Manuel Fal Conde: el principismo carlista
El valor del carlismo en la Cristiandad, desde su espontáneo surgimiento en la España agredida por la Revolución en el siglo XIX, radica en haber asumido los principios inmutables del Derecho Natural Cristiano. Como los vandeanos franceses y los cristeros mejicanos, los carlistas defienden su patria heroica y santamente bajo la invocación de Cristo Rey. Han extendido su combate y su prédica, con las armas propias de cada circunstancia, hasta una actualidad en la cual la disputa dinástica y aún las actuaciones políticas han dejado paso a la invariable afirmación principista. El fruto de esa lealtad mantenida es su sorprendente vigencia y presencia a través de la historia contemporánea, en sabio desconocimiento del sufragio y del número porque su pensamiento y su acción se inspiran en instancias superiores.
Así quedó demostrado en la Cruzada de 1936. En su gestación y en la guerra, el Requeté encarnó el lema tradicional y santo "Dios, Patria y Rey" y fue decisivo en la Victoria.
La reciente aparición del ilustrativo libro "Manuel J. Fal Conde. La política como servicio de Dios y España", debido al carlista gaditano Ricardo Martínez de Salazar y Bascuñana (Cádiz, 1998), motiva estas reflexiones sobre las tres últimas circunstancias históricas en las que se planteó la cuestión de los principios políticos en España.
Señalémoslas: el pacto del General Mola con el Carlismo en el Alzamiento (julio 1936); la creación del Movimiento Nacional por el General Franco en el Decreto de Unificación (abril 1937); el proceso que culminó en la instauración de una nueva monarquía en la persona de Juan Carlos I. En todas estas instancias definitorias, el abogado sevillano Fal Conde -enérgico, místico, admirable- proclamó como intangibles los que él llamó "verdaderos principios del Derecho Público Cristiano, que constituyeron nuestro ideario y que han sido santificados con tanta sangre" (en carta a Araúz de Robles, 3 enero 1958, pág.266 de la obra referida).
En abril de 1931 se había proclamado la II República; en mayo se queman iglesias y conventos. Analiza bien Martínez de Salazar que "Monarquía liberal o República daba igual, porque ambas formas de gobierno representaban a la Revolución, ya que habían pactado con ella. El proceso de demolición habría de continuar, pues, con la Monarquía o la República, hasta que no se atacara a la Revolución en sus raíces más profundas" (pág. 57). El 10 de agosto de 1932 se subleva el General Sanjurjo, alegando en su "Manifiesto" que "la fuerza ha sustituido al derecho". No tuvo éxito, pero como dijo Fal Conde: "Sin 10 de agosto de 1932, no hubiera habido el Alzamiento del 18 de julio de 1936 ni victoria de 1939" (ob. cit., págs. 59 y 67).
En mayo de 1934 el biografiado es nombrado Secretario General de la Comunión Tradicionalista por el Rey Alfonso Carlos I y, en diciembre de 1935, su Jefe Delegado. Fueron actos de reafirmación carlista, contra los pragmáticos intentos del Conde de Rodezno para fusionar las dos dinastías y contra la pasividad de Alfonso XIII que había sostenido ante la República, "yo no soy un conspirador". Se optaba entonces por el principismo y por confiar todo a la organización militar de los Requetés (Antonio de Lizarza, "Memorias de la Conspiración", págs. 44,45,46 en ob.cit., págs 82-83).
Ubicado el trascendente momento histórico, podemos valorar como ejerció Don Manuel Fal Conde la defensa, sin pactos que lo alterasen, del principismo tradicionalista en las tres encrucijadas que escogiéramos como decisivas para España y la Cristiandad:
"Tengo en mucha estima que Don Juan lo reconozca, que sin la Comunión Tradicionalista no hubiera sido posible el Alzamiento Nacional, y hubiera peligrado su éxito, y no hubiera tenido el carácter de Cruzada, y no hubiera levantado al pueblo español frente a la barbarie, a la que le faltó eso, pueblo", sostuvo Fal en carta a Arauz de Robles (3 enero 1958) (ob. cit., pág. 266). Mola sabía de la necesidad del concurso de los Requetés, pero en su intercambio de notas con el Carlismo, en junio y julio del 36, surgió la contradicción entre su republicanismo y el régimen tradicional, entre la libertad de cultos y la Religión Católica. Además, la Comunión no podía consentir que los Requetés lucharan y murieran bajo la bandera de la República.
La legítima intransigencia de su Secretario General predomina en el Carlismo y, tras la intervención del General Sanjurjo ante el General Mola, "se suma con todas sus fuerzas en toda España al movimiento militar para la salvación de la Patria" con las firmas del Príncipe Don Javier de Borbón-Parma y de Don Manuel Fal Conde. Orden que así confirma el venerable anciano Rey Don Alfonso Carlos I el mismo 18 de julio de 1936: "Alzarse en armas contra la República, al grito de ¡Viva España!, para salvar la Religión y la Patria, unidos a las tropas" (ob.cit., págs. 146-147).
Fal Conde, en nombre del Carlismo, había propuesto en la instancia ante el General Mola, la disolución de todos los partidos políticos, incluidos los que hubieran cooperado con el Alzamiento. Somos, afirmó, una Comunión, no un partido. Era también conocida al respecto la tajante postura de la Falange: los partidos, había dicho José Antonio Primo de Rivera en 1933, "están llenos de inmundicias"; ellos "nacen el día en que se pierde el sentido de que existe sobre los hombres una verdad" ("Obras completas", Madrid, 1945, pág. 29). No era diferente el pensamiento del General Franco. Dice su biógrafo Brian Crozier: "Durante toda su vida política el odio de Franco hacia los partidos políticos fue inalterable" ("Franco, crepúsculo de un hombre", 1980, ed. Planeta, pág. 108).
Pero, exaltado a Jefe de Estado desde el 1º de octubre de 1936, debió enfrentar la responsabilidad, como militar y también como estadista, de mancomunar bajo su mando el apoyo civil que constituía su imprescindible sostén político y doctrinario. La biografía de Fal Conde que citamos recoge otra opinión de Brian Crozier respecto de la "constante fuente de irritación que eran para Franco las disputas entre las facciones falangistas y entre ellas y los carlistas" (pág. 175), en especial respecto de la organización social.
Necesidades de la guerra y de mantener la unidad nacional en peligro, le deciden a dictar el Decreto de Unificación del 19 de abril de 1937: los militantes llevarían la camisa azul falangista y la boina roja carlista. El "Supremo Caudillo del Movimiento responde ante Dios y ante la Historia", el Estado "será un instrumento totalitario al servicio de la integridad patria" y "se abolirá implacablemente el sistema de los partidos políticos". Hubo, previo a esta determinación, intervención del embajador alemán Von Faupel e influencia de Serrano Suñer. Fal Conde advirtió que esa unidad era inviable, "por la naturaleza irreconciliable de los ideales: totalitarios unos y de libertades orgánicas los nuestros" (pág. 172). Él, y el Príncipe Regente D. Javier fueron expulsados de España. El Conde de Rodezno aceptará un Ministerio; Fal Conde había rechazado el del Interior. "Una vez más -dijo- la Comunión Tradicionalista ofreció a España su silencio y su resignación". Los carlistas fueron siempre fieles a la Cruzada.
Es de evidencia que el Caudillo, al frente del Movimiento, aseguró cuarenta años de católica y patriótica conducción política. Pero los Principios, que en cuanto tales eran comunes a todos los Alzados, no pudieron perdurar más allá de su mandato. Constituyera o no "partido único", el Movimiento no resistió la brecha conceptual y fáctica que le infligió la "apertura" y la ley de "asociaciones políticas" de 1974. Precursoras de la irrupción partitocrática constitucionalizada en 1978, usurpadora de las soberanías política y social.
En último análisis, Franco no era Rey; invirtiendo la frase de Thiers, gobernó pero no reinó. Fal Conde, en esta instancia definitoria sin resultado, representó la pureza sin concesiones de los principios naturales tradicionales de organización política. Después de la muerte del Generalísimo, los hechos justificaron su intransigencia.
En el libro que sugiere estas consideraciones, Ricardo Martínez de Salazar transcribe dos importantes cartas del Jefe carlista, una a Franco y otra al Conde de Barcelona. En ellas se trata la cuestión institucional del Estado del 18 de julio culminada en la instauración de la actual monarquía, que, para desgracia de la Hispanidad, resultó liberal y no tradicional.
En la primera (dictamen de 10 de marzo de 1939, en pág. 247 y ss.), ya Fal Conde habla de "una conspiración que trata de llevar la victoria a una restauración monárquica de significado adverso al de la guerra, al espíritu de los combatientes y al bien de la Nación". Reitera su crítica al "partido único" y, con su característica lealtad, advierte al Generalísimo que, después de la Victoria, la Comunión "seguirá profesando su inalterable Credo y su actuación con respecto al régimen que impere corresponderá a la colaboración del régimen con relación a aquellos Ideales".
En la segunda, a Don Juan (8 diciembre 1945, en pág. 256 y ss.), aboga por la creación de una Regencia para la organización de las "instituciones sustentadoras del régimen monárquico". Define así el problema de la legitimidad, distinguiendo las dos dinastías: "Adscrita a los principios históricos y netamente españoles la Dinastía Carlista, y abrazada a los principios del "Derecho Nuevo", hijo de la revolución, la liberal". "Siendo superior y preferente a todo fin el bien común, es evidente que éste habrá de prevalecer sobre cualquier otro derecho". El concepto lo reconocerá Don Javier de Borbón en carta a su hijo el Príncipe Don Carlos Hugo: "la legitimidad monárquica ordena la sucesión genealógica al justo ejercicio del poder" (31 mayo 1952, en pág.200), y lo había expresado Vázquez de Mella: para el caso de extinción de las líneas varoniles "se llamaría a una nueva Dinastía que la nación sacaría de su seno, si no quería tomarla de otra parte" ("El Heraldo de Madrid", 29 de junio 1909, en ob.cit., pág. 202).
El proceso instaurador definido en 1947 con la Ley de Sucesión que declara a España un Reino y en 1969 cuando Franco nombra sucesor al príncipe Don Juan Carlos, motivó que en dos oportunidades se manifestaran los principios monárquicos católicos tradicionales. En 1957, con la influencia de José María de Oriol y José María Pemán, Don Juan de Borbón reconoció en Estoril ante grupos tradicionalistas, que no integraba Fal Conde, los "Principios fundamentales de la Monarquía: 1. La Religión Católica, Apostólica y Romana con la unidad y consecuencias jurídicas con que fue servida y amada tradicionalmente en nuestros Reinos.
2. La Constitución natural y orgánica de los estados y cuerpos de la sociedad tradicional.
3. El reconocimiento de los derechos históricos de las distintas regiones que, con sus fueros y libertades integran la unidad sagrada de la Patria.
4. La auténtica Monarquía tradicional, legítima de origen y de ejercicio.
5. Los principios y espíritu del Derecho Público cristiano".
(cit. por Laureano López Rodó, "El Monarquismo de Franco", en "Razón Española", Nº 58, marzo-abril, 1993, pág. 142).
Esta síntesis insuperable tenía su antecedente casi idéntico en el Decreto de Don Alfonso Carlos que instituyó la Regencia (23 enero 1936, citado en pág. 233), que, en su disposición tercera, enumeraba los "fundamentos de la legitimidad española". Esta explicitación del ideario carlista emanó indudablemente del profundo asesoramiento que brindaba al Rey el abogado sevillano Fal Conde.
Pero Don Juan volvió a modificar, una vez más, su postura política. Estas bases organizativas para la Sucesión hubieran asegurado la continuidad de los altos Principios del Movimiento Nacional. Según vimos, la constitución artificial de éste no podrá impedir, después de Franco, el nuevo asalto más artero y profundo de la Revolución derrotada. El Rey sucesor, instaurado por Franco para ser custodio leal de los principios tradicionales, abjuró de ellos para restaurar los de la dinastía liberal.
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Quedan enseñanzas de la defensa de la España católica ante la agresión comunista y anarquista. Que son idénticas a las recogidas en Hispanoamérica frente al mismo enemigo. La primera reacción, la Dictadura del General Miguel Primo de Rivera, se inicia con el Manifiesto del 13 de setiembre de 1923: "Ha llegado para nosotros el momento más temido y esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española)...". Pemán criticó así esta indefinición conceptual: "no se puede nadie levantar contra el orden constituido, para proclamar desde el primer día, como ideal, la vuelta a la normalidad. El que se subleva adquiere el compromiso de construir un orden nuevo, distinto y mejor, por lo menos en propósito, del orden destruido" ("Mis almuerzos con gente importante", 7ª ed., 1970, pág. 149). No sorprende que en 1931 se instalara la República, "léase la Revolución" como decía Fal Conde.
Así ocurrió en Hispanoamérica. A las interrupciones de la vigencia formal de las constituciones liberales, causadas por la agresión marxista en la década del 30, sucedió siempre "el regreso a la normalidad institucional". La más grave subversión terrorista en la década del 60 fue vencida mediante victorias militares obtenidas, necesaria y legítimamente, sin las limitaciones paralizantes del derecho positivo liberal. Tras ellas, se replanteó la cuestión de principios.
La mayoría de los gobiernos surgidos, con profundo sostén nacional, de esos estados de guerra interna optaron otra vez, en los años 80, por el retorno al orden institucional democrático. Desde luego, los dirigentes partidarios, expresión visible de las logias masónicas, lo reclamaron cada vez con mayor precipitación y poder. Así, en Bolivia, el General Banzer había fijado plazo para la vuelta a la democracia; al cumplirse, se contaba ya más de un Presidente democrático. En Argentina existió el intento del General Onganía de crear un nuevo orden estatal sobre la base de los principios del Derecho Natural, que se diluyó hasta concluir con la expresión no feliz del General Galtieri asegurando que "las urnas estaban bien guardadas". Pero "estaban": era, en definitiva, el reconocimiento del "dogma" de la democracia que ellas simbolizan. En Brasil también los militares liberales y masones condujeron la "apertura" y la "transición" hacia la "normalidad institucional" que se origina en la Revolución Francesa.
En Uruguay, aislado por el "poder democrático", en 1976 el Presidente Bordaberry sí optó con profundidad e independencia por los principios cristianos del orden político, lo que motivó que Generales que eran su sustento lo depusieran para devolver finalmente el poder a los dirigentes partidarios. En Chile, el General Pinochet enunció la notable Declaración de Principios de 1974, pero tuvo que transar en la Constitución de 1980 que le permitió gobernar libremente hasta 1991, año en que se determinaba el retorno al sistema de partidos. Algunos resguardos establecidos en la propia Carta, como su continuidad en la Comandancia del Ejército y luego la senaturía vitalicia, no impidieron que, en inexplicado viaje a Londres, fuera detenido y enjuiciado por oscuras instancias y procedimientos antijurídicos. Ha sido como el anuncio de la gestación de una suerte de temible tribunal revolucionario supranacional para penar crímenes no escritos de "lesa democracia".
En la actualidad, la "democracia universal" sólo autoriza que los denominados "golpistas" sean Presidentes si aceptan su "dogma" y su "rito" electoral. Es recién entonces que ha "consagrado" a Fujimori en Perú, a Banzer en Bolivia y a Chaves en Venezuela. Fuera del "sistema" no existe vida política, no hay legitimidad, no hay derecho.
El imperio mundialista del reunificado capital o socialismo contemporáneo determina que el inclaudicable principismo carlista adquiera mayor relevancia. El orden político natural cristiano permanece inmutable y victorioso solamente en su concepción, aún sin poderes que lo sustenten. La situación de hecho lo excluye y sustituye por una subversión contradictoria inspirada en el principio del Mal.
La Revolución, con la máscara de sus derechos y libertades, se expandió desde 1975 en España, en Hispanoamérica, en la Cristiandad. Alcanza ya su finalidad; los medios utilizados agotan su implacable tarea destructora de legitimidades y de virtudes. Asistimos a tiempos de postrevolución o de revolución consumada: sin potestades públicas a combatir, sin valores morales a subvertir. Las religiones falsas, de poderosa maquinación reservada y juramentada, predominan sin oposición en demoníaca negación de Dios, de la Patria y del Rey. Sólo son perturbadas, en su propio seno, por la rebelión, la mentira y la discordia que ellas han desatado.
Penetrada hasta la Iglesia Católica por "el humo de Satanás", sabemos que ahora los principios derivados de la Verdad no pueden ser restaurados; no sabemos cómo finalmente Dios lo hará.
Concluyamos con palabras de quien, como don Manuel Fal Conde, cumplió siempre con el sagrado deber de defenderlos con honor y lealtad, pronunciadas poco antes de su muerte ocurrida en mayo de 1975: "Tengo una paz interior tan grande que no sé cómo explicarla".
Alvaro Pacheco Seré.
Nota: El libro "Manuel J. Fal Conde- La política como servicio de Dios y España", Cádiz, 1998, 271 páginas, de Ricardo Martínez de Salazar y Bascuñana, lo distribuye su autor en "C. Tamarindos 18, 5º- 11007 Cádiz- España".