Manuel de la Torre es un arqueólogo egresado del ENAH, fue jefe de servicios de esa institución, en trabajos de campo incluye Cuicuilco (83, 84 y 91), fue fundador de Década de México, S.A. difusora cultural que publicó Andares, La historia hecha noticia, auspiciada por el FONCA, ha desarrollado programas interactivos para museos en Teotihuacán, Aguascalientes, Nacional de Antropología, Museo de la ciudad de México y Museo de las culturas de Oaxaca y además colaboró como museógrafo en la restauración de Santo Domingo en Oaxaca y el fuerte de San Miguel en Campeche.

Una vez conociendo lo que ha hecho de su vida profesional hablaremos de su pasión como investigador. - El patrimonio cultural -
  

    La respuesta a esta pregunta ha variado a lo largo del tiempo junto con nuestra concepción de lo que es la arqueología y, aunque algunos profesionales se muestren molestos o esquivos al ser cuestionados sobre la utilidad práctica de lo que hacen, creo que en esta cuestión yace gran parte del futuro de la disciplina.

    La primera respuesta que nos viene a la mente es conocer más acerca de nuestro pasado, y ello implica que el conocimiento del devenir histórico es un objetivo en sí mismo. Pero podríamos preguntarnos también ¿para qué es conveniente conocer el pasado? Algunos arqueólogos sostenemos que las sociedades del pasado y del presente (quizá también las del futuro), su funcionamiento, su desarrollo y su transformación están regidos por leyes que pueden ser reveladas mediante un estudio científico de la arqueología y de la historia. ¿Por qué en distintas partes del mundo y en un periodo de tiempo más o menos corto los hombres adoptaron la agricultura como medio de subsistencia? ¿Por qué después algunas de esas sociedades desarrollaron (también de forma independiente) civilizaciones avanzadas con características muy similares? Estos dos fenómenos, entre muchos otros, dejan entrever que problemas similares se resuelven de formas similares, lo que implica que las sociedades se rigen por cierto orden similar al que los científicos naturales han descubierto en el movimiento de los planetas o en la evolución de las especies vivas. Lo anterior no quiere decir que las sociedades vivan esclavas de leyes ineludibles del estilo de la selección natural o la atracción gravitacional; pero sí que la comprensión de las causas y efectos de las transformaciones sociales nos ofrece una herramienta útil para la planeación al futuro.

    Conocer nuestro pasado tiene otro nivel adicional de aplicación. A lo largo de su desarrollo, los grupos humanos han experimentado con distintas formas de aprovechamiento de sus recursos naturales; de satisfacción de sus necesidades de alimento, vivienda, vestido, comunicación y transporte; de organización de su fuerza de trabajo, administración de la riqueza y solución de conflictos; y también con muy variadas formas de entender, concebir y transformar el mundo que los rodea. La historia ha sido el gran laboratorio de la especie humana, con resultados tanto favorables como fallidos. El hurgar en la experiencia acumulada, que es una de las tareas de la arqueología, nos ofrece acceso a toda esa amplia gama de experimentos -—y sus resultados-— que pueden ser de gran utilidad práctica.

    Desde épocas muy remotas, muchos grupos e individuos han visto en el pasado la fuente de objetos, símbolos, historias y valores que han aprovechado en su beneficio. Los antiguos egipcios ya saqueaban las tumbas de los faraones en busca de objetos de valor que pudieran vender para obtener alimento; los griegos veneraban a sus antiguos héroes y les construían tumbas fastuosas en las que registraban sus hazañas como ejemplo para las jóvenes generaciones; Nabónides, último rey de Babilonia, en el siglo VI antes de nuestra era, mandó excavar en busca de los antiguos archivos del reino que justificaran y afianzaran su poder político; la práctica actual de la arqueología se inició con las colecciones de antigüedades que los nobles europeos comenzaron a reunir en sus palacios. Como vemos, el pasado y los objetos que lo representan pueden ser utilizados también como bienes con valor económico (la adecuación de zonas arqueológicas para su visita genera ingresos económicos para las poblaciones locales), moral (como ejemplo de la grandeza y sabiduría de los antepasados), y político (como justificación y muestra del poder o como símbolo de identidad nacional).

    Para concluir, debemos hacer referencia también a lo que una arqueóloga llamaba “el poder del pasado sobre la mente atónita del hombre”. La arqueología es fuente de imágenes, de relatos y de objetos que nos pueden causar disfrute estético individual o una sana reflexión sobre nuestra propia vida; nos muestra que la especie humana, a la que pertenecemos, ha sido increíblemente tenaz, inventiva y creadora, pero que puede también alcanzar grados terriblemente altos de crueldad e indiferencia ante los semejantes. El pasado y sus objetos son espejos nítidos de nuestro propio rostro, y de nosotros depende encontrar nuestros defectos y valorar nuestras virtudes, y actuar de manera decidida para eliminar aquellos y reforzar éstas. En estos tiempos de rápidas transformaciones mundiales, el pasado puede ser el remanso al cual podamos acudir en busca de un espacio individual y colectivo de meditación para construir un mejor futuro para todos.
 

    El cuerpo legal que rige la investigación arqueológica en nuestro país ha sido considerada como una de las más avanzadas del mundo en cuanto a la protección efectiva del patrimonio cultural. De hecho, ha sido tomada como modelo para el diseño de las normas de exploración de gran parte de países americanos, agobiados por el saqueo y la destrucción de sus recursos partimoniales. Actualmente, las leyes mexicanas están siendo discutidas y podríamos esperar un cambio a corto plazo. Pero este cambio debe ser meditado y prudente para no revertir los beneficios que hasta ahora ha permitido consolidar.

    Uno de los puntos a discusión es el de la participación de la iniciativa privada en la investigación arqueológica. Debemos distinguir con claridad dos significados de esa expresión. Por un lado, estamos hablando del financiamiento, por parte de los capitales privados, empresariales, de la investigación arqueológica; por otro, de un esquema de investigación en el que grupos privados (asociaciones civiles, sociedades anónimas, corporaciones) lleven a cabo investigación arqueológica como una actividad lícita y redituable, esto es, sujetar a la investigación a la lógica de una actividad empresarial, lo que ya es realidad en países de Europa y Norteamérica.

    Tratemos con un poco de detalle el primer aspecto: el financiamiento privado de la investigación arqueológica. Por efecto de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, emitida en 1972, corresponde al Estado la investigación, difusión y conservación de los monumentos y zonas de valor patrimonial. Actualmente, la mayor parte de la investigación se lleva a cabo desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia (otras entidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, universidades de provincia y del extranjero también llevan a cabo investigación), y en cualquier caso, el INAH, a través de su Consejo de Arqueología, controla toda actividad que implique el manejo de restos arqueológicos. El INAH enfrenta, pues, una enorme tarea para la cual los recursos financieros del Estado parecen insuficientes. Sin embargo, la clara visión de muchos grupos privados los ha llevado a participar en estas actividades de beneficio común; el capital privado puede -—y en muchos casos ya lo hace— financiar actividades de investigación, conservación y difusión del patrimonio. Un ejemplo reciente y muy interesante de este tipo de colaboración lo encontramos en la restauración del ex convento de Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de Oaxaca, y en la conformación del Centro Cultural Santo Domingo: el proyecto incluyó investigación arqueológica y arquitectónica, la restauración del edificio y el montaje del magnífico Museo de las Culturas de Oaxaca, el Jardín Histórico Etnobotánico y la biblioteca fray Francisco de Burgoa. En este esfuerzo participaron tanto el INAH como el gobierno del estado de Oaxaca, la iniciativa privada y la sociedad civil a través de la asociación Pro-Oax, encabezada por el pintor Francisco Toledo. La participación de esta última es especialmente notable ya que, como vemos, no sólo los grandes capitales pueden financiar el trabajo arqueológico, sino también las organizaciones formadas por ‘gente común”, y este esquema está, de hecho, previsto por la Ley antes mencionada.

    Vamos ahora a analizar el segundo sentido de la propuesta, aquél que sugiere que la investigación puede llevarse a cabo por parte de empresas privadas, con una lógica empresarial. Los actuales lineamientos del Consejo de Arqueología obligan a que toda actividad de investigación sea respaldada por una entidad académica de reconocido prestigio y solvencia moral y económica. Kodak (y perdón por el comercial) no puede realizar investigación, pero sí un investigador de la UNAM patrocinado por Kodak. De hecho, eso sucede a menudo en la investigación de salvamento (como veremos más adelante***). Al hacerlo, la empesa privada sabe que el beneficio que obtendrá no será económico (en términos de inversión y dividendos), sino de imagen y prestigio. Ahora bien, ¿qué pasaría si un grupo de arqueólogos y otros profesionales se reúnen en una sociedad anónima cuyo objetivo sea realizar investigación? Por el momento, esa posibilidad está vedada por la Ley; la lógica de mercado supondría que la actividad que esa sociedad lleve a cabo le debería ser redituable... ¿Hacer negocio con el patrimonio de la Nación? En estos términos, la sola sugerencia parece descabellada. Pero podemos verlo de otro modo: si el INAH carece de los recursos y del personal suficiente para hacer frente a las necesidades de investigación en el país, y al mismo tiempo se están formando arqueólogos jóvenes que no tienen oportunidad de integrarse a una institución, ¿por qué no permitirles competir por proyectos de investigación, conservación y difusión financiados por terceros, siempre bajo la supervisión del Consejo de Arqueología?

    La respuesta no es sencilla, ya que tiene implicaciones de tipo técnico más o menos severas, que no es aquí lugar para discutir. En cualquier caso, creo que deberá defenderse el carácter público de los bienes del patrimonio, y evitar que los beneficios económicos del usufructo de ese patrimonio se conviertan en materia de disputa comercial. Por supuesto nos gustaría seguir viendo que Nestlé financiara una investigación, pero no que una zona arqueológica esté llena de sus anuncios y de puestos de venta de sus productos, o que los ingresos por su visita fueran a los bolsillos de sus nuevos propietarios.

    Todas las sociedades requieren de símbolos con los cuales identificarse y que hagan sentir a cada uno de sus miembros partícipes de una comunidad que los abriga, los respalda y les ofrece oportunidades para su desarrollo y su realización; que les dé ejemplos de comportamiento y los imbuya de valores que han sido considerados ideales para la buena marcha del colectivo; y que les ofrezcan códigos de comunicación necesarios para la vida común.

    La creación y el uso de símbolos es, precisamente, lo que los antropólogos consideran hoy la frontera que distingue la vida animal de la vida social humana. Y esos símbolos son de muy distinta naturaleza: desde la manera de vestir hasta un lenguaje común; desde los códigos de etiqueta hasta el reconocimiento de una patria; desde una bandera nacional hasta una conciencia de la historia de la nación.

    Así como las sociedades van cambiando, también se modifican los símbolos que utiliza para la comunicación y la identidad. En ocasiones, los mismos símbolos son atacados, creados o recuperados como parte de un cambio de las mentalidades: a diario se crean héroes o se derrumban monumentos que condensan ideas o proyectos caros o despreciables. Hoy nos gusta acudir a los museos de arqueología o a las zonas arqueológicas a reconocer y admirar los avances de las civilizaciones de “nuestros antepasados”, pero para otras generaciones esos objetos y ciudades eran muestra de un pasado salvaje y carente de progreso que debía esconderse o eliminarse -—todavía mucha gente piensa lo mismo de las formas de vestir, de hablar o de pensar de los indígenas mexicanos-—.

    ¿Quién decide qué símbolos deben sobrevivir y cuáles deben desecharse? En cierto nivel, podemos decir que todos lo hacemos, que la propia comunidad eleva a rango de símbolo a un personaje o a un evento histórico, llámese éste Pedro Infante o la Guerra de Independencia. Todos también vamos modificando el lenguaje y le otorgamos matices que nos permiten distinguir una conversación con “los cuates”, la familia, los colegas de trabajo o una reunión de negocios de una ceremonia religiosa. Y con el tiempo esas formas de hablar nos distinguen como mexicanos de otros hispanoablantes como los argentinos o los españoles, aunque todos hablemos español y nos entendamos entre nosotros, haciéndonos parte de una comunidad.
La conformación de la conciencia histórica es un proceso más complejo aún, ya que está permeado por proyectos políticos que están en manos de un grupo con poder. Si bien las comunidades, las ciudades y las regiones guardan en su memoria los hechos del pasado que han sido transmitidos -—quizá con algún énfasis en ciertos eventos, o con juicios de valor sobre algunos personajes— de generación en generación, creando un nivel de memoria histórica, otros símbolos y personajes han sido implantados o utilizados con fines más conscientes: a la memoria vienen ejemplos como el de los Niños Héroes de Chapultepec, las figuras contrastantes de Moctezuma y Cuauhtémoc, las imágenes paternales del cura Hidalgo o el más reciente desprecio por la figura de Carlos Salinas -—desprecio que comparte con la Malinche, Iturbide, Santa Anna, Maximiliano y Porfirio Díaz, creadores o promotores, por cierto, de símbolos como el mestizaje, el águila y la serpiente, el himno nacional, la moneda mexicana (el peso) o el “ángel” de la Independencia, respectivamente.

    Alguien dijo una vez que Dios no puede transformar la historia, pero los historiadores sí. Estoy convencido de que no existirá nunca una “historia objetiva” que muestre a personajes y acciones en toda su complejidad, con virtudes y defectos, con aciertos y yerros; pero sí creo que podemos crearnos una historia (“creernos una historia”) que nos permita integrarnos a esta comunidad que es la nación mexicana y la humanidad en su generalidad, y que al mismo tiempo nos forme como individuos y ciudadanos responsables, autónomos, informados, creativos, solidarios y éticos, y como sociedad equitativa, libre, justa y fraterna.

    En breve, quizá no es la forma del símbolo -—el águila y la serpiente— lo que importa, sino el significado que logremos darle. No comprendo aún la ira de quienes tiran huevos al monumento a Colón cada 12 de octubre o de quienes al grito de “¡fuera extranjeros!” acometen contra los sacerdotes tibetanos que visitan Teotihuacán en un día de equinoccio. Por el contrario, me gusta asumir como propia también la historia de quienes construyeron el Partenón, y hacer parte de mi conciencia histórica su filosofía y sus ideales estéticos; o la compleja idea de virtud y orden que sostenían los constructores de las pirámides de Giza, tanto como los altos valores morales que los viejos nahuas inculcaban a sus hijos. Por mi sangre soy mexicano, una mezcla de español e indígena, como otros son chinos o polacos o yugoslavos; por mi idioma y mi forma de vestir soy iberoamericano; pero por mi conciencia historia me gusta asumirme como un ciudadano del mundo.

    Podemos empezar la respuesta con un paréntesis terminológico. En la arqueología actual suele hablarse de “salvamento” y “rescate” como dos formas particulares de investigación, que se realizan ante la inminencia de una “afectación” de los monumentos o sitios arqueológicos debido a obras de infraestructura (carreteras, presas, instalaciones industriales o construcciones de diverso tipo). La diferencia técnica entre el rescate y el salvamento es que en éste último hay tiempo para planear y llevar a buen término la intervención de los especialistas, en tanto que el rescate suele ser una actividad de emergencia ante una afectación inevitable.
Hasta aquí el paréntesis. Ahora bien, ¿sirven los rescates y los salvamentos? Como estamos hablando de recuperar parte del conocimiento que podemos tener acerca de la historia de los grupos sociales del pasado, por supuesto que son de utilidad... siempre y cuando efectivamente nos permitan recuperar ese conocimiento; por desgracia, muchas de esas actividades, que se realizan con urgencia y con bajos presupuestos, resultan en materiales que es difícil y costoso analizar, y los resultados de esas investigaciones no siempre son publicadas ni se convierten en conocimiento accesible a todos.

    Idealmente, no sólo es posible realizar trabajo arqueológico antes de llevar a cabo una construcción moderna: por ley, una de las funciones técnicas del INAH es autorizar, con base en la no afectación de sitios o monumentos, obras de infraestructura. En muchos casos, instituciones como Caminos y Puentes Federales o la Comisión Federal de Electricidad tienen conciencia de su deber y no sólo cubren el requisito sino que efectivamente patrocinan la investigación arqueológica necesaria en caso de afectación (la palabra es fea, pero es el término utilizado). Eso no es cierto, sin embargo, en muchos casos en los que el INAH no tiene conocimiento de la existencia de vestigios hasta que no se abre el suelo para descubrir evidencias de actividad humana.

    Me voy a permitir referir el modelo legal que rige la actividad de construcción en países como Estados Unidos y España. Allí, las leyes de protección ambiental obligan a cualquier agente (oficina de gobierno o compañía privada) cuya actividad transforme o afecte el entorno, a realizar un Estudio de Impacto Ambiental que, antes de cualquier construcción, analice las consecuencias que tendrá en el entorno natural y social de la obra. Esto es, incluye el análisis -—a cargo de biólogos— de cómo se afectará el equilibrio ambiental ecológico del entorno, cuáles pueden ser las consecuencias negativas de la construcción o la instalación, así como cuáles serán las medidas que se tomarán para mitigar (también es el término técnico) dicho impacto. Pero también se debe incluir en ese Estudio el impacto que habrá sobre bienes patrimoniales —históricos, arqueológicos o artísticos—, y sobre las dinámicas sociales y culturales que se verán afectadas; por supuesto, también deben tomarse medidas para mitigar dicho impacto. Así que antes de autorizarse cualquier construcción, un grupo interdisciplinario de especialistas, contratados por el agente, debe realizar estudios y proponer programas efectivos de acción que permitan alterar lo menos posible el entorno, y rescatar y valorar el patrimonio que podría afectarse. Las leyes obligan a los agentes a gastar cierto porcentaje del presupuesto de la construcción a los estudios ambientales, arqueológicos y sociológicos implicados, y ese gasto se efectúa contratando a bufetes de especialistas reconocidos por la dependencia encargada de dar el permiso final.

    Por supuesto, se trata de un esquema que incluye la posibilidad de contratar arqueólogos de manera libre, aspecto que tiene que ver con la existencia de asociaciones privadas de arqueólogos mencionada en otra de las preguntas. Y también se trata de un sistema legal que iguala a los recursos culturales, o patrimoniales, con los recursos naturales. Hasta ahora, las leyes ambientales mexicanas no incluyen ni preveen ninguna de esas dos condiciones.

    La noche de Navidad de 1985, una pareja de estudiantes desertores se las arregló para pernoctar en el Museo Nacional de Antropología, extraer unas 300 piezas de gran valor monetario y sacarlas en maletas saltando las bardas que rodean al recinto. La noticia causó conmoción. Las notas editoriales de los diarios estuvieron llenas de lamentos, imprecaciones y rasgado de vestiduras... pero de pocos argumentos convincentes y racionales sobre el por qué esas piezas originales deberían mantenerse en un Museo público. Creo que un lector atento puede encontrar en las respuestas que he dado a otras preguntas los elementos suficientes para justificar el valor que esas piezas tienen como objetos de conocimiento científico tanto como símbolos indispensables de nuestra memoria histórica.

    La arqueología ha desarrollado a lo largo de varias décadas una metodología de investigación que le permite inferir de los objetos que encuentra y de su contexto (esto es, la relación que guardan con otros objetos y con el suelo en que se conservan) la información necesaria para evaluar sus hipótesis. Al saquear un objeto, esto es, al sustraerlo de su contexto original, la arqueología y la posibilidad de conocimiento del pasado pierden gran parte de esa información. Además, aunque muchas de esas piezas pueden llegar a museos como el Nacional, la mayor parte de ellas se convierten en mercancías que son compradas y vendidas por muchos coleccionistas del país y del extranjero.

    Los coleccionistas privados, principales clientes de los saqueadores, suelen justificar su actividad con argumentos como “el coleccionismo fue el que, inicialmente, permitió el desarrollo de la arqueología”, o “de no ser por los coleccionistas, muchas de las grandes obras de arte que hoy están resguardadas habrían sido destruídas por gente que no apreciaría su valor”. Encuentro difícil sostener actualmente ambas posiciones, la primera porque el contexto histórico y social que justificaría el coleccionismo renacentista hoy ha desaparecido, y la segunda porque tiene implicaciones racistas y degradantes con las que no comulgo.

    En pocas palabras, el antídoto fundamental contra el saqueo es la educación. Educación entre los coleccionistas de arte, para que comprendan el irreparable daño que causan al conocimiento del pasado al fomentar la destrucción de los contextos de las piezas; y educación entre las poblaciones cercanas a los sitios arqueológicos (¡todas!) para que logren apreciar el valor que esos objetos y esos contextos tienen y para que se conviertan en los primeros vigilantes y protectores de ese patrimonio. Sin embargo, la educación no es suficiente; debemos seguir alentando el cumplimiento de las leyes y tratados nacionales e internacionales que prohiben el comercio de piezas y denunciar y atacar las redes de tráfico de bienes patrimoniales; y debemos también trabajar en la supresión de las ínfimas condiciones de vida que orillan a algunos campesinos a vender las piezas que pueden encontrar a cambio de algunas monedas para su sustento (aunque hay que sostener que la mayor parte del saqueo lo realizan grupos “profesionales” de saqueadores que cuentan con redes de contactos y coberturas).

    La ley no permite la propiedad de colecciones de piezas arqueológicas. Pero sí prevee su “custodia”. Quizá alguno de nuestros padres o abuelos reunió algún lote de piezas arqueológicas que hoy guardamos en casa. Quizá algún artista (pienso en Tamayo, Covarrubias o Rivera) o algún empresario (los  Azcárraga, los Espinosa Yglesias) o algún explorador extranjero (Matthew Stirling) lograron reunir una colección de importancia mediante la compra o la exploración furtiva (recordemos que la Ley actual data de 1972). Su ejemplo no debe cundir: a estas alturas un comportamiento así sería una ofensa a la legislación y a la sociedad mexicana. A ellos quedó el recurso de donar sus colecciones a un espacio público como forma de devolverlos a la nación. A los pequeños coleccionistas, aquellos que guardan la olla o la figurilla que encontraron en el campo o que heredaron del tío, la Ley les da la opción de registrar su colección ante el INAH. Salvo si se trata de una pieza de valor excepcional, el INAH suele dejar las piezas en custodia de quien las reporta, con el compromiso de devolverlas a la nación (donarlas a un museo, por ejemplo) ya que esa custodia no puede ser heredada. Tener piezas arqueológicas es un delito de orden federal, pero es muy sencillo evitar la ilegalidad: simplemente regístrense las piezas ante el INAH. De otra forma, siempre se corre el riesgo de ser acusado de traficante de piezas (o de algo peor), de que éstas sean confiscadas y de que uno deba pagar altas fianzas o pasar unos días poco agradables en prisión (como, por cierto, pasó a los desafortunados estudiantes con cuyo asalto al Museo Nacional de  Antropología inicié esta respuesta).