Dentro de pocos días, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, estará visitando la sede del Parlamento Europeo en medio de la fuerte oposición de activistas de la izquierda y sus representantes en esa asamblea. Estamos acostumbrados en Colombia a que los europeos critican demasiado y ponen muchas condiciones pero ayudan poco, y es muy probable que la visita de Uribe no cambie en nada ese panorama porque, de por medio, se han interpuesto unas recomendaciones en Derechos Humanos hechas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que por un lado son de difícil -casi imposible- cumplimiento y, por el otro, están basadas en una visión distorsionada de la realidad.

Una de las recomendaciones es la de no otorgar facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares, cuestión que ya se aprobó en el Estatuto Antiterrorista. Tal petición es incomprensible proviniendo de otros Estados que poseen legislaciones particularmente duras en materia de seguridad y estando dirigida a un país agobiado por el terror. Esa es, realmente, una recomendación sin sentido. Si bien puede tener razón Antonio Navarro Wolff cuando dice que la política de Seguridad Democrática marcha tan bien que no se necesitan unas facultades especiales que pueden terminar por mancharla, no se debería impedir dar todos los pasos que conduzcan a terminar una guerra donde nosotros ponemos los muertos, no los europeos.

La guerra de Colombia contra la subversión no es, como se ha demostrado, una de esas confrontaciones que terminan en acuerdos de paz, entre abrazos, como recomiendan también los europeos. En el cuatrienio de Pastrana, sentados a la mesa, se avanzó pero en destrucción y muerte, se fortaleció la guerrilla como nunca lo había hecho y ejecutó cuantos actos de barbarie quiso. Si lo que teme Europa y el mundo es que las facultades extraordinarias se vuelvan en contra de los colombianos de bien la manera de ayudar es con cooperación técnica, capacitación, acompañamiento, etc. A nadie le interesa más que a nosotros mismos que esas licencias no desborden las buenas acciones de la Fuerza Pública, la institución de mayor credibilidad entre los colombianos. Seguramente se cometerán errores pero no serán de mala fe como desde ya lo sugieren en Europa las corrientes de izquierda que respaldan el terror en Colombia.

No cabe duda de que las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a las que Colombia se comprometió cumplir en la Declaración de Londres, están fundamentadas en una visión muy parcializada de la realidad del país. El documento cae de nuevo en la ligereza de vincular, de manera generalizada, a las Fuerzas Militares con el paramilitarismo y de seguir viendo este fenómeno como una política de Estado. Parece que no les bastara con la evidencia de los centenares de 'paracos' capturados y dados de baja y de las decenas de militares retirados del servicio y enjuiciados tanto por connivencia con los grupos de autodefensa ilegales como por su participación directa en éstos.

Y aparte de la visión parcializada -que podría ser de buena fe- está por supuesto la mala intención de los auxiliadores internacionales de la subversión, quienes hacen gala permanente de un relativismo moral que tiene como fin el de debilitar cualquier resistencia intelectual hacia los insurrectos (ahora terroristas). Al igual que a los ex miembros del M-19, a Europa le parece una ignominia indultar, amnistiar, perdonar -o como se llame- a los paramilitares. Los guerrilleros del 'eme', que cometieron todas las atrocidades imaginables, tienen derecho a ser parlamentarios, y hasta presidentes, pero Carlos Castaño y su gente sólo merecen la tumba o la celda sin sol. La izquierda pretende que Marulanda, Jojoy y demás muchachos tengan perdón y olvido, y para los combatientes de 'derecha' que haya justicia, verdad y reparación.

Esto hace parte de un sinfín de mentiras con las que se pretende manipular a la comunidad internacional para que nos presionen y obliguen a permanecer maniatados. Las ONG's pro-revolucionarias (Cinep, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados Jesús Alvear Restrepo y muchos etcéteras) consideran como violación de los Derechos Humanos sólo los atropellos de los paramilitares o del Estado, no de las guerrillas que se definen como violación del Derecho Internacional Humanitario tal y como si se tratara de acciones de guerra completamente comprensibles. Es más o menos como decir que si la esposa es infiel, es una mujerzuela, pero si lo es el marido, ¡ah, es una canita al aire! De cómo nos siga viendo Europa, como la esposa o como el marido, va a depender el apoyo que nos den o los palos que nos metan en las ruedas.