ANTECEDENTES HISTORICOS
Los sucesivos gobiernos de la era neoliberal –1990-2003- ahondaron las ya difíciles circunstancias, en las que se desenvolvía el proyecto de constituir en Colombia, un estado-nación. Desde los centenarios tiempos de la desmembración de Panamá, las posibilidades de que nuestro país se inscribiera en el concierto de las naciones desarrolladas, se han visto obstruidas por la intervención norteamericana en la definición de nuestros más cruciales asuntos. Durante muchos años se constituyó en una tradición que cada cierto tiempo, nos visitaran misiones extranjeras, que diagnosticaron el país e indicaron a los gobernantes las políticas y los modelos que se debían aplicar para, supuestamente, redimirnos del atraso y encaminarnos por rutas de progreso y bienestar. Hace más de ocho lustros, al compás de la batuta de Lauchlin Currie, ingresamos en la era de los “planes de desarrollo”, con el resultado evidente de que no hemos podido desarrollarnos pero, en cambio, si nos encontramos atenazados por una asfixiante y creciente deuda externa que ha servido de instrumento para que los organismos internacionales creados en Bretton Woods, al fin de la Segunda Guerra Mundial, impusiesen sin piedad esquemas y políticas contrarias al interés nacional.

Como resultado de ello, jamás hemos podido contar con una industria manufacturera que combine la producción de bienes de consumo, intermedios y de capital, en una estructura equilibrada entre empresas livianas, medianas y pesadas. Por el contrario el raquítico desarrollo alcanzado por la industria nacional, se ha visto permanentemente entorpecido por la intromisión del capital y las mercaderías extranjeras. En el campo, la concentración de la tierra en pocas manos y su marginación de las faenas productivas, han impedido que la producción agraria se desarrolle y que la gran masa campesina acceda a la posesión de la tierra, y tampoco haya contado con programas de crédito, asistencia técnica y precios de sustentación. De esa manera, los dos pilares del desarrollo material y económico de cualquier nación – la industria y la agricultura- se han visto seriamente entrabados, con gravísimas consecuencias para el progreso económico y el bienestar de la población.

LOS AÑOS NOVENTA
La desaparición de la Unión Soviética, en 1989, significó grandes cambios en la situación internacional. Del mundo bipolar, de los años setenta, caracterizado por el enfrentamiento político y militar entre las dos superpotencias, pasamos a un mundo multipolar, en el que las resurgidas economías de Europa y del Japón, junto a Estados Unidos, establecieron un escenario de intensa competencia económica y comercial. El nuevo orden internacional implicó el desmonte de las barreras a la libre circulación de mercancías y capitales, la entrega del patrimonio nacional y las empresas estatales mediante la privatización y, la rebaja del costo de la mano de obra, entre otras medidas que forman parte del llamado modelo neoliberal. Tales políticas formuladas en el “Consenso de Washington”, fueron impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y los demás organismos multilaterales, y se han venido aplicando sin pausa en los países del Tercer Mundo, con consecuencias que están a la vista.

En sus inicios los resultados fueron altamente positivos para la economía de los países industrializados, pero profundamente lesivos para las naciones subdesarrolladas. Empero, a la vuelta del tiempo, la prosperidad anunciada ha dado paso a un clima de recesión generalizada que afecta, en mayor o menor grado, a la totalidad de las naciones. En nuestros lares, los efectos han sido desastrosos, al punto que la economía se encuentra postrada, desde hace varios años, la industria y la agricultura han perdido casi 20 puntos porcentuales en la generación del PIB y se ven arrasados por las mercaderías extranjeras, el comercio, los servicios y las finanzas reemplazan la producción material, la desocupación crece y las condiciones de empleo se deterioran, la salud y la educación, convertidas en mercancías, se elitizan, la miseria se extiende y, los colombianos no encuentran un solo motivo que invite al optimismo.

El proceso que nos ha llevado a tan calamitosa situación comenzó con el cambio de la superestructura, vulgarmente denominado “revolcón”. La reforma constitucional de 1991 sentó las bases jurídicas para el nuevo modelo económico y social. A ella se sumaron posteriormente las reformas financiera, laboral, de seguridad social, etc., con las cuales el país se insertó en el llamado mundo globalizado, un eufemismo detrás del cual se esconde la ofensiva recolonizadora del imperio del Norte. Como parte integrante del esquema aperturista también se promovió la privatización de los entes estatales que cumplían funciones estratégicas como las telecomunicaciones, de apoyo a la producción como el IFI o la Caja Agraria, o del ámbito social.

La apertura y las demás reformas económicas fueron el eje de la fementida modernización del aparato productivo, las cuales supuestamente iban a permitirnos conquistar los mercados internacionales a cambio de abrir nuestra economía. En aras de ello se redujeron significativamente los aranceles y se eliminaron las restricciones a la inversión de capitales externos, tal como la que sólo permitía repatriar el 31% de las utilidades al país de origen. A consecuencia de ello se ha producido la ruina de la agricultura, agobiada por el alud de importaciones de alimentos subsidiados por el país productor, lo cual se ha visto agravado por una mayor concentración de la propiedad terrateniente, al punto que hoy el 53,7% de la tierra se encuentra ociosa y en manos del 1% de los propietarios y solo se cultiva menos del 20% de las hectáreas laborables.

La quiebra de la industria también se ha derivado de la desleal y desventajosa competencia de los géneros extranjeros. Tanto que el empleo industrial bajó de representar el 23% del total, en 1970, al 14% en 2000. Otro tanto acaeció con su participación en la generación del PIB, índice en el cual se dio un descenso similar. A los avatares de la economía, comunes a todos los países latinoamericanos, en el caso colombiano, se agregan los nocivos efectos de la violencia y el terrorismo.

Este fenómeno, presente en la vida nacional desde mediados del siglo pasado, ha transitado por diversas fases, enmarcadas en la evolución de nuestra reciente historia. Primero tuvo que ver con la violencia política de los años cincuenta, posteriormente se entroncó con el auge de la teoría del foco guerrillero, en los sesenta y, a finales de los setenta, tuvo relación con la ofensiva soviética en procura de desplazar a Estados Unidos, como potencia prevaleciente. En el último decenio se ha visto ligado con el problema del narcotráfico, lo cual ha significado el fortalecimiento económico y, por ende, militar de las agrupaciones armadas. Las batallas democráticas y patrióticas de los colombianos se han visto entrabadas por la intensificación del secuestro, la extorsión o el terrorismo y, de su parte, la oligarquía colombiana justifica muchas de sus actitudes represivas contra la población en la existencia del problema guerrillero. A su vez, los alzados en armas argumentan que la injusticia y las tremendas desigualdades son el caldo de cultivo para su acción y así, avalar sus equivocados métodos.

Desde comienzos de los ochenta, tanto unos como otros, han ensayado buscar mediante el diálogo una salida al conflicto, con el resultado, a todas luces evidente, de que la violencia se ha extendido e incrementado. Mientras los alzados en armas han pretendido que las transformaciones que persiguen puedan ser alcanzadas como fruto de la negociación, los dueños del poder ambicionan resolver el problema como en 1991, cuando todo cambió para que nada cambiara. Entre tanto, la mayoría de los colombianos, espectadores y víctimas inermes del enfrentamiento, anhelan que se establezca un clima democrático en el cual, las naturales controversias vigentes en nuestra sociedad se desenvuelvan de manera civilizada.

El comportamiento de las diferentes fuerzas políticas frente a tan compleja situación ha sido diverso. Los partidos tradicionales han servido de soporte a toda la arremetida imperialista, no obstante que muchos de sus dirigentes, fueron blanco de la campaña de desprestigio desatada, con el fin de relevar la vieja casta gobernante, por la Panda de los Andes y los yuppies formados en Harvard y los demás centros académicos del imperio. Aunque representantes de la llamada clase política alcanzaron a manifestar su inconformismo frente al nuevo evangelio, con contadas excepciones terminaron plegándose a los postulados neoliberales. Otro tanto acaeció con la mayoría de los dirigentes empresariales y gremiales, quienes en un principio percibieron los funestos efectos del modelo, pero terminaron acogiéndose a ese programa, seducidos por los aparentes beneficios de las sucesivas reformas laborales.

En la izquierda y el movimiento obrero se han presentado deserciones hacia el bando contrario, ha predominado la conciliación y, además, la tesis de la “combinación de todas las formas de lucha”, sigue creando confusión. Sin embargo, importantes núcleos han mantenido la coherencia y la firmeza, en medio de la recia ofensiva de la reacción mundial y se aprestan a aprovechar el cambio del viento que se comienza a insinuar. La reciente evolución de los acontecimientos ha comenzado a despejar el panorama, las ilusiones reformistas que se abrigaron, comienzan a derrumbarse y la desesperanza da paso al entusiasmo acerca de un luminoso futuro.

EL CAMBIO DE SIGLO
Al gobierno de Andrés Pastrana le correspondió orientar el país en el cambio de siglo y de milenio. Sus ejecutorias en materia económica no se alejaron de los conceptos aplicados por sus predecesores. Pero lo más notorio de su mandato fue la expectativa que creó alrededor de la propuesta de alcanzar la esquiva paz, mediante el diálogo directo y la búsqueda de una solución política negociada, reeditando los fastos de la paz belisarista, con un novedoso ingrediente: el despeje de un amplio territorio, bajo la administración de la guerrilla. Los resultados de esta gestión no admiten discusión, puesto que las cifras acerca del incremento de los hechos violentos, son incuestionables.

El fracaso de esa política de apaciguamiento y concesiones con los alzados en armas, sirvieron de argumento a Uribe Velez para reforzar la idea de que el principal problema nacional es lo atinente a la guerra y la paz. Con un discurso centrado en la rápida y fácil consecución de la concordia, a través de una estrategia con énfasis en lo militar, sedujo al electorado y logró una aplastante victoria, en la primera vuelta. Su administración se ha enmarcado en el propósito de acelerar las medidas neoliberales de “segunda generación”, mientras distrae la atención hacia los fuegos artificiales de la guerra. A tal objetivo contribuyen las alocadas acciones de los diversos “actores del conflicto”, las cuales le quitan la iniciativa a las fuerzas populares y democráticas y se la entregan en bandeja de plata a los detentadores del poder.

En el fondo de la discusión acerca de la situación nacional se encuentra el dilema de si son la violencia y la corrupción o la política económica, la causa principal del caos existente. Lo escandaloso de los hechos violentos y la magnificación de las frecuentes corruptelas, sirven para encubrir que es el desastre económico, gestado por la apertura, el principal responsable de la catástrofe nacional. Las cifras al respecto son incontrovertibles, porque mientras en los guarismos oficiales la violencia representó una pérdida, el año pasado, de 1,2 billones de pesos, que sumados a la corrupción ascienden a tres billones de pesos, la rebaja de aranceles implica una disminución de ingresos cercana a 6 billones, la reducción del área sembrada en 800.000 hectáreas significa dejar de producir 9 billones de pesos y la desindustrialización nos afecta en cerca de veinte billones de pesos anuales. Por eso son tales afanes el denominador común en América Latina y el resto de países del Tercer Mundo, acogotados por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. El caso más sonado y reciente que corrobora nuestro aserto es la ruina a la que fue conducida, de la mano del FMI, la otrora próspera nación argentina, donde hace mucho tiempo no se presentan insurrecciones armadas.

Como no hay mal que dure cien años se empieza a vislumbrar un nuevo entorno internacional, en el cual las luchas de los pueblos encontrarán mejores condiciones para su desarrollo. La férrea unidad exhibida por los países industrializados, al socaire del derrumbe del Muro de Berlín, en torno del empeño de imponer los dictámenes aperturistas, a comienzos de los noventa, viene cediendo el paso a un cada vez más agudo enfrentamiento. La crítica situación económica mundial, ha demostrado plenamente que ese modelo solamente aplazó la crisis del sistema imperialista, agobiado por la disminución de la tasa de ganancia del capital, la alta concentración monopolista, la ínfima capacidad adquisitiva de la inmensa mayoría y la voracidad del capital financiero especulativo.

La preeminencia de la especulación sobre la producción y la merma de los márgenes de ganancia han venido enturbiando las relaciones entre las potencias, al punto que en la última reunión del G-7, en febrero pasado, la conclusión fue que ¨Cada nación del Grupo debe dar sus propios pasos para impulsar el crecimiento¨, es decir ¡Sálvese el que pueda¡ En esas circunstancias la repartición de las zonas de influencia, los mercados, los recursos naturales, etc., se torna más agresiva, dando paso a una etapa de intensa confrontación, en la que los vientos de guerra tienden a convertirse en huracanes. En un mundo caracterizado por la ofensiva recolonizadora en contra del Tercer Mundo, emergen con mucha fuerza las contradicciones interimperialistas, llamadas a jugar un papel determinante en el futuro cercano de la humanidad.

La principal expresión de esta nueva situación es la honda crisis que atraviesa la todopoderosa economía norteamericana, exhausta ante una apabullante deuda, un creciente déficit, una drástica contracción de la demanda, factores que sumados dieron origen al estallido de la burbuja especulativa de finales del siglo pasado y al derrumbe de varias de las empresas más poderosas, en medio de escandalosas corruptelas. El inevitable traslado de las angustias de la economía al terreno de la política, ha llevado a Estados Unidos a asumir una agresiva y arrogante actitud, en procura de pasar del multipolarismo a su hegemonía absoluta, una aspiración de muchos imperios, a lo largo de la historia, que siempre ha tropezado con la resistencia de los pueblos y ha sido derrotada.

El pretexto ideal para imponerle al mundo sus determinaciones ha sido la batalla contra quienes a su parecer son terroristas. Detrás de las arengas que llaman a la cruzada contra el terrorismo, invocadas en la reciente agresión imperialista contra Irak, se oculta la apremiante necesidad de controlar la riqueza petrolífera del Medio Oriente y presionar a las naciones de Europa, urgidas del combustible que allí se produce. Para sacar adelante tales designios no han escatimado esfuerzos y desconocieron a las viejas instituciones que presidieron el devenir del mundo, en los últimos cincuenta años, debilitándolas y mostrándolas como obsoletas.

En ese contexto se desarrolla la arremetida uribista en pos de rematar la faena de sus antecesores. La avalancha de reformas –laboral, pensional y tributaria- aprobadas en las primeras de cambio de su gobierno, mostró sin lugar a dudas su compromiso con el gran capital, especialmente norteamericano. Todas ellas hacen parte del Acuerdo Stand By, rubricado con el Fondo Monetario, a finales del año pasado, afectan directamente a la población e implican que el país continúe avanzando hacia la bancarrota. La puntada final de la oleada reformista la constituye el proyecto de referendo que, a la par con la reforma política, pretenden escudarse en la lucha contra la corrupción y el clientelismo, para impedir el acceso de las fuerzas minoritarias y de oposición a las instancias parlamentarias y concentrar, aún más, el poder en el Ejecutivo y en una ínfima minoría oligárquica. A ello se suma la inclusión de nuevas medidas de ajuste fiscal, que disminuyen los ya precarios ingresos del pueblo e incrementan la tragedia social.

Su plan de gobierno persigue desviar la atención hacia el problema terrorista, mientras mantiene y profundiza los esquemas aperturistas, con su acatamiento al ALCA, y culmina la labor de entregar el patrimonio público al capital monopolista extranjero, mediante la privatización. Los pasos dados para debilitar a Ecopetrol y liquidar a Telecom, hacen parte de la fase previa a la imposición del ALCA, allanándole el camino a la avalancha de inversiones extranjeras. Con las ya ejecutadas reformas reduce el costo de la mano de obra, en beneficio de las grandes multinacionales y, en materia social, extiende la funesta política de salud y seguridad social al área educativa, con lo cual queda claro que la revolución es la privatización. Se adelanta, de igual manera, el desmonte del ISS y de los programas del ICBF y la profundización de la descentralización, el instrumento con el cual se ha conducido a la quiebra los entes territoriales.

LA OPOSICION BRILLA POR SU AUSENCIA
En tan desolador panorama el pueblo colombiano no ha contado con una oposición seria y consecuente que enfrente la arremetida imperial y oriente el país. Varias son las alternativas que han pretendido convertirse en representantes del sentir popular y nacional, pero no han pasado de ser reformistas y claudicantes. Desde su derrota en 1998, el Partido Liberal viene oscilando entre las tendencias que lo invitan a declararse en la oposición y las corrientes que en su seno persisten en pelechar bajo el alar de los gobiernos, aupando todo el recetario neoliberal. De tal circunstancia da fe la fórmula aprobada en su reciente Congreso Nacional, de la “colaboración constructiva con independencia crítica”. Es evidente, a estas alturas, que la Dirección Liberal ha respaldado las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, como se puede deducir del apoyo de la mayoría de la bancada parlamentaria, a los proyectos más lesivos, como el Acto Legislativo 01, las sucesivas reformas tributarias, laboral y pensional, el referendo, la reforma política, etc.

El más reciente episodio tiene que ver con las gestiones unitarias, alrededor del gobierno de Uribe Velez, realizadas por el ex presidente Samper, las cuales coincidieron con el nombramiento de Horacio Serpa, como embajador ante la OEA. Tal hecho dejó sin cabeza visible a la llamada “oposición constructiva” y despejó todo tipo de dudas e ilusiones acerca de que el excandidato liberal encarnaría una alternativa de verdadera oposición a las políticas oficiales, que no son otras que las del imperio.

El espacio de la oposición tampoco ha podido ser llenado por el Frente Social y Político. Ello se evidencia con la posición que han asumido sus integrantes, frente a los dos grandes problemas nacionales: la dominación extranjera y la violencia generalizada. Sus etéreas propuestas no van al fondo de esos problemas ni recogen las aspiraciones y necesidades de los colombianos. En cuanto a su alter ego, el Polo Democrático, no ha pasado de ser una confluencia de alcances meramente electorales, que adolece de los dos requisitos básicos para constituir un proyecto de largo aliento, capaz de atraer a todos los sectores progresistas y patrióticos: un programa y unos criterios organizativos y de funcionamiento democráticos y a la vez centralizadores que, respeten la autonomía de cada una de las organizaciones y personalidades aliadas. Sus conceptos se asemejan a los que expone la amplísima y dispersa gama de organizaciones que confluyen en el Foro Social Mundial, sin rumbo ni norte claros.

En tales circunstancias se hace indispensable trabajar en procura de llenar ese vacío proponiendo la constitución de un Frente por la Soberanía y una Nueva Democracia que sirva de instrumento de confluencia de las fuerzas patrióticas y democráticas. Como quiera que la tarea de sacar a Colombia de la postración a la que la han conducido las sucesivas administraciones oligárquicas, los sectores firmantes de la presente declaración nos comprometemos a impulsar y promover los siguientes criterios programáticos y organizativos:

EL PROGRAMA
1. Pugnar por la soberanía económica y política y la autodeterminación frente al poder imperialista nortemericano. Trabajar por el progreso y el desarrollo de la nación y salvaguardar la integridad de Colombia como nación.

2. Enfrentar a los tradicionales y nuevos sectores que sirven de soporte a la dominación extranjera.

3. Defender la producción nacional afectada por las políticas aperturistas, promovidas por el FMI, con base en la onerosa e impagable deuda externa, que entregan el mercado a los géneros foráneos y los recursos naturales y el patrimonio público a los capitales monopolistas extranjeros.

4. Impulsar el desarrollo agrario, con base en el acceso de los campesinos desposeídos a la tierra, el freno a las importaciones, y programas de crédito de fomento, asistencia técnica y comercialización de los productos.

5. Proteger los intereses y luchar por los derechos y las libertades de los trabajadores y el pueblo, conculcados por las reformas neoliberales.

6. Desarrollar un modelo de seguridad social integral, universal y solidario, a cargo del estado, que garantice la atención de todos los riesgos y contingencias y les brinde cobertura a todos los colombianos.

7. Propender una política educativa a cargo del estado, de contenido democrático que estimule la investigación científica y el florecimiento de una cultura nacional que recoja lo más avanzado de la humanidad.

8. Abogar por relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con base en la igualdad, respeto mutuo y beneficio recíproco. Unirnos con todos los pueblos que luchan contra la opresión extranjera y las tendencias hegemónicas. Contribuir a la construcción de una auténtica y autónoma integración económica latinoamericana, al margen de las propuestas de carácter imperialista.

9. Condenar el secuestro, la extorsión, el atentado personal y el terrorismo, como métodos para dirimir las contradicciones vigentes en la sociedad colombiana y propender por un ambiente de controversia civilizada, en el que todas las fuerzas políticas y sociales se encuentren en píe de igualdad.

10. Convocar a todas las clases y capas democráticas y patrióticas a luchar por la soberanía y la autodeterminación nacionales.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
1. Establecer una dirección colectiva compuesta por todos los partidos, personalidades y movimientos que lo integren.

2. Promover la participación de las bases en los debates y las definiciones que determinen el rumbo del movimiento.

3. Operar con base en normas democráticas de funcionamiento y tomar sus decisiones fundamentales por consenso.

4. Acoger a todas las fuerzas y grupos, a nivel nacional, regional o local, que adhieran a su plataforma programática y sus normas internas.

5. Combatir los brotes de sectarismo que resquebrajen la unidad, respetar el carácter independiente de los distintos movimientos y partidos integrantes del Frente y no inmiscuirse en sus asuntos internos.

6. Acatar las decisiones adoptadas por los organismos de dirección en cada nivel y promover los candidatos que sean postulados por la dirección nacional o se determine unánimemente respaldar.

BOGOTA D. C., Junio de 2003.