El consulado de España en Uruguay concita por estos días un aluvión de jóvenes uruguayos, atraídos por un inusual ("indignante" según algunos) ofrecimiento del gobierno español: la posibilidad de enrolarse en las fuerzas armadas de ese país durante 18 meses, a cambio de un salario mensual de 550 dólares, alojamiento, seguridad social, vestuario, 30 días de vacaciones anuales y la reinserción en la sociedad española una vez cumplido el contrato, según reza un comunicado del citado consulado. El llamado es para uruguayos con ciudadanía española (unos cuatro mil, según cálculos del propio consulado), cuyas edades oscilen entre los 18 y 27 años, midan entre 1,55 y 2 metros y superen las "pruebas de aptitud física y mental que se tomarán en Uruguay". El comunicado aclara que los reclutas podrán percibir una remuneración extra del 30 por ciento, en caso de que cumplan servicios en las "ciudades autónomas de Ceuta y Melilla", en el norte de Africa.

El ofrecimiento del gobierno español responde a la necesidad de mantener en pie su ejército de reserva, luego de la entrada en vigencia de la ley que anuló la obligatoriedad del servicio militar. El aparente éxito de la convocatoria representa un (patético) símbolo de la consideración que Uruguay tiene por sus jóvenes.

"La iniciativa es grave y sumamente indignante, porque nuestros jóvenes serán utilizados como carne de cañón de las necesidades políticas del gobierno y del ejército español ", dijo a BRECHA el diputado Raúl Sendic (MPP, EP-FA), antes de reclamar la "urgente" intervención de la cancillería uruguaya en el asunto. El Poder Ejecutivo, a juicio de Sendic, debe dar una doble respuesta en este caso: "una al gobierno español, que se atreve a hacer una oferta de este tipo, y otra al conjunto de nuestra gente, sobre todo a los jóvenes, que necesita soluciones laborales para poder vivir". El legislador planteará el tema en la bancada de la coalición de izquierda, a fin de "activar los mecanismos diplomáticos para frenar una oferta agraviante y evitar una mayor sangría de jóvenes". Su compañera de sector, la diputada Lucía Topolansky, realizó en sala, el miércoles 18, un planteo crítico sobre el tema, recordando que España acaba de sancionar una severa "ley de extranjería" que prohíbe el ingreso de "sudacas", pero en cambio intenta reclutar a jóvenes uruguayos para utilizarlos en tareas que los españoles desprecian.

El sospechoso rechazo de la oferta de Venezuela.

El vicepresidente de Ancap, colorado, denuncia públicamente que el objetivo del presidente del ente, también colorado, es privatizarlo. Pero no se trata sólo de un episodio más de la guerra entre foristas y quincistas; lo que está en juego es la presencia y el control del negocio del petróleo en el Cono Sur.

Samuel Blixen

La transparencia sigue brillando por su ausencia, tras la comparecencia del ministro de Industria y Energía, Sergio Abreu, y del presidente del directorio de Ancap, Jorge Sanguinetti, ante las comisiones de Industria de las dos ramas parlamentarias, reunidas en forma conjunta el martes 24. En esa ocasión se analizó, una vez más, la cuestionada suspensión de las obras de ampliación de la refinería de La Teja.

Hay de por medio un negocio de 500 millones de dólares anuales, lo que Ancap factura una vez deducidos los impuestos que gravan los combustibles. Y es necesario preguntarse si tal movimiento anual de facturación es una cifra apetecible para algunas de las "siete hermanas" (Esso, Texaco, Shell, entre otras) o las primas latinoamericanas, Petróleos de Venezuela, la brasileña Petrobras, y la argentina ypf, cuyo apellido de casada es Repsol, después de sus esponsales con la pujante compañía española.

Quizás no sea la facturación lo que tiente a cometer pecados de amancebamiento con nuestra virginal Ancap, destinada a perder, tarde o temprano, su himen monopólico. Quinientos millones quizás no sean relevantes para Petrobras, que acaba de establecer acuerdos estratégicos con pdvsa, y quizás no sean suficientes para que las otras empresas establecidas ya en Uruguay se empeñen en una cruzada austral. Pero si la facturación es modesta, en cambio no lo es Ancap en tanto pieza clave en el damero de la geopolítica petrolera. La conquista del modesto mercado uruguayo puede significar para Repsol, Esso o la Shell un muro de contención para los venezolanos y los brasileños; y de una manera especular, una asociación con Ancap sería el trampolín para que pdvsa y Petrobras, constreñidos en el norte a pequeños acuerdos caribeños, se diversifiquen con el control de buena parte de la producción y distribución de combustibles en el Cono Sur. Sólo falta en el esquema un lord Ponsonby con pinta de petrolero texano.

Petróleos de Venezuela había formalizado en agosto del año pasado una generosa oferta, difícil de ser rechazada, que mantenía las obras de ampliación de la refinería (con lo que, en lo inmediato, se lograba la eliminación del plomo en las naftas) y comprometía una inversión inicial de 350 millones de dólares (que incluía la producción de gasoil sin utilizar azufre, otro elemento altamente contaminante, en el proceso de refinado) si se convertía en socio de Ancap. Además, proponía instalar en Uruguay una escuela para técnicos en petróleo.

La extemporánea suspensión de las obras en La Teja, justificada como un compás de espera para que los interesados a asociarse con Ancap hagan sus ofertas, obedecería a lo que algunos parlamentarios presentes en la comisión calificaron como "cambio de socio". Puesto que se sospecha que la suspensión, en principio por tres meses, se irá prorrogando una y otra vez, legisladores y sindicalistas se preguntan si tal iniciativa no favorece precisamente a las empresas que, si algún interés tienen en Ancap, es el de evitar que el ente crezca y se expanda fundamentalmente al mercado argentino, donde algunas de esas empresas tienen capacidad ociosa y lo que menos necesitan es la aparición de otro competidor.

Una sensación generalizada de que las últimas decisiones del directorio de Ancap tienen explicaciones todavía inconfesas quedó parcialmente corroborada con la tajante denuncia de su vicepresidente, el forista Emilio Martino, para quien la mayoría del directorio encubre con sus decisiones una intención de "privatización total de Ancap". Jorge Sanguinetti redujo el impacto de esa denuncia afirmando que todavía no conocía los argumentos del vicepresidente y que en las próximas horas mantendría con él "una conversación".

Por lo pronto, ni el ministro Abreu, ni el presidente Sanguinetti fueron capaces de despejar las dudas sobre el costo de la suspensión de las obras. El gobierno aduce que significará un desembolso mínimo de 850.000 dólares, y "a lo sumo" 3 millones de dólares. Sin embargo, el diputado Raúl Sendic (26 de Marzo, EP-FA) dijo en la comisión que tenía en su poder un documento de la empresa argentina Techint (responsable de las obras suspendidas) que calculaba en 4 millones de dólares los costos por seguros y en otro millón de dólares los generados por el desmantelamiento del obrador, aunque la cifra total podía trepar a 20 millones de dólares si se calculaban los eventuales reclamos laborales. Jorge Sanguinetti mantuvo su propio cálculo, descartó las denuncias y abundó en nuevas críticas contra el proyecto de ampliación ahora suspendido, afirmando que si bien se eliminaba el plomo como factor contaminante, por esa vía no se lograba una reducción sustancial de los costos de producción de los combustibles. En cambio, no logró responder a la pregunta que pretendía establecer qué reducción de precios se producía por los aumentos de producción comprendidos en las obras, si no se hubieran suspendido.

Sobrevolando el conjunto de factores que condicionan las decisiones en torno a Ancap y su inminente asociación con alguna empresa poderosa del negocio del petróleo, cruzó el espacio geopolítico un elemento mucho más doméstico: los entrecruzados cobros de facturas entre la lista 15 y el Foro Batllista. No parece ajeno a las denuncias formuladas por el vicepresidente Martino el golpe de gracia que Jorge Sanguinetti asestó a un consecuente colaborador del Foro Batllista, el empresario Pedro Nicolás Baridón. En efecto, la decisión de no renovar el contrato que Ancap tenía con la firma dasa para la distribución de combustibles resulta también inexplicable a la luz de la incapacidad de Ancap para sustituir a su antiguo socio con una nueva empresa, ducsa. Baridón, como era de esperar, no llegó a un acuerdo para "alquilar" temporariamente los servicios que estaban siendo rechazados, de modo que el martes, en la comisión senaturial, Jorge Sanguinetti debió anunciar que quizás se produzcan ciertos inconvenientes en la distribución de naftas a partir del 1 de mayo.

El desabastecimiento afectará sólo a 214 de las 600 estaciones de servicio, aquellas que funcionan con el logo de Ancap. Las otras, pertenecientes a Shell, Texaco y Esso, no se verán afectadas: más aun, es posible que se vean beneficiadas con la imprudencia del directorio, y vendan más combustible que lo habitual, aunque ya de por sí controlan dos tercios del mercado nacional.

RESIDUOS HOSPITALARIOS. EL MIÉRCOLES 25, a las cinco de la tarde, Carlos Cat, ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, deberá comparecer en el Parlamento para dar explicaciones sobre los criterios aplicados en materia de manejo de residuos hospitalarios, en medio de presunciones de tráfico de influencias (véase BRECHA, 29-VI-01).

El llamado en régimen de comisión general lo formuló el miércoles 11 el diputado Raúl Sendic (26 de Marzo, EP-FA), quien dijo a BRECHA que en esta materia se han acumulado irresponsabilidades empresariales, permisividad del MVOTMA e irregularidades en las habilitaciones de las empresas que manejan residuos hospitalarios desde 1998. Enfatizó que ninguna de las cuatro empresas que funcionan actualmente ha cumplido cabalmente las condiciones estipuladas en la ley y las reglamentaciones vigentes.

Trenal, una de las cuatro empresas que procesan residuos hospitalarios, siguió funcionando después de recibir por lo menos cuatro informes negativos de los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y de una inspección que comprobó en febrero último la manipulación de desechos tóxicos provenientes de cruceros europeos.

El 29 de Junio, después de dos informes periodísticos publicados en BRECHA y el diario El Observador, el diputado Sendic anunció que impulsaría la creación de una comisión investigadora. Horas después recibió una llamada de Ricardo Gorosito, subsecretario del MVOTMA, quien le comunicó que sería clausurada la planta Trenal en Salto, lo que efectivamente ocurrió en la misma jornada.

Sin embargo, Trenal siguió contando con el permiso de transporte de residuos hospitalarios, lo que redujo significativamente la sanción a la empresa.

Paralelamente a estos sucesos, el edil frenteamplista salteño, Federico Stalker, quien encabezó una activa denuncia contra la empresa Trenal en los últimos meses, denunció públicamente que había recibido reiteradas amenazas de muerte, al igual que Carlos Celis, propietario de la empresa Naturas, ubicada en Paysandú, quien exhibió a BRECHA anónimos con similares amenazas entregados en dos ocasiones a su hija.

Celis denunció que dos de las competidoras de Naturas, Aborgama y Trenal, fueron beneficiadas por el MVOTMA y por el Ministerio de Salud Pública en la última licitación que se convocó para seleccionar la empresa encargada del manejo de residuos de las 62 unidades ejecutoras en el país (véase BRECHA, 6-VII-01). Celis dijo que mientras el MVOTMA otorgó las habilitaciones a ambas empresas sin realizar las audiencias públicas el día antes de que venciera el plazo de presentación de ofertas, el MSP pagó sobreprecios.

Sendic anunció que, de no encontrar satisfactorias las respuestas de Cat, podría radicar una denuncia ante la justicia y realizar una interpelación al titular del MVOTMA.

En el propio ministerio y en filas herreristas y del sector que lidera Julia Pou, hay gran expectativa en tomo al tema, ya que -según indicaron a BRECHA fuentes ministerial es trascendió que Sendic aportará pruebas que comprometen a jerarcas del MVOTMA.

El ministro de Vivienda en el Parlamento. Desde los micrófonos se habló de residuos hospitalarios, el comportamiento de las empresas Trenal, Naturas y Aborgama, y los contactos políticos que unas y otras tienen en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En los corrillos se dirimía parte de la interna del Partido Nacional.

Titina Núñez

Quien haya presenciado el miércoles 25 el llamado a sala de la Cámara de Representantes, en régimen de comisión general, al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (mvotma), que duró cinco horas, puede haber concluido que el titular de la cartera, Carlos Cat, era sordo o bien que él y el diputado Raúl Sendic (26 de Marzo, ep-fa) se intentaban comunicar por un teléfono descompuesto.

Durante la hora y media que duró su exposición, Sendic calificó la gestión del ministro herrerista como irresponsable, omisa e irregular, dudó de la moral de su subsecretario Ricardo Gorosito, a quien vinculó con Naturas -una de las empresas de tratamiento de residuos hospitalarios-, y afirmó que Trenal, otra de las firmas, contrabandeó refrescos y otros artículos ante la pasividad de la secretaría de Estado.

Una vez que Sendic concluyó su intervención, Cat tomó la palabra y lo felicitó por la investigación realizada: "tiene más información que un director del ministerio", le dijo. Luego habló Gorosito, deslindó responsabilidades con respecto a las acusaciones de Sendic, volvió a hablar el ministro, intervinieron algunos diputados y el llamado a sala concluyó por falta de número ante el retiro de la mayoría de los representantes del Partido Nacional.

Es que además de que Uruguay disputaba con México la semifinal de la Copa América en Medellín, cada bancada movió sus piezas para que todo quedara en el lugar. "Vamos, muchachos, que nos espera Colombia", dijo el presidente de la Cámara baja, Gustavo Penadés.

ENTRETELONES. Que la política es un arte es innegable. Si faltaba una confirmación, el final de este episodio que durante dos semanas parecía que sería un estallido ocurrió entre chistes, bromas y hasta abrazos de los "contrincantes".

El 29 de junio, cuando BRECHA y El Observador publicaron sendos informes sobre las irregularidades de la empresa Trenal, el diputado Sendic anunció la posibilidad de proponer una comisión investigadora sobre el caso e inmediatamente recibió un llamado telefónico del subsecretario del mvotma, quien le aseguró que ese día se clausuraría la planta. Así fue.

Sendic decidió entonces convocar a Cat en régimen de comisión general para tratar el manejo de los residuos hospitalarios en el país. En esos quince días hubo cerca de diez reuniones en la interna del Partido Nacional, del Frente Amplio y del mvotma. En cada una de ellas se analizaron algunos asuntos que nada tienen que ver con la contaminación ambiental. Pero de los entretelones del llamado a sala hay dos que merecen destacarse. Uno tiene que ver con la interna del Partido Nacional y el otro, precisamente, con el arte de hacer política.

LA SORPRESIVA PRESENCIA DEL SENADOR HEBER. Cuando Sendic terminó de leer su informe, de 32 páginas, la felicitación de Cat por la información que había recabado tenía un doble sentido. Varios legisladores, que en ese momento sonrieron, reconocieron más tarde a BRECHA que el elogio no era sólo para el diputado del 26 de Marzo. "Fue una alusión a (Luis Alberto) Heber, que le pasó información a Sendic", según las mismas fuentes blancas que en medio de la sesión habían asegurado que "si el Frente Amplio presiona vamos a pedir la renuncia de Gorosito".

Pero nada de eso ocurrió: el senador Heber llegó a la reunión de los diputados, se ubicó a un costado de Cat y aguardó sin resultados la "presión" de la bancada de izquierda. Sobre el final del llamado a sala, el diputado José Bayardi (va, ep-fa) realizó un encendido discurso y llegó a asegurar que su partido no "disponía de pruebas" para acusar a los jerarcas ministeriales. Sendic, sentado a su lado, ni se movió y otros diputados encuentristas admitieron después que la intervención de Bayardi fue "un balde de agua fría" para las denuncias presentadas por el diputado del 26 de Marzo.

La explicación la dio más tarde un diputado frenteamplista presente en sala: "nosotros no vamos a solucionarle los problemas a los blancos", dijo a BRECHA. Es que, según lo que indicaron las fuentes, la disputa por el liderazgo dentro del Partido Nacional entre Luis Alberto Heber, Julia Pou y Luis Alberto Lacalle alcanzó a los cargos del mvotma. Heber respaldaba el pedido de renuncia de Gorosito -que responde a la senadora de la lista 400- y, según indicaron fuentes blancas, impulsaba su sustitución por el diputado Luis Leglise.

DENUNCIAR PERO BAJITO. Las denuncias del diputado Sendic bien podrían haber sido la causa de una interpelación o de la creación de una comisión investigadora. Sin embargo, la bancada del ep-fa decidió convocar al ministro Cat en régimen de comisión general, donde no se toman decisiones de ningún tipo. El fundamento de haber tomado este camino, según dijo a BRECHA un legislador frenteamplista que pidió no ser identificado, fue que "si nosotros pedíamos una interpelación le dábamos un elemento de presión al Foro Batllista que Trenal iba usar a su favor; en una palabra favorecíamos a Trenal, que ya sabemos está apoyada por lo foristas".

Durante el llamado a sala de Cat, tres fueron los diputados del Foro que pidieron la palabra. Uno de ellos, Ramón Díaz, sostuvo unos papeles con el membrete de la empresa e indirectamente acudió en defensa de Trenal, y el segundo, Pedro Signoralle, mostró fotografías del exvertedero municipal, a la vez que ensalzó la gestión del intendente forista Malaquina, que le cedió el predio a la planta para que se instalara en Salto.

STAND BY. Mientras tanto, el cúmulo de denuncias presentadas por Sendic irá a la justicia previo paso por la reunión de bancada prevista para el martes 31. Será entonces la justicia la encargada de dictaminar si es o no correcto que un jerarca de primer nivel -como el subsecretario Gorosito- "recomiende", tal como admitió en sala, nombres de profesionales a una de las firmas que posteriormente tendrá que inspeccionar, o si es legal que un estudio jurídico cobre por "gestionar permisos ambientales", máxime cuando estos profesionales son o fueron socios de este jerarca (véase el recuadro).

Más allá de que ningún juez se pronunciará sobre los aspectos éticos del caso, es lícito preguntarse también si es correcto que los abogados de las otras dos empresas del ramo sean personas vinculadas muy estrechamente al actual ministro Cat. "Fernández Reyes (abogado de Trenal) fue suplente mío en mi candidatura a la Intendencia (de Montevideo), el doctor Barbé (abogado de Aborgama) fue subsecretario de Transporte y Obras Públicas cuando estuve en la Dirección de Planeamiento, así que por supuesto que los conozco, pero de ahí a deducir que haya habido presiones indebidas o gestiones nuestras favoreciéndolos hay un campo, y quien me conoce sabe que es así", dijo Cat en sala.

"El ministro no respondió, balbuceó", dijo a BRECHA Raúl Sendic. "Cat no tenía la información que debía tener, no hubo una explicación coherente para los interrogantes planteados y tampoco se explicó el cúmulo de irregularidades que hubo en los procesos de habilitación de las plantas que funcionan en el país", añadió.

Sendic agregó que después de la reunión la bancada frenteamplista va a analizar si se convocará una comisión investigadora o se interpelará al ministro Cat por sus dichos. Y aseguró que, mientras tanto, "toda la información que hemos reunido será enviada a la justicia".

Gorosito se declara inocente. El comentario de que el diputado Raúl Sendic denunciaría vinculaciones del subsecretario del mvotma con una de las empresas procesadoras de residuos hospitalarios estaba en boca de todo el Parlamento desde hacía dos semanas.

Y así ocurrió. Sendic aseguró que el abogado Fernando Nin Rial, socio de Gorosito en el estudio jurídico que lleva el nombre de ambos, cobró diez mil dólares el 12 de octubre último por gestionar el permiso ambiental por el cual la empresa había obtenido el 25 de setiembre la autorización que perseguía desde hace tres años.

BRECHA pudo acceder al recibo y constató que el abogado Nin Rial firmó ese día un papel impreso en computadora, sin membrete, en el que se lee: "Recibí de Naturas la suma de diez mil dólares por concepto de honorarios profesionales a cuenta de mayor cantidad (veinte mil dólares) por trabajos realizados tendientes a la obtención del permiso ambiental".

Gorosito, quien reconoció en sala haber sido el abogado de la firma hasta antes de ejercer su actual cargo, se defendió diciendo: "yo mismo le indiqué (el nombre de) algún abogado para que continuara siguiendo el trámite, es el caso de la doctora Petruccelli, que era una doctora que tenía el despacho cercano al nuestro, y ellos continuaron algunos asuntos con ella". El jerarca reconoció el cobro de los diez mil dólares, y dijo: "lo lamento, en realidad el doctor Nin y yo hacemos nuestros acuerdos, tenemos una serie de honorarios a cobrar y habíamos trabajado un año en esta empresa".

"Yo me preocupé desde el primer momento de decirle al presidente de la República, al ingeniero Cat y al doctor Lacalle que había tenido vínculos con esta empresa. Nunca existió un solo trámite en la intervención de la relocalización de la planta", alegó Gorosito en su defensa, y agregó: "es evidente que lo que está mal es que una persona que estuviera en una hipótesis de implicancia dictara el acto, movilizara influencias; eso no lo he hecho, y entre tantas cosas no lo hecho porque tengo acá a este hombre, a quien nunca le he puesto un papel delante para tener una firma en condiciones indebidas. La nuestra es una amistad demasiado grande para estas cosas".

Momentos después, en los corredores del Palacio Legislativo, Gorosito abordó a Sendic y le dijo "no voy a parar hasta convencerte; te invito a que conozcas cómo vivo, incluso". El diputado, según dicen, sonrió. Pero prefirió postergar la invitación para mejor momento.

La quema irregular de residuos pasa a la justicia.

El Parlamento y el Ejecutivo no dijeron ni mu. La bancada encuentrista de la Cámara baja decidió presentar ante la justicia penal las denuncias que el diputado Raúl Sendic (26 de Marzo) planteó el 25 de julio último sobre la empresa Trenal durante el llamado a sala del ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Cat (véase BRECHA, 27-VII-01). Sendic sostuvo que la empresa Trenal, que procesa y transporta residuos hospitalarios, había incurrido en graves irregularidades que podrían configurar delitos. Dijo por ejemplo que Trenal transportó de contrabando desde alimentos hasta bebidas cola en sus camiones y que aún no se conocen los destinos de los residuos de cruceros que arribaron al puerto de Montevideo en el verano pasado.

El diputado Jorge Orrico (au), coordinador de bancada del Encuentro Progresista, dijo al diario Ultimas Noticias que "existe un vacío legal en materia de medio ambiente porque no se reconoce por ejemplo el delito de contaminación". Sin embargo, en el caso del tráfico de desechos peligrosos la ley uruguaya castiga al traficante que introduce los desperdicios al país, pero no al transportista ni al manipulador. En los últimos días de junio, a raíz de artículos publicados en BRECHA (29-VI-01) y en el diario El Observador, la fiscalía de Salto comenzó una investigación que aún no culminó, pero que, según afirmaron fuentes de esta dependencia, examina entre otros datos la quema de residuos peligrosos provenientes de buques por parte de Trenal. Ese día el mvotma clausuró la planta de la empresa en Salto, aunque no le impidió que siguiera realizando el transporte de residuos en todo el país.

Por otra parte, el diputado Orrico señaló que "deben investigarse las actuaciones administrativas en torno a esta situación" y se refirió a "la adjudicación de autorizaciones, el porqué se dieron y la búsqueda de vinculación culpable entre autorizaciones mal dadas y quien las produjo".

Cuando el llamado a sala a Cat, Sendic señaló que existió vinculación entre el subsecretario del mvotma, Ricardo Gorosito, y la empresa Naturas, otra de las dedicadas al tratamiento de residuos hospitalarios, y se preguntó acerca de la velocidad de la concesión de autorizaciones a las empresas Trenal y Aborgama, que coincidieron con una licitación del Ministerio de Salud Pública.

La decisión de la bancada encuentrista se produce en medio del debate que la Junta Departamental de Salto tiene con respecto a la reapertura de la planta incineradora de Trenal en Barrio Uruguay, a poca distancia del centro de la capital del departamento.

¿Honorarios o algo más?

PAGOS DUDOSOS EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA PROVOCAN UNA RENUNCIA.

Un mes antes de asumir la subsecretaría del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el abogado Ricardo Gorosito presentó a la empresa Naturas dos posibles inversores: el exministro herrerista, acusado de corrupción, José Luis Ovalle y su socio Jorge Giachino. Ya en sus nuevas funciones Gorosito-aconsejó a Naturas que recurriera a la asesoría de un estudio al cual pertenecía y terminó cobrando a través de él diez mil dólares.

TITINA NÚÑEZ.

Gorosito cobró diez mil dólares a Naturas. Lo hizo siendo subsecretario del ministro Carlos Cat, a través del estudio jurídico Nin, Petrocelli, Gorosito y Asociados, ubicado en la calle Convención 1382, escritorios 713 y 714, al que pertenecía hasta que asumió su cargo.

El detalle de las actuaciones de la mano derecha de Cat en el ministerio recién comienza a vislumbrarse y esta vez está narrado por los propios involucrados.

En una carta remitida a Cat el viernes 17, Carlos Celis, uno de los socios de la empresa Naturas, le cuenta al ministro cómo sucedieron los hechos que provocaron el lunes 20 la renuncia del subsecretario de la cartera Ricardo Gorosito.

Aun así Cat continuó respaldando a Gorosito y Naturas no ha recibido, hasta el cierre de esta edición, respuesta alguna del ministro.

LOBBY. La relación comercial entre Naturas y Gorosito se remonta a los primeros días de 1999, si bien consta que uno de los directores conoció al hoy ex jerarca cuando era alumno de la materia derecho ambiental en la Universidad Católica del Uruguay.

El 14 de enero de ese año Naturas contrató a Gorosito para que asesorara a la empresa durante la primera audiencia pública que se realizó en Montevideo. Por este trabajo Gorosito percibió 300 dólares, dice Celis en la carta dirigida al ministro Cat.

En 1999 y 2000 el estudio jurídico Nin, Petrocelli, Gorosito y Asociados asesoró a Naturas en distintas oportunidades, ante los fracasos de la empresa en las gestiones que realizó para instalarse primero en el Barrio Capra, de Montevideo, y después en Estación Pedrera, en el departamento de Canelones.

En la carta enviada a Cat, Naturas cuenta cómo la relación profesional que la empresa tenía con Gorosito comenzó a tomar otros matices. "El día 3 de febrero del año 2000, el doctor Gorosito, al parecer comprometido con sus clientes que a ese tiempo éramos nosotros, nos presentó un grupo inversor que pudiera tonificar las menguadas arcas de nuestra empresa. Y así fue cómo en un décimo piso de un edificio emplazado en la Plaza Cagancha 1335, identificado en la puerta de acceso con el nombre empresarial de 'Cítricos del Monte', se mantuvo una reunión con empresarios uruguayo sin meresados en ser parte de nuestro emprendimiento", afirma Naturas.

Los empresarios uruguayos eran nada menos que el ex ministro herrerista de Transporte y Obras Públicas José Luis Ovalle y su socio Jorge Giachino, operador político y hombre de confianza de Luis Alberto Lacalle durante su período cuando trabajó en el MTOP.

Ovalle es dueño de AltiSol SA y Cítricos del Monte, entre otros emprendimientos. La figura de Ovalle se hizo conocer a partir de que su voz fuera grabada el 8 de diciembre de 1997, cuando pidió a la empresa Cargas y Servicios, una de las que participaban en la licitación por la playa de contenedores del puerto, una coima de dos millones de dólares para obtener una decisión a su favor. Jimmy Rohr, dueño de la empresa, grabó el planteo a Ovalle y lo presentó a la justicia (véase BRECHA, 4X11-98, página 5).

En la conversación, Ovalle le dijo a Rohr que realizaba esta gestión en nombre de "tres importantes hombres del gobierno (de Julio María Sanguinetti), los más importantes además del presidente". Rohr no pagó la coima y perdió la licitación. Ocho días después Ovalle llamó a Rohr y le dijo "marchaste: don Antonio (por Marchesano) arregló con Bluth ".

Ovalle y Giachino fueron presentados a Naturas por Gorosito. Fuentes cercanas a ambas partes indicaron a BRECHA que las reuniones entre los empresarios ocurrieron tanto en Montevideo como en Buenos Aires y estuvieron signadas por las permanentes alusiones de Ovalle y Giachino a los "caminos que debían seguirse para ser eficaces " en la obtención de permisos y en la rendición de cuentas ante el fisco.

Una anécdota ocurrida durante los meses de conversaciones pinta de cuerpo entero la filosofía de Ovalle y Giachino. Uno de los directores de Naturas detalla los pasos legales que la empresa había seguido para poder instalarse. Hasta ese momento Naturas iba casi por su segundo fracaso en su decisión de procesar residuos hospitalarios en el país. "Si hacés eso te va a pasar como dice el tango, corrés el riesgo de que te bauticen gil", dijo entonces Giachino, quien se jactaba de conocer "las tarifas de cada trámite ".

El segundo encuentro entre Gorosito, Naturas y los incipientes inversores en esta materia se realizó en la casa de Ovalle. "El 14 de aquellos corrientes continúa escribiendo Celis a Cat en alusión al mes de febrero- en una finca sita en la justa esquina de Báez y Montero, en pleno Biarritz de la ciudad, se mantuvo otra reunión con estos inversores, en la cual, luego de intercambiar algunas propuestas de negocios, el doctor Ricardo Gorosito Zuluaga solicitó para sí la :participación en el 16 por ciento del paquete accionario de Naturas SA, en calidad de reconocimiento por sus actuaciones de lobby en la gestación de los contactos referidos. Huelga decir que, vista la inadecuada conducta del señor Ricardo Gorosito, Naturas SA se negó a seguir avanzando en las conversaciones, dejando sin efecto todas las negociaciones con el citado grupo de procaces inversores. "

Este hecho ocurrió a escasas dos semanas de la designación de Gorosito como subsecretario del MVOTMA. Lo que aún se desconoce es cómo pensaba el inminente jerarca realizar una actuación ecuánime contando con el 16 por ciento de las acciones de una de las empresas que luego debía supervisar desde su cargo público.

GOROSITO GESTOR. Para ese entonces Naturas era apenas un proyecto y planeaba presentarse a la licitación del Ministerio de Salud Pública (MSP). La empresa tenía los permisos ministeriales, y había comparecido en dos audiencias públicas, pero no tenía planta de tratamiento de los residuos hospitalarios. Con este objeto Naturas intentó un nuevo contacto con el ministro Cat.

"Luego de corrido el tiempo, y ocurrida la eminencia de la Licitación Pública N63100 llamada por el MSP, solicitamos una entrevista con el señor Ministro a efectos de solicitarle la relocalización urgente de nuestra empresa para el departamento de Paysandú continúa la carta.

El MVOTMA concedió la audiencia a Naturas el 28 de setiembre de 2000 a las tres de la tarde, sólo que en lugar de Cat los recibió Gorosito y les pidió que para un mejor asesoramiento concurrieran a su estudio jurídico, ubicado en la calle Convención 1382.

"Urgidos por los plazos de dicha licitación y por nuestra imposibilidad de trabajar a pesar de haber transitado puntillosamente y sin excepciones todos los trámites legales, un socio de nuestra empresa, el ingeniero Osvaldo Campillo, acudió a la reunión con los abogados sugeridos. En ésa reunión estaban presentes los doctores Nin y Vargas. Fue allí que nos pidieron los U$ 20.000, que según los profesionales había que abonar por expreso mandato del doctor Gorosito", continúa narrando Naturas al ministro Cat.

Fuentes de la empresa señalaron a BRECHA que durante el encuentro con los abogados Nin y Vargas -uno sentado a cada lado del director de Naturas Osvaldo Campillo-, Nin le dijo a Campillo: Gorosito siempre dice que en este estudio, el que no puede pagar que no venga '.

Naturas pagó el 12 de octubre de 2000 diez mil dólares al estudio de Gorosito. En ese momento el abogado Fernando Nin le extendió a la empresa un recibo donde consta que el dinero se paga por concepto de "honorarios profesionales". El dinero se entregó a través de¡ cheque N' 190.878 de la Agencia Prado del Banco de Montevideo. "Pagamos pues, una suerte de peaje, un precio vil si se entiende que las gestiones para la licitación se cobraban aparte, según consta en las propuestas de contratación profesional que fueran rechazadas en su conjunto por nuestra empresa y que se acompañan ", continúa la carta.

LAS DENUNCIAS DE SENDIC. Cuando el llamado a sala en régimen de Comisión General, el 25 de julio último, el diputado Raúl Sendic informó a Cat que Gorosito había percibido diez mil dólares a través de su estudio. No se conocían entonces los pormenores del asunto y Cat -después de felicitar a Sendic por su extensa exposición y la investigación realizada- cedió la palabra a Gorosito, quien se defendió asegurando que este dinero se lo había ganado meses antes de asumir su función pública por la asesoría jurídica de Naturas.

A pesar de ello, el socio de Gorosito, Fernando Nin, llamó en reiteradas oportunidades a dos integrantes de la empresa Naturas y los presionó -según la versión de Naturas al ministro Cat pidiéndoles que firmaran una carta que el mismo Nin había redactado ratificando la versión que Gorosito dio en la Cámara ante los legisladores, el ministro Cat y los asesores que acompañaban a ambos.

Ni Celis ni Campillo, directores de Naturas SA, quisieron firmar la carta. Nin acudió entonces a Alberto Ledoux. un integrante de la firma que, según los directores de la empresa. "no estaba al tanto de este episodio va que en ese entonces se había alejado de Naturas ".

Fuentes del Ministerio de Vivienda contaron a BRECHA que fue entonces cuando Gorosito decidió renunciar la primera vez ". Pero, cosas del destino, Nin convenció a Ledoux de que firmara la carta avalando los dichos de Gorosito y el entonces subsecretario retiró la renuncia. "Esto fue lo que motivó que decidiéramos hacer públicos los hechos ", dijo a BRECHA el socio argentino de Naturas, Osvaldo Campillo. Recién entonces se produjo la segunda renuncia de Gorosito, que según anunció el ministro Cat fue para tener más libertad para defenderse en el ámbito judicial. Esta semana el exsubsecretario presentó una denuncia penal por el delito de calumnia contra los directivos de Naturas SA.

De eso no se habla.

La tevé y el diputado Sanguinetti. Ningún televidente, de ninguno de los cuatro canales abiertos del país, pudo enterarse de lo que ocurrió en la sesión de la Cámara de Representantes del miércoles 5. Alguien podría suponer que esto no tiene nada de novedoso, porque en definitiva los canales no informan sobre muchísimas cosas. Lo llamativo en este caso es que, contrariamente a la práctica habitual, ninguno de los cuatro se hizo presente ese día en la Cámara baja, donde casualmente la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio (ep-fa) habría de plantear una cuestión de fueros a propósito de la situación judicial del diputado Julio Luis Sanguinetti (fb, pc), hijo del dos veces presidente de la República.

El diputado Raúl Sendic (26 de Marzo, ep-fa) dijo a BRECHA tener "información cierta" de que los canales fueron presionados para no asistir a la sesión, de modo de evitar la difusión de un caso que "al parecer mucho molesta e inquieta al entorno más estrecho del expresidente" Julio María Sanguinetti. El planteo de fueros, sin embargo, no se llegó a tratar en la citada sesión -dedicada íntegramente, merced a los buenos oficios de la bancada colorada, a tratar las acusaciones de la bancada de senadores del ep-fa contra el diputado Daniel García Pintos (15, pc)- y su presentación está prevista para el martes 11.

A través de ese planteo, la bancada del ep-fa exigirá al diputado Sanguinetti que cumpla el compromiso asumido ante sus pares de colaborar en la causa judicial que investiga su participación en el caso del "cangrejo rojo", y que desista de su negativa a someterse a una pericia de voz, a fin de comprobar la veracidad de una grabación en la que supuestamente aparece reclamando un millón de dólares al empresario Ricardo Moll Grolero para mover sus influencias en el poder. "Cuando el diputado Sanguinetti se niega a someterse al peritaje está incumpliendo con la promesa que nos hizo de colaborar con la justicia. Además, si él tiene la certeza de que la grabación es falsa, por qué no se somete a la prueba y despeja todas las dudas. La confirmación de que él no tiene nada que ver con el asunto le quitaría una gran carga de responsabilidad al Parlamento", sostuvo Sendic.

En una carta pública Sanguinetti afirmó que "ya había cumplido" con su compromiso ante los legisladores de izquierda, desde el momento en que "concurrí a la sede sin ampararme en los fueros" parlamentarios. Por lo demás, el diputado reiteró que se había negado a la pericia técnica porque el procedimiento no le ofrecía "garantías", y reclamó a los legisladores encuentristas que no le exijan que "resigne los derechos que me asisten, no como diputado sino como ciudadano".

La hora de las causas judiciales.

Residuos hospitalarios

Seis procesos judiciales simultáneos tienen lugar en todo el país en torno al tema residuos hospitalarios. Cuatro de estos juicios tienen que ver con la operativa de la empresa Trenal, que en febrero último trasladó sin la correspondiente autorización ministerial desechos tóxicos desde el puerto de Montevideo, utilizó campos del departamento de Salto para enterrar residuos hospitalarios y aprovechó el local de la exprocesadora lechera Calpu, en Flores, para depositar aguas de sentina y otros desechos aún no identificados.

Estas irregularidades provocaron que, en distintos momentos, desde julio hasta ahora, la justicia actuara de oficio o por denuncia de parte, abriéndose varias causas en las que entiende la fiscal Adriana Acosta y el juez Duvi Teixidor, en Salto, y el juez en lo penal Homero da Costa, en Montevideo. Este último magistrado examina si existió delito en las habilitaciones de plantas de tratamiento de residuos otorgadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (mvotma). La denuncia fue realizada a fines de agosto por el diputado Raúl Sendic (26 de Marzo, ep-fa), quien aportó al juzgado 58 documentos.

Hay también una demanda penal por el delito de calumnia presentada por el exsubsecretario del mvotma Ricardo Gorosito contra los principales de la empresa Naturas sa, que lo acusaron de recibir, a través del estudio jurídico al que había pertenecido, una coima de diez mil dólares a cambio de otorgar un permiso de habilitación. Carlos Celis, uno de los directores de la firma, denunció a Gorosito en una carta que la empresa le envió al ministro Carlos Cat. En la primera audiencia, realizada el jueves 20, la fiscal Ana Míguez pidió el procesamiento del director de Naturas por difamación. El abogado de Celis sostiene que ese delito no puede configurarse porque no hubo denuncia de Gorosito en ese sentido.

Mientras tanto, un grupo de vecinos de la ciudad de Flores se presentó el viernes 21 ante el ministerio público para denunciar ante el fiscal de Corte Oscar Peri Valdez la situación que sufren como afectados.

El grupo se reunió el viernes 7 en el local de la Junta Departamental y en una firme declaración exigió al intendente Carlos Mazzulo el traslado y tratamiento de los residuos encontrados por el ministerio en la explanta de Calpu. "Si hoy somos capaces de permitir el depósito de las aguas de sentina, estamos abriendo las puertas para que mañana el departamento de Flores y otros lugares del país se conviertan en basureros tóxicos o nucleares, como ya se ha intentado por parte de las potencias industrializadas", expresaron los vecinos.

Fuentes de la Fiscalía de Corte dijeron a BRECHA que los ciudadanos de Flores están amparados por el artículo 48 del Código Civil que establece que en intereses difusos para la sociedad quienes están legitimados para iniciar una acción legal son los propios afectados, cualquier interesado que acredite su condición de tal o el propio ministerio público.

Las mismas fuentes afirmaron que este organismo procederá a enviar el caso a la fiscalía de Flores, quien deberá decidir si la causa se dirime en el ámbito civil o en el penal.

Un negocio redondo.

Viviendas del SIAV. La licitación y construcción de los núcleos básicos evolutivos del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (siav) están bajo la lupa de tres comisiones legislativas y una comisión investigadora creada por la Junta Departamental de Salto.

El diputado Raúl Sendic (26 de Marzo, ep-fa) dijo a BRECHA que una de las hipótesis a analizar lo constituye el hecho de que "una vivienda de este tipo le cuesta al Estado entre 26 y 32 mil dólares cuando es obvio que valen seis o siete mil dólares".

"De parte del Ministerio (de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, mvotma) hay una especie de subsidio encubierto a algunas empresas constructoras (de los núcleos básicos evolutivos) y no está claro cuál es el proceso de adjudicación de estas licitaciones", dijo Sendic.

El diputado se refirió al caso de Salto, cuya Intendencia adjudicó la licitación -con la aprobación de la Junta Departamental y en convenio con la opp- a la empresa Lanfil sa, que construye este tipo de viviendas para el mvotma en varios departamentos del país. Según dijo a BRECHA Sendic, esa empresa pertenece a Tomás Pamparatto y la licitación adjudicada en la comuna salteña ocurrió mientras el presidente de la Junta era José Alberto Pamparatto (fb, pc) -que a su vez es abogado de Lanfil y hermano del propietario-, lo que provocó la inmediata creación de una comisión investigadora en el legislativo comunal salteño.

La licitación se efectuó en el marco del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (piai) que ejecuta la Intendencia en convenio con la opp.

El diputado Ramón Fonticiella (pdc, ep) presentó documentación sobre estos hechos ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes, que remitió la información a las comisiones de Legislación Laboral y de Transporte y Obras Públicas.

Los legisladores también manifestaron en las comisiones legislativas su preocupación por los cerca de cincuenta juicios laborales ante el Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social que tiene la empresa Lanfil sa.

Sendic dijo a BRECHA que Lanfil gana buena parte de las licitaciones que convoca el mvotma por el buen precio que oferta, aunque en varios casos se comprobó que no paga salarios y otros adeudos a sus trabajadores.

Los trabajadores piden la renuncia de Jorge Sanguinetti.

ANCAP cumple 70 años. La principal empresa del país, ancap, cumplió esta semana 70 años en medio de una situación bastante insólita. Mientras el presidente del organismo, Jorge Sanguinetti, en un acto protocolar hacía entrega de medallas conmemorativas a empleados con larga trayectoria, el sindicato reclamaba, desde el hall mismo del ente, su renuncia.

La drástica medida se debió, entre otras cosas, a que la detención de las obras en la refinería de La Teja hizo perder al ente unos seis millones de dólares (véase BRECHA 28-IX-01, págs 18 y 19) y a que ello se hizo para dejar en libertad a futuros socios, cuando en realidad hasta ahora ha resultado totalmente fútil.

Otro de los elementos que llevaron a la Federación ancap a exigir la renuncia de Sanguinetti en una manifestación realizada en forma paralela al acto solemne, según explicó a BRECHA su secretario general Germán Riet, es el convencimiento de que los daños al patrimonio de la compañía y al país son una constante en la gestión y se expresan en muy diversas decisiones del directorio. En ese sentido menciona difundir información errónea sobre los precios de los combustibles; impulsar una estrategia que prioriza lo inmediato de la asociación y la concesión al capital multinacional, despreciando la apuesta de fortalecimiento y ampliación de la empresa; decidir una licitación por subasta que puede servir para privatizar, o para que vengan a taponear o liquidar con el tiempo a la empresa, pero no para elegir el mejor socio para el ente; demorar las inversiones ya resueltas en el sector portland, en función de una asociación total con la empresa Loma Negra, que es inconveniente, ignorando la propuesta del sindicato (que se formuló hace más de un año y consistía en diversificar y atender al mercado brasileño); y aplicar una política poco clara en el sector alcoholes, que no permite aprovechar las posibilidades de negocios que podrían realizarse con pequeñas inversiones.

El borrador presentado por Sanguinetti ha recibido críticas no sólo del sindicato, que dejó abierta la posibilidad de llamar a un plebiscito, sino también de otros sectores de la sociedad. Entre quienes formularon juicios total o parcialmente adversos está la asociación de vendedores de nafta, la compañía Chevron Texaco y el miembro del directorio de ancap Pablo Abdala (Herrerismo), quien durante una comparecencia en la comisión del Senado, el jueves 4, en la cual las críticas de los legisladores tampoco escasearon, tomó distancia de Sanguinetti.

Sin embargo, el presidente de ancap no ha dado señales públicas de estar demasiado preocupado y explicó en su discurso que existe un retraso de un mes en el proceso de asociación con una petrolera extranjera, pero que ello está plenamente justificado debido a que el Tribunal de Cuentas observó la contratación de un banco de inversión "para que nos asesore en este proceso" (El País, miércoles 17).

Fuentes de la empresa estatal dijeron a BRECHA que existen febriles negociaciones para acercar el criticado borrador elaborado por Sanguinetti y sus asesores, que evaluaron quizás como un globo sonda, con otro proyecto elaborado por un grupo de gerentes, habida cuenta del resultado poco auspicioso.

Respecto de la actitud de la izquierda, el diputado Raúl Sendic (26 de Marzo, ep-fa) dijo en CX 36, el martes 16, que "si en el Frente Amplio no llegamos a un acuerdo sobre una posición clara (de rechazo al borrador presentado por Sanguinetti) me atrevería a plantear esa posición aunque sea en soledad", debido a que "esta propuesta es inaceptable e incluso es un atentado a la inteligencia de nuestra fuerza política".

Las diferencias se disparan.

El EP-FA y el futuro de ANCAP.

Mario H Peralta. "Cualquier interpretación de la misma será responsabilidad de quien la haga", dijo el miércoles 5 Tabaré Vázquez en su audición semanal de CX 36, refiriéndose a los sucesos que siguieron a la resolución que sobre el futuro de Ancap adoptó la Mesa Política del Frente Amplio (FA) el lunes 3.

El tono admonitorio de Vázquez no pareció suficiente para contener un Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) partido en dos, respecto del destino inmediato de la empresa de los combustibles, y que ya el martes 4, en la Comisión Especial de Servicios Públicos del Senado, había mostrado las diferencias en torno al tema entre los senadores de la coalición de izquierda. Especialmente, en aquellos que habían conformado la mayoría para aprobar la posición del FA sobre una futura asociación de Ancap: el socialista Reinaldo Gargano, por un lado, y sus pares Danilo Astori, de Asamblea Uruguay (au), y Alberto Couriel, de la Vertiente Artiguista (va), por otro.

LA SAGA. La historia de las posturas diferentes sobre este ítem es larga y tiene su arranque en las distintas actitudes con respecto a las empresas públicas y a la forma de enfrentar la ofensiva privatizadora del gobierno de Jorge Batlle. Si bien todos acordaron recoger las firmas para impedir, mediante un plebiscito, la venta parcial de Ancel y la posibilidad que brinda el artículo 613 de la ley de presupuesto para concretar privatizaciones encubiertas, la estrategia del enfrentamiento frontal o "la lluvia de plebiscitos" -como alguna vez dijo Vázquez- no es de recibo de todos los sectores. Los principales dirigentes de va y au han señalado en múltiples oportunidades que prefieren negociar con el gobierno y así incidir para que no triunfe la línea más ortodoxamente privatizadora dentro de la coalición gobernante. Se trata de una lógica combatida por los sectores radicales del EP-FA, que entienden que de ese modo se razona sobre las premisas del planteo neoliberal y no se da un mensaje claro a la población. A este último argumento se sumó Gargano, quien ha señalado la necesidad de establecer proyectos propios sobre el destino de las empresas públicas, para impedir que las definiciones de la izquierda se "impregnen" de líneas de razonamiento generadas en los antípodas del "pensamiento progresista".

En el caso concreto de Ancap, el FA tuvo tres posturas: no a la asociación (la Corriente de Izquierda, el 26 de Marzo, el Partido Comunista y la mayoría de las bases de Montevideo e Interior); rechazo a la asociación propuesta por el gobierno y elaboración de un proyecto propio con condicionantes que aseguren la no enajenación de activos y el crecimiento del ente (Vázquez, el vicepresidente Jorge Brovetto, el Partido Socialista y el Movimiento de Participación Popular); acordar incluso sobre los "borradores" gubernamentales para impedir el peor de los negocios, partiendo de la base de que colorados y blancos tienen los votos para resolver, si quieren, por sí solos (va y au).

Esta ecuación demoró varias semanas la resolución del FA sobre el tema. Recién el lunes 3, tras una extensa sesión de más de seis horas, la dirección frenteamplista aprobó, por 18 votos contra ocho y una abstención, una resolución por la cual se rechazó "la política económica del gobierno y las sucesivas propuestas y proyectos de ley referentes a Ancap y al proyecto de creación de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua". La moción -votada por el ps, Vázquez, el vicepresidente Jorge Brovetto, va, au, Fidel, el mpp, con la oposición del 26 de Marzo, la ci y la mayoría de los delegados de base, y la abstención del pcu- establecía la necesidad de elaborar un proyecto alternativo de asociación con, entre otras, las siguientes condicionantes: marco regulatorio previo para el sector (con participación de usuarios y trabajadores en la unidad reguladora); la nueva empresa debe servir para crecer, "lo que implica la no transferencia del dominio de activos del ente a la nueva sociedad"; resolución del proceso asociativo mediante mayorías parlamentarias especiales; respeto de los derechos de los trabajadores, y cogestión de la nueva empresa, asegurando el voto decisivo de Ancap en los asuntos estratégicos.

LA CRISIS. La versión taquigráfica de la reunión de la comisión de la Cámara alta es muy clara acerca de la forma en que fue interpretada la resolución de la Mesa por los distintos actores encuentristas. Mientras Astori y Couriel lo hicieron como un punteo para negociar con la coalición de gobierno, aun sobre el proyecto de asociación redactado por el senador blanco Francisco Gallinal, Gargano concluyó que la decisión sólo habilitaba a plantear los puntos de vista de la izquierda y dejar sentado el rechazo, tanto al proyecto de Gallinal como a los sucesivos borradores que había presentado el presidente de Ancap, Jorge Sanguinetti.

Así, en tanto Astori y Couriel propusieron enmiendas al articulado del senador blanco, el dirigente socialista se limitó a señalar que su fuerza política no los había mandatado para negociar sobre otra base que no fuera la del proyecto propio.

Las cosas se encresparon aun más cuando en la sesión siguiente de la misma comisión, el miércoles 5, Couriel, Astori y Enrique Rubio, también legislador de la va, presentaron un proyecto de 15 artículos sin consulta alguna a los organismos de dirección de la coalición de izquierda.

Un dirigente socialista, según indicó ayer, jueves, La República, dijo que el texto presentado por los tres senadores no respeta lo resuelto por la Mesa Política y está basado en el último borrador de Sanguinetti y en el planteo de Gallinal. Entre las cosas para él cuestionables mencionó que no establece, entre otras cosas, la necesidad del marco regulatorio como condición previa a cualquier asociación; que habilita la utilización de la ley de desmonopolización de alcoholes como norma para definir la asociación (el directorio puede sin venia parlamentaria concretar la negociación), ya que previamente sanciona la desmonopolización de la importación y refinado del crudo; y que no traspasa por un período de cinco años -tal como reza la resolución del FA- el monopolio de refinación e importación a la nueva empresa.

El miércoles de tarde el senador José Mujica (mpp), coordinador de la bancada del EP-FA, citó a una reunión urgente de la misma, con el fin de acercar las posiciones. Sin embargo, éstas se mantuvieron.

Esa misma noche, el Comité Ejecutivo del ps emitió una declaracion apoyando lo actuado por Gargano y reafirmando su interpretación de la resolución de la dirección frenteamplista.

A la controversia entre el ps versus va y au, se sumaron otros pronunciamientos. Así el diputado del 26 de Marzo Raúl Sendic sostuvo que no votaría ningún proyecto de asociación; Mujica dijo a BRECHA que no compartía la actitud de Couriel y Astori. Señaló que padecían de un "exceso de idealismo" y que no entendían que estaban frente a un proceso de privatización encubierto, sobre el cual "los dados ya están echados".

Según participantes de la reunión de bancada, el senador Rodolfo Nin Novoa preguntó a los dos colegas cuestionados si el proyecto por ellos planteado "hubiera sido el mismo si el EP-FA fuese gobierno". La respuesta no existió, comentaron las fuentes.

Para ayer, jueves, por la tarde se preveía una reunión de Vázquez con los senadores "cabeza de lista", un organismo sui géneris que funciona los miércoles, aunque en las dos semanas en que la discusión interna alcanzó su punto más alto no fue convocado.

LOS OTROS ACTORES. En la sesión de la comisión senatorial de ayer, los senadores de la coalición de gobierno aceptaron trabajar sobre el planteo de Couriel y Astori y propusieron algunas enmiendas, "para peor", según fuentes frenteamplistas. Por ejemplo, que la desmonopolización de la importación y refinado del crudo entre en vigencia apenas se efectúe el acto administrativo de adjudicación. Esta iniciativa, comentaron, dejaría mal parada a la nueva sociedad, dado que la remodelación de la refinería para alcanzar los 50 mil barriles diarios estaría pronta en el 2003 y la constitución de la empresa mixta podría hacerse en los primeros meses del año venidero.

A nivel de la Federación Ancap (fancap), las reacciones han sido contrarias al proyecto Couriel-Astori -aun entre los militantes sindicales afines a sus respectivos sectores-, si bien Couriel se ofreció a intercambiar ideas con el sindicato. Incluso fancap, que comparte aspectos importantes de la propuesta de la Mesa del FA, señaló dos discrepancias básicas con ella: a juicio de la gremial la gestión debe quedar exclusivamente en manos de Ancap y, en segundo lugar, debe establecerse expresamente que el régimen que rija para los funcionarios de la nueva sociedad tendrá que ser, como hasta hoy, de derecho público.

En cambio, la postura de Couriel y de Astori ha sido respaldada plenamente por sus respectivas organizaciones políticas. Juan José Bentancor, exdirigente de fancap y actual diputado de la va, consultado por BRECHA, sostuvo que los senadores de su grupo han actuado correctamente y que el proyecto presentado por ellos se ciñe precisamente a la resolución de la Mesa del FA.

La primera instancia para resolver esta crisis será el lunes 10, cuando nuevamente se reúna ese órgano. Allí, si no hay acuerdo, podría plantearse la "libertad de acción" sobre el asunto. Se trata de una posibilidad que Mujica no descartó, agregando que estaba dispuesto a concederla.

La verdadera situación del sistema financiero

Entre la visión de Colin Powell y la televisión argentin

Samuel Blixen

En Uruguay existía un seguro de depósitos bancarios implícito, por el cual el Estado se hacía cargo de cualquier problema, inesperado o inducido, accidental o deliberado, que pusiera en riesgo el dinero de los depositantes. No importaba que un banco fuera vaciado, que sus dueños lo fundieran, que algunos gerentes regalaran préstamos a sus amigos o que otros fueran lo suficientemente ineptos y frívolos como para incurrir en pérdidas desastrosas; siempre estaba allí el Estado para hacerse cargo de los costos y para impedir que se hundiera el sistema. Los ahorristas, de afuera y de adentro, aguantaban cualquier chaparrón y se abstenían de caer en la histeria de una corrida.

Pero eso se acabó. El depositante ya no confía en los bancos y tampoco en la capacidad de los actuales gobernantes para resolver una crisis que comenzó en Argentina y que se desplaza por la región con la fatalidad de una metástasis. No confía ni aun cuando el propio presidente se desplaza hasta Estados Unidos para rogarles a los dueños de un banco, el Comercial, que ayuden en el salvataje, y cuando recibe una negativa, pone lo que tiene, 33 millones de dólares, para comprar confianza.

Los clientes de los bancos uruguayos, con el antecedente del "corralito" argentino y la política que lo provocó -las privatizaciones y la corrupción asociada-, se volvieron rápidamente agnósticos: desde el 23 de enero a la fecha el sistema financiero uruguayo en su conjunto ha perdido depósitos del orden de los 2.500 millones de dólares. Todos los bancos privados han sido afectados en mayor o menor medida, pero también lo han sido los bancos oficiales: desde mediados de marzo el Banco República ha perdido depósitos por valor de 150 millones de dólares; y el Banco Hipotecario enfrenta retiros que el diputado Raúl Sendic ha estimado en un millón de dólares diarios.

Ya no se trata de los grandes capitalistas no residentes -esos tenedores del "capital cobarde que huye", al decir de Colin Powell- dedicados a la especulación que al menor síntoma, real o supuesto, entran en pánico y ponen su dinero en plazas que estiman más seguras. Ahora se trata del pequeño ahorrista residente que desconfía, que tiene miedo, que saca su dinero del plazo fijo para ponerlo en una colocación a la vista, después en un cofre fort y finalmente debajo del colchón, no sea cosa que, a pesar de lo que diga el ministro Alberto Bensión, se nos implante aquí un corralito.

La corrida, el pánico bancario que afecta a la plaza financiera uruguaya, comenzó por el Banco Comercial, a mediados de enero, el mismo día en que se supo que la justicia argentina detenía y procesaba a Carlos Rohm por corrupción financiera. Carlos y su hermano José tuvieron el tupé de engañar la supervisión del Banco Central -lo que no es ningún mérito- pero tambiéén el ojo vigilante de sus socios David Mulford, dueño del J P Morgan, y los ejecutivos del Crédit Suisse y del Dresdner Bank, y de llevarse 250 millones de dólares. El Central trató de tapar el agujero, aunque los cien millones de dólares que pusieron los dueños del Comercial no fueron para capitalizar el banco sino para reponer un adelanto efectuado por el Estado uruguayo.

Entre el 23 de enero y el 13 de febrero hubo una sangría acotada al Comercial que de alguna manera se compensaba con el flujo de capitales que lograba saltar el corralito argentino y que recalaba en este lado del Plata. Pero con el cierre del Banco de Galicia se generalizó la corrida con retiros hacia el exterior y con el desplazamiento masivo hacia los cofre fort. La pérdida de 1.500 millones de dólares que afectó al Banco de Galicia demostró la frivolidad de las autoridades uruguayas, que habían concedido licencia de banco a una banca off shore que tenía todo el dinero colocado en el exterior.

Entre enero y febrero en la plaza financiera uruguaya se consolida una estrategia que apunta a la concentración, a una despiadada lucha que implica la supervivencia del más fuerte. En esa estrategia militan particularmente el abn Amro Bank, el Citibank y el Boston. Por un lado tratan de asegurar su cartera de clientes, a quienes aconsejan colocar sus depósitos en el exterior. Es así que comienza un primer proceso de fuga que afecta fundamentalmente al gran depositante, a los depósitos que van desde los cien mil al medio millón de dólares. Es lo que algunas fuentes de aebu califican como la "práctica de ciertos bancos extranjeros que arrojan sombras sobre la plaza financiera". Son los mismos bancos que, con total prescindencia de la situación del país, evalúan la conveniencia o no de quedarse o irse, tal como lo hizo, sin ningún cargo de conciencia, el Scotia Bank en Buenos Aires.

Pero también la estrategia apunta a aumentar la cartera de sus clientes, de modo que el abn, el Citi y -en menor medida- el Boston se dedican a captar clientes de otros bancos, en especial el Comercial y el Banco de Montevideo. El canibalismo interno y la pérdida de confianza, que se acentúa en marzo, van deteriorando la posición de los bancos privados y van afectando a los bancos estatales. Al 31 de marzo la plaza financiera había perdido 2.030 millones de dólares y ya la corrida era generalizada.

Al quebrarse la confianza -y no fue un factor menor de incidencia la renuncia del ministro de Economía argentino Jorge Remes Lenicov- la corrida afectó a todos los depositantes, no sólo a los no residentes. De modo que la sangría trepó a los 2.500 millones de dólares y continúa en un goteo imparable. Ahora son los pequeños ahorristas nacionales, alarmados por la continuidad de la crisis argentina y la falta de respuestas del equipo económico uruguayo, los que deciden sacar su dinero de los bancos.

Ello introdujo nuevos elementos de crisis: algunos bancos, imposibilitados de hacer frente a los retiros, se vieron obligados a negociar pagos parciales, lo que fue interpretado como una especie de corralito que impulsó, a través del boca a boca, a nuevos retiros. Mientras el gobierno hace la plancha olímpicamente, en ciertos ámbitos pequeños, como por ejemplo la ciudad de La Paz, estimuló el pánico el hecho de que, coyunturalmente, en dos ocasiones la sucursal del Banco República se quedara sin efectivo.

De hecho, según fuentes bancarias, la corrida ha puesto a varios bancos en situación de total iliquidez. Todos los bancos, se asegura, han apelado ya a sus fondos en el Banco Central, de modo que el Central está autorizando el sobregiro de algunas instituciones privadas.

Aunque el Banco República ha sufrido también una corrida del orden de los 150 millones de dólares, comparte, junto con Cofac y el Banco de Crédito (donde el Estado participa con el 51 por ciento de las acciones), el beneficio de una mayor confianza por ser del Estado o por ser cooperativas de capitales nacionales. El Banco Hipotecario sufre una situación particular (véase nota aparte).

Fuentes bancarias afirmaron a BRECHA, al cierre de esta edición, que la situación no había variado y que el proceso de cancelación de depósitos continúa a un ritmo preocupante, del orden de los 8 millones de dólares diarios. La actual crisis, de características distintas a las anteriores, hace imposible una intervención estatal del tipo de los salvatajes individuales de instituciones.

En los medios financieros se aguarda alguna señal del gobierno. Pero el equipo económico no da señales de vida, el Foro Batllista se mantiene a la expectativa, la coalición se resiste a un diálogo nacional, y el presidente Jorge Batlle, como habría confesado a los dirigentes sindicales que recibió el 23 de abril en la residencia de Suárez, "no sabe qué hacer". Por lo menos no ha hecho nada en los últimos quince días, en los que el goteo se llevó otros 150 millones de dólares, por lo menos.

Un banco con coronita

El Abn y la cartera del Hipotecario

El banco Abn-Amro, de origen holandés, que en Uruguay cambió varias veces de apellido, acaba de tomar la delantera en el exterior y aconsejó a sus clientes la conveniencia de adquirir títulos de deuda uruguayos porque, a su juicio, los éxitos de la política económica del gobierno de Jorge Batlle auguran estabilidad y seguridad financieras y, por tanto, es negocio rentable comprar ahora las obligaciones que en las últimas semanas cayeron casi un 30 por ciento de su valor debido, entre otras cosas, a las "calificaciones" de consultoras internacionales.

El consejo del Abn va en la misma dirección de los elogios prodigados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell. En principio son miel para los oídos del ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, quien podría perfectamente remedar a su jefe Jorge Batlle y decir que "es un apoyo de la gran siete".

Pero, como los del guerrero-diplomático estadounidense, los motivos del Abn no son desinteresados. Así como Powell retribuyó con sus halagos los servicios prestados por Batlle en el asunto Cuba, el Abn retribuye ese fabuloso regalo que consiste en apropiarse de las carteras rentables del Banco Hipotecario -es decir, las cuentas de aquellos clientes que están al día, que pagan, que no son morosos- a cambio de un desembolso inicial de 20 millones de dólares.

Algunos diputados de la coalición de gobierno refutaron, el miércoles 8, al diputado Raúl Sendic (26 de Marzo, EP-FA), quien en la Comisión de Vivienda de la Cámara baja denunció ese "negocio" como una operación de privatización realizada en forma clandestina, con el consentimiento del Banco Central, contraviniendo disposiciones legales, y al margen del Parlamento. "No es una privatización -dijeron-, es una enajenación por diez años."

El remiendo es peor que el soneto: el Abn se queda con los mejores clientes, recibe el pago de las cuotas durante diez años, y a cambio entrega 20 millones de dólares pero cobra por ello un interés anual de Libor más tres puntos. El vicepresidente del Banco Hipotecario, Jorge Conde Montes de Oca, explicó que la operación se fundamenta en la necesidad de liquidez, es decir, la necesidad de tener dinero en caja, y argumentó que, a los diez años, las carteras de clientes transferidas vuelven al BHU. Lo que está por verse es si, al cabo de diez años, operando sólo con los clientes que no pagan, que no pueden pagar, seguirá existiendo un Banco Hipotecario en el país.

La transferencia de carteras "saludables" consuma una vieja aspiración del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y, por supuesto, de la banca privada internacional: completar la liquidación del negocio estatal de los préstamos hipotecarios, que había comenzado con la desmonopolización de esos servicios financieros.

La liquidación del BHU estaba implícita o explícita en las "condicionalidades", es decir, la letra chica de cuanto préstamo otorgaban los organismos multilaterales. Lo insólito de esta privatización consiste en que, a diferencia de la desmonopolización, que puso en pie de igualdad a todos los bancos extranjeros interesados en el negocio hipotecario, esta "venta de carteras cobrables" sólo beneficia a un banco. El Abn pasa, con este negocio, a liderar otro capítulo del proceso de concentración bancaria en Uruguay.

En la perspectiva del Abn y del Citibank sólo existe un objetivo detrás de la crisis financiera iniciada como reflejo del desastre argentino, pero ahora con impulso propio: eliminar competidores para acercarse lo más posible a ese sueño quizás inalcanzable -pero inherente a la esencia capitalistaa del lucro infinito- que es el monopolio del mercado financiero uruguayo. En ese sentido el Abn le tomó la delantera al Citibank. Comprometidos en el juego de destruir competidores y controlar porciones de mercado, el Abn y el Citibank se dedicaron a captar clientes de otras instituciones y a transferir depósitos hacia el exterior (véase la nota central); pero en una estrategia de posicionamiento, una vez que se calme la crisis (si es que se calma) el control y manejo de la cartera saludable del Banco Hipotecario implica una ventaja apreciable del Abn sobre el City.

La enajenación de esas carteras es un negocio especular (idéntico pero de signo inverso) a la compra de carteras de 1983, cuando el Estado uruguayo pidió un préstamo a varios bancos extranjeros (el Citi en primer lugar) para financiar la compra de los créditos incobrables que tenían esos mismos bancos. Ahora, en lugar de comprar créditos incobrables, se venden créditos cobrables, pero se paga un interés por el dinero que se recibe.

Lo más insólito de este negocio (parecido al de la venta del Banco Comercial, por el que se terminó pagando en lugar de cobrando) es que beneficia exclusivamente a una institución. Y entonces hay que preguntarse por qué el Banco Central del Uruguay y el ministro de Economía, Alberto Bensión, optaron por el Abn y no por otro banco.

Que el ministro Bensión tiene predilección por el Abn-Amro no es una novedad: el Abn reiteradamente ha sido el vocero oficioso de los anuncios en materia de política financiera. Y cuando se produjo la intervención del Banco Comercial a raíz del desfalco de uno de sus propietarios, el banquero argentino Carlos Rohm, el ministro Bensión se apresuró a nombrar, como gerente interventor, a un ejecutivo holandés del Abn, que había ocupado anteriormente la gerencia general de la sucursal del banco en Montevideo.

Estando al frente del Banco Comercial un ejecutivo fuertemente vinculado al Abn, no es de extrañar que muchos de los clientes del Comercial hayan optado por transferir sus negocios al Abn. Lo que no se comprende es por qué el ministro Bensión tiene tal predilección por el Abn como para elegirlo como beneficiario de la privatización del BHU.

El hecho de que su hija Marcela ocupe un puesto en el staff del Abn en Montevideo complementa el cuadro pero no explica cabalmente la situación. Otros vínculos y otras coincidencias son necesarias para explicar por qué el ministro de Economía, que reitera una y otra vez que "aquí no va a pasar lo de Argentina", toma decisiones como las que provocaron en Argentina la pérdida total de confianza y precipitaron el default: por ejemplo, privatizaciones insensatas para beneficio de amigotes.

Listas y candidatos

Los sectores políticos

El domingo 26 los votantes tendrán para escoger entre una docena de listas que representan, en algunos casos, las alianzas o subcoaliciones entre los distintos sectores del FA. A continuación se detallan los números, las fuerzas y los tres primeros candidatos de cada una de las listas.

Lista 738 (Confluencia Frenteamplista):* Víctor Rossi, Marcos Carámbula y Gustavo Guarino.

Lista 1813 (Liga Federal): Julio Mattos, Elbio Frade y Carlos Bouzas.

Lista 326 (26 de Marzo): Raúl Sendic, María de los Ángeles Balparda y Fernando Vázquez.

Lista 5271 (20 de Mayo): Helios Sarthou, Lucas Pittaluga y Alba Cristóbal.

Lista 567 (Partido por la Victoria del Pueblo): Hugo Cores, Enrique Pérez Morad y Carlos Coitiño.

Lista 871 (Partido Obrero Revolucionario): Raúl Campanella.

Lista 9393 (Corriente de Unidad Frenteamplista): Eduardo Méndez, Alberto Garateguy y Aníbal Scagliotti.

Lista 1001 (Partido Comunista-Fidel): Marina Arismendi, Doreen Ibarra y Juan Castillo.

Lista 609 (mpp-Izquierda Abierta): José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Marcos Abelenda.

Lista 77 (va): Enrique Rubio, Alberto Couriel y María Julia Muñoz.

Lista 90 (ps-Corriente Popular-Movimiento Socialista): Reinaldo Gargano, Roberto Conde y Carlos Pita.

Lista 2121 (au-Movimiento Popular Frenteamplista): Danilo Astori, Alberto Cid y Carlos Baráibar.

* Esta lista cuenta con el apoyo de los sectores no frenteamplistas del Encuentro Progresista; su número, de hecho, ha sido el utilizado por la Alianza Progresista en las últimas elecciones nacionales, dato que varios dirigentes del FA entienden como una "injerencia" en los asuntos de su fuerza.

¿Usos o abusos?

Irregularidades en la Dirección de Vivienda

Documentación enviada en forma anónima a medios de comunicación, entre ellos BRECHA, y a parlamentarios, entre ellos el diputado Raúl Sendic (26 de Marzo, ep-fa), probaría -salvo explicación en contrario- que en la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (mvotma), dirigida por el herrerista Bernardino Ayala, suceden cosas sospechosas. Por ejemplo cuatro autorizaciones firmadas por Ayala para utilizar "partidas a rendir por un monto de 50 mil pesos", destinadas según el texto de las autorizaciones a "diferentes gastos de alimentación, transporte y otros gastos ocasionados por la turbonada y por inundaciones". Hasta allí nada extraño si no fuera que dichas autorizaciones (expedientes 1039, 1056, 1057, 1058), por un total de 200 mil pesos, están fechadas el 4 de marzo de 2002 y la turbonada ocurrió el 10 de marzo. Descartando potestades adivinatorias de Ayala, no hay duda de que dichas partidas fueron antedatas por razones que en el mejor de los casos son de descontrol administrativo, y en el peor, de abuso de fondos públicos.

Otra documentación recibida por BRECHA es una resolución firmada por el ministro Carlos Cat el 21 de marzo, por la cual se autoriza a "compensar a cada uno de los funcionarios que realizaron los trabajos especiales referenciados (a raíz de la turbonada), abonándoles el equivalente al monto de un viático, incrementado en un 20 por ciento de su valor, por cada día de labor". Como dicha resolución está fechada el 21, y la turbonada fue el 10, se supone que el ministro está autorizando una compensación máxima de diez días, pues no puede tampoco adivinar si los funcionarios seguirán haciendo trabajos extras y por cuántos días. Sobre la base de dichos números (valor de un viático: 417 pesos; incrementándolo en un 20 por ciento: 500; multiplicándolo por 10: 5.000), se puede concluir que como máximo los funcionarios que hubiesen trabajado todos los días, desde la turbonada hasta la resolución, recibirían 5.000 pesos. Sin embargo, de los 44 funcionarios compensados, nueve de ellos recibieron entre 6 y 9 mil pesos. O se les pagó por anticipado lo que trabajarían después, o se les pagó por lo que no trabajaron. ¿Descontrol administrativo o abuso?

Fuentes del mvotma aseguraron a BRECHA que dicha operativa administrativa, un tanto confusa, fue sin embargo autorizada por el contador delegado del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Nación, lo que garantizaría -según las fuentes- su "legalidad", pero no explicaría su desprolijidad.

El diputado Sendic informó, en la tarde del miércoles 8, a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes sobre la documentación recibida y las explicaciones personales que le brindaron el día anterior el propio Ayala y el arquitecto Fernando García Miranda. Según Sendic, el ministro Cat le dijo por teléfono que él no estaba al corriente de nada.

¿Caos administrativo habitual (pero no ilegal) o abuso de fondos públicos? El ministro dirá.

Los parientes y los amigos primero

El Banco Hipotecario se hunde

Las crisis, dicen, son también oportunidades. En el caso del BHU, para algunos el más corrupto de los bancos del Estado, puede ser el momento de la transparencia en dos aspectos clave: construcción y adjudicación de viviendas.

Sergio Israel

Poco antes del comienzo de nuestra era, un consejero del emperador romano Augusto se hizo famoso como protector de las letras y los literatos.

Dos mil años después, en medio de una grave crisis, el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) se ha convertido, con menos notoriedad, en un arbitrario mecenas de algunos empresarios de la construcción.

Aunque la responsabilidad de ese mecenazgo recae sobre el directorio de la institución y en última instancia en el gobierno del presidente Jorge Batlle, que permite el clientelismo y el amiguismo aun en tiempos de austeridad, el principal operador de ese esquema poco cristalino es el subgerente de la Gerencia de Arquitectura del banco, Antonio Cirillo.

Operador fuerte del Foro Batllista (FB), Cirillo ha logrado concentrar un poder considerable. En estos días, con la amenaza de que algunas obras puedan quedar paradas y sus trabajadores sin puesto, varias empresas están presionando para que se abra un período extraordinario de acopio de materiales (en el cual se entrega dinero a cuenta, supuestamente para la compra de esos bienes) que les permita reunirse con unos cuatro millones de dólares frescos.

Las empresas que aspiran a recibir estos recursos del banco son casualmente las mismas que hasta ahora se han beneficiado de ampliaciones, una modalidad tan perfectamente legal como perversa, que se comenzó a utilizar hace un par de años y que permite a una empresa que haya ganado una licitación para construir un edificio en Salto recibir el encargo de hacer otro, totalmente diferente pero por un monto similar, en Montevideo, o viceversa, sin que medie concurso alguno.

Si para comprar papel de fotocopias o el equipamiento de una oficina, el sistema de ampliaciones de contrato puede resultar útil y práctico en la pesada administración, cuando de una obra de varios millones de dólares se trata, las cosas no deberían ser tan sencillas.

estilo opaco.

 Aunque el grueso del déficit del banco se debe al cambio de la relación entre la unidad reajustable (ur) y el dólar (en 1987 una ur correspondía a 5,5 dólares, en 1998 eran 17,5 y ahora cerca de 12) y a que el fondo de vivienda (creado luego de la grave crisis de mediados de los años cincuenta) fue traspasado al ministerio del mismo nombre, el estilo de funcionamiento de la institución deja mucho que desear en transparencia, tanto en lo relativo a la construcción como a la adjudicación de viviendas (véase recuadro).

El sistema Proyecto Precio y Terreno (PPT) es la modalidad más utilizada por el BHU en los últimos años para la construcción de viviendas. Como su nombre lo indica, el sistema prevé que quienes se presenten aporten el lugar donde construir, el proyecto arquitectónico y el cálculo económico.

El BHU llama a un concurso en el cual un jurado valora las ofertas que realizan las empresas y elige las mejores. Para evitar que se construya en parajes inhóspitos, donde el negocio es sólo para el constructor porque tiene un solar barato, los seleccionados, antes de comenzar la obra, deben haber vendido al menos un 50 por ciento de las unidades.

De esa manera, el banco se previene en teoría contra los malos proyectos, aquellos realizados en lugares donde nadie quiere comprar, y estimula mejores obras con respaldo real de la demanda. Aberraciones hay muchas. Por ejemplo, una torre de varios pisos en un suburbio de Paysandú, un hermoso edificio con vista al campo, para el cual durante años no hubo clientes.

Especialmente en el Interior, la falta de estudios de mercado adecuados, el clientelismo político practicado por algunos directores o la corrupción lisa y llana llevaron a que se construyeran viviendas que ahora están vacías. Para cuidarlas se desembolsan unos tres millones de dólares al año en concepto de servicio 222, según denunció hace unos días el vicepresidente de la Comisión de Vivienda dela Cámara de Representantes, Raúl Sendic (26 de Marzo, EP-FA).

Millones fugados hay muchos. Todavía se recuerda el caso del millón de dólares sin justificativo sólido que el constructor de Maldonado Fernando Barboni cobró al BHU por concepto de adicionales que luego habría invertido en comprar la casa de Punta del Este al empresario brasileño Gilberto Scarpa.

En Montevideo, según dijeron a BRECHA fuentes del sector inmobiliario, el caso paradigmático es una de las torres de la Ciudad de las Tres Cruces, en el predio donde funcionaba el Arsenal de Guerra, que se está construyendo, a costa del BHU, con un solo apartamento vendido.

Otro caso que llama la atención a los técnicos es el complejo de viviendas (dos bloques de 192 apartamentos cada uno) que se está levantando en El Pinar Norte, con fuerte impacto en la zona. En este caso se trata de un proyecto que había sido descartado en el concurso y cuya realización se decidió a pesar de ello.

El sistema PPT, ampliaciones mediante, ha consolidado en la práctica a un grupo de empresas con sólida experiencia en el sector, pero también con los contactos suficientes como para presionar al banco de todos los uruguayos y lograr condiciones que otras empresas no obtienen.

La influencia de las empresas no se circunscribe sólo al BHU ni al Partido Colorado. En la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), el cargo más relevante en materia de urbanismo lo ocupa Daniel Cristoff. Aunque el director se ha encargado de deslindar expresamente cualquier participación como funcionario con relación a las obras en La Aguada, las suspicacias entre muchos de sus colegas no faltan: Cristoff participa, como arquitecto, de tres PPT en el Plan Fénix.

Los recelos se acrecentaron cuando el Conjunto Aguada, formalmente fuera del Plan Fénix, un proyecto de 188 viviendas que se lanzó sin la venta previa correspondiente y además designado a dedo en el BHU, obtuvo una autorización para excederla altura de 13 metros permitida por la IMM, y llegar a los 50.

El quincista Jorge Conde Montes de Oca, vicepresidente del BHU, ha dicho que las obras que comenzará la institución en el Plan Fénix constituyen "un gran impulso en un momento en que la construcción del país enfrenta dificultades muy importantes". Es cierto. Pero no lo es menos, según señalaron a BRECHA diversas fuentes del sector, que las obras del Plan Fénix enfrentan varios problemas serios debidos a la política aplicada por el BHU para apoyar, no tanto a la industria de la construcción, sino a algunas de sus empresas.

Los precios que se pagarán son demasiado altos, al extremo de que si se les compara con obras de mejor calidad y ubicación, por ejemplo las Torres Náuticas, que construyó la empresa Campiglia frente al hermoso puerto del Buceo, el metro cuadrado cuesta más o menos lo mismo: unos 1.100 dólares.

En el caso de los edificios de La Aguada, el costo es de 700 dólares el metro cuadrado, a lo que debe sumarse la losa radiante, impuestos, leyes sociales y gastos de administración del BHU.

El precio tan elevado explica -además de la recesión, por supuesto- quue, pese ala campaña publicitaria, no todas las torres que se comenzarán a construir hayan llegado al 50 por ciento de venta requerido para autorizar el comienzo de las obras. Sin embargo, en octubre último, el gerente general del BHU, Enrique Ruiz Corbo, anunció complacido que tres de las torres del Plan Fénix (Fénix, en La Paz y Julio Herrera, Scenarium, en Paraguay y La Paz, y Diagonal, en Libertador y Acuña de Figueroa) habían pasado el mínimo del 50 por ciento de ventas en menos de un mes.

El BHU invertirá en total unos 50 millones de dólares. Sin embargo, como en muchas otras obras del país, se corren serios riesgos de que queden demasiados apartamentos vacíos, máxime cuando debido a la recesión la intervención urbanística en la zona, tanto de particulares como del Estado, seguramente sufrirá retrasos.

El cálculo está realizado para familias con ingresos entre 70 y 125 ur (unos 14.700 pesos para los apartamentos de un dormitorio y 26.300 para los de cuatro). Las empresas constructoras pusieron, no obstante, márgenes tan grandes que los costos se pueden ir a las nubes con el resultado de que, en caso de que se vendan a un precio inferior, el resto de los clientes termine subvencionando el proyecto. Todos están previstos con losa radiante, pero su costo no está incluido en el precio.

El Plan Fénix fue caro desde el principio. La publicidad llevó a que terrenos de300 mil dólares se pagaran hasta un millón de dólares. Los dueños, barraqueros, industriales papeleros y otros, se beneficiaron legítimamente del impulso que el presidente Julio María Sanguinetti dio en 1997 al proyecto.

El que paga, en todos los casos, es el BHU. En toda esta operativa, tanto en los concursos como en las polémicas ampliaciones de contrato, las empresas constructoras no arriesgan nada.

A diferencia de otras modalidades, como por ejemplo la que emplea la empresa del ex presidente del BHU Julio Kneit, que si bien utiliza los créditos del banco sale a vender al mercado, las obras por PPT son financiadas en su totalidad por la institución, incluyendo los avisos en la prensa y, como se vio, muchas veces sin cumplir con los requisitos mínimos.

EL REINO DE LOS FAVORITOS. La influencia del Foro Batllista en el BHU resulta innegable. Salvo el calmo período durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, en el cual la presidencia estuvo en manos del pachequista Pedro W Cersósimo, desde la vuelta de la democracia el mando principal estuvo siempre bajo el control del sector de Julio María Sanguinetti, así como durante la dictadura había estado en manos de la Fuerza Aérea.

Fuentes del BHU dijeron a BRECHA que los criterios políticos, la politiquería y el amiguismo han superado en estos últimos 17 años, por lejos, a las razones técnicas. Para facilitar el funcionamiento casi siempre impune de ese esquema, los sucesivos directores han cultivado el secreto y el miedo a las represalias de quienes trabajan para el banco, pero sobre todo de los funcionarios.

Acusar sólo al Foro Batllista de todos los males sería tan simplificador como injusto. En realidad, varios sectores, tanto del Partido Colorado como del Nacional, se han beneficiado de esta política, sin contar con los factores externos.

Una mirada por las obras que actualmente tiene aprobadas el BHU arroja un primer dato llamativo: cuatro empresas se repiten a menudo. Ellas son Apud, Broncis, Barboni y Benencio.

De las cuatro, la que, por lejos, más obras ha acumulado es Apud. Más allá de otras disquisiciones sobre quiénes son sus socios, el hecho cierto es que el ingeniero Eduardo Apud, que acumula en este momento 19 obras con el banco, es el actual presidente de la Cámara de la Construcción, mientras que la que le sigue en el ranking, Broncis, pertenece a José Ignacio Otegui, anterior presidente de la cámara de los más poderosos constructores.

Sólo en Maldonado, Apud tiene adjudicadas ocho obras, siete de las cuales son por ampliación de contrato, para construir 90 viviendas. Buena parte de las ampliaciones corresponden a obras realizadas en lugares con características muy diferentes.

Benencio, menos poderoso pero también muy influyente, ha obtenido también ampliaciones de contrato. Por ejemplo, el 18 de abril último, con el nombre comercial Nelori, tomó posesión de un terreno en Rondeau y Freire en calidad de ampliación de contrato para la construcción de 188 viviendas.

Con buen criterio, alguien podrá argumentar que esas cuatro empresas son las que hacen mejores ofertas y las que trabajan con mejor calidad.

Eso es sólo parcialmente cierto. Si bien de las decenas de empresas que teóricamente podrían hacer edificios para el banco un número reducido reúne las condiciones técnicas, económicas y financieras, resulta por lo menos exagerado que apenas cuatro firmas controlen casi cincuenta obras.

La cosa se complica aun más si se analiza cuáles son las que reciben ampliaciones de contrato. Esta modalidad tan poco comprensible e inadecuada en la opinión de varios técnicos y más factible al acomodo, recae casi siempre sobre estas mismas empresas, lo que explica que tengan un poder mucho mayor sobre el resto.

Son varias las preguntas que quedan planteadas. ¿No se trata de una reactivaciónde la construcción demasiado cara para la sociedad? ¿No será en este tipo de negocios donde hay que buscar buena parte del déficit? ¿No será hora de profesionalizar al BHU, además de hacer economías como las que propuso el presidente el domingo 19 a las empresas del Estado?