápidamente metido en
cintura por irrespeto a esa frustrante y alabada democracia.
La tecnología es usada como
alternativa al estancamiento económico y social,
termina siendo continuamente reemplazada y las sociedades siguen
confrontando los mismos males. Nadie manda a nadie y nadie es mandado por nadie
debido a que ninguna persona se halla predispuesta a tener jefes, ni siquiera
como patrono privado, porque a éste lo confrontan para que su sindicato, codo a
codo con ese patrono, decida la suerte del capital ajeno.
Corolario: para que halla un buen gobierno democrático habría que desdemocratizar a la sociedad. Debe respetarse la
desigualdad económica y la desigualdad vocacional, todo lo cual se traduciría en aptitudes diferenciantes
entre un ciudadano y otro. No puede tener los mismos derechos políticos ni
sociales un incapaz para nada que un técnico
ampliamente útil para la sociedad.