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Ante la ley

Vecinos de Neptunia y sus alrededores rechazan nueve procesamientos en una semana y persecución policial.

Las Cumbres de Neptunia queda al norte de la ruta Interbalnearia, pocos metros al este del peaje de Pando. Predominan las colas de zorro y las calles que se han ido dibujando con el tránsito pero que todavía tienen pasto de base. Hay casas cada tanto. En una de ellas vive -vivía- Delma Castro, habitante del lugar desde febrero de 2014. El martes 3 iba en moto a hacer un mandado cuando la detuvo la Policía y le pidió que la acompañara para ir a declarar. Preguntó si demoraría, porque de lo contrario iría a dejar la moto en su casa. Sin darle más información, le explicaron que estaba detenida. Los efectivos la acompañaron a dejar la moto. Ingresó a la Seccional 22ª de Salinas a las 13.30 y fue llevada al calabozo, donde quedó incomunicada hasta las 11.00 del miércoles. Fue derivada al Juzgado Letrado de Atlántida de 1er Turno y siguió incomunicada hasta que el juez Marcos Seijas le tomó declaración.

Castro, su esposo y sus dos hijos, de 19 y 16 años, se habían mudado a Las Cumbres de Neptunia un año atrás y construyeron una casa de madera en un terreno deshabitado, como hasta años atrás estaba toda la zona. El juez le preguntó la fecha en que había llegado al lugar. Ella no recordaba el día exacto, pero dio una fecha de febrero de 2014; paralelamente le tomaron declaración a su marido, quien también mencionó el mes de febrero, pero otra fecha. Pensaron que mentían y que era posible que no hubieran cumplido un año en el lugar. El dato era importante, porque entre las 48 horas de haber ocupado y la fecha en que se cumple el año se es ocupante precario; luego de transcurrido el año el ocupante adquiere el derecho posesorio del terreno. Aseguran que en esa situación se encuentra la mayor parte de las 150 familias que están en la mira.

A Castro y a su marido los procesaron sin prisión por delito de usurpación, y están estudiando el caso de su hijo mayor de edad. El lunes, el auto de procesamiento ordenó que desalojara la casa antes de las 24 horas, que se cumplieron ayer a las 16.00.

Sentados bajo la sombra de dos acacias estaba reunida ayer de tarde una treintena de vecinos de allí, del Remanso de Neptunia y de Neptunia; todos integran la Coordinadora de Vecinos contra los Desalojos, que incluyen también a pobladores de Marindia. En la última semana, nueve vecinos han sido procesados por delito de usurpación. “No somos usurpadores ni especuladores, no le arrebatamos el hogar a nadie, no le pedimos nada al Estado ni a los gobernantes, buscamos solucionar el problema de la vivienda desde el hacer cotidiano de los vecinos y no desde las políticas de arriba, vivimos en terrenos abandonados donde construimos nuestras casas y funcionan proyectos como plazas, comisiones de fomento, huertas, bibliotecas en donde creamos nuevos tipos de relaciones de convivencia comunitaria”, expresa un volante de la coordinadora. Señalan que algunos empezaron a pagar la contribución inmobiliaria, pero que todo quedó en suspenso cuando comenzó el proceso penal.

Denuncian “patrullajes continuos” y persecución policial con procedimientos inadecuados, como allanamientos sin orden del juez y por la noche. Según dijeron a la diaria, la Policía expresa que es por orden judicial pero nunca la exhibe, y cuando van al juzgado les dicen que la Policía actuó por medios propios. En contra de lo que entienden que son abusos policiales, se concentrarán el viernes a las 18.00 en el arco de Salinas, frente a la Seccional 22ª.

En las 24 horas que tuvo, Castro sacó todas las cosas de su casa y las llevó a las de personas conocidas; asegura que no tiene dónde vivir. Ayer a las 16.00 aguardaba a la Policía, que nunca llegó. Los vecinos identificaron en eso otra irregularidad, porque era de esperar que fuera a constatar el cumplimiento de la resolución judicial. Castro apeló el fallo; considera que el procesamiento se debió a la diferencia de fechas que manejaron ella y su esposo.

Despiole

Salvador Bernal, alcalde de Salinas, declaró a la diaria que se trata de terrenos privados, dijo que muchos de ellos pertenecían a la empresa Neptunia SA y otros a propietarios argentinos, pero que los predios “están todos embargados porque nunca pagaron a la intendencia”. El alcalde aseguró que la Intendencia de Canelones (IC) no tiene nada que ver con estas órdenes de desalojo. “Hay gente que agarró terrenos para vivir, hay un negocio inmobiliario trucho, gente que agarra cuatro, cinco terrenos y después los vende, hay comerciantes que han ocupado terrenos, es todo un despiole”.

El alcalde aseguró que el concejo del municipio le propuso a la IC que expropiara todos los terrenos que tienen deuda con la comuna y los pasara al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para que se formara “un barrio obrero”. Pero “la intendencia no nos dio bolilla, dice que es problema de privados y que no tiene nada que ver”. Sin embargo, señaló que hay “una empresa importante” ubicada sobre la ruta Interbalnearia que tiene camiones y vende caños, que hace dos años “agarró cuatro solares que eran públicos en Marindia y se quedó con los terrenos”. El municipio hizo la denuncia pero la empresa fue a la IC y arregló pagar la contribución. Agregó que hay una automotora, ubicada también sobre la Interbalnearia, “que ocupó como cuatro o cinco terrenos a metros del peaje, y no pasa nada”. Lamentó que la comuna no cuente con una reglamentación que le permita hacerse de terrenos de dueños morosos.

Amanda Muñoz

Vecinos de Neptunia y sus alrededores rechazan nueve procesamientos en una semana y persecución policial.

Las Cumbres de Neptunia queda al norte de la ruta Interbalnearia, pocos metros al este del peaje de Pando. Predominan las colas de zorro y las calles que se han ido dibujando con el tránsito pero que todavía tienen pasto de base. Hay casas cada tanto. En una de ellas vive -vivía- Delma Castro, habitante del lugar desde febrero de 2014.

El martes 3 iba en moto a hacer un mandado cuando la detuvo la Policía y le pidió que la acompañara para ir a declarar. Preguntó si demoraría, porque de lo contrario iría a dejar la moto en su casa. Sin darle más información, le explicaron que estaba detenida. Los efectivos la acompañaron a dejar la moto. Ingresó a la Seccional 22ª de Salinas a las 13.30 y fue llevada al calabozo, donde quedó incomunicada hasta las 11.00 del miércoles. Fue derivada al Juzgado Letrado de Atlántida de 1er Turno y siguió incomunicada hasta que el juez Marcos Seijas le tomó declaración.

Castro, su esposo y sus dos hijos, de 19 y 16 años, se habían mudado a Las Cumbres de Neptunia un año atrás y construyeron una casa de madera en un terreno deshabitado, como hasta años atrás estaba toda la zona. El juez le preguntó la fecha en que había llegado al lugar. Ella no recordaba el día exacto, pero dio una fecha de febrero de 2014; paralelamente le tomaron declaración a su marido, quien también mencionó el mes de febrero, pero otra fecha. Pensaron que mentían y que era posible que no hubieran cumplido un año en el lugar. El dato era importante, porque entre las 48 horas de haber ocupado y la fecha en que se cumple el año se es ocupante precario; luego de transcurrido el año el ocupante adquiere el derecho posesorio del terreno. Aseguran que en esa situación se encuentra la mayor parte de las 150 familias que están en la mira.

A Castro y a su marido los procesaron sin prisión por delito de usurpación, y están estudiando el caso de su hijo mayor de edad. El lunes, el auto de procesamiento ordenó que desalojara la casa antes de las 24 horas, que se cumplieron ayer a las 16.00.

Sentados bajo la sombra de dos acacias estaba reunida ayer de tarde una treintena de vecinos de allí, del Remanso de Neptunia y de Neptunia; todos integran la Coordinadora de Vecinos contra los Desalojos, que incluyen también a pobladores de Marindia. En la última semana, nueve vecinos han sido procesados por delito de usurpación. “No somos usurpadores ni especuladores, no le arrebatamos el hogar a nadie, no le pedimos nada al Estado ni a los gobernantes, buscamos solucionar el problema de la vivienda desde el hacer cotidiano de los vecinos y no desde las políticas de arriba, vivimos en terrenos abandonados donde construimos nuestras casas y funcionan proyectos como plazas, comisiones de fomento, huertas, bibliotecas en donde creamos nuevos tipos de relaciones de convivencia comunitaria”, expresa un volante de la coordinadora. Señalan que algunos empezaron a pagar la contribución inmobiliaria, pero que todo quedó en suspenso cuando comenzó el proceso penal.

Denuncian “patrullajes continuos” y persecución policial con procedimientos inadecuados, como allanamientos sin orden del juez y por la noche. Según dijeron a la diaria, la Policía expresa que es por orden judicial pero nunca la exhibe, y cuando van al juzgado les dicen que la Policía actuó por medios propios. En contra de lo que entienden que son abusos policiales, se concentrarán el viernes a las 18.00 en el arco de Salinas, frente a la Seccional 22ª.

En las 24 horas que tuvo, Castro sacó todas las cosas de su casa y las llevó a las de personas conocidas; asegura que no tiene dónde vivir. Ayer a las 16.00 aguardaba a la Policía, que nunca llegó. Los vecinos identificaron en eso otra irregularidad, porque era de esperar que fuera a constatar el cumplimiento de la resolución judicial. Castro apeló el fallo; considera que el procesamiento se debió a la diferencia de fechas que manejaron ella y su esposo.

Despiole

Salvador Bernal, alcalde de Salinas, declaró a la diaria que se trata de terrenos privados, dijo que muchos de ellos pertenecían a la empresa Neptunia SA y otros a propietarios argentinos, pero que los predios “están todos embargados porque nunca pagaron a la intendencia”. El alcalde aseguró que la Intendencia de Canelones (IC) no tiene nada que ver con estas órdenes de desalojo. “Hay gente que agarró terrenos para vivir, hay un negocio inmobiliario trucho, gente que agarra cuatro, cinco terrenos y después los vende, hay comerciantes que han ocupado terrenos, es todo un despiole”.

El alcalde aseguró que el concejo del municipio le propuso a la IC que expropiara todos los terrenos que tienen deuda con la comuna y los pasara al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para que se formara “un barrio obrero”. Pero “la intendencia no nos dio bolilla, dice que es problema de privados y que no tiene nada que ver”. Sin embargo, señaló que hay “una empresa importante” ubicada sobre la ruta Interbalnearia que tiene camiones y vende caños, que hace dos años “agarró cuatro solares que eran públicos en Marindia y se quedó con los terrenos”. El municipio hizo la denuncia pero la empresa fue a la IC y arregló pagar la contribución. Agregó que hay una automotora, ubicada también sobre la Interbalnearia, “que ocupó como cuatro o cinco terrenos a metros del peaje, y no pasa nada”. Lamentó que la comuna no cuente con una reglamentación que le permita hacerse de terrenos de dueños morosos.

La Diaria / COMCOSUR INFORMA No. 1621 – 12/03/2015

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Cultivo la rosa blanca

Ya hay un preso por ocupar. Y ya hay una procesada por esa causa realizando una huelga de hambre. El juzgado penal de Atlántida se apresta a atender decenas de denuncias que pueden terminar de manera similar. De cómo se aplica la ley de usurpaciones y los ocupantes de la Costa de Oro trata esta nota.

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“El lugar ideal para potenciar un contacto pleno con la naturaleza en un ámbito donde la paz y el verde lo liberan de todo tipo de tensiones provocadas por la ciudad.” Así presentan la zona los vendedores de solares del barrio privado Villa Juana. Es frente al arroyo Pando, sobre la ruta 34, algo al norte de la intersección con la Interbalnearia, pegado a Las Cumbres de Neptunia.... (hay que subscribir a brecha.com por mas)